RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01207-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01207-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: CARMEN CECILIA GARAVITO MALAGÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA CUARTA ESPECIAL DE
DECISIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / improcedente por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Carmen Cecilia
Garavito Malagón contra Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado,
de conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y
29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 17 de febrero de 2026, la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón, a través
de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al debido
proceso2, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 14 de octubre de
2025, dictada por la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado, en
virtud de la cual se infirmó parcialmente el fallo del 3 de septiembre de 20203, que
accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que la actora promovió contra la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social4 y
liquidó la pensión con un IBL distinto al previsto en la Ley 100 de 1993 y en el
Decreto 1158 de 1994. El recurso extraordinario de revisión se tramitó bajo el
radicado 11001-03-15-000-2024-06961-00.

Hechos relevantes

2. La señora Carmen Cecilia Garavito Malagón nació el 23 de abril de 1957 y trabajó
al servicio de la Contraloría General de la República desde el 18 de marzo de 1985
hasta el 30 de mayo de 2010, adquiriendo el estatus pensional el 23 de abril de

1 Que ingresó al despacho para fallo el 4 de marzo de 2026.
2 También consideró desconocidos los principios de favorabilidad y de seguridad jurídica.
3 Dictado en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-

42-000-2014-03928-01.
4 En adelante, UGPP.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2007. El último cargo que ocupó fue el de Profesional Universitario, Nivel Profesional
• Grado 2.

3. El 12 de septiembre de 2014, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la señora Garavito Malagón demandó a la UGPP, con
el fin de que se ejerciera control de legalidad de los siguientes actos administrativos:
(i) Resolución 34790 del 25 de julio de 2008, que reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez a su favor; (ii) Resolución UGM 022268 del 27 de diciembre de
2011, que reliquidó tal emolumento; y (iii) Resolución UGM 053512 del 03 de agosto
de 2012, mediante la cual se modificó esta última.

4. A título de restablecimiento del derecho, la entonces demandante solicitó que se
condenara a la entidad demandada al pago de una mesada pensional equivalente
al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante los últimos seis
meses de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 929
de 1976. Así, pidió que en el cálculo de la reliquidación de la pensión se incluyera
una sexta parte, tanto de la asignación básica mensual como de la prima técnica, la
asignación por servicios prestados, la asignación especial —denominada
quinquenio—, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y
la compensación de vacaciones en dinero.

5. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se le asignó el radicado
25000-23-42-000-2014-03928-01 y, correspondió, por reparto a la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, mediante
sentencia del 23 de octubre de 2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Declaró la nulidad parcial de la Resolución UGM 022268 del 27 de
diciembre de 2011, en virtud de la cual se reliquidó la pensión de la señora Garavito
Malagón con el 75% del ingreso base de liquidación —IBL—, conformado por el
periodo de los salarios devengados durante el último semestre laborado. En
consecuencia, ordenó a la UGPP que reliquidara la prestación incluyendo el valor
de la sexta parte de la bonificación especial correspondiente a una remuneración
por el lapso de cinco años que se cumplió y pagó en el último semestre de servicios,
esto es, el «último quinquenio».

6. Inconformes con la decisión, la señora Garavito Malagón y la UGPP interpusieron
recurso de apelación. La demandante se mostró inconforme con el monto
reconocido en la sentencia de primera instancia por concepto de la bonificación
especial o quinquenio, así como con los valores de los demás factores salariales
incluidos por la entidad demandada en la liquidación de su pensión. El recurso
interpuesto por UGPP fue declarado desierto, pues la entidad no se presentó a la
audiencia de conciliación de que trata el inciso segundo del artículo 192 de la Ley
1437 de 2011.

7. En sentencia del 3 de septiembre de 2020, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo del 23 de octubre de 2015. En esta
oportunidad, el análisis se circunscribió únicamente a estudiar los argumentos del
recurso de apelación presentado por la señora Garavito Malagón y, en ese sentido,
el ad quem, limitado por el principio de la non reformatio in pejus, estimó que no era

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

posible hacer más gravosa la situación de la demandante, en atención al
reconocimiento de la sentencia de primera instancia, que se concretaba en la
reliquidación de la mesada pensional con la inclusión de los factores salariales
previstos en el Decreto 929 de 1976, incluyendo la sexta parte de la bonificación
especial.

8. Para sustentar su decisión, afirmó que, de conformidad con la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, el IBL aplicable al caso concreto correspondía,
en realidad, al 75% del promedio del salario sobre el cual cotizó la afiliada durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994; no obstante, como el a
quo omitió verificar y corregir dicha circunstancia, estimó que se mantendría la
liquidación del IBL con la inclusión de los factores salariales previstos en la ley
anterior —Decreto 929 de 1976—. Así, dado que, con ocasión de la sentencia de
primera instancia, se generó una «situación más beneficiosa» que la que se hubiera
derivado de la liquidación con apego estricto a las reglas definidas por el régimen
de transición y la mencionada sentencia de unificación, porque la entidad
demandada no liquidó el IBL pensional en los términos señalados en la Ley 100 de
1993, confirmaría la sentencia de primera instancia, en atención a los principios de
non reformatio in pejus y de favorabilidad.

9. El 18 de diciembre de 2024, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión,
por medio del cual solicitó que se infirmara la sentencia del 3 de septiembre de
2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Esto, por considerar que la providencia recurrida desconoció el fallo del 11 de junio
de 2020, por medio del cual esta Corporación unificó su jurisprudencia respecto de
la norma que debía tenerse en cuenta para liquidar el IBL de la pensión de jubilación
de quienes, cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, eran
beneficiarios del régimen pensional especial de los servidores de la Contraloría
General de la República, regulado por el Decreto 929 de 1976.

10. Al respecto, la entidad recurrente argumentó que, de conformidad con el fallo de
unificación, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición debía liquidarse con
plena observancia de los parámetros establecidos en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, así como a lo contemplado en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
En otras palabras, la pensión debía liquidarse con el 75% del promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la prestación, con los factores sobre los cuales se realizaron los
aportes correspondientes, que se reducían a: (i) la asignación básica; (ii) la
bonificación por servicios prestados y (iii) la prima técnica.

11. En ese orden, sostuvo que la decisión incurrió en una contradicción insalvable:
a pesar de que las consideraciones se fundamentaron en la sentencia de unificación
y en la improcedencia de la reliquidación pensional a partir del promedio de todo lo
devengado en el último semestre de servicio y con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos en dicho periodo, al resolver sobre la legalidad de los actos
demandados, decidió confirmar la sentencia de primera instancia, que liquidó la

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

pensión con un IBL distinto al previsto en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158
de 1994.

12. En sentencia del 14 de octubre de 2025, la Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado declaró parcialmente fundado el recurso extraordinario de
revisión, luego de encontrar acreditado que la sentencia del 3 de septiembre de
2020 incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de
20035.

13. Sobre el particular, la Sala Cuarta Especial de Decisión expuso que para que se
configurara la aludida causal era menester, no solo demostrar el hecho objetivo de
que el reconocimiento excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que era
necesario acreditar también que el incremento devino de una evidente vulneración
al ordenamiento jurídico, porque se incurrió en una interpretación caprichosa de la
ley, porque la prestación fue obtenida con abuso del derecho o fraude o, en la
medida en que la misma no guardara relación con la trayectoria laboral del
pensionado.

14. Ahora bien, sobre el caso concreto, adujo que, tal como lo afirmó la UGPP en el
recurso extraordinario de revisión, el criterio jurisprudencial vigente al momento de
expedición del fallo recurrido era el contenido en la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-020-20 del 11 de junio de 2020. En tal sentido, la regla que debió aplicarse
para resolver la controversia era la siguiente: el IBL de las pensiones reconocidas
con los requisitos del Decreto 929 de 1976, en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, debía liquidarse teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos
21 y 36, en cuanto al periodo, y lo previsto en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994,
en relación con los factores.

15. En tal sentido, el juez de la revisión precisó que «al contrastar el ordenamiento
jurídico vigente y aplicable al caso particular, con el reconocimiento realizado en la
sentencia de segunda instancia del 3 de septiembre de 2020, es posible advertir
que, en efecto, el reconocimiento de la pensión de jubilación excedió lo debido de
acuerdo con la ley aplicable. Por ende, se configuró la causal establecida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003».

16. La anterior decisión fue objeto de salvamento y aclaración de voto de los
magistrados Juan Enrique Bedoya Escobar y German Eduardo Osorio Cifuentes,
respectivamente.

Pretensiones

17. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

PRIMERA: SE REVOQUE la sentencia de Única Instancia, proferida por el
Honorable CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN, de fecha 14 de

5 ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL

TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. (…) b) Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

octubre de 2025, Consejero Ponente doctor PEDRO PABLO VANEGAS GIL,
dentro del medio de control RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN,
bajo el radicado 11001-0315-000-2024-06961-00, que: “DECLARA FUNDADO
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte recurrente contra
la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2020 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25000-23- 42-000-2014-03928-01. Ello, por
la causal establecida en la sección b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y
que, en consecuencia, INFIRMA parcialmente la sentencia del 3 de septiembre
de 2020 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
y Confirma parcialmente la sentencia del 23 de octubre de 2015 proferida por
la Sala Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el sentido de: “Declarar la nulidad parcial de la resolución UGM 022268 del
27 de diciembre de 2011 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social
EICE en liquidación”, por violación de derechos y principios Fundamentales,
consagrados en la Constitución Nacional, Normas, Leyes y Jurisprudencia.

Fundamentos de la demanda de tutela

18. Según la parte actora, la sentencia del 14 de octubre de 2025 vulnera sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso,
pues la Sala Cuarta Especial de Decisión de esta Corporación incurrió en una
«valoración irrazonable o incompleta de las pruebas y del cambio de
jurisprudencia».

19. Agregó que la sentencia cuestionada pretende desconocer el régimen pensional
del que considera que es beneficiaria, afectar sus derechos adquiridos y los
principios fundamentales del derecho al trabajo. Ello, en su criterio, contraía lo
dispuesto por esta Corporación en la sentencia del 4 de agosto de 2010 —dictada
en el marco del proceso con radicado 25000-2325-000-2004-06145-01 (2533-07),
que específicamente precisó que «el principio de conservación de la norma más
favorable y la condición más beneficiosa en el ámbito laboral» implica que una
nueva norma de carácter laboral o pensional no puede disminuir las condiciones
favorables existentes y concretadas al abrigo de un ordenamiento anterior.

20. Aseguró que desde 2014, la Corte Constitucional acogió una tesis «restrictiva»
que afecta la situación jurídica de personas de la tercera edad a quienes la
administración les liquidó la pensión con el régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993. Dicha postura, vulnera su derecho a la igualdad, pues permite que
personas que se encuentran en una situación jurídica idéntica reciban un
tratamiento diferente, a lo que añadió que el trato diferenciado solo se justifica en
razón al momento en el cual fue decidida la controversia.

21. En tal sentido, adujo que, para el caso concreto, era relevante mencionar que
tanto en instancia administrativa como en sede judicial el reconocimiento y posterior
reliquidación de la pensión, siempre se realizó teniendo en cuenta los últimos seis
meses laborados, de conformidad con el Decreto 929 de 1976.

22. Adicionalmente, trajo a colación los argumentos expuestos por el consejero
Juan Enrique Bedoya Escobar en su salvamento de voto a la sentencia que aquí se
cuestiona, quien, en dicha oportunidad, destacó que en el fallo del 3 de septiembre
de 2020 no se reconoció injustificadamente la reliquidación pensional con un IBL

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

distinto al señalado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, pues, en
virtud del artículo 328 del GCP, el juez de segunda instancia debía pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y, dado que
la alzada formulada por la UGPP fue declarada desierta, el periodo de liquidación y
los factores que debían incluirse en ella no podían ser objeto de pronunciamiento
en sede de alzada, so pena de haber incurrido en una vulneración al debido
proceso.

23. En ese sentido, el consejero disidente mencionó que, dado que la situación
inicial de la demandante ya se había definido con un IBL calculado con el promedio
de los salarios devengados en el último semestre de servicios, la orden de
reliquidación de la prestación sobre el 75% de los salarios devengados durante los
últimos 10 años de servicios, con los factores de asignación básica, la bonificación
por servicios prestados y la prima técnica, desmejoraría la situación que ya había
sido reconocida por la entidad administrativa en los actos demandados.

24. En suma, la demandante considera, con fundamento en lo expuesto por el
magistrado Bedoya Escobar en su salvamento de voto, que la decisión del 14 de
octubre de 2025 vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital de las personas de la tercera edad, así como
que transgrede el principio de favorabilidad y desconoce sus derechos adquiridos.
A lo que se suma que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 344 de la
Constitución Política, ninguna autoridad podrá invocar la sostenibilidad fiscal para
menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su
protección efectiva.

Trámite en primera instancia

25. Mediante auto del 20 de febrero de 20266, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de
Estado y vinculó, en calidad de tercero con interés, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

26. De igual forma, requirió a la Sala Cuarta de Decisión del Consejo de Estado,
con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-06961-00.

Intervenciones

27. El consejero Pedro Pablo Vanegas Gil7, integrante de la Sala Cuarta Especial
de Decisión del Consejo de Estado, en su calidad de ponente de la decisión
censurada, pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo. Esto, porque,
en su criterio, a pesar de invocar diversos postulados constitucionales, la demanda
formula cargos genéricos, que no se enmarcan en ninguno de los requisitos

6 SAMAI, índice 5.
7SAMAI, índice 12, documento electrónico con certificado D7A1F36E00E95B77
9BAE515332135AFD 8227B877D5018FAA 4C3CEC73FC4B7EFD.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De ahí que, en su concepto, carece de una carga argumentativa mínima que
justifique la intervención del juez constitucional.

28. Aunado a ello, sostuvo que la demandante se limitó a exponer una serie de
reparos contra la decisión censurada que dan cuenta de una simple inconformidad
con el criterio mayoritario adoptado por la Sala Cuarta Especial de Decisión, lo que,
de ninguna manera, da lugar a acceder al amparo pretendido.

29. A su juicio, la postura de la accionante desconoce la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya
finalidad no es otra que habilitar la revisión excepcional de providencias que, en
cualquier tiempo, decretaron el reconocimiento de sumas periódicas con cargo al
erario o fondos de naturaleza pública en una cuantía que exceda lo debido conforme
a la ley.

30. Así, estimó que no puede considerarse que existió una vulneración a los
derechos adquiridos de la demandante, por el simple hecho de que, en el marco de
la revisión extraordinaria de la sentencia del 3 de septiembre de 2020, se hubiera
encontrado configurada una de las causales de procedencia previstas en la Ley 797
de 2003.

31. La UGPP8 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por
considerar que no es el mecanismo idóneo para pretender la revocatoria de una
sentencia proferida por el juez de la revisión extraordinaria, lo que evidencia que la
intención de la parte demandante es utilizar el amparo constitucional como una
tercera instancia del proceso ordinario. Además, destacó que la vulneración alegada
en la demanda no existe, y que tampoco se acreditó la posible configuración de un
perjuicio irremediable.

32. Agregó que la demanda no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque,
a su juicio, la parte actora cuenta con los recursos extraordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones que por vía constitucional
pretende sean dejadas sin efectos.

33. Resaltó que acción de tutela contra providencias judiciales solo procede
excepcionalmente cuando el juez natural adopta la decisión de forma arbitraria
caprichosa y con fundamento simplemente en su voluntad, lo que en el caso en
concreto no ocurre, pues la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho.

34. Finalmente, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar
prestaciones económicas, pues los jueces naturales son los llamados a resolver
pretensiones de esa naturaleza, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial.

8 SAMAI, índice 11, documento electrónico con certificado 52CDFB6F6658ED67
D31066793E96E8B3 C1996333D4D308BB CB7330D9CBC045A1.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

35. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado9 sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida en
que no se advierte una actuación arbitraria ni ilegítima de las autoridades judiciales
que profirieron la decisión que aquí se cuestiona. En ese orden, la providencia del
14 de octubre de 2025 no se fundamentó en una interpretación que constituya una
vía de hecho, sino que obedeció al ejercicio legítimo de discusión judicial sobre la
tensión entre los principios de non reformatio in pejus y de seguridad jurídica. Ello,
a su juicio, da cuenta de que, en realidad, la parte demandante está intentando
reabrir el debate que ya se surtió ante el juez de la revisión, sumado a que no alegó
ni demostró que con la decisión adoptada se le esté causando un perjuicio
irremediable o que sus derechos fundamentales se encuentren amenazados o
vulnerados.

36. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que
fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda10.

CONSIDERACIONES

Competencia

37. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.

Problema jurídico y metodología de la decisión

38. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

39. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 14 de octubre
2025 y si, por consiguiente, la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al
debido proceso de la accionante, al haber acogido una interpretación caprichosa y
restrictiva de lo dispuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación de 11
de junio de 2020 y/o por haberle dado un alcance que vulnera sus derechos
adquiridos y el principio de favorabilidad.

40. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

9 SAMAI, índice 14.
10 Fue notificada a la siguiente dirección electrónica:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, el 24 de febrero de 2026, tal como se puede
observar en el índice 8 de SAMAI.
11 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

41. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200512, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

42. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar13: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 15 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
43. Legitimación en la causa. La señora Carmen Cecilia Garavito Malagón se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular
de los derechos que considera vulnerados, en su condición de opositora en el
proceso del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-
06961-00, en el marco del cual se adoptó la decisión cuestionada.

44. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado fue la autoridad judicial
que profirió la sentencia del 14 de octubre de 2025 a la que la parte actora atribuye
la vulneración de sus derechos fundamentales.

12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
13 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

45. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 14 de octubre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 17 de febrero de 2026. Este término resulta razonable.

46. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

47. Subsidiariedad16. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

48. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

49. El presente asunto supera el requisito de subsidiariedad, pues la decisión que
se cuestiona fue adoptada en el marco de un recurso extraordinario de revisión,
proceso de única instancia, por lo que no existen mecanismos judiciales ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico para solicitar la protección de los derechos
supuestamente vulnerados.

50. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

51. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente17 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

52. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple

16 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

17 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

53. En el caso en concreto, la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón presentó
acción de tutela a fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la seguridad social y al debido proceso, vulnerados, a su juicio, por la sentencia
del 14 de octubre de 2025, mediante la cual, la Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado infirmó parcialmente la sentencia del 3 de septiembre de
2020, por considerar que se configuró la causal de revisión prevista en literal b de
la Ley 797 de 2003, es decir, que la cuantía del derecho reconocido excedía lo
debido de acuerdo con la ley aplicable.

54. Para la demandante, la sentencia cuestionada incurrió en una «valoración
irrazonable o incompleta de las pruebas y del cambio de jurisprudencia», pues
desconoció que la elección normativa sobre los factores salariales para tener en
cuenta al momento de determinar el IBL no había sido objeto de discusión ni en
instancia administrativa, ni en sede judicial, pues, al respecto, existió siempre
consenso sobre la procedencia de aplicar las disposiciones del Decreto 929 de
1976. Tal como lo expresó el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar en su
salvamento de voto.

55. En efecto, la parte demandante transcribió varios apartes del aludido
salvamento de voto, para manifestar que la decisión adoptada por la sala
mayoritaria vulneraba sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, al mínimo vital de las personas de la tercera edad y al debido proceso, así
como los principios de favorabilidad, derechos adquiridos e inescindibilidad de la
ley.

56. No obstante, más allá de manifestar su desacuerdo con la decisión censurada
y su avenencia con la postura del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, la
señora Garavito Malagón se abstuvo de invocar o demostrar la configuración de
alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Al contrario, el desarrollo argumentativo expuesto a lo largo
del escrito de amparo se limita exclusivamente a reiterar los aspectos sobre los
cuales versó el ya ampliamente mencionado voto disidente, sin presentar ni siquiera
una razón tendiente a demostrar la invalidez constitucional de la tesis asumida por
la sala mayoritaria.

57. Así pues, todos los reproches encaminados, bien sea a cuestionar la aplicación
de un precepto normativo u otro, a efectos de liquidar la pensión de jubilación de la
demandante, porque, según ella, tal asunto no constituyó el objeto de la controversia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, o tendientes a justificar que
la decisión del 3 de septiembre de 2020 se fundamentó en los límites
competenciales del juez de segunda instancia y en la prohibición de desmejorar sus
condiciones en la litis, por haber sido apelante única, son aspectos sobre los cuales
versó la discusión en sede de revisión extraordinaria, y cuyo componente de
legalidad no puede desconocerse. Ante dicha circunstancia resulta evidente que la
intención de la demandante es reabrir tal discusión, sin presentar argumentos con

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

real peso constitucional que permitan desvirtuar la validez constitucional de la
sentencia del 14 de octubre de 2025.

58. Al contrario, es plausible concluir que aquella se adoptó en el marco del ejercicio
legítimo de los principios de autonomía e independencia judicial propios de la
administración de justicia, y de acuerdo con las dinámicas propias de las salas de
decisión de los tribunales colegiados, sin que ello implique, en modo alguno, que la
tesis mayoritaria se oponga a los mandatos superiores, por el simple hecho de haber
adoptado una decisión contraria a los intereses de la accionante.

59. Al respecto, conviene señalar que las aclaraciones y los salvamentos de voto
son instrumentos con que cuentan los jueces colegiados, bien para hacer precisión
sobre ciertas razones expuestas en la sentencia, ora para apartarse de la misma.
Como se sabe, previo a su aprobación, todo proyecto de sentencia debe someterse
al escrutinio de cada uno de los integrantes de la Corporación Judicial, Sala o
Sección, según el caso. Justamente allí, en esa dinámica deliberativa, es que se
presentan las aclaraciones y los salvamentos, a manera de voto particular frente a
la decisión final.

60. Las aclaraciones y salvamentos son, pues, parte del ejercicio cotidiano de la
administración de justicia. Por tanto, el hecho de que un magistrado formule
observaciones, reparos o exprese desacuerdo frente a una sentencia no implica per
se que la decisión mayoritaria sea equivocada.

61. Entonces, la presente acción de tutela se fundó especialmente en las razones
esgrimidas en el salvamento de voto que el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar
formuló en la sentencia que aquí se cuestiona. Empero, tales observaciones, por
más válidas y pertinentes que puedan llegar a ser, no enervan la decisión final ni
constituyen criterio vinculante para el juez del amparo. Generalmente, se trata de
cuestiones que han sido ampliamente debatidas por los magistrados, pero que, ante
la falta de consenso en punto de la decisión final, estos optan por dejarlas
consignadas en la aclaración o salvamento de voto, según el caso.

62. En este caso, como se vio, la decisión de la Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado se fundó en el hecho objetivo de que la sentencia recurrida
reconoció una prestación cuya cuantía excedía la que legalmente se debía, y, dado
que tal circunstancia se enmarcaba en el supuesto de hecho previsto en el literal b
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, era procedente acceder a las pretensiones
del recurso extraordinario de revisión.

63. Al margen de las dificultades a las que se enfrentó la autoridad judicial que
definió la controversia de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionadas con
los límites competenciales del juez de segunda instancia, las cuales, valga
mencionar, fueron reconocidas en la sentencia del 14 de octubre de 2025, la
autoridad judicial demandada, sin atisbo de capricho o arbitrariedad, concluyó que
estaba probado que a la señora Garavito Malagón no le asistía derecho a la
liquidación del IBL con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 929 de 1976, sino
que la misma debió realizarse con los factores definidos por la Ley 100 de 1993 y el
artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01207-00
Accionante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Accionado: Sala Cuarta Especial de Decisión
del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

64. En estos términos, no existe mérito para restarle validez a la decisión que aquí
se censura, por no adolecer de ningún yerro que merezca reproche desde un punto
de vista constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.