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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01202-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01202-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01202-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: LUZ HELENA ARIAS GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
7 de mayo de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Luz Helena Arias Gómez, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con
el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 28 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 66001-33-33-007-2024-00284-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Enfatizó
que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2CE del
escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de 2002.

2.2. Sostuvo que presentó reclamación administrativa ante la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Pereira, solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas del incremento
desigual decretado para el año 2009; frente a lo cual obtuvo una resolución

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

desfavorable mediante Oficio de 4 de marzo de 2024 y Oficio núm. 20240306-9347-
I de 6 de marzo de 2024.

2.3. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 66001-33-33-007-2024-00284-00/02 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Pereira, en la cual solicitó: i) la
inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 el cual derogó el Decreto 887
de 2023, entre otros; ii) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de 4 de
marzo de 2024 expedido por las autoridades acusadas y del Oficio No. 20240306-
9347-I de 6 de marzo de 2024, expedido por el municipio de Pereira iii) a título de
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas durante los últimos 3 años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa, así como se reliquiden la prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás
emolumentos por aquel percibidos y los que se causen a futuro.

2.4. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 31 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Adujo que interpuso recurso de apelación, así como la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de sentencia
de 28 de agosto de 2025, confirmó la anterior decisión.

2.6. Frente a la sentencia referida, el Ministerio de Educación Nacional promovió
solicitud de aclaración, adición y/o complementación, en lo ateniente a la decisión
de confirmar la negación de las costas en primera instancia. Dicha solicitud fue
negada por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda mediante providencia de
24 de septiembre de 2025.

2.7. La accionante manifestó que la sentencia antes referida vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de favorabilidad, por
haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo y fáctico.

2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó su configuración “[…] al haberse adoptado con
desconocimiento de la normativa aplicable al régimen salarial del personal docente
[…]”. Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en un “[…] desacierto sustancial
al no lograr articular esa línea interpretativa con las particularidades del caso concreto
[…]”. Igualmente, adujo que existe “[…] una ausencia de motivación adecuada […]”
así como también “[…] un evidente error en la interpretación de las normas y
precedentes aplicables […]”.

2.9. Respecto del defecto fáctico, señaló que “[…] se omitió la adecuada valoración de
las pruebas allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos
salariales desproporcionados, en tanto se otorgaron mayores aumentos a servidores

3

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Accionante: Luz Helena Arias Gómez

ubicados en escalafones inferiores (como la categoría 2AE) respecto de aquellos que
ostentaban un nivel superior (como el grupo 2CE al cual pertenecía mi prohijada), sin
que mediara justificación normativa, técnica o probatoria que respaldara dicha
alteración del principio de igualdad retributiva […]”.

2.10. Agregó que “[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del
extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en
un nivel inferior del escalafón, como en el caso del escalafón 2AE, en comparación
con la accionante, quien se encontraba en la categoría 2CE, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. […]”

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en
la sentencia proferida el día 21 DE AGOSTO DE 20251 (Sic), en el expediente
radicado bajo número 660013333007202400284002 (Sic), transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LUZ HELENA ARIAS
GOMEZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso
y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente LUZ HELENA ARIAS GOMEZ a la luz de
los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Pereira, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al municipio
de Pereira.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

1
Corroborado con el expediente, la fecha correspondiente de la Sentencia es de 28 de agosto de 2025.
2
66001-33-33-007-2024-00284-02.

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Accionante: Luz Helena Arias Gómez

5.1. El
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira solicitó “[…]
negar por improcedente la acción de tutela de la referencia “[…] como quiera que
“[…] no logra demostrar la parte actora en su escrito, vulneración alguna de los
derechos fundamentales alegados, no acredita la relevancia constitucional del
tema de marras, ni el defecto fáctico o procedimental en que incurrió el Despacho
[…]”.

5.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar la
improcedencia de la acción constitucional, por no considerarse ajustada a los
principios básicos de la acción misma y por no evidenciarse violación alguna de los
derechos de la accionante.

5.3. El municipio de Pereira manifestó que los argumentos del extremo accionante
“[…] constituyen simplemente la reiteración del debate que ya se agotó en el
proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades
frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado […]”. Adicionalmente, solicitó no acceder a las pretensiones de la
accionante ni tutelar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 7 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al no
superar el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró:

“[…] Si bien la accionante expuso los argumentos para fundamentar los
defectos invocados, tales reproches guardan identidad con aquellos
formulados en el recurso de apelación dentro del proceso ordinario. En efecto,
la accionante, en sede de apelación cuestionó la ausencia de fundamento para
otorgar el trato diferenciado en los incrementos porcentuales, la afectación a la
base salarial, la falta de justificación legal y técnica frente a la modificación
salarial desigual, el supuesto trato discriminatorio y la vulneración de los
principios de proporcionalidad e igualdad.

[…]

Así las cosas, es claro que la accionante pretende utilizar el mecanismo
constitucional para reabrir un debate que ya fue debidamente analizado y
resuelto por el juez natural del asunto, sin presentar una discusión autónoma
constitucional que involucre la afectación directa a los derechos fundamentales
invocados a partir de la decisión adoptada en la sentencia del 28 de agosto de
2025.

En cambio, la parte accionante redujo la discusión a un debate de mera
legalidad, mediante el cual insiste en el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales que dispuso el
Gobierno Nacional, asunto que carece de trascendencia constitucional y que
corresponde a una circunstancia predominantemente económica, que no

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Accionante: Luz Helena Arias Gómez

involucra, por sí sola, el alcance, contenido y goce de las garantías
iusfundamental de la accionante […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela y se amparen los derechos fundamentales
invocados debido a que, a su juicio, se omitió un análisis material y riguroso de los
hechos planteados en el expediente. Adicionalmente, reiteró los argumentos por
los que, a su juicio, se configuraron los defectos señalados en el escrito de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;

3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

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Accionante: Luz Helena Arias Gómez

para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. La señora Luz Helena Arias Gómez, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con
el principio de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 28 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 66001-33-33-007-2024-00284-00/02.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental14 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones15.

22. En las acciones de tutela contra providencias judiciales16 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías

13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces17.

23. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales21.

20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos en los defectos sustantivo y fáctico.

28. Sobre el defecto sustantivo indicó su configuración “[…] al haberse adoptado con
desconocimiento de la normativa aplicable al régimen salarial del personal docente
[…]”. Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en un “[…]desacierto sustancial
al no lograr articular esa línea interpretativa con las particularidades del caso concreto
[…]”. Igualmente, adujo que existe “[…] una ausencia de motivación adecuada […]”
así como también “[…] un evidente error en la interpretación de las normas y
precedentes aplicables […]”.

29. Respecto del defecto fáctico, señaló que “[…] se omitió la adecuada valoración de
las pruebas allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos
salariales desproporcionados, en tanto se otorgaron mayores aumentos a servidores
ubicados en escalafones inferiores (como la categoría 2AE) respecto de aquellos que
ostentaban un nivel superior (como el grupo 2CE al cual pertenecía mi prohijada), sin
que mediara justificación normativa, técnica o probatoria que respaldara dicha
alteración del principio de igualdad retributiva […]”.

30. Agregó que “[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria respecto
del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo
que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior
del escalafón, como en el caso del escalafón 2AE, en comparación con la accionante,
quien se encontraba en la categoría 2CE, respondiera a razones objetivas,
verificables y debidamente fundamentadas […]”.

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional, y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto, y iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que el Tribunal confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la providencia cuestionada:

[…] 5.3. Análisis jurídico.

Como ya se ha indicado en acápite 6.1.1. obra precedente horizontal proferido
por este Tribunal, que recoge la posición no solo mayoritaria sino unánime de
las diferentes Salas de Decisión, lo que hace del caso solo resumir y
parafrasear el juicioso análisis efectuado en esa sentencia hito. El caso que
sirve de fuente a la solución del sub lite, los hechos, los supuestos jurídicos son
plenamente extrapolables; es así como, en resumen, la Sala Tercera de
Decisión de este Tribunal contestó cada uno de los argumentos de la apelación
allí surtida, y que se puede resumir así:

(i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento
jurisprudencial de la Corte Constitucional acerca del control de
constitucionalidad difuso por parte del juez ordinario señaló al final: «En ese
orden, son dos los requisitos necesarios para la aplicación de esta excepción:
(i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente contradictoria con los
mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los derechos
fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no exista
pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o
de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto
de la cual se solicita aplicar la misma.»

(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de
1994 y del Decreto 1278 de 2022 concluyó que «al ingresar al servicio docente
un educador, previa superación del período de prueba, es inscrito en el
escalafón en el primer nivel salarial (A), ingresa al grado que corresponda
según la formación académica exigida. Y, para poder reubicarse en los niveles
B, C y D, el docente deberá acreditar los años de experiencia requeridos, así
como la superación de la evaluación de competencias».

(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis
de las normas constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a
de 1992, los Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2088 y 714 de
2008, últimos expedidos en los periodos de discusión. Se toman como base
dos grados del escalafón 2BE y 2AE.

[…]

(iv) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder
adquisitivo que tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a la sentencia C-
1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la expedida por el Consejo de Estado
de fecha 28 de junio de 2012 bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-02260
01(0584-10), y el 15 de septiembre de 2016 con radicado 76001-23-31-000
2005-04234-01(1204-12).

[…]

(v) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo
cual, no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se
requiere probar aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas
por la contraparte, actividad que se surte también con los medios legales de
prueba.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a
la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su definición por
parte de la Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con este constructo
epistémico-metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible
determinar si existe realmente una diferencia de trato entre personas o
situaciones perfectamente análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato
desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la norma ―junto con la medida
que ella establece― se justifica por ser compatible tal criterio de diferenciación
con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada
tal diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la contiene
retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad
abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»

(vii) Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte
demandante no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación
con los aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de
escalafón y nivel salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con
las razones expuestas en las presentes consideraciones; ya que, como se
explicó no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no
existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que existía la
obligación de aumentos iguales […]”.

35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.

37. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.

38. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibid.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01202-01
Accionante: Luz Helena Arias Gómez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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