Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01207-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01207-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01207-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
28 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01207-01
Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01207-01
Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
Demandado: Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado
Temas: Tutela contra providencia judicial – recurso extraordinario de
revisión – requisitos generales de procedencia.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la demandante, contra la providencia
de 13 de marzo de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la
señora Carmen Cecilia Garavito Malagón, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de febrero de 2026, la señora Carmen Cecilia Garavito Malagón interpuso acción
de tutela contra la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a
la seguridad social. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«PRIMERA: SE REVOQUE la sentencia de Única Instancia, proferida por el Honorable
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA
CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN, de fecha 14 de octubre de 2025, Consejero Ponente
doctor PEDRO PABLO VANEGAS GIL, dentro del medio de control RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, bajo el radicado 11001-0315-000-2024-06961-00, que:
“DECLARA FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2020 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho núm. 25000-23- 42-000-2014-03928-01. Ello, por la causal establecida en la
sección b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que, en consecuencia, INFIRMA
parcialmente la sentencia del 3 de septiembre de 2020 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado y Confirma parcialmente la sentencia del 23 de
octubre de 2015 proferida por la Sala Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en el sentido de: “Declarar la nulidad parcial de la resolución UGM
022268 del 27 de diciembre de 2011 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social
EICE en liquidación”, por violación de derechos y principios Fundamentales, consagrados
en la Constitución Nacional, Normas, Leyes y Jurisprudencia.»
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Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación fáctica que dio origen al medio de control
La señora Carmen Cecilia Garavito Malagón nació el 23 de abril de 1957 y trabajó al
servicio de la Contraloría General de la República en el período comprendido entre el
18 de marzo de 1985 y el 30 de mayo de 2010, indicó que el último cargo que ocupó
fue el de Profesional Universitario, Nivel Profesional - Grado 2 y adquirió el estatus
pensional el 23 de abril de 2007.
Mediante Resolución núm. 34790 del 25 de julio de 2008 la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la señora Garavito
Malagón condicionado al retiro definitivo del servicio, y para lo cual solo tuvo en cuenta
el promedio de los factores salariales de asignación básica y la bonificación por
servicios prestados devengados en el periodo comprendido entre el 1º de julio de 1997
y el 30 de junio de 2007.
El 24 de febrero de 2011 la demandante solicitó ante la UGPP la reliquidación de su
pensión y Cajanal a través de la Resolución núm. UGM 022268 del 27 de diciembre
de 2011, la reliquidó conforme al artículo 7 del Decreto 929 de 1976, y aplicó el 75 %
sobre un ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios
devengados durante el último semestre, mismos que fueron incluidos de manera
parcial.
Este último acto administrativo fue modificado en Resolución núm. IGM 053512 del 3
de agosto de 2012 en relación con los descuentos por concepto de aportes por nuevos
factores salariales para pensión.
Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2014-03928-01
El 12 de septiembre de 2014, la señora Garavito Malagón demandó a la UGPP en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la
finalidad de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
Resolución núm. 34790 del 25 de julio de 2008, que reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez a su favor; (ii) la Resolución núm. UGM 022268 del 27 de diciembre
de 2011, que reliquidó tal emolumento; y (iii) la Resolución núm. UGM 053512 del 3
de agosto de 2012, mediante la cual se modificó esta última.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante pretendía que se ordenara la reliquidación de la pensión con la inclusión
del 75 % de la totalidad de los factores salariales devengados durante los últimos 6
meses de servicio, esto es, del 1º de diciembre de 2009 al 30 de mayo de 2010, de
conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 23 de octubre de 2015
accedió, parcialmente a las pretensiones de la demanda es decir declaró la nulidad
parcial de la Resolución núm. UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011 y, en su
lugar, ordenó reliquidar y pagar a la demandante la pensión de jubilación con inclusión
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del valor de la sexta parte de la bonificación especial, teniendo en cuenta la
prescripción trienal y la indexación que sea del caso y negó las demás pretensiones
de la demanda.
La decisión fue apelada por la demandante que indicó que si bien, en el caso concreto,
la entidad pensional incluyó la totalidad de los factores salariales certificados por la
Contraloría General de la República, los valores tomados para la liquidación del
ingreso base de liquidación eran en su mayoría muy diferentes.
Enfatizó en el monto reconocido por concepto de quinquenio o bonificación especial,
el cual, según su interpretación de la norma, debía ser tomado por el monto total
certificado por la Dirección de Gestión Humana de la Contraloría, y no fraccionado de
conformidad con el Decreto 929 de 1976 y en el Decreto 1045 de 1978.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 3 de
septiembre de 2020, confirmó la decisión apelada.
Consideró que no era procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con el
promedio de todo lo devengado en el último semestre de servicio, ni con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos en tal período como lo pretendía la parte
demandante, toda vez que conforme la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, el IBL aplicable para el caso concreto correspondía al 75 % del promedio de los
salarios sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos
que estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese
realizado los correspondientes aportes, que en el caso que nos ocupa se reducen a
la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima técnica.
No obstante, mantuvo la decisión favorable a la demandante por aplicación de los
principios de favorabilidad y non reformatio in pejus, ya que la señora Garavito
Malagón era apelante única.
Del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2024-06961-00
La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de
septiembre 2020, al considerar que dicha decisión desconoció la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020 sobre la forma correcta de
liquidar el IBL de los funcionarios de la Contraloría General de la República cobijados
por el régimen de transición.
En su sentir, se configuraban las causales de revisión establecidas en los numerales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues consideraba que el reconocimiento
de la pensión se obtuvo con violación al debido proceso y que la cuantía excedía lo
debido de acuerdo con la ley aplicable.
Al respecto, argumentó que, de conformidad con el fallo de unificación, el IBL de los
beneficiarios del régimen de transición debía liquidarse con plena observancia de los
parámetros establecidos en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como a lo
contemplado en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. En otras palabras, la pensión
debía liquidarse con el 75 % del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó la afiliada durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación,
con los factores sobre los cuales se realizaron los aportes correspondientes, que se
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reducían a: (i) la asignación básica; (ii) la bonificación por servicios prestados y (iii) la
prima técnica.
En ese orden, la entidad pensional sostuvo que la decisión incurrió en una
contradicción dado que a pesar de que las consideraciones se fundamentaron en la
sentencia de unificación y en la improcedencia de la reliquidación pensional a partir
del promedio de todo lo devengado en el último semestre de servicio y con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos en dicho periodo, al resolver sobre la
legalidad de los actos demandados, decidió confirmar la sentencia de primera
instancia, que liquidó la pensión con un IBL distinto al previsto en la Ley 100 de 1993
y en el Decreto 1158 de 1994.
El conocimiento del proceso correspondió a la Sala Cuarta Especial de Decisión del
Consejo de Estado que, en sentencia del 14 de octubre de 2025, declaró parcialmente
fundado el recurso extraordinario de revisión, luego de encontrar acreditado que la
sentencia del 3 de septiembre de 2020 incurrió en la causal prevista en el literal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 20031.
Al respecto, explicó que el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición
del fallo recurrido era el contenido en la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020 y, en tal sentido, la regla que debió aplicarse para resolver la controversia era
que el IBL de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976,
en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debía liquidarse teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 y 36, en cuanto al periodo, y lo previsto en
el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, en relación con los factores.
El juez de la revisión precisó que «al contrastar el ordenamiento jurídico vigente y aplicable
al caso particular, con el reconocimiento realizado en la sentencia de segunda instancia del 3
de septiembre de 2020, es posible advertir que, en efecto, el reconocimiento de la pensión de
jubilación excedió lo debido de acuerdo con la ley aplicable. Por ende, se configuró la causal
establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
Dicha decisión fue objeto de salvamento y aclaración de voto de los magistrados Juan
Enrique Bedoya Escobar y German Eduardo Osorio Cifuentes, respectivamente.
3. Argumentos de la acción de tutela
La demandante expuso que la providencia objeto de debate vulneró los derechos
fundamentales invocados en la medida en que la Sala Cuarta Especial de Decisión
incurrió en defecto fáctico por valoración irrazonable o incompleta de las pruebas y del
cambio de jurisprudencia.
Indicó que la decisión cuestionada desconoce el régimen pensional del que considera
que es beneficiaria, y omite los derechos adquiridos y los principios fundamentales del
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Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revision por el respectivo código y podrá
solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables
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derecho al trabajo, todo esto en desconocimiento de lo dispuesto en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, en la que se precisó que se debe aplicar el
principio de favorabilidad en materia laboral lo cual implica que una nueva norma de
carácter laboral o pensional no puede disminuir las condiciones favorables existentes
y concretadas al abrigo de un ordenamiento anterior.
Aseguró que, desde 2014, la Corte Constitucional acogió una tesis «restrictiva» que
afecta la situación jurídica de personas de la tercera edad a quienes la administración
les liquidó la pensión con el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, al
efecto explicó que existe vulneración del principio de igualdad porque personas con
idéntica situación pensional recibieron tratamientos distintos únicamente por la fecha
en que fueron resueltos sus procesos judiciales, pese a estar cobijadas por el mismo
régimen de transición.
También alegó desconocimiento del principio de inescindibilidad de los regímenes
pensionales, e indicó que no podía tomarse parcialmente el régimen general de la Ley
100 de 1993 y combinarlo con el régimen especial del Decreto 929 de 1976, porque
ello implicaba crear un régimen híbrido no previsto en la ley.
Al efecto, se refirió al salvamento de voto proferido en el proceso controvertido en el
que el Consejero Juan Enrique Bedoya Escobar manifestó que el juez de segunda
instancia debía pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso
de apelación y, dado que la alzada formulada por la UGPP fue declarada desierta, el
periodo de liquidación y los factores que debían incluirse en ella no podían ser objeto
de pronunciamiento en sede de alzada, so pena de haber incurrido en una vulneración
al debido proceso.
En ese sentido, el Consejero disidente mencionó que, dado que la situación inicial de
la demandante ya se había definido con un IBL calculado con el promedio de los
salarios devengados en el último semestre de servicios, la orden de reliquidación de
la prestación sobre el 75 % de los salarios devengados durante los últimos 10 años
de servicios, con los factores de asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima técnica, desmejoraría la situación que ya había sido reconocida
por la entidad administrativa en los actos demandados.
En suma, la demandante consideró, con fundamento en lo expuesto en el referido
salvamento de voto, que la decisión del 14 de octubre de 2025 vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de
las personas de la tercera edad al transgredir el principio de favorabilidad y
desconocer los derechos adquiridos, además resaltó que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 344 de la Constitución Política, ninguna autoridad podrá
invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales o negar
su protección efectiva.
Además de lo anterior, se tiene que la demandante a lo largo del escrito de tutela citó
las siguientes sentencias: C-168 de 1995, T-631 de 2002, T-158 de 2006, T-251 de
2007, T-798 de 2009, T-199- de 2016, C-789 de 2003, C- 789 de 2002, C-763 de 2002,
T-438 de 1992, C-369 de 2004 y C-258 de 2013 con la finalidad de soportar su
argumentación respecto al desconocimiento del principios de favorabilidad, igualdad
e inescindibilidad así como los derechos adquiridos en materia pensional.
4. Trámite previo
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Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
El 20 de febrero de 2026, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a la Sala Cuarta Especial
de Revisión en calidad de demandada y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
como tercera con interés.
5. Oposiciones
La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, al efecto indicó que no cumple con
el requisito de relevancia constitucional dado que, pese a que la demandante invocó
diversos postulados constitucionales, la demanda formula cargos genéricos, que no
se enmarcan en ninguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
En efecto, afirmó que la solicitud de amparo carece de una carga argumentativa
mínima que justifique la intervención del juez constitucional, explicó que la
demandante se limitó a exponer una serie de reparos contra la decisión censurada
que dan cuenta de la inconformidad con el criterio mayoritario adoptado, lo que, de
ninguna manera, da lugar a acceder al amparo pretendido.
Manifestó que no puede considerarse que existió una vulneración a los derechos
adquiridos de la señora Garavito Malagón, por el simple hecho de que, en el marco
de la revisión extraordinaria de la sentencia del 3 de septiembre de 2020, se hubiera
encontrado configurada una de las causales de procedencia previstas en la Ley 797
de 2003, pues dicha postura desconoce la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya finalidad no es otra
que habilitar la revisión excepcional de providencias que, en cualquier tiempo,
decretaron el reconocimiento de sumas periódicas con cargo al erario o fondos de
naturaleza pública en una cuantía que exceda lo debido conforme a la ley.
6. Intervención de los terceros con interés
La UGPP solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia, por
considerar que la demandante está haciendo uso de la solicitud de amparo como una
instancia adicional al proceso ordinario.
Afirmó que la vulneración alegada en la demanda no existe, y que tampoco se acreditó
la posible configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo
invocado por la demandante,
Precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede
excepcionalmente cuando el juez natural adopta la decisión de forma arbitraria y
caprichosa lo que en el caso en concreto no ocurre, pues la decisión cuestionada se
encuentra ajustada a derecho.
Finalmente, insistió en que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la acción de tutela no es el mecanismo judicial adecuado para reclamar
prestaciones económicas, pues los jueces naturales son los llamados a resolver
pretensiones de esa naturaleza, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial
situación que en todo caso ya fue resuelta.
7. Sentencia de primera instancia
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Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
El 13 de marzo de 2026, la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, explicó que no se
cumplió una carga argumentativa mínima y además que se hizo uso de la solicitud de
amparo como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
Explicó que la demandante más allá de manifestar su desacuerdo con la decisión
censurada se limitó exclusivamente a reiterar los aspectos sobre los cuales versó el
salvamento de voto, sin presentar ni siquiera una razón tendiente a demostrar la
invalidez constitucional de la tesis asumida por la Sala Mayoritaria que hiciera
procedente el estudio de la acción de tutela contra providencia judicial.
8. Impugnación
La demandante impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del
escrito inicial e insistió en que una nueva norma de carácter laboral o pensional no
puede disminuir las condiciones favorables existentes y concretadas al abrigo de un
ordenamiento anterior, las que, en la medida en que benefician al trabajador, deben
ser reconocidas y respetadas por las Leyes posteriores tal como se indicó en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
9. Trámite de segunda instancia
Mediante escrito del 25 de mayo de 2025, el consejero de estado Luis Antonio
Rodríguez Montaño se manifestó impedido para conocer de la acción de tutela de la
referencia de conformidad con la causal 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal.
Lo anterior, en razón a que la accionante dirige la solicitud de amparo contra la
sentencia del 14 de octubre de 2025, que resolvió el recurso extraordinario de revisión
con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06961-00, el cual fue proferido por la Sala
Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado de la que hace parte.
Dicho impedimento fue aceptado por el despacho ponente en providencia del 25 de
mayo de 2026.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
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Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.
En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los
defectos invocados.
En síntesis, mediante el ejercicio de la presente acción de tutela la parte actora
cuestiona la sentencia del 14 de octubre de 2025 de la Sala Cuarta Especial de
Decisión del Consejo de Estado en la que se declaró fundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia dictada el 3 de septiembre de
2020 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-42-000-2014-
03928-01 en consecuencia, infirmó parcialmente la sentencia revisada.
La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará improcedente la solicitud de
amparo al considerar que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque la parte actora no cumplió con la carga mínima argumentativa necesaria para
cuestionar la providencia cuestionada.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Carmen Cecilia Garavito Malagón
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión
objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De
modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que
permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse
o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en
el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que tal como lo indicó el a quo la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, no cumple con la carga mínima
argumentativa para cuestionar la conclusión de la autoridad judicial demandada.
Como se anticipó, la demandante cuestiona la sentencia del 14 de octubre de 2025
de la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante la que se
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra
la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2020 por la Sección Segunda, Subsección
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A del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 25000-23-42-000-2014-03928-01 en consecuencia, infirmó
parcialmente la sentencia revisada.
Al efecto, se advierte que la Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado
en sentencia del 14 de octubre de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión al considerar que i) se configuró
la causal de revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
toda vez que la cuantía del derecho pensional reconocido a la señora Carmen Cecilia
Garavito Malagón excedió lo debido, pues, la providencia objeto de revisión convalidó
la liquidación de su derecho con un IBL distinto y superior al contenido en la Ley 100
de 1993, a pesar de que la línea jurisprudencial sobre el régimen legal aplicable estaba
claramente decantada.
Contra la anterior decisión la parte actora ejerce la acción de tutela de la referencia en
la que, como fundamento de la acción, se apoyó principalmente en el salvamento de
voto proferido en el proceso con radicado número 11001-03-15-000-2024-06961-00.
Sobre el particular, precisó que:
i) Se presentó una violación a derechos y principios fundamentales
constitucionales, por valoración irrazonable o incompleta de las pruebas y
del cambio de jurisprudencia que se dio posterior a la decisión que resolvió
su caso y que no fue valorada en toda su dimensión.
ii) Se desconoció el régimen pensional que le es aplicable y se dejó de lado
los derechos adquiridos del pensionado y los principios fundamentales del
derecho al trabajo. Posición que indicó está en abierta contradicción con los
postulados asumidos en la sentencia del 4 de agosto de 2010 según la cual
debe conservarse la norma más favorable y la condición más beneficiosa
en el ámbito laboral, es decir una nueva norma de carácter laboral o
pensional no puede disminuir las condiciones favorables existentes y
concretadas al abrigo de un ordenamiento anterior, las que, en la medida
en que benefician al trabajador, deben ser reconocidas y respetadas por las
Leyes posteriores.
iii) No es procedente acudir a la forma que se previó para liquidar la pensión
de los congresistas, dado que ello constituiría una violación de los principios
de igualdad, legalidad, favorabilidad, in dubio pro operario e inescindibilidad,
toda vez que ha sido posición reiterada de la Jurisprudencia, que no es
posible realizar una distinción que permita la fragmentación de la
normatividad aplicable en el punto específico de la determinación del
Ingreso Base de Liquidación-IBL., pues como el monto incluye el ingreso
base, entonces uno y otro se determinan por un solo régimen y la excepción
del inciso tercero resulta inocua.
iv) De conformidad con el parágrafo del artículo 344 de la Constitución Política
que regula la sostenibilidad fiscal bajo ninguna circunstancia, autoridad
alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la
sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales,
restringir su alcance o negar su protección efectiva como sucedió en su
caso.
v) En relación con la aplicación del principio de sostenibilidad financiera se
refirió al salvamento de voto de la decisión e indicó que las reglas de
responsabilidad fiscal y el criterio de sostenibilidad tienen un carácter
instrumental respecto de los fines y principios del Estado Social de Derecho,
en particular, son una herramienta útil para la realización progresiva de los
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contenidos prestacionales de las garantías constitucionales. Con lo anterior,
estimó que se debía privilegiar la garantía del derecho fundamental del
debido proceso, tal y como lo hizo la sentencia del 3 de septiembre de 2020,
pues esta es la interpretación que atiende el principio pro homine, como
criterio de interpretación normativa. Este principio propone que se dé
prevalencia a aquella disposición que define un derecho fundamental frente
a aquella que prevé una norma restrictiva.
vi) Además, manifestó: «Como lo expresa el Consejero de Estado, doctor Juan Enrique
Bedoya Escobar, en su salvamento de voto de la sentencia tutelada, cuando al respecto
dice: “la sentencia recurrida no reconoció el derecho a la reliquidación pensional con un
IBL distinto del señalado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. En efecto,
el período de liquidación y los factores que debían incluirse no fueron modificados por la
sentencia del 3 de septiembre de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación, porque de conformidad con el artículo 328 del CGP el juez de segunda
instancia debía pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y en atención al principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 31
de la C.P. En este caso, el hecho de que se hubiera declarado desierto el recurso de
apelación de la UGPP lo excluyó del ámbito de competencia de la sentencia de segundo
grado”. En otros de sus apartes igualmente el Honorable Consejero, es claro cuando al
analizar la decisión de reemplazo manifiesta: “Por otra parte, en el párrafo 2 se precisó, a
pie de página, el contenido de los actos acusados. Se trata de las «resoluciones i) 34790
del 25 de julio de 2008, que reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a su favor;
ii) UGM 022268 del 27 de diciembre de 2011, que reliquidó tal emolumento; y iii) UGM
053512 del 03 de agosto de 2012, mediante la cual se modificó esta última». De acuerdo
con lo anterior, la situación inicial de la demandante en el proceso ordinario ya se había
definido con un IBL calculado con el promedio de los salarios devengados en el último
semestre de servicio [del 1 de diciembre de 2009 al 30 de mayo de 2010]. En atención a lo
señalado, se observa que la orden impuesta en el ordinal «TERCERO» de ordenar la
reliquidación de la pensión de la demandada «sobre el 75 % de los salarios devengados
durante los últimos 10 años de servicios, con los factores de asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima técnica», desmejora la situación que fue
reconocida por la entidad en sede administrativa en los actos demandados, decisión que
tampoco comparto”.»
Como se vio lo expuesto por la demandante se enmarca en que debió mantenerse la
decisión del medio de control independientemente de que está desconociera lo fijado
en el ordenamiento jurídico por aplicación del principio de favorabilidad.
Sin embargo, esos argumentos de la acción de tutela no señalan o identifican razones
por las que la decisión incurrió en algún yerro o defecto, ni exponen de manera
razonable los fundamentos en que sustenta la vulneración invocada, que permitan al
juez constitucional habilitar el estudio de fondo de la tutela contra la providencia
judicial, pues, como se vio la demandante se limitó a enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sin argumentar la forma en que la providencia objeto de
debate erró, pues únicamente menciona afirmaciones que de modo alguno cuestionan
la razón de la decisión y que impiden hacer un pronunciamiento de fondo sobre un
argumento en concreto.
Aun cuando se tuviera en cuenta que se trata de un asunto que involucra un debate
de derechos fundamentales, lo cierto es que la demandante trajo a colación lo
expuesto en el salvamento de voto de la decisión para cuestionar lo decidido por la
Sala Mayoritaria. No obstante, ninguna de las afirmaciones que relaciona la
demandante logra evidenciar un argumento en concreto que configure un defecto que
haga procedente el estudio de la solicitud de amparo contra providencia judicial, pues
si bien alega que no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas al proceso
no identifica cuáles son los medios de prueba omitidos.
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De igual forma, alega que se desconoció que existía una situación jurídica consolidada
dado que al declarar fundado el recurso se reliquidó su pensión y en consecuencia se
desmejoró su condición, lo cierto es que ese alegato puntual desconoce la naturaleza
del recurso extraordinario de revisión que no tiene otro objeto que el de verificar si la
sentencia recurrida reconoció una prestación cuya cuantía excedía la que legalmente
se debía, y, dado que tal circunstancia se enmarcaba en el supuesto de hecho previsto
en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, era procedente acceder a las
pretensiones del recurso extraordinario de revisión dado que a la señora Garavito
Malagón no le asistía derecho a la liquidación del IBL con fundamento en lo dispuesto
en el Decreto 929 de 1976, sino que esta debió realizarse con los factores definidos
por la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
En este punto, es importante recordar que no basta con alegar la posible amenaza o
vulneración de un derecho fundamental para que se habilite la acción de tutela contra
una providencia judicial, debe además demostrarse que existió una irregularidad
ostensiblemente contraria a la Constitución que haga necesaria la intervención del
juez constitucional, de manera que, la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional por incumplimiento de la carga mínima argumentativa.
En suma, la parte actora solo expuso su descontento frente a la decisión, pero, pasó
por alto, expresar razones que puedan equipararse a la argumentación necesaria para
proceder con un estudio de fondo.
Por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda
con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad.
Además de lo anterior, para la Sala es necesario destacar que el fundamento de la
acción de tutela se basa en el salvamento de voto con que contó la decisión objeto de
reproche, punto en el cual resulta importante destacar que los salvamentos de voto
son posturas disidentes al interior de la Sala mayoritaria y, en ese sentido, el
salvamento de voto de la sentencia cuestionada, de ningún modo evidencia la
vulneración de algún derecho de categoría fundamental, sino, un criterio en sentido
contrario a la posición mayoritaria.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la actora, porque, la acción de tutela no
cumple el requisito de procedencia que habilite el estudio del cargo por parte del juez
constitucional y, en esa medida, la Sala confirmará la providencia impugnada.
Es importante recordar que en los casos en que la tutela se dirige contra una sentencia
proferida por una Alta Corporación, la Corte Constitucional5 ha establecido un requisito
adicional de procedencia, en el sentido que se constate la configuración de una
anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional. De
esta manera, se privilegian “los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
5
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Es decir, que no basta con alegar la posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental para que se habilite la acción de tutela contra una providencia proferida
por una Alta Corporación, pues debe además demostrarse que existió una
irregularidad abiertamente contraria a la Constitución que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, objeto de impugnación.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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