Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01206-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01206-011
Accionante : María Franco de Suárez
Accionados : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, indebida integración del
contradictorio en acción de lesividad contra acto que reconoce
derecho pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo interpuesta contra
la Subsección A de la Sección Segunda de la misma Corporación, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, y Colpensiones.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a las providencias judiciales y el acto administrativo objeto
de censura; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y,
finalmente, determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La señora María Franco de Suárez, actuando en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia,
seguridad social, salud, mínimo vital, dignidad humana, igualdad y aquellos
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, y la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
emanados de la Ley 1346 de 20093, que considera vulnerados por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, y Colpensiones.
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] Segunda. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, exclusivamente respecto de la
suscrita MARÍA FRANCO DE SUÁREZ, la aplicación y extensión de las providencias
judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por COLPENSIONES sobre el acto administrativo de sustitución pensional
reconocido en el año 2020, por cuanto dicho acto constituye una situación jurídica
nueva, autónoma e independiente, no fue objeto de demanda, ni pudo ser
controvertido judicialmente con observancia del debido proceso, del derecho de
defensa, del derecho a la salud y de los estándares reforzados de protección
aplicables a las personas en condición de discapacidad.
Tercera. ORDENAR a COLPENSIONES que, en el evento de considerar que el acto
administrativo de sustitución pensional adolece de presuntos vicios de legalidad,
promueva la acción judicial correspondiente de manera autónoma y separada,
dirigiéndola expresamente contra dicho acto administrativo y garantizando desde el
inicio la vinculación, notificación oportuna y el pleno ejercicio del derecho de defensa
de la suscrita, como titular actual del derecho pensional, con estricta observancia de
los principios de buena fe, lealtad procesal, confianza legítima, del bloque de
constitucionalidad y de la protección reforzada del derecho fundamental a la salud.
Cuarta. ORDENAR a COLPENSIONES que, mientras no exista una decisión judicial
adoptada con pleno respeto del debido proceso que afecte de manera directa y
expresa el acto administrativo de sustitución pensional, mantenga y restablezca de
forma inmediata, continua e ininterrumpida el pago de la sustitución pensional a favor
de la suscrita, como medida indispensable para garantizar de manera efectiva sus
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a la
dignidad humana, especialmente en atención a su condición de persona en situación
de discapacidad y a la necesidad de continuidad en la afiliación y atención en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Quinta. ORDENAR a COLPENSIONES que se abstenga de adelantar, continuar o
ejecutar actuaciones administrativas o judiciales que afecten el derecho pensional de
la suscrita sin garantizar previamente su vinculación, notificación y derecho de
defensa, y que puedan comprometer directa o indirectamente su afiliación,
permanencia y acceso efectivo al sistema de salud, teniendo en cuenta mi condición
de persona con discapacidad y sujeto de especial protección constitucional, así como
las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Sexta. PREVENIR a COLPENSIONES para que, en lo sucesivo, observe de manera
estricta y reforzada los principios de buena fe, lealtad procesal, información completa,
coherencia, transparencia y corrección, especialmente cuando promueva acciones
judiciales o administrativas que incidan directa o indirectamente en derechos
fundamentales como la seguridad social y la salud de personas en situación de
vulnerabilidad, absteniéndose de omisiones que puedan inducir en error a la autoridad
judicial o generar escenarios de indefensión material y riesgo en la atención en salud.
Séptima. DISPONER las demás órdenes, medidas o prevenciones que el despacho
estime necesarias, idóneas y proporcionales, para restablecer de manera integral los
derechos fundamentales vulnerados, asegurar la continuidad en la atención en salud,
remover los efectos de la indefensión padecida por la suscrita y prevenir la reiteración
3
Por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad», adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
de actuaciones similares contrarias a la Constitución Política, al bloque de
constitucionalidad y a la jurisprudencia constitucional.
Hechos4
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, mediante la Resolución 04734
del Ocho (8) de Marzo de Dos Mil Seis (2006)5, el extinto Instituto de Seguros
Sociales (ISS) reconoció una pensión de vejez a favor del señor Saúl Suárez
Gómez, efectiva a partir del Primero (1.º) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2004).
Dicho acto fue confirmado, en sede de reposición y apelación, a través de las
resoluciones 6142 del Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Diez (2010) y 901395
del Veintiséis (26) de Octubre de Dos Mil Diez (2010)6, expedidas por la misma
entidad.
6. Mediante Auto APSUB No. 3498 del Seis (6) de Septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), Colpensiones requirió al señor Suárez Gómez para que,
otorgara su consentimiento para revocar la Resolución núm. 04734 de 2006,
teniendo en cuenta que, al realizar el estudio de reliquidación con las semanas que
aparecían en su historia laboral, no tenía derecho a la prestación previamente
reconocida por el ISS.
7. Tras la negativa del señor Suárez Gómez, Colpensiones promovió acción de
lesividad dirigida a obtener la nulidad de la Resolución 04734 de 2006 y, a título
de restablecimiento, la devolución de las mesadas pensionales pagadas con
fundamento en dicho acto. El conocimiento del proceso con radicado núm. 66001-
23-33-000-2018-00164-00 correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Risaralda.
8. Con ocasión del fallecimiento de Saúl Suárez Gómez, ocurrido el Diez (10) de
febrero de Dos Mil Veinte (2020), se emitió la Resolución SUB 214464 del Siete
(7) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, Colpensiones reconoció
la sustitución pensional a favor de la accionante, en calidad de cónyuge supérstite,
a partir del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020) (y efectos fiscales desde
el Primero (1°) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020)).
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
5
«Por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en favor del señor Saul Suárez».
6
«Por la cual se resuelve un recurso de apelación».
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
9. El Tribunal, mediante sentencia del Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024), declaró la nulidad de la Resolución 04734 de 2006 y de la Resolución
901395 de 2010, al concluir que, el señor Suárez Gómez no acreditó quince años
de servicios cotizados al Primero (1.º) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994) y, por tanto, no era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. No obstante, negó la pretensión de devolución
de las mesadas pensionales, por estimar que fueron percibidas de buena fe.
10. Inconforme con la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación contra
la sentencia del Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024). La demandante
solicitó que, se revocara parcialmente la decisión y que, en su lugar, se ordenara el
restablecimiento del derecho consistente en el reintegro de los valores pagados.
Sostuvo que, el demandado actuó de mala fe, comoquiera que, supo que, la
Resolución 04734 de 2006 era lesiva y contraria a derecho y, pese a ello, continuó
percibiendo las mesadas. Esa mala fe se habría evidenciado desde el momento en
que Colpensiones solicitó al beneficiario su autorización para revocar el acto, sin
obtenerla.
11. La entidad agregó que, no ordenar la devolución configuraba un enriquecimiento
sin causa en favor del demandado y vulneraba los principios de estabilidad
financiera y sostenibilidad del Sistema General de Pensiones, así como el principio
de progresividad y el acceso a pensión del resto de los afiliados.
12. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), confirmó la decisión de
primera instancia. Como problema jurídico, planteó si procedía la devolución de los
dineros pagados al demandado por concepto de las mesadas pensionales
reconocidas por el acto anulado y, en respuesta, estableció que, para los efectos de
la devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que, el particular
haya recibido el dinero, sino que, debe mediar una maniobra fraudulenta o
deshonesta con la que, haya inducido en error a la administración. En consecuencia,
concluyó que, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de buena fe
que amparaba al demandado.
13. Para dar cumplimiento al fallo del Tribunal, confirmado por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Resolución SUB 388427
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), Colpensiones (i) dio
alcance a la Resolución SUB 214464 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Veinte
(2020) (que había materializado la sustitución pensional en cabeza de la
accionante) para que, la pérdida del derecho pensional y de la sustitución de aquel
se viera reflejada en nómina de pensionados; y (ii) dispuso la notificación de lo
decidido a la señora María Franco de Suárez.
14. El Dos (2) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) cesó el pago de la mesada
pensional, tal como se refleja en el Certificado de Devengados y Deducidos
expedido por la entidad el Seis (6) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), que
registra que la prestación fue «RETIRAD[A] en Enero de 2026». La accionante
manifestó que, conoció el acto administrativo que declaró la pérdida de su derecho
a la sustitución pensional con posterioridad a la suspensión del pago, a través de
la respuesta de Colpensiones del Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026) a una petición suya.
15. En su acción, la actora adujo que, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrieron en los
defectos procedimental absoluto por indebida integración del contradictorio, error
inducido y violación directa de la Constitución, por «la indebida integración del
contradictorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se adoptaron
decisiones con efectos sustanciales sobre un derecho del que […] era titular sin haber sido vinculada
ni oída, […] con incidencia directa en el resultado del proceso». Así mismo, Colpensiones
habría vulnerado sus derechos fundamentales, por «la extensión automática de los
efectos de las providencias judiciales a un acto administrativo distinto, como el de sustitución
pensional que no fue objeto de demanda ni de control jurisdiccional específico» .
16. Respecto del defecto procedimental absoluto, sostuvo que, fue excluida del
proceso de lesividad pese a que, desde el año Dos Mil Veinte (2020), ostentaba la
titularidad del derecho pensional como beneficiaria de la sustitución reconocida
mediante la Resolución SUB 214464 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Veinte
(2020), por lo que, «la demanda ha debido dirigirse contra o vincular a la beneficiaria de la
pensión desde el año 2020». A su juicio, la indebida integración del contradictorio no se
configura únicamente cuando se omite por completo la vinculación de las partes,
sino también cuando se excluye a quien, «por la naturaleza de los hechos, la titularidad del
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
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derecho discutido o los efectos jurídicos de la decisión» , debía necesariamente ser llamado
a integrar la litis.
17. En cuanto al error inducido, afirmó que, las autoridades judiciales fueron privadas,
por Colpensiones de elementos estructurales del debate, como lo son el
fallecimiento del causante y la expedición del acto administrativo posterior que
reconoció la sustitución pensional a su favor. En sus palabras, por un «error inducido
de Colpensiones», el proceso «continuó bajo la premisa de que el debate recaía exclusivamente
sobre un derecho radicado en el causante, cuando en realidad existía un acto administrativo posterior
que consolidaba una nueva situación jurídica particular y concreta, tal distorsión [le] impidió [a las
autoridades accionadas] examinar aspectos determinantes como la legitimación en la causa, la
integración de litisconsorcio necesario o la eventual necesidad de ampliar la demanda para
cuestionar el acto de sustitución». Ese error «se proyectó posteriormente en la esfera
administrativa, cuando la entidad accionada ejecutó la sentencia extendiendo sus efectos sobre un
acto administrativo distinto —el de sustitución pensional— que no fue demandado ni sometido a
control jurisdiccional específico».
18. En relación con la violación directa de la Constitución, planteó que, se
desconoció, primero, su derecho al debido proceso (art. 29 C.P.), tanto en sede
judicial (por la decisión adoptada sin su vinculación) como en sede administrativa,
pues, la resolución que declaró la pérdida del derecho pensional «no fue notificada
personalmente ni por los medios legalmente previstos», y solo tuvo conocimiento de ella tras
la suspensión del pago, cuando Colpensiones dio respuesta a una petición que
presentó. Segundo, aseguró que, Colpensiones violó el principio de buena fe y
lealtad procesal (art. 83 C.P.) porque, pese a que, tenía conocimiento del
fallecimiento y de la sustitución, «guardó silencio frente a dichos hechos», y así indujo en
error a la autoridad judicial. Finalmente, sostuvo que, la afectación de los derechos
a la seguridad social, al mínimo vital y a la salud se materializó el Dos (2) de Enero
de Dos Mil Veintiséis (2026), fecha en que, cesó el pago de su mesada pensional.
1.2. Contestaciones de la acción
19. 1.2.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado7
compartió el link del expediente electrónico del proceso ordinario, sin pronunciarse
frente a la acción de tutela.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 36.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
20. 1.2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)8 alegó
que, la acción resulta improcedente ante la existencia de cosa juzgada, en tanto, lo
alegado en la tutela ya había sido estudiado por el juez natural. Además, invocó la
sostenibilidad financiera del sistema pensional que no puede verse afectada por la
protección de derechos de un afiliado. Adicionalmente, allegó copia de los
siguientes documentos: (i) citación del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) para notificarse del acto relacionado con el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente, y constancia de su entrega; (ii) copia de la Resolución
Sub 388427del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025); y (iii)
constancia de su ejecutoria.
21. 1.2.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda9 allegó el link del expediente
electrónico del proceso estudiado, y adujo que, la tutela carece de relevancia
constitucional porque, si bien el objeto de la acción es la falta de vinculación al
proceso ordinario:
[…] la parte interesada y quien debía comparecer al proceso por tener interés en las
resultas del proceso conforme lo dispone el artículo 198 ibídem, no era otro que el
señor Saúl Suárez Gómez, puesto que, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de
tutela su fallecimiento se dio el 10 de febrero de 2020, esto es, con posterioridad a
que se presentadora la demanda, se trabara la litis, y a que este ejerciera
debidamente sus derechos de defensa y contracción a través de la contestación a la
demanda.
De tal manera que el objeto de esta acción de tutela escapa a lo que fue la causa de
pronunciamiento por parte de este Tribunal, en cuanto, si bien en la sentencia
proferida en el proceso ordinario se declaró la nulidad Resolución No. 04734 del 08
de marzo de 2006, por la cual se dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez en favor del señor Saúl Suárez; lo cierto es que, en el presente asunto lo que
se discute es la falta de vinculación de la accionante al proceso, lo cual en modo
alguno resulta atribuible a este Tribunal, puesto que mientras se tramitó el proceso
judicial no se dio a conocer el hecho del fallecimiento del causante como tampoco
que la prestación hubiere sido objeto de sustitución en favor de la señora María
Franco de Suárez.
En ese orden, está claro que esta Magistratura cumplió con su deber de notificar la
demanda a quien para la fecha de su presentación tenía interés en las resulta del
proceso que no era otro que el señor Saúl Suárez, en cuanto era éste el beneficiario
de la prestación que se cuestionó a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, quien además ejerció sus derechos de defensa y
contradicción.
1.3. Providencia impugnada10
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 37.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 38.
10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 40.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
22. Mediante sentencia del Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones del amparo. Encontró
que, el tribunal accionado sí integró debidamente el contradictorio, pues, notificó la
demanda a quien, para la época de radicación del escrito inicial, tenía interés directo
en las resultas del proceso (el señor Suárez Gómez). Agregó que, tampoco era
cierto que, la señora Franco de Suárez desconociera el proceso ordinario, por
cuanto Colpensiones, en la Resolución SUB 214464 del Siete (7) de Octubre de
Dos Mil Veinte (2020) que reconoció la sustitución pensional, le informó sobre la
acción de lesividad en curso y advirtió que su derecho podía ser revaluado «teniendo
en cuenta las resultas del proceso».
23. En consecuencia, la sucesión por el fallecimiento del demandado no impedía la
continuidad del proceso, pues, la cónyuge pudo haberlo asumido en el estado en
que se encontraba si lo hubiera solicitado en los términos del artículo 68 del CGP,
sin que, ello modificara «la relación jurídica material, que, por tanto, continúa igual,
correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal
no se hubiese presentado». Como prefirió guardar silencio, no se transmitió su derecho
litigioso, por lo que, ni la alegada falta de integración del contradictorio ni la omisión
de Colpensiones en informar sobre el fallecimiento y la sustitución pensional le
impidieron defender sus intereses.
24. Respecto de Colpensiones, aseguró que, esa entidad sí acreditó que, mediante
las Resoluciones SUB 371094 del Veintiún (21) de Noviembre y SUB 388427 del
Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), cumplió lo ordenado
judicialmente, al dejar sin efectos los actos de reconocimiento y sustitución
pensional y suspender el pago de las mesadas; y que, además, comunicó esas
medidas mediante oficio del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).
Aunque la actora afirmó no haber sido notificada de la Resolución SUB 388427 de
2025, describió su contenido en el escrito de tutela, lo que evidenció su
conocimiento material. Finalmente, dada la relación inescindible entre el acto que
reconoce la pensión y el que la sustituye, este último debía correr la misma suerte
del principal y dejarse sin efecto, en aplicación del principio según el cual, lo
accesorio sigue la suerte de lo principal.
1.4. La impugnación11
11
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 46.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
25. La parte actora impugnó el fallo del Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), mediante escrito en el que, reiteró que, la discusión versa sobre si es
constitucionalmente admisible que quedara privada de su único sustento sin haber
sido oída en el proceso que produjo ese resultado. Insistió en que, la sentencia
avaló la extinción de un acto administrativo autónomo (la Resolución SUB 214464
de 2020) que nadie demandó, al aplicar el principio accessorium sequitur principale
de manera automática, sin advertir que, se exceptúa su aplicación cuando el acto
accesorio genera derechos subjetivos en cabeza de un tercero. Según alegó, esa
excepción se dio en este caso, porque la cosa juzgada del proceso adelantado
contra el señor Suárez Gómez cobijaba únicamente la Resolución 4734 de 2006.
26. Reprochó que, la sentencia desconociera el defecto procedimental absoluto por
indebida integración del contradictorio, pues, no fue vinculada pese a ser titular del
derecho pensional desde 2020, y aseguró que, la mención hipotética contenida en
la Resolución SUB 214464 de 2020 no equivale a la notificación personal, ni le
otorgó calidad de parte. Reiteró la configuración del error inducido derivado de la
omisión de Colpensiones de informar a las autoridades judiciales sobre el
fallecimiento del causante y la consecuente sustitución reconocida a su favor, lo
que se tradujo en una violación del deber de lealtad procesal y buena fe.
27. Finalmente, sostuvo que, la afectación de los derechos fundamentales alegados
se mantiene de manera continuada y se ha agravado, pues lleva más de cuatro
meses sin ingreso alguno, circunstancia que, dada su avanzada edad y su situación
de discapacidad, configura un perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó
revocar el fallo impugnado, conceder el amparo y ordenar el restablecimiento del
pago de la sustitución pensional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo
12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
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80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)15 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2. La acción
29. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3. Problema Jurídico
30. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que puedan comportar: (i) las
sentencias del Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Veintiséis (26)
de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante las cuales, el Tribunal
Administrativo de Risaralda y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, respectivamente, declararon la nulidad de las Resoluciones 04737 de
2006 y 901395 de 2010, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con el radicado núm. 66001-23-33-000-2018-00164-00/01; así como (ii) la
Resolución SUB 388427 de 2025 expedida por Colpensiones para dar
cumplimiento a dichas decisiones; y, en caso afirmativo, si se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de
justicia, seguridad social, salud, mínimo vital, dignidad humana, igualdad y aquellos
emanados de la Ley 1346 de 2009.
2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
31. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
16
Sentencia C-590 de 2005.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01206-01
Accionante: María Franco de Suárez
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Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
32. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
33. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
17
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5. Caso concreto
34. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado reviste
de relevancia constitucional, pues, recae sobre la presunta indebida integración del
contradictorio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que tuvo
como consecuencia la revocatoria del acto que sustituyó la pensión del señor
Suárez Gómez en cabeza de la señora Franco de Suárez, sin que aquella hubiera
tenido conocimiento de dicho trámite, así como de los adelantados por
Colpensiones para hacer efectivas las decisiones del Tribunal Administrativo de
Risaralda y esta Corporación; lo cual, de comprobarse, vulneraría sus derechos
fundamentales; (ii) contra las decisiones objeto de censura no procede recurso
alguno, por tratarse de sentencias de primera y segunda instancia, y esta última
encontrándose ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia del Veintiséis (26) de
Junio de Dos Mil Veinticinco (2025) quedó ejecutoriada el Veinte (20) de Febrero de
Dos Mil Veintiséis (2026)18 y la solicitud de amparo se radicó incluso antes de esa
fecha, el Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), y (v) las sentencias
acusadas no fueron proferidas en un proceso de tutela.
18
La accionante asegura que no conocía del proceso, y menos de los fallos que fueron proferidos en el marco de aquel. Sin
embargo, en su acción de tutela, manifestó conocer el contenido de la sentencia de segunda instancia, por lo que se entiende
notificada por conducta concluyente en la fecha de presentación del escrito, es decir, el 17 de febrero de 2026.
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35. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto procedimental y
error inducido. Estas serán estudiadas en conjunto, pues el descontento de la
actora radica en que Colpensiones no informó a los jueces naturales del
fallecimiento del señor Saúl Suárez Gómez, razón por la cual, ella no fue vinculada
al proceso y, aun así, al declararse la nulidad de las Resoluciones 04737 de 2006
y 901395 de 2010, la entidad revocó el acto mediante el cual, la había reconocido
como beneficiaria de la sustitución pensional. La violación directa de la Constitución
solo se estudiará de encontrarse configurado alguno de los anteriores defectos,
pues, aquella fue presentada como una consecuencia de los otros.
2.6.1. Error inducido
36. Sea lo primero indicar que, este defecto se produce cuando el fallador fue víctima
de un engaño por parte de terceros, ya sean otras autoridades, judiciales o no, u
otros particulares, y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales19. Además, la jurisprudencia constitucional20 ha explicado
que:
[e]l error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene
defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso,
con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento
en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya
que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente
aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se
fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con
información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos
fundamentales. […] De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001,
expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos
presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o
situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos
fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como
consecuencia un perjuicio ius fundamental.
2.6.2. Defecto procedimental
37. Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la
Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal21.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-461 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-119 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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38. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…]
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales» 22, es decir, se privilegian aspectos formales
sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración
de justicia23.
39. En este caso, la accionante expuso que, primero, se integró indebidamente el
contradictorio en el proceso de nulidad y establecimiento del derecho con radicado
núm. 66001-23-33-000-2018-00164-00/01 porque el juez adoptó una decisión con
efectos sustanciales sobre sus derechos, pese a que, no fue vinculada ni tuvo
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Así, estima que, el Tribunal
debió vincularla desde el año 2020. Segundo, considera que, ese vicio se originó
en el error al que Colpensiones indujo a las autoridades judiciales, pues, al omitir
informar el fallecimiento del causante, privó a los juzgadores de ese elemento
estructural base. Como consecuencia, en el proceso, no se discutió la validez del
acto de sustitución de la pensión en beneficio de la cónyuge supérstite y, aun así,
el fondo de pensiones expidió resolución mediante la que canceló el acto sustitutivo
y no la notificó en debida forma.
40. Frente al primer punto, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto del
Veintinueve (29) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), admitió la demanda
presentada por Colpensiones y ordenó notificar, como interesado en las resultas
del proceso, al único demandado, el señor Saul Suárez Gómez. En la medida en
que, este seguía en vida, no había lugar a vincular a la señora Franco de Suárez al
proceso. Así, en virtud del numeral 1.° del artículo 198 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solo procedía vincular al causante y no a la ahora accionante. Las
pretensiones estaban dirigidas a que, se declarara la nulidad de la Resolución núm.
04734 del 08 de marzo de 2006, expedida por el ISS con el objeto de reconocer
una pensión de vejez a favor del señor Suárez Gómez, por no cumplir los requisitos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así, la Sala advierte que, estando en vida el
causante, no hubo una inadecuada integración del contradictorio.
22
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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41. Ahora, tras el fallecimiento del señor Suárez Gómez el Diez (10) de Febrero de
Dos Mil Veinte (2020), según consta en el Registro Civil de Defunción con indicativo
serial 09737398 de la Notaría Quinta del Círculo de Pereira, ni el apoderado judicial
del demandado, ni Colpensiones informaron ese hecho o la consecuente
sustitución pensional a la tutelante. Cabe entonces aclarar si ello configuró o no un
error inducido.
42. La muerte de personas naturales puede afectar la existencia o identidad de las
partes procesales24. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió, en sentencia T-
553 de 2012, que la sucesión procesal, al ser un fenómeno relativo al proceso, no
modifica la relación jurídica material, de manera que, le corresponde al funcionario
judicial pronunciarse sobre ella como si esta sucesión no se hubiere presentado y,
bajo ese entendido, no conlleva la alteración de los demás elementos del proceso.
43. Ahora bien, el CPACA guardó silencio en lo relativo a la figura de la sucesión
procesal, por lo que, debe remitirse a lo previsto en el Código General del Proceso
(CGP), en virtud de los artículos 306 del CPACA y 624 del CGP. Bajo ese
entendido, se precisa que, el artículo 28 del CGP reguló lo propio en los siguientes
términos:
Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos
o el correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona
jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán
comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia
producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir
como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre
que la parte contraria lo acepte expresamente. (Énfasis de la Sala)
44. De la norma citada se desprende que, se puede presentar una sucesión procesal,
entre otros casos, por causa de muerte o ausencia (inciso 1.°), situación en la cual,
el reconocimiento en el proceso de los cónyuges, albacea con tenencia de bienes
o herederos depende de su comparecencia con la prueba respectiva de tal calidad.
Es decir, que la autoridad judicial no tiene la obligación de vincular
24
Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia de 22 de octubre de 2015, dentro del proceso con Rad. 2002-
01809-01. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 18 de
mayo de 2018 Rad. 110010325000201500857 00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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automáticamente, con el deceso del demandante o demandado, a su cónyuge,
albacea con tenencia de bienes, herederos o curador, sino que, se trata de una
carga en cabeza del adquiriente del derecho litigioso –y no de su contraparte–,
pues, debe comparecer acreditando tal calidad.
45. En este caso, el Tribunal Administrativo de Risaralda no notificó a la señora
Franco de Suárez del proceso, en tanto, ni siquiera le fue informado el fallecimiento
del causante. Al respecto, no hay lugar a relevar a la señora Franco de Suárez de
esa carga procesal, pues, quedó acreditado que, conoció de la existencia del
proceso ordinario, por lo menos, desde que Colpensiones, mediante Resolución
SUB 214464 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), le reconoció su
derecho a la sustitución pensional, pues, le advirtió lo siguiente:
Que mediante Resolución No. 4734 de marzo de 2006 el Instituto de Seguros
Sociales reconoció una pensión de vejez a favor del señor SUAREZ GOMEZ SAUL,
sin tener derecho a dicha prestación, razón por la cual Colpensiones se encuentra
adelantando acción de lesividad bajo el radicado 66001233300020180016400, el
cual se encuentra admitido, y pendiente de remisión a los juzgados administrativos
de acuerdo a decisión del tribunal administrativos.
En ese orden de ideas, se procede con el estudio de la sustitución pensional, con el
fin de proteger el mínimo vital de la solicitante sin prejuicio [sic] de que en el futuro
COLPENSIONES pueda revaluar la decisión teniendo en cuenta las resultas del
proceso.
46. Es decir que, no solo le fue informado el radicado del proceso en el cual, se
estaba estudiando una posible nulidad de la Resolución No. 4734 de 2006,
mediante la que, el ISS le reconoció la pensión de vejez a su cónyuge, sino que,
además, le advirtió que, Colpensiones podría reevaluar la decisión de sustituirle la
pensión con base en las resultas de ese proceso, por depender de aquellas.
47. A pesar de ello, la señora Franco de Suárez guardó silencio, aun teniendo
conocimiento del proceso según lo informado en la Resolución núm. 4734 de 2006.
Así, al no haber intervenido, no se tramitó expresamente el derecho litigioso ni pudo
asumir el proceso en el estado en que se encontraba (artículo 70 de CGP). Por
ende, es apenas normal que el Tribunal y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no se hayan pronunciado sobre la Resolución SUB 214464
de 2020, mediante la cual, fue reconocido el derecho a la sustitución pensional, ya
que, desconocían ese hecho, y la accionante omitió informárselos oportunamente.
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48. En consecuencia, la actora no logró probar la configuración de un error inducido
pues ello suponía25 acreditar que Colpensiones estaba obligado a comunicar el
deceso del causante, punto en el cual, si bien pudo informar lo pertinente en el
marco del proceso contencioso, lo cierto es que, lo que se evidencia de cara a los
derechos fundamentales cuya protección se invoca, es la omisión del apoderado
de la parte demandada de informar el fallecimiento de su representado, y la
ausencia de intervención de la cónyuge supérstite, pese a tener conocimiento del
proceso en el que se discutía el derecho del que se desprendía la sustitución
pensional. En consecuencia, su descontento con lo decidido no constituye, por sí
solo, un defecto procedimental que vicie las sentencias atacadas, pues, los jueces
naturales se rigieron por las normas aplicables.
49. En cuanto a la presunta vulneración de derechos por Colpensiones, de
conformidad con lo expuesto por el a quo, la entidad acreditó que, dio cumplimiento
a lo ordenado en sede judicial, mediante la Resolución SUB 388427 del Cuatro (4)
de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), pues, de esa forma dio alcance a la
Resolución SUB 214464 del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020) para
que la pérdida del derecho pensional y de la sustitución de aquel se viera reflejada
en nómina de pensionados.
50. En efecto, en las sentencias censuradas, se declaró la nulidad de la Resolución
No. 04734 de 2006, «por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en
favor del señor Saul Suárez», así como, de la Resolución No. 901395 de 2010, «por la
cual se resuelve un recurso de apelación, dictadas por el Instituto de Seguros Sociales -ISS». Se
reitera lo dicho por el a quo en el sentido que, la nulidad de estas resoluciones
supone la derogatoria de la resolución que declaró la sustitución pensional, en
virtud del principio accessorium sequitur principale.
51. Esta Subsección26 ha explicado que, la sustitución pensional se deriva del
derecho pensional, a raíz de la muerte del causante, en los siguientes términos:
«[e]n cuanto al restablecimiento del derecho, se tiene que la sustitución pensional al
desencadenarse por la muerte del causante, supone su existencia derivada, ya que el estatus o
25
Corte Constitucional, sentencia T-863 de 2013: “En efecto, el error inducido por una de las partes de la litis produce un
quebrantamiento del debido proceso cuando desestimando el deber de obrar con lealtad y existiendo el deber jurídico de decir
la verdad o informar ciertos hechos en forma verídica, la parte obligada se rehúsa a cumplirlo o suministra información
incorrecta. En estos casos si la información espuria aportada por la parte determina la decisión judicial adoptada, es claro que
se configura un error inducido que hace procedente el amparo”.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2017, Rad. 4232-2014.
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condición sustancial de la cual nace el derecho para los beneficiarios, coincide justamente con
este evento». El derecho sustancial en cabeza del señor Suárez fue debatido en el
proceso ordinario, por lo que, habiéndose extinguido, no hay lugar a transferir la
pensión a la cónyuge supérstite por vía de sustitución. Tampoco era, entonces,
necesario demandar este último acto para hacer cesar el derecho en cabeza de
la accionante.
52. Finalmente, con su contestación, Colpensiones allegó copia del Oficio 3664177
del Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) y de su aviso de entrega,
por lo que, probó su notificación en cumplimiento de los artículos 68 y 69 del
CPACA:
53. En conclusión, tampoco se evidencia una vulneración de derechos por parte del
fondo de pensiones, de forma que, no se accederá al amparo deprecado.
III. DECISIÓN
54. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la providencia impugnada, que
denegó las pretensiones de la tutela, comoquiera que, la accionante no acreditó
que, las providencias cuestionadas hayan incurrido en los defectos alegados, ni que
Colpensiones vulnerara sus derechos fundamentales.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
18
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó
el amparo deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
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