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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01199-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01199-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de marzo del 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01199-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01199-01
Accionante: LUZ MARINA PACHECO POLO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia
de la acción de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 26 de marzo del 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 23 de febrero de 20262, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante providencia del 23 de abril del 20263 se concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Luz Marina Pacheco Polo, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Con la solicitud de amparo,
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al «principio de
favorabilidad y del principio pro persona» y a la «protección reforzada por ser una
persona de la tercera edad».

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de las

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo de Sucre - Sala Tercera de Decisión Oral y al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Sincelejo. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y del Fondo Privado de Pensiones Protección.
Además, se negó la solicitud de medida provisional.
3 Índice 24 Samai.

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Accionante: Luz Marina Pacheco Polo
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sentencias proferidas el 19 de febrero del 2019 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que negó las pretensiones, y el
22 de octubre del 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que confirmó la
negativa. Esto, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 70001-33-33-004-2018-00221-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la protección
reforzada de la persona de la tercera edad, vulnerados por las providencias
judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 70001-33-33-004-2018-00221-00 (primera instancia) y
700013333004-2018-00221-01 (segunda instancia).

2. DECLARAR que las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo (19 de febrero de 2019)
y por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión Oral (22
de octubre de 2025, notificada el 24 de octubre de 2025) constituyen vía de
hecho judicial, por haber incurrido en defecto fáctico, defecto sustantivo y
falta de motivación suficiente, al validar un traslado pensional viciado y
permitir la pérdida inconstitucional del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3. DEJAR SIN EFECTOS las referidas providencias judiciales, por contrariar
la Constitución, desconocer la protección reforzada del afiliado y producir una
afectación directa y continuada sobre mi derecho fundamental a la seguridad
social.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión
Oral que, dentro del término que fije el juez constitucional, profiera una nueva
sentencia de segunda instancia dentro del proceso 700013333004-2018-
00221-01, en la cual:

• examine de manera material y no formal la validez del traslado del Régimen
de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, verificando la existencia del
consentimiento informado,
• aplique el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
conforme a su finalidad constitucional, en mi condición de mujer con más de
35 años al 1° de abril de 1994,
• incorpore los principios de favorabilidad, pro persona, prevalencia del
derecho sustancial, confianza legítima y protección del afiliado,
• y descarte cualquier interpretación que permita que un traslado viciado
destruya derechos pensionales en formación.

5. ORDENAR que, se reconozca mi derecho a pensionarme en el Régimen
de Prima Media bajo el régimen de transición, con base en las reglas del
Acuerdo 049 de 1990, o la norma más favorable aplicable, garantizando el
goce efectivo de mi derecho fundamental a la seguridad social.

6. DISPONER que la nueva decisión judicial se adopte con enfoque de
protección reforzada, atendiendo mi condición de persona de la tercera edad
y la naturaleza alimentaria de la pensión, ponderando de manera expresa el
impacto de la decisión sobre mi mínimo vital, mi estabilidad económica y mi
vida digna.

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7. OFICIAR a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A. para que, en el
marco de sus competencias, acaten y ejecuten los efectos derivados del
amparo constitucional, incluyendo las actuaciones administrativas
necesarias para restablecer mi situación pensional conforme al fallo que se
profiera.

8. DECRETAR, como medida provisional, si el despacho lo estima necesario
para evitar un perjuicio irremediable, la adopción de medidas inmediatas por
parte de COLPENSIONES destinadas a asegurar mi subsistencia mientras
se decide de fondo la tutela, tales como la priorización del trámite, el pago
transitorio o cualquier otra garantía que el juez constitucional considere
idónea, en atención al carácter alimentario del derecho pensional y a la
afectación actual y continuada que padezco4.

1.2. Hechos

4. La señora Luz Marina Pacheco Polo indica que nació el 17 de diciembre
de 1955 y que, por tanto, al 1 de abril de 1994 había superado los 35 años5, es
decir, a dicha fecha, tenía 38 años, motivo por el que era beneficiaria del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, le es aplicable el
Acuerdo 049 de 1990.

5. Sostuvo que tuvo las siguientes relaciones laborales: (i) con la alcaldía de
Sincelejo, desde el 9 de agosto de 1982 al 3 de septiembre de 1982, donde hizo
aportes a la Caja de Previsión Social del municipio; (ii) con la Contraloría del
Departamento de Sucre, desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de abril de
1992, donde aportó a la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante
CAJANAL; (iii) posteriormente, regresó a laborar en la alcaldía de Sincelejo,
desde el 13 de agosto de 1992 hasta el 31 hasta el 20 de diciembre 1995, y (iv)
por último, con la Gobernación de Sucre, desde el 8 de julio de 1997 hasta al 30
de noviembre del 2002, con aportes al Instituto de Seguros Sociales, en adelante
ISS. En total, a 2002, habría acumulado 1001,12 semanas.

6. El 11 de mayo de 19956, la accionante suscribió un formulario de traslado

4 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.
5 Sin embargo, se precisa que, por ser servidora pública del orden municipal al trabajar en la

alcaldía de Sincelejo desde el 13 de agosto de 1992 hasta el 31 hasta el 20 de diciembre 1995,
la Ley 100 de 1995 entró en vigencia para ella el 30 de junio de 1995, tal como lo establece el
parágrafo del artículo 151 de esta norma y, por tanto, a dicha fecha, la accionante tenía 39 años:
«Artículo 151. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del
1o. de Abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las
administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones
contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
Parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo
determine la respectiva autoridad gubernamental».
6 La actora precisó que: «el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, en su parágrafo, dispuso

expresamente que el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha
que determinara la respectiva autoridad gubernamental. En mi caso concreto, la autoridad
municipal correspondiente —esto es, el Municipio de Sincelejo, donde me encontraba vinculada

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del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, administrado por la Administradora de Fondos de
Pensiones, en adelante AFP, Protección S.A., el cual señala que aceptó, pero no
fue producto de un consentimiento libre, real e informado, dado que no fue
informada sobre la pérdida del régimen de transición y de las consecuencias
jurídicas del traslado. Por tanto, la AFP Protección S.A. violó el deber de
información.

7. Posteriormente, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de su pensión,
con base en el Acuerdo 049 de 1990, la cual le fue negada con fundamento en
la existencia formal de dicho traslado. Para la actora, dicha decisión fue tomada
«sin adelantar un examen material sobre la validez del consentimiento que lo
originó, ni verificar el cumplimiento del deber de información que rige los cambios
de régimen pensional, ni analizar el impacto que dicho traslado tenía frente a mi
condición de beneficiaria del régimen de transición por edad». En virtud de lo
anterior, solicitó a la AFP Protección S.A. que anulara el traslado por violación al
deber de información.

8. Por lo anterior, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra Colpensiones y Protección S.A. con el fin de que se declarara
la ineficacia del traslado por ausencia de consentimiento informado y se ordenara
el reconocimiento pensional.

9. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo, que negó las pretensiones en la sentencia del 19 de febrero de
2019. Esto, porque perdió los beneficios del régimen de transición al haberse
trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en tanto lo
había adquirido por la edad y no por tiempo de servicios. Añadió que, en gracia
de discusión, no se advierte que el traslado haya sido invalido.

10. La actora apeló esta decisión; recurso cuya competencia le fue asignada
al Tribunal Administrativo de Sucre. Estando en segunda instancia el proceso
ordinario, (i) el 3 de noviembre del 2021 solicitó la suspensión del proceso, (ii) el
13 de julio del 2023 presentó memorial solicitando el desistimiento parcial de las
pretensiones de la demanda. Por medio de providencia del 25 de julio del 2023,
el tribunal aceptó el desistimiento del recurso de apelación; decisión frente a la
cual la demandante interpuso recurso de reposición.

11. Mediante auto del 19 de agosto del 2025, el tribunal repuso la decisión de
haber declarado el desistimiento del recurso de apelación al encontrar que, en
efecto, la señora Pacheco Polo solo desistió de la pretensión segunda referente

laboralmente— no estableció una fecha previa de entrada en vigencia, razón por la cual debe
entenderse que el sistema comenzó a regir para mi situación únicamente el 30 de junio de 1995.
En consecuencia, el traslado registrado el 11 de mayo de 1995 ocurrió antes de la vigencia
normativa aplicable y no podía producir válidamente el efecto jurídico de despojarme del régimen
de transición, siendo por tanto improcedente la consecuencia que posteriormente se le atribuyó
al negárseme el derecho pensional».

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a que se declare la ineficacia del traslado al RAIS y que había pedido que «se
pronuncie acerca del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos
del Acuerdo 049 de 1990, a cargo de COLPENSIONES».

12. En la misma providencia, la autoridad judicial rechazó por sustracción de
materia la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad7, comoquiera
que se aceptó el desistimiento de esa pretensión.

13. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión
del a quo mediante sentencia del 22 de octubre de 2025. Precisó que, a raíz del
desistimiento de la pretensión referente a la ineficacia del traslado, se centraría
en determinar si era procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación en
los términos del Acuerdo 049 de 1990, sin analizar la validez o eficacia del
traslado del régimen pensional al RAIS. En ese sentido, encontró que no era
procedente su reconocimiento, pues no cumplía los requisitos de dicha norma
para serle aplicada y que tampoco los del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La accionante, en síntesis, afirmó que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación suficiente al haber dado por probado que
se cumplió el deber de información para el traslado al RAIS solo con los
documentos, sin verificar que materialmente se cumplió con ello, lo que le causó
la pérdida del régimen de transición y que se le negara la pensión de manera
definitiva. Esto, a su vez, desconoció la sentencia SU-107 de 2024 que prevé que
el juez tiene el deber de aplicar la carga dinámica de la prueba en los asuntos en
los que se controvierte la ineficacia del traslado, es decir, se apartó del «estándar
constitucional vigente» sin motivación suficiente.

15. Sostuvo que el tribunal también vulneró sus derechos a la igualdad y al
debido proceso porque en otros casos similares al de ella se ha resuelto de
manera diferente.

16. Señaló que al 1 de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad y era
beneficiaria del régimen de transición, pero que las autoridades judiciales
accionadas validaron su traslado al RAIS, pese a que no se cumplió
materialmente con el deber de información.

17. Indicó que también se incurrió en el defecto de «dar por acreditado que el
traslado de régimen pensional obedeció a una decisión plenamente informada,
pese a que la administradora demandada no demostró el cumplimiento de los

7 Esta prejudicialidad se alegó en virtud de que la actora indicó que había radicado demanda ante

la jurisdicción ordinaria en la que se estaba controvirtiendo la ineficacia del traslado donde
demandó a Colpensiones y a la AFP Protección S.A.

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presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para considerar válido dicho
acto». Al respecto, sostuvo que la Corte Constitucional en sentencia SU-107 de
2024 estableció que, en los asuntos sobre la ineficacia del traslado por violación
del deber de información, el juez debe aplicar la carga dinámica de la prueba.

18. En ese sentido, argumentó que la AFP Protección S.A. no demostró haber
cumplido con el deber de información de manera suficiente y que las autoridades
judiciales tuvieron por válido el traslado con base únicamente en los documentos
aportados, sin verificar que hayan cumplido con este deber materialmente.

19. Asimismo, agregó que los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho omitieron realizar un análisis desde un enfoque de «vulnerabilidad,
no ponderaron mi edad, ni la naturaleza alimentaria del derecho reclamado, ni la
imposibilidad real de que una persona mayor pueda reconstruir su vida laboral
para suplir la falta de pensión» y realizaron una interpretación restrictiva al ignorar
el contexto de desinformación en el que se produjo el traslado y abstenerse de
aplicar las normas de afiliación al sistema pensional.

20. Finalmente, refirió que el núcleo del litigio siempre fue determinar si la AFP
Protección S.A. le había suministrado la información necesaria para que ella
tomara de manera consciente, libre y voluntaria la decisión de trasladarse al
RAIS, pero que las autoridades judiciales omitieron realizar un razonamiento que
resolviera dicha cuestión.

1.4. Intervenciones

21. Colpensiones solicitó que se declare improcedente al intentar reabrir un
debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa y porque ni las
autoridades judiciales ni esta AFP vulneraron los derechos de la actora. También
pidió que se declare improcedente al existir cosa juzgada.

22. El Tribunal Administrativo de Sucre sostuvo que la actora desistió de
manera expresa a la pretensión de obtener la declaratoria de ineficacia del
traslado al RAIS y que era procedente confirmar la sentencia del a-quo porque
no cumplía con los requisitos del régimen de transición, lo que impedía
reconocerle la pensión de jubilación bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990, así
como tampoco se le podía reconocer la pensión de vejez bajo el Sistema General
de Pensiones, ya que no acreditó los requisitos establecidos en el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, en su versión vigente para la fecha en que formuló la solicitud
en sede administrativa. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente
o, de manera subsidiaria, se niegue el amparo.

23. Protección S.A. señaló que la tutela es improcedente por falta de
legitimación en la causa por pasiva porque la presunta vulneración de derechos
fundamentales se le atribuye a las autoridades judiciales, y no a esta AFP.
También alegó la improcedencia por falta de subsidiariedad porque no agotó el

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recurso extraordinario de revisión. Además, señaló que la solicitud de amparo no
puede usarse como una tercera instancia

24. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
remitió el expediente digital.

1.5. Sentencia de primera instancia

25. Mediante fallo del 26 de marzo del 2026, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional porque se pretende usar la tutela como una tercera
instancia frente a la determinación de la aplicación de las normas pensionales y
la valoración probatoria y así, reabrir el debate legal sobre el régimen pensional
aplicable y el eventual reconocimiento de su pensión.

26. Además, negó la solicitud de desvinculación de la AFP Protección S.A.
porque fue demandada en el proceso ordinario.

1.6. Impugnación

27. Manifestó que se caracterizó el debate como una discrepancia frente a la
interpretación normativa de las autoridades judiciales, sin advertir que se trata de
una posible configuración de una vía de hecho. También adujo que se omitió
estudiar los defectos formulados, por lo que se adoptó una visión formalista de la
subsidiariedad al asimilar la tutela a una tercera instancia, ya que no distinguió
que se trata de una posible vulneración de derechos fundamentales derivada de
la validación del traslado al RAIS que está viciado por no cumplir con el deber de
información. A su vez, consideró que la Sección Primera no desarrolló la falta de
relevancia constitucional bajo el estándar de las sentencias SU-090 de 2018 y
SU-260 de 2021, al no explicar por qué los derechos que invoca carecen de
relevancia constitucional, por lo que el a-quo no justificó de manera expresa y
razonaba la inexistencia de relevancia constitucional.

28. En ese orden, señaló que «la ausencia de un análisis material del
consentimiento informado no constituye una simple irregularidad probatoria, sino
que determinó la pérdida definitiva del régimen de transición de la accionante,
con impacto directo en su acceso a una pensión de vejez y, por ende, en la
garantía efectiva de su mínimo vital y su vida digna». Es decir, se desconoció su
condición de sujeto especial de protección.

29. Por último, sostuvo que el debate trasciende la mera legalidad porque el
núcleo de este es la validez material del consentimiento en los traslados
pensionales, que ha sido reconocido por la Corte Constitucional al comprender
la autonomía del afiliado, la efectividad del derecho a la seguridad social y la
protección de expectativas legítimas en materia pensional.

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II. CONSIDERACIONES

30. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora, motivo por
el cual se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos generales de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

31. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

32. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

33. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

34. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

35. La Sala advierte que la señora Luz Marina Pacheco Polo está legitimada
en la causa por activa porque fungió como parte demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otro lado, se evidencia que el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre están legitimados en la causa por pasiva al haber
proferido las decisiones cuestionadas a través del presente trámite. No obstante,
se precisa que solo se estudiará la sentencia de segunda instancia, al ser la que
le puso fin al proceso ordinario.

36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

37. La Sala comparte el análisis realizado por el a-quo en tanto se advierte
una mera inconformidad de la accionante con la sentencia de segunda instancia
proferida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que
confirmó la providencia del 19 de febrero del 2019, mediante la que se negó las
pretensiones de la demanda. Esto, por cuanto, los argumentos de la acción de
tutela están dirigidos a cuestionar el debate legal sobre la aplicación del Acuerdo
049 de 1990 al considerar que es beneficiaria del régimen de transición para el
reconocimiento de su pensión de jubilación.

38. Además, no se advierte que en el escrito de impugnación haya agregado
elementos nuevos que permitan superar el requisito de la relevancia
constitucional, es decir, que evidencien que no se trata de una mera
inconformidad con la decisión que adoptó el juez natural de la causa y que fue
zanjada.

39. Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial

12 Sentencia SU-215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01199-01

medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius-fundamental.

40. Por lo demás, incluso si, en gracia de discusión, se superase el requisito
de relevancia constitucional, la tutela tampoco cumpliría con el requisito de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.

41. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz, y, ii) como mecanismo de protección transitorio.

42. Para la Sala, en este caso no se acredita el mencionado presupuesto de
procedencia, comoquiera que los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento
del precedente y decisión sin motivación suficiente apuntan en una sola dirección:
cuestionar que el traslado al RAIS a través de la AFP Protección S.A. es ineficaz
al no haberse cumplido con el deber de información materialmente.

43. En ese orden de ideas, se advierte de la declaratoria de ineficacia del
traslado fue una de las pretensiones de la demanda y que fue desistida de
manera expresa por la accionante, como consta en auto 19 de agosto de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el cual, con ocasión a esta
decisión, también rechazó la solicitud de suspensión del proceso por
prejudicialidad al haber sustracción materia.

44. Ahora bien, la Sección también advierte que la parte actora señaló que
radicó proceso ordinario en el que controvirtió la eficacia del traslado del régimen.
Por tanto, se procedió a verificar en el sistema de Consulta Unificada de la Rama
Judicial13, donde se encontró que actualmente cursa el proceso en segunda
instancia ante el Despacho 004 de la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, bajo el radicado 70001-31-05-003-
2021-00252-00/01, contra providencia de primera instancia que conoció el
Juzgado Tercero Laboral de Sincelejo:

13 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co

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45. En consecuencia, la Sala no puede pronunciarse sobre la ineficacia del
traslado del régimen pensional al RAIS, que es el punto al que se dirigen todos
los defectos por violación del deber de información, dado que el juez natural de
la causa es el llamado a zanjar esa controversia, que, en el sub examine,
corresponde al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, en segunda
instancia; máxime cuando la accionante desistió de esta pretensión en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

46. Por lo anterior, es claro que la señora Luz Marina Pachecho Polo cuenta
con otros medios judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de sus
derechos fundamentales, como lo es el proceso que actualmente cursa ante la
jurisdicción ordinaria laboral identificado con el radicado núm. 70001-31-05-003-
2021-00252-00/01.
2.2. Conclusión

47. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión que declaró la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de marzo del 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01199-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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