Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01209-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01209-00
Demandante: Sandra Patricia Aparicio Ayala y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Muerte de
adolescente privado de la libertad. Sistema de responsabilidad
penal para adolescentes.
Decisión: Niega amparo.
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Sandra
Patricia Aparicio Ayala y otros contra el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de febrero de 2026, Sandra Patricia Aparicio Ayala, AJSD1, Marli
Yuliana Jaimes Aparicio, Wendy Yiseth Jaimes Macias, Sharon Josefina Jaimes
Macias, Josefina Flórez De Jaimes, Betsy Aparicio Ayala, Dora Luz Aparicio Ayala,
José Isnardo Aparicio Ayala, Claudia Yaned Aparicio Ayala, Nancy Aparicio Ayala,
José Jaimes Flórez, Cristian Jaimes Flórez, Carmen Yomara Jaimes Flórez, Campo
Elías Jaimes Flórez y Marvin Alexander González Aparicio, a través de apoderado
judicial, presentaron una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Santander, tras considerar que la Sentencia de 25 de septiembre de 20252 expedida
dentro del proceso de reparación directa No. 68001-33-33-009-2018-00085-
00/01/02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.
2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos aquella
providencia y, en su lugar, se profiera una nueva decisión en la que se accedan a
las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos, los accionantes señalaron que Marlon
Fabian Jaimes Aparicio se encontraba bajo custodia de la Casa de Menores de
Piedecuesta (CASAM), a cargo de la Fundación Hogares Claret en el municipio de
Piedecuesta – Santander, por orden del Juzgado 4 Penal para adolescentes de
Bucaramanga3.
1 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime
su nombre de las providencias judiciales.
2 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 3 de octubre de 2025.
3 Por la comisión del delito de hurto calificado y agravado en concurso con lesiones personales dolosas
agravadas.
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Demandante: Sandra Patricia Aparicio Ayala y otros
4. El 8 de mayo de 2017, se presentó una riña en CASAM, en donde falleció
Marlon Fabian Jaimes Aparicio a causa de varias heridas con arma blanca.
5. Los accionantes4 promovieron demanda de reparación directa con el fin de
que se declarara la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), la Fundación Hogares Claret, el municipio de Piedecuesta y la Nación –
Policía Nacional por la muerte de Marlon Fabian Jaimes Aparicio y, en
consecuencia, se reconocieran los perjuicios causados5.
6. Mediante Sentencia del 12 de octubre de 2023, el Juzgado 9 Administrativo
de Bucaramanga declaró administrativamente responsable a la Fundación Hogares
Claret y la condenó a pagar la indemnización por daño moral. Consideró que la
muerte del menor constituyó un daño antijurídico atribuible a la administración bajo
el régimen de responsabilidad objetiva. Manifestó que el ICBF, la Policía Nacional y
el Municipio de Piedecuesta no tenían responsabilidad sobre los hechos.
7. La parte demandante, la Fundación Hogares Claret y Seguros Generales
Suramericana SA interpusieron recurso de apelación.
8. La parte demandante argumentó que debió haberse condenado de forma
solidaria a todas las entidades demandadas, quienes en su posición de garante
omitieron el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control. Agregó que hubo
un error mecanográfico en la sentencia, pues existía responsabilidad del ICBF.
9. Seguros Generales Suramericana SA manifestó que la Fundación Hogares
Claret actuó con diligencia, para ello destacó los requerimientos realizados por la
institución a la Policía Nacional y al Municipio de Piedecuesta, en donde evidenciaba
falta de infraestructura adecuada y ausencia de seguridad.
10. La Fundación Hogares Claret reprochó la aplicación del régimen objetivo,
resaltando que no tenían competencia para realizar requisas, por lo que para ello
realizó requerimientos a la Policía Nacional. Señaló que el componente de
seguridad lo ejerce la Policía de Infancia y Adolescencia.
11. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 25 de
septiembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia, tras considerar que
dentro del proceso no se logró demostrar que alguna de las entidades hubiera
incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones al interior del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA). Precisó que, frente a la alegada
omisión de la administración, el título de imputación aplicable correspondía a la falla
del servicio.
12. En ese sentido, examinó las competencias de cada una de las entidades
demandadas dentro del SRPA, con el fin de establecer a quien le correspondía la
función de seguridad que se afirma omitida. Concluyó que la muerte de Marlon
Fabian Jaimes no resultaba imputable a dichas entidades, en la medida en que no
4 Padres, hermanos, abuelos, tíos, y primos.
5 Rad. 68001-33-33-009-2018-00085-00.
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se acreditó que hubieran incurrido en omisión de sus funciones ni en el
desconocimiento de sus deberes legales.
13. Como fundamento de la vulneración, el accionante sostuvo que la
sentencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial en materia de responsabilidad por daños causados a menores y
jóvenes infractores que se encuentran bajo la guarda, custodia y cuidado del
Estado. Afirmó que dichas entidades tienen el deber de garantizar su seguridad, así
como proteger su vida e integridad personal. En ese contexto, indicó que las
entidades solo pueden exonerarse de responsabilidad si acreditan la existencia de
una causal extraña que rompa el nexo de causalidad. Lo anterior, en aplicación de
la teoría de la posición de garante que recae sobre la Administración.
14. Para sustentar lo anterior, citó las sentencias del Consejo de Estado: 13 de
diciembre de 1993, NI. 8.218; 28 de septiembre de 1998, NI. 11.130; 26 de mayo
de 2010, NI. 18.195; 23 de agosto de 2010, NI. 18.627; 29 de marzo de 2019, NI.
43.683; 29 de agosto de 2012, Rad. 25000-23-26-000-1999-02678-01; 27 de
febrero de 2013, Rad. 88001-23-31-000-2002-00146-01; 26 de marzo de 2014, Rad.
50001-23-31-000-2000-00116-01; 28 de agosto de 2014, Rad. 66001-23-31-000-
2001-00731-01; 18 de mayo de 2017, NI. 37.497; 9 de julio de 2018, NI. 44.036; 29
de marzo de 2019, NI. 43.683; 18 de noviembre de 2021, NI. 47.406; 13 de julio del
2022, Rad. 17001-23-33-000-2013-00284-01; y 7 de septiembre del 2022, Rad.
68001-23-31-000-1998-01503-01. Además, las Sentencias T-596/92, T-5221/92, T-
705/96, T-153/98, T1145/05, T-190/10 de la Corte Constitucional, y de 13 de
diciembre del 2021, Rad. 68001333301120180031101, del Tribunal Administrativo
de Santander.
15. Alegó la configuración de un defecto fáctico, derivado de una apreciación
irrazonable del material probatorio aportado al proceso y de una interpretación
incorrecta de las obligaciones del ICBF. Destacó que del Convenio de asociación
No. 4017 del 1 de marzo de 2017, suscrito entre la Alcaldía del Piedecuesta y la
Fundación Hogares Claret, se desprendía el deber de cuidado y atención integral
respecto de los adolescentes en cabeza de la fundación y restó valor (i) al hecho de
que el centro de resocialización cuenta con un protocolo de reacción para las
situaciones que no puedan ser manejado por el personal docente y su respuesta;
(ii) al contenido del Oficio del 23 de mayo de 2016 suscrito por la supervisora del
Contrato de aporte No. 801-2016; y (iii) a las solicitudes de acompañamiento
realizadas por la Fundación Hogares Claret a la Policía de Infancia y Adolescencia
y su respuesta.
Intervenciones6
16. El Juzgado 9 Administrativo de Bucaramanga adjuntó el enlace del
expediente digital.
6 Mediante Auto del 20 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al Tribunal
Administrativo de Santander y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Casa de Menores CASAM – Fundación hogares Claret
del municipio de Piedecuesta y a Mario Augusto Jaimes Flórez.
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17. El ICBF indicó que la acción de tutela no era procedente porque no existió
vulneración de derechos fundamentales y no se han agotado todos los mecanismos
judiciales disponibles como los recursos extraordinarios de revisión y unificación de
jurisprudencia. Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y se le
desvinculara del proceso.
18. La Fundación Hogares Claret señaló que la acción de tutela no invocó la
configuración de un defecto específico, sino que expresa la inconformidad frente a
la interpretación realizada por el tribunal. Agregó que no existe defecto sustantivo ni
fáctico, debido a que no se desconoció el precedente y se valoraron todas las
pruebas incorporadas en el proceso. Solicitó se declare improcedente la acción de
tutela y subsidiariamente se niegue el amparo.
19. La Policía Nacional alegó su falta de legitimación pasiva en la causa.
Argumentó que carece de competencia frente a lo pretendido por los accionantes,
teniendo en cuenta que la decisión atacada fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
20. El Tribunal Administrativo de Santander, el Municipio de Piedecuesta y
Mario Augusto Jaimes Flórez no se pronunciaron, a pesar de haber sido
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
22. No se accederá a la solicitud de desvinculación realizada por el ICBF y
Policía Nacional, comoquiera que dichas autoridades fueron parte del proceso de
reparación directa como demandadas.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 25 de septiembre de
2025 y, de ser así, si dicha providencia vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir
presuntamente en los defectos fáctico y/o desconocimiento del precedente, al no
aplicar el régimen objetivo de responsabilidad para un caso relacionado con la
muerte de un adolescente en un centro de rehabilitación integral para jóvenes.
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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, no se trata de un asunto de mera legalidad o
eminentemente económico y los reparos fueron dirigidos concretamente contra la
decisión de segundo grado en el marco del proceso ordinario; (2) se encontró
satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que los
accionantes participaron como demandantes en el proceso ordinario y la decisión
objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo de Santander;
(3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos
los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la
acción de tutela fue presentada el 17 de febrero de 2026, esto es, dentro del plazo
de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia enjuiciada7; (5) no se
alegó una irregularidad procesal; (6) los hechos y fundamentos en los que se basó
la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (7)
la tutela no fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
25. La Sala negará la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
26. Para analizar el defecto fáctico alegado, se revisará la presunta indebida
valoración del Convenio de asociación No. 4017 del 1 de marzo de 2017, la
existencia de un protocolo de reacción, el Oficio del 23 de mayo de 2016 y las
solicitudes de acompañamiento realizadas por la Fundación Hogares Claret a la
Policía de Infancia y Adolescencia y su respuesta. Sobre el particular, el Tribunal
Administrativo de Santander sostuvo:
«Encuentra la Sala que, la Fundación Hogares Claret como operador de la casa de
menores en la que se encuentran recluidos los jóvenes infractores de la Ley Penal,
tiene, de conformidad con los Lineamientos propios del Sistema, funciones netamente
pedagógicas, restaurativas y educativas, las cuales propenden por la reintegración
social de los jóvenes infractores que hacen parte del Sistema. En ese sentido, no tiene
el operador del sistema, funciones o competencias para ejercer seguridad o realizar
procedimientos propios de la autoridad policial, como lo son requisas o incautación de
elementos que no deben ser portados. En consecuencia, advierte el Tribunal que, la
Fundación Hogares Claret en relación con la víctima directa, cumplió su contenido
obligacional, en la medida en que realizó un control y seguimiento habitual y
permanente, a través de las áreas de psicología y trabajo social, buscando con ello la
efectiva reintegración social. Sumado a ello, ante la observancia de las situaciones de
agresiones y auto agresiones que se presentaban al interior de la casa de menores, de
forma insistente y periódica, solicitó a la Policía Nacional quien, de acuerdo a las
competencias asignadas en el Sistema, le corresponde velar por la seguridad de los
jóvenes infractores, realizar requisas sorpresa a fin de incautar cualquier elemento con
el que pudieran atentar contra la integridad propias y la de los demás.
Adicionalmente, se observa que la reacción ante el hecho dañoso fue la adecuada,
pues ante la imposibilidad de separar el amotinamiento y riña perpetuada por los
jóvenes que se encontraban recluidos en la casa de menores, hizo uso de las alarmas,
procediendo, tal y como lo indican los lineamientos propios del Sistema, a llamar a la
Policía Nacional, quien finalmente lograr detener la situación.
7 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 3 de octubre de 2025.
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Entonces, encontrando que el operador, en primer lugar no tiene asignada la función
de seguridad en términos de ejercer vigilancia o ejecutar acciones policiales y que por
el contrario, realizó las funciones pedagógicas, restaurativas y educativas que el
Sistema le impone, no encuentra esta Sala razón para imputarle el daño tal y como lo
hizo el señor Juez de primera instancia, pues no se encuentra que haya omitido
obligación alguna que condujera a la causación del hecho dañoso.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Fundación Hogares Claret actúa
como un agente del Estado, en este caso, del ICBF y no como un particular en los
términos del artículo 140 del CPACA, no sería congruente analizar incumplimiento de
contenido obligacional alguno del ICBF, si líneas anteriores se sostiene que su agente
no incurrió en omisión que condujera a afirmar que desconoció su contenido
obligacional. Es así como, el daño, consistente en la muerte del joven Marlon Fabian
Jaimes (q.e.p.d.) no puede ser imputado ni al ICBF ni a su agente, Fundación Hogares
Claret.
Ahora, en lo que atañe a la Policía Nacional quien, de conformidad con los
Lineamientos Modelo del SRPA, (…) encuentra la Sala que, durante los meses de
febrero, marzo y abril, atendió las solicitudes hechas por la Fundación Hogares Claret,
consistentes en realizar requisas y vigilancia al interior de la casa de menores del
municipio de Piedecuesta, oportunidad en la que incautaron múltiples elementos que
no era permitidos al interior del centro, entre ellos, armas cortopunzantes, no
pudiéndose entender como incumplida su obligación de vigilancia.
No desconoce el Tribunal que, el cinco de mayo de 2017, esto es, tres días antes de la
ocurrencia del hecho dañoso, 8 de mayo, el Fundación Hogares Claret había solicitado
nuevamente la realización de requisas y control interno; solicitud respecto de la que no
obra en el expediente respuesta o por lo menos no una que se hubiese generado con
anterioridad a lo sucedido. No obstante, ello, en el sentir de la Sala no es suficiente
para entender que la Policía Nacional – Infancia y Adolescencia incurrió en una omisión
de sus funciones o lo que sería igual, en una falta a su contenido obligacional, pues el
tiempo transcurrido entre la solicitud y la ocurrencia del hecho dañoso es muy corto,
comparado con los principio de razonabilidad en el ejercicio de la función administrativa
y policial, máxime si se tiene en cuenta que el SRPA no contempla la presencia policial
permanente en los centros de menores.
[…]
Pretender que la Policía acuda de forma inmediata o responda una solicitud que se
hizo de manera escrita y para la que no existe un procedimiento o trámite estipulado
en la Ley, es obligarlo a un imposible, o pretender un estado ideal de las cosas, pues
es claro que la institución tiene otras funciones, amplas y complejas y por ende, la
ejecución de sus funciones debe estar antecedida, como siempre en el caso de la
función administrativa, de una planeación, organización y en ocasiones, como en esta,
coordinación con otras entidades, acciones que requieren de un plazo prudencial, el
cual para esta Sala, supera los tres días que transcurrieron entre la solicitud y el hecho
dañoso.
Por último, en lo que atañe a las competencias de los municipios al interior del SRPA,
se tiene, en virtud de lo previsto en el artículo 204 de la ley 1098 de 2006, que estos
son responsables del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de
infancia y adolescencia. Desprendiéndose con facilidad, que su contenido obligacional
no guarda relación de causalidad con el hecho dañoso, por lo que no es posible endilgar
omisión alguna; ejercicio que valga decir, no fue hecho por la parte demandante en su
recurso de apelación.»
27. De lo transcrito, la Sala no advierte que el tribunal haya incurrido en una
apreciación arbitraria o irrazonable de los elementos de juicio aportados al proceso.
Por el contrario, partiendo del análisis de las pruebas determinó cuales fueron las
actuaciones realizadas por las entidades demandadas frente al SRPA y concluyó
que de conformidad con el Convenio de asociación No. 4017 de 2017, la fundación
actuó en cumplimiento de las obligaciones allí estipuladas, pues solicitó el
acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y activó el protocolo de
reacción frente a eventos que no podían ser atendidos por su personal.
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28. Conviene recordar que las autoridades judiciales actúan con independencia
y autonomía, y dentro de sus funciones se encuentra la valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso. En este contexto, la intervención del juez
constitucional solo resulta procedente cuando se evidencia un error manifiesto que
contraríe los principios de la sana crítica. El hecho de que la decisión adoptada por
el Tribunal no coincida con las pretensiones de la parte accionante no implica, por
sí mismo, la configuración de un defecto fáctico, máxime cuando la interpretación
probatoria fue razonable y no se advierten omisiones ni yerros en su valoración.
29. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Santander efectuó una valoración razonable de los elementos probatorios y
sustentó su decisión en un análisis debidamente motivado. El simple desacuerdo
de una de las partes con el sentido del fallo no constituye, por sí solo, una
irregularidad ni una vulneración de derechos fundamentales.
30. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, no se advierte
la configuración de este. Los accionantes invocaron como desconocido el contenido
de las Sentencias del 23 de agosto de 2010, NI. 18.6278; 29 de agosto de 2012,
Rad. 25000-23-26-000-1999-02678-019; 27 de febrero de 2013, Rad. 88001-23-31-
000-2002-00146-0110; 26 de marzo de 2014, Rad. 50001-23-31-000-2000-00116-
0111; 28 de agosto de 2014, Rad. 66001-23-31-000-2001-00731-0112; 13 de julio del
2022, Rad. 17001-23-33-000-2013-00284-0113; 7 de septiembre del 2022, Rad.
68001-23-31-000-1998-01503-0114, todas proferidas por el Consejo de Estado, se
concluye que no resultan aplicables como precedente en el presente caso, ya que
no presentan identidad fáctica ni jurídica con el asunto bajo estudio.
8 Estudió una demanda de reparación directa por la muerte de un menor de 5 años durante un paseo al rio
organizado por una institución educativa. En dicho caso evidencio la falla en el servicio de parte de las entidades
demandadas, quienes no garantizaron la seguridad de los estudiantes durante la actividad recreativa.
9 Resolvió una demanda de reparación directa presentada por la muerte violenta de una persona privada de la
libertad (PPL). El Consejo de Estado concluyó que el INPEC era responsable patrimonialmente por la muerte,
ya que no adoptó las medidas necesarias para garantizar su integridad, incumpliendo con ello su deber de
proteger la vida e integridad de los reclusos, quienes se encuentran en una situación de especial sujeción y
vulnerabilidad frente al Estado.
10 El Consejo de Estado estudió la muerte de un joven dentro de un centro de atención juvenil durante un
incendio iniciado por su cuenta. Concluyó que hubo concurrencia de culpas, debido a que el menor contribuyó
al daño al iniciar el fuego y el ICBF incurrió en falla del servicio por omisión en su deber de vigilancia y protección.
11 Hizo referencia a una demanda presentada por la muerte de un niño en un hogar comunitario adscrito al
ICBF. Se determinó que dicha autoridad debía responder patrimonialmente por el daño antijurídico derivado de
la muerte al tratarse de una situación previsible y evitable.
12 Esta providencia unificó los criterios y niveles de indemnización en perjuicios morales por muerte y daño
inmaterial por afectación de derechos constitucionales y convencionales especialmente en casos de menores
de edad. Estudió el caso de un menor que se fugó de un centro de reeducación y, posteriormente, fue hallado
muerto por ahogamiento en un rio. Esta corporación concluyó que el centro no cumplía con las medidas de
seguridad ni vigilancia.
13 Estudió el caso de un estudiante que sufrió quemaduras con químicos almacenados en una institución
educativa. Se demostró en el proceso la falla en el servicio por omisión del deber de vigilancia y custodia de
parte de la institución.
14 Se trató de una demanda de reparación directa por las lesiones sufridas por el demandante durante su
reclusión en una cárcel debido a una granada de fragmentación lanzada desde otro patio del penal. El Consejo
de Estado confirmó la responsabilidad del INPEC debido a la especial relación de sujeción especial.
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31. Ahora bien, frente a las Sentencias T-596 de 199215, T-705 de 199616, T-
153 de 199817, T – 1145 de 200518 y la T-190 de 201019 de la Corte Constitucional,
las mismas fueron emitidas en el marco de acciones de tutela, razón por la cual sus
efectos son inter partes y no fijan reglas unificadas que resulten aplicables al caso.
32. En cuanto a la Sentencia 13 de diciembre del 2021, Rad. 68001-33-33-011-
2018-00311-01, del Tribunal Administrativo de Santander, tampoco se advierte su
aplicabilidad al caso concreto, en la medida en que se trata de decisiones emitidas
por distintas salas y se sustentan en supuestos fácticos distintos a los que aquí se
examinan. Si bien dichas providencias abordan la responsabilidad del Estado en los
procesos de reparación directa por la muerte de menores bajo el SRPA, lo cierto es
que no existe un régimen único o predeterminado de responsabilidad aplicable a
este tipo de casos, por lo que corresponde al juez administrativo definir en cada
asunto el régimen de imputación aplicable, a partir de los hechos materiales de cada
uno.
33. En este sentido, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander
analizó el proceso de reparación directa bajo el régimen de imputación de falla en
el servicio, criterio que resulta válido, en tanto estos eventos no necesariamente
deben estudiarse de manera automática bajo un régimen de responsabilidad
objetiva.
34. Finalmente, frente a las Sentencias de 13 de diciembre de 1993, NI. 8.218;
28 de septiembre de 1998, NI. 11.130; 26 de mayo de 2010, NI. 18.195; 29 de marzo
de 2019, NI. 43.683; 18 de mayo de 2017, NI. 37.497; 9 de julio de 2018, NI. 44.036;
29 de marzo de 2019, NI. 43.683; y 18 de noviembre de 2021, NI. 47.406, del
Consejo de Estado, y la Sentencia «T-5221 de 1992» de la Corte Constitucional,
debe indicarse que la parte actora no aportó copia y no fue posible acceder al
documento a través de los Sistema de Gestión Judicial (SAMAI y relatoría de la
Corte Constitucional), motivo por el cual no puede determinarse con certeza cuáles
fueron los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaron dichas decisiones.
35. En otras palabras, la falta de aportación de dichas providencias impide a la
Sala verificar los supuestos fácticos y jurídicos que les dieron origen, lo cual resulta
suficiente para descartar su aplicación como precedente vinculante en el caso
concreto.
15 La Corte estudió de 3 acciones de tutela interpuestas por internos de una penitenciaría, quienes denunciaron
condiciones indignas de reclusión especialmente relacionadas con problemas graves de saneamiento y, en uno
de los casos, sanciones disciplinarias injustificadas y degradantes. La Corte concedió el amparo de los derechos
fundamentales.
16 Examinó una acción de tutela interpuesta contra el director de un centro penitenciario por:(i) la negación a
conceder una cita al accionante; (ii) el traslado de patio; y (iii) el decomiso de una máquina de escribir. La Corte
protegió los derechos fundamentales de petición y libertad de expresión del actor.
17 Declara el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, motivado por el
hacinamiento. La Corte evidenció la vulneración sistemática y estructural de los derechos fundamentales de los
internos, ordenando medidas para garantizar la dignidad humana de la población privada de la libertad.
18 La Corte estudió 2 acciones de tutela presentadas por un grupo de internos de un establecimiento
penitenciario, quienes alegaban la vulneración de su derecho a la dignidad humana debido al incumplimiento
en la entrega periódica de elementos de aseo personal. La Corte amparo sus derechos fundamentales.
19 Abordó el estudio de una acción de tutela en donde una PPL argumentaba no haber sido atendida por un
oftalmólogo a pesar de haberlo solicitado. La Corte protegió el derecho a la salud del accionante ante los
obstáculos administrativos y financieros propuestos por el INPEC.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01209-00
Demandante: Sandra Patricia Aparicio Ayala y otros
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el ICBF y la
Policía Nacional.
SEGUNDO: NEGAR el amparo presentado por Sandra Patricia Aparicio Ayala,
AJSD20, Marli Yuliana Jaimes Aparicio, Wendy Yiseth Jaimes Macias, Sharon
Josefina Jaimes Macias, Josefina Flórez De Jaimes, Betsy Aparicio Ayala, Dora Luz
Aparicio Ayala, José Isnardo Aparicio Ayala, Claudia Yaned Aparicio Ayala, Nancy
Aparicio Ayala, José Jaimes Flórez, Cristian Jaimes Flórez, Carmen Yomara Jaimes
Flórez, Campo Elías Jaimes Flórez Y Marvin Alexander González Aparicio, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
20 En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime
su nombre de las providencias judiciales.
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