Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01219-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01219-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01219-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01219-00
Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 23 de abril de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-00
Demandante: ELKIN ANTONIO SALAS PEDROZA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia que confirma providencia que declaró la
caducidad en medio de control de reparación directa relacionado con
un delito de lesa humanidad (Ejecución extrajudicial). Se deniega el
amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis
Alfonso Bonilla Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco, Yolenis Eliceth Vanegas Orozco
y Elkin Antonio Salas Pedroza contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de febrero de 20261, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, los
demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de los tutelantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de las
sentencias del 24 de octubre de 2022 y 13 de noviembre de 2025, dictadas por el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar,
respectivamente, en las que se declaró la caducidad de la demanda de reparación directa
Cesar 20001-33-33-003-2017-00239-00/01.
2. Pretensiones
Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: De conformidad con todos los planteamientos efectuados por nosotros, ruego del Honorable
Consejo de Estado, se amparen los derechos fundamentales invocados del DEBIDO PROCESO, a un
VERDADERO ACCESO A LA JUSTICIA, y al DERECHO A LA IGUALDAD, A LA REPARACION
ADMINISTRATIVA, LA CONFIANZA LEGITIMA y para ello pido:
SEGUNDO: Como primera consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto, la sentencia emanada del
Tribunal Administrativo del Cesar, con ponencia de la Doctora DORIS PINZON AMADO, con fecha 13
de noviembre de 2025, dentro del proceso Contencioso Administrativo, en el medio de Acción de
Reparación directa, radicado 20-001-3333-003-2017-00239-00, incoada por CARMEN ELVIRA
OROZCO y otros, contra La NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE
COLOMBIA, la cual dispuso confirmar la sentencia de primera instancia.
TERCERO: Como segunda consecuencia, que se le ordene a los causantes del agravio, que son los
magistrados suscribientes DORIS PINZON AMADO (Magistrada Ponente) JOSE ANTONIO APONTE
OLIVELLA y MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO, o quienes los remplacen si es del caso, en cumplimiento
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
del fallo de amparo ordenado, se sirvan dictar nueva sentencia en remplazo de la ya dictada, conforme
a las pautas, criterios y ordenes, que señale el Juez de Amparo Constitucional que para este caso
concreto es el Honorable CONSEJO DE ESTADO, en su defecto la Honorable Corte Constitucional en
el evento que sea allí en sede de Revisión.
CUARTO: Que se impartan las demás órdenes, prevenciones y comunicaciones conforme lo exija la
naturaleza de la acción de Tutela.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Sobre la muerte de la víctima de ejecución extrajudicial
El señor Edilberto Pedroza Orozco fue asesinado el 2 de agosto de 2007 en la vereda
Betania, zona rural del mismo municipio, donde vivía con su madre y el compañero de
esta y se desempeñaba como trabajador de oficios varios, tanto en el campo como en el
casco urbano del municipio.
El 3 de agosto de 2007, Edilberto Pedroza Orozco fue reportado como dado de baja junto
al señor Edwin Alfonso Pallares Álvarez en un supuesto enfrentamiento con tropas del
Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón BAPOP – Bombarda 2, bajo una operación
denominada “Misión Táctica Acometida.
En el mes de septiembre de 2016, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación
visitaron a la familia de la víctima en El Copey y les informaron que existía una
investigación penal contra miembros del Ejército Nacional por haber presentado
falsamente la muerte de Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.) como si hubiese ocurrido en
combate, cuando en realidad se trató de una ejecución extrajudicial.
3.2. Sobre el proceso de reparación directa
El 10 de julio de 2017, los familiares del señor Edilberto Pedroza Orozco interpusieron
demanda de reparación directa, en contra de la Nación -Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional, con el radicado 20001-33-33-003-2017-00239-00, ante el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar, con el fin de obtener la declaratoria de
responsabilidad estatal y la consecuente reparación por el daño antijurídico causado.
El 24 de octubre de 2022, el Juzgado declaró la caducidad de la acción, para lo cual
argumentó que no se presentó la demanda dentro de los 2 años siguientes al
conocimiento de las razones que provocaron los hechos, pues se tenía pleno
conocimiento sobre las razones que causaron el asesinato del señor Edilberto Pedroza
Orozco, y sobre quiénes eran los responsables, lo cual ocurrió desde el momento mismo
de su fallecimiento, pues los familiares se negaron a aceptar la teoría del deceso en
combate.
El juzgado no enumeró las pruebas con base en las cuales encontró probado lo anterior,
sino que señaló que, de conformidad con lo manifestado por los accionantes en los
hechos de la demanda, era claro que tuvieron conocimiento de las razones del deceso
de su familiar desde el momento mismo en que este ocurrió y que no justificaron las
razones de su inactividad para acudir a la jurisdicción en reclamo de sus perjuicios.
Los demandantes apelaron la decisión por considerar que el afirmar que los
demandantes tenían conocimiento del daño desde el 3 de agosto de 2007, apoyándose
en un aparte de la demanda donde se hace referencia a un posible delito de lesa
humanidad constituye una actuación jurídicamente equivocada, pues en casos de
violaciones graves a los derechos humanos, como los delitos de lesa humanidad, no
resultaba aplicable el término de caducidad conforme al artículo 164 del CPACA, tal como
lo ha sostenido reiteradamente el Consejo de Estado, Corporación que señaló que en
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este tipo de casos no opera la prescripción y el análisis debe hacerse a la luz del bloque
de constitucionalidad y de los tratados internacionales suscritos por Colombia.
El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia mediante fallo de 13 de
noviembre de 20252. Explicó que no existió duda en torno a que las muertes de los
señores Edilberto Rafael Pedroza Orozco (q.e.p.d.) y Edwin Alfonso Pallares Álvarez
podrían calificarse como delitos de lesa humanidad, atendiendo las evidencias de la
condición de indefensión en que se encontraban al momento en que se produjo el
presunto combate, pero que los demandantes contaron con elementos ciertos que les
habrían permitido acudir ante esta jurisdicción a lo sumo desde 2010, y solo lo hicieron
en 2017; esto es, pasados cerca de siete años desde que dejaran en evidencia que se
percibían como víctimas del actuar irregular del Estado.
Como pruebas para llegar a la anterior conclusión, el tribunal tuvo en cuenta, entre otras:
Las Actas de Levantamiento de Cadáver Nos. 069 y 070 de 2 de agosto de 2007, donde
Edilberto Rafael Pedroza Orozco y Edwin Alfonso Pallares Álvarez fueron inicialmente
identificados como “N.N.”.
Las declaraciones de los integrantes del pelotón Bombarda 2 del BAPOP (Martín Lagares
Pérez, Fernando Elías Saballet Alvis, Martín Horacio Castillo Masso, Robinson Correa
Hernández y Darney Orlando Pinto Monsalve), quienes acompañaron sus escritos de
dibujos en los cuales se indicaba su ubicación durante el combate y la de los fallecidos,
de quienes se afirmó iniciaron el cruce de disparos.
Los documentos soporte de la operación desarrollada por el pelotón Bombarda 2 del
BAPOP, la relación de material de guerra utilizado y decomisado (82 cartuchos de guerra
calibre 5.56); los protocolos de necropsia Nos. 007 y 008; copia de la actuación
disciplinaria iniciada en etapa de preliminares por parte del Ejército y las pruebas que en
ella reposaban; copias de los registros de defunción realizada como “N.N.” de las dos
personas fallecidas (indicativos seriales Nos. 06075340 y 06075341 inscritos el 5 de
diciembre de 2007).
El informe de 9 de agosto de 2007 elaborado por los investigadores criminalísticos
designados por la Fiscalía General de la Nación, documento en el que se dejó constancia
de que el día 3 de agosto de 2007, después de haberse realizado la diligencia de
inspección judicial en el lugar de los hechos, se acercó a las instalaciones del CTI el señor
Alfonso Manuel Pallares Rodríguez, quien manifestó ser el padre de una de las víctimas
identificada como Edwin Alfonso Pallares Álvarez, a quien se entregó el cuerpo una vez
fue practicada la diligencia de necropsia.
Declaración del padre de la víctima, ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar de
11 de febrero de 2008, donde manifestó que la víctima no estaba asociada con ninguna
actividad delincuencial.
Declaración de 31 de agosto de 2010 rendida ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal
Militar por Carmen Elvira Orozco Pedroza, en calidad de madre de Edilberto Pedroza, y
Luis Alfonso Bonilla Ocampo, compañero permanente de la madre de la víctima, quienes
insistieron en la inocencia de la víctima.
4. Fundamentos de la tutela
La parte actora adujo que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia
2 Notificada por correo electrónico el 19 de noviembre de 2025
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constitucional. En cuanto al fondo del asunto, aunque no mencionan de manera expresa
los defectos en lo que consideran incurrió la providencia cuestionada, de los argumentos
expuestos se logra extraer que consideran que la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en:
Desconocimiento del precedente porque al momento de presentación de la demanda,
la jurisprudencia del Consejo de Estado establecía que las acciones de reparación directa
por delitos de lesa humanidad podían presentarse en cualquier tiempo, de manera que
el proceso de reparación directa 20001-33-33-003-2017-00239-00-01 no podía
analizarse a la luz de la providencia unificadora del Consejo de Estado del 29 de enero
de 2020, y mucho menos los mencionados en las sentencias T-044 de 2022, T-210 de
2022 y T-001 de 2025 de la H. Corte Constitucional.
Defecto fáctico toda vez que en la sentencia objeto de controversia, no se tuvo en cuenta
que existieron razones que le impidieron a la familia de la víctima acceder ante las
autoridades judiciales, pues se demostró con las pruebas recaudadas en el proceso que
adelantó la Fiscalía General de la Nación, que los familiares fueron amenazados por un
miembro del ejército conocido como “Sargento Quiroga”, lo que les provocó miedo y les
impidió acceder a la administración de justicia a través de una demanda en los dos años
siguientes al conocimiento del hecho.
5. Trámite procesal
Con auto del 23 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cesar y al juez tercero administrativo de Valledupar. Asimismo, se
dispuso a vincular como tercero con interés al ministro de Defensa Nacional, quien fungió
como parte demandada en el proceso de reparación directa 20001-33-33-003-2017-
00239-00/01.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
26 de febrero de 2026.
6. Intervenciones
El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de apoderado, pidió que se declarara
improcedente la acción. Señaló que no puede predicarse, como lo sostiene la parte
actora, vulneración alguna de derechos fundamentales, en tanto la providencia
cuestionada fue debidamente motivada y fundada en la Constitución, la ley y el
precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto. Agregó que tampoco se configuró
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo, procedimental o fáctico, ni error
judicial alguno, máxime cuando en el escrito de tutela no se identifica de manera clara y
precisa cuál sería el yerro específico atribuido a la autoridad judicial accionada.
Advirtió que, no puede afirmarse que existiera un derecho adquirido a la
imprescriptibilidad de la acción de reparación directa, pues antes de la unificación,
coexistían líneas jurisprudenciales diversas; por tanto, no puede alegarse una expectativa
legítima consolidada. Resaltó que la declaratoria de caducidad adoptada en el proceso
de reparación directa no desconoce la gravedad de los hechos investigados en sede
penal, sino que constituye la aplicación legítima de una limitación temporal prevista por
el legislador para el ejercicio del medio de control correspondiente, en garantía del orden
jurídico y la estabilidad de las relaciones jurídicas.
El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesarremitieron los enlaces de los expedientes electrónicos de primera y segunda
instancia, respectivamente. Nada dijeron sobre la acción de tutela.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los
demandantes con el fin de dejar sin efectos las sentencias del 24 de octubre de 2022 y
13 de noviembre de 2025, dictadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar
y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, en las que se declaró la
caducidad de la demanda de reparación directa 20001-33-33-003-2017-00239-00/01.
La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido en razón a que la sentencia atacada
no incurre en defecto fáctico ni desconocimiento del precedente, comoquiera que se
fundó en deducciones razonables de las normas que regulan la caducidad de la demanda
de reparación directa en asuntos relacionados con graves violaciones de derechos
humanos.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por los accionantes, se afectarían las
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o inaplicación indebida del
ordenamiento jurídico por parte de la autoridad judicial accionada, podría afectar
prerrogativas de las partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que
ameritan la intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por los tutelantes es constitucional y
no netamente legal o económica, toda vez que concierne (i) a la garantía superior de la
reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause
por su acción u omisión; y (ii) a la responsabilidad de la administración derivada de una
grave violación de derechos humanos, pues en el proceso ordinario no hubo discusión
en torno a que el asesinato de Edilberto Pedroza Orozco fue catalogado como un crimen
de lesa humanidad (ejecución extrajudicial).
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 20001-33-33-003-2017-00239-00/01, el correo electrónico
con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 19 de noviembre de
2025, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2055 del CPACA, y la tutela fue
presentada el 12 de febrero de 2026, es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso alguno. Además, los cargos
tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario
de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni las del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia consagrado en el artículo 258 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
fáctico y desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
En la solicitud de amparo, los demandantes sostienen que la sentencia cuestionada
incurre en desconocimiento del precedente, por cuanto no se tuvo en cuenta que existe
jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que en procesos de reparación
directa por delitos de lesa humanidad no se aplicaba el fenómeno de la caducidad, esto
sumado a que en la jurisprudencia de unificación se exige tener en cuenta no solo el
momento de conocimiento de las causas del deceso, sino además las circunstancias por
las cuales las víctimas no comparecieron oportunamente ante la jurisdicción.
Los demandantes también señalaron que el fallo cuestionado adolecía de un defecto
fáctico, debido a que no se tuvieron en cuenta las pruebas que demostraban que la
familia de la víctima se vio imposibilitada para acudir oportunamente a la jurisdicción.
La Sala anticipa que los defectos serán analizados de manera conjunta, como quiera que
controviertan el análisis de caducidad efectuado por las autoridades judiciales
accionadas, con el fin de demostrar que la demanda de reparación directa en el proceso
20001-33-33-003-2017-00239-00/01, fue interpuesta oportunamente.
Para resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del
proceso de reparación directa y de las decisiones adoptadas.
De las pruebas allegadas a este trámite constitucional y analizadas en los fallos proferidos
en el proceso de reparación directa, la Sala evidencia que el señor Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.) fue asesinado el 2 de agosto de 2007 y, pese a que no ha finalizado el
trámite en la jurisdicción penal, para las autoridades de lo contencioso administrativo no
existió duda en torno a que dicho homicidio se podía calificar como de lesa humanidad,
hecho que tampoco fue discutido por las partes en ninguna de las instancias del proceso
de reparación directa materia de análisis.
Los demandantes promovieron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se le declarara responsable
5«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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por la muerte de su familiar y se ordenara el reconocimiento de las respectivas
indemnizaciones.
Al proceso se aportaron las siguientes pruebas:
• Respuesta a petición de fecha 16 de mayo de 2017, emitida por la Fiscalía 66
Especializada de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos
y DIH de Bucaramanga, en la cual se atiende solicitud elevada por la señora Carmen
Elvira Orozco Pedroza relacionada con el proceso penal que cursa en ese despacho por
los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en la vereda Betania, municipio de El Copey,
en los que falleció el señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.), quien fue reportado como
dado de baja en combate por tropas del Ejército Nacional, investigación No. 9934 que se
encontraba en etapa de instrucción contra varios militares.
• Acta de levantamiento de cadáver No. 70 de 3 de agosto de 2007, suscrita por el
Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar y emitida a nombre de “N.N.” en la vereda
Betania, jurisdicción del municipio de El Copey (Cesar), homicidio ocurrido el 2 de agosto
de ese mismo año; posteriormente el fallecido sería identificado como Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.).
• Protocolo de necropsia No. 00008 de 3 de agosto de 2007, emitido por el Instituto de
Medicina Legal en el Hospital San Roque de El Copey sobre el cuerpo de un hombre
identificado como “NN”, correspondiente al acta de levantamiento No. 070 realizada en
la vereda Betania el 2 de agosto de 2007, documento en el cual se deja constancia de
las múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que presentaba Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.) y sus trayectorias.
• Documento militar titulado “Misión Táctica No. 065 de fecha 1 de agosto de 2007”,
remitida por el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en la cual se describe la misión táctica
“ACOMETIDA” en el marco de la Operación MAGISTRAL, con despliegue de las
unidades BAPOP Bombarda, Contera y Albardón, en el sector nororiental del
departamento del Cesar.16
• Indagación preliminar disciplinaria adelantada por el Batallón de Artillería No. 2 La Popa,
donde se inicia investigación con expediente No. 039-07 para averiguar posibles
responsables por los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en la vereda Betania,
municipio de El Copey (Cesar): Declaración juramentada recibida el 9 de agosto de 2007
por el Juzgado de Instrucción Penal Militar a los militares Martín Horacio Castillo Mazo,
Martín Lagares Pérez, Fernando Saballeth Alvis y Robinson Correa Hernández, soldados
profesionales, sobre los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en la vereda Betania,
municipio de El Copey.
• Declaración juramentada de 23 de agosto de 2007, recibida al militar Darney Orlando
Pinto Monsalve por el Juzgado de Instrucción Penal Militar, sobre los hechos ocurridos el
2 de agosto de 2007 en la vereda Betania, municipio de El Copey (Cesar).
• Informe de patrullaje de fecha 3 de agosto de 2007, emitido por el Batallón de Artillería
No. 2 La Popa, donde se registra la ejecución de la Orden de Operaciones "Magistral No.
025" y la Misión Táctica "Argollón No. 025" a cargo de la contraguerrilla "Bombarda 2",
con salida el 1 de agosto de 2007 a las 19:30 horas y llegada el 3 de agosto de 2007 a
las 12:00 horas, en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de El Copey,
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Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
orientada a conducir operaciones ofensivas para disminuir la capacidad de las ONT y
neutralizar su accionar.
• Acta de gasto de munición de 3 de agosto de 2007, emitida por el Batallón de Artillería
No. 2 La Popa, en relación con el uso de munición por parte de la contraguerrilla
"Bombarda 2" durante los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en el municipio de El
Copey (Cesar), en una operación contra integrantes de grupos al margen de la ley, en la
cual fue reportado como dado de baja en presunto combate el señor Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.).
• Radiograma de 11 de agosto de 2007, emitido por COMBAPOP para el señor TC Jorge
Iván Monsalve Hernández, comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, donde
se informa que el 2 de agosto de 2007 durante la operación "Magistral" y la misión táctica
"Acometida" el pelotón "Bombarda 2" al mando del señor Darney Orlando Pinto Monsalve
sostuvo contacto armado en la vereda Betania municipio de El Copey (Cesar) y que la
unidad registró gasto de munición calibre 5.56 equivalente a 82 cartuchos.
• Acta de levantamiento No. 69 de fecha 3 de agosto de 2007, emitida por el Juzgado de
Instrucción Penal Militar No. 21, donde se registra la diligencia de inspección judicial con
examen del cuerpo realizada en el sitio de los hechos, en la vereda Betania, jurisdicción
del municipio de El Copey (Cesar), el 2 de agosto de 2007, en la que se efectuó el
levantamiento de un cuerpo inicialmente no identificado, correspondiente a los hechos en
los que falleció el señor Edwin Alfonso Pallares Álvarez (q.e.p.d.).
• Informe No. 280 de fecha 9 de agosto de 2007, emitido por la Fiscalía 25 Seccional de
Bosconia, en el que se documenta la inspección técnica a los cadáveres de Edwin Alfonso
Pallares Álvarez (q.e.p.d.) y un hombre no identificado, realizada en inmediaciones de la
finca Betania, jurisdicción del municipio de El Copey (Cesar), lugar donde, según reporte
militar, ambos habrían fallecido en presunto combate con tropas del Ejército Nacional el
2 de agosto de 2007, hechos en los que también perdió la vida el señor Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.), aunque en este informe aún figuraba como NN.
• Protocolo de necropsia No. 00007 de fecha 3 de agosto de 2007, emitido por el Instituto
de Medicina Legal en el Hospital San Roque de El Copey, donde se documenta el
examen médico-legal practicado al cuerpo de un hombre identificado como NN,
ingresado ese mismo día, correspondiente al acta de levantamiento No. 070 realizada en
la vereda Betania el 2 de agosto de 2007 a las 19:30 horas, en el contexto de los hechos
en los que falleció el señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.); el cadáver presentaba
múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a la morgue por
miembros de la fuerza pública para la práctica de necropsia solicitada por la Dirección
Ejecutiva de Justicia Penal Militar.
• Auto No. 174 de fecha 24 de enero de 2008, emitido por el Juzgado 21 de Instrucción
Penal Militar, mediante el cual se solicita al Cuerpo Técnico de Investigación la práctica
de análisis de residuos de disparo en manos por técnica ICP-MS al cadáver de un hombre
inicialmente identificado como NN, relacionado con los hechos ocurridos el 2 de agosto
de 2007 en la vereda Betania, municipio de El Copey (Cesar), diligencia requerida como
parte de la investigación preliminar por el delito de homicidio en la que se encuentra
vinculado el caso del señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.), quien para esa fecha
aún no había sido plenamente identificado.
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Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
• Auto No. 175 de fecha 24 de enero de 2008, emitido por el Juzgado 21 de Instrucción
Penal Militar, mediante el cual se solicita al Cuerpo Técnico de Investigación la práctica
de análisis de residuos de disparo en manos por técnica ICP-MS al cadáver de un hombre
inicialmente identificado como NN, relacionado con los hechos ocurridos el 2 de agosto
de 2007 en la vereda Betania, municipio de El Copey (Cesar), diligencia requerida como
parte de la investigación preliminar por el delito de homicidio en la que se encuentra
vinculado el caso del señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.), quien para esa fecha
aún no había sido plenamente identificado.
• Declaración juramentada de fecha 11 de febrero de 2008, rendida por el señor Alfonso
Manuel Pallares Rodríguez ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, dentro de la
investigación por los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en la vereda Betania,
municipio de El Copey (Cesar), en los cuales falleció su hijo Edwin Alfonso Pallares
Álvarez junto con el señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.), ambos reportados por
tropas del Ejército Nacional como dados de baja en presunto combate.
• Informe de laboratorio No. 384857 de fecha 18 de febrero de 2008, emitido por el área
de Química Aplicada y Sustancias Controladas del Cuerpo Técnico de Investigación, en
respuesta al oficio No. 174 del 24 de enero de 2008 del Juzgado 21 de Instrucción Penal
Militar, con el fin de analizar residuos de disparo en mano a los cuerpos de Edwin Alfonso
Pallares Álvarez y de un hombre inicialmente identificado como NN, fallecidos el 2 de
agosto de 2007 en la vereda Betania, municipio de El Copey (Cesar); el análisis arrojó
resultados positivos compatibles con residuos de disparo únicamente en una de las
manos del cadáver NN, mientras que en el cuerpo de Edwin Alfonso Pallares Álvarez
(q.e.p.d) los resultados fueron negativos, es decir, incompatibles con residuos de disparo
en mano.
• Decisión de 16 de mayo de 2008, por medio de la cual el comandante del Batallón de
Artillería No. 2 "La Popa" ordenó el archivo de la indagación preliminar disciplinaria 039-
2007, relacionada con la muerte de dos hombres, uno de ellos identificado como Edwin
Alfonso Pallares Álvarez (q.e.p.d), en hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007 en la
vereda Betania (El Copey, Cesar), tras un supuesto enfrentamiento con tropas del
Ejército.
• Radiograma operativo No. 2566 emitido por la unidad BAPOP, donde se informa que
durante la operación "Magistral" con misión táctica "Acometida", en la vereda Betania,
municipio El Copey (Cesar), se sostuvo un combate de aproximadamente 30 minutos, en
el que resultaron muertos dos individuos, a los cuales se les hallaron dos armas cortas,
sin especificar tipo ni calibre.
• Radiograma operativo No. 2579 emitido por la unidad BAPOP, donde se informa que
durante la operación "Magistral" con misión táctica "Acometida", en la vereda Betania,
municipio El Copey (Cesar), se sostuvo un combate de aproximadamente 30 minutos, en
el que resultaron muertos dos individuos, a los cuales se les hallaron dos armas cortas,
de marca “Smith & Wesson”, con 4 cartuchos calibre 38.
• Informe de 3 de agosto de 2007, emitido por el Batallón de Artillería No. 2 "La Popa”,
donde se pone a disposición del Juez 21 de Instrucción Penal Militar el material incautado
en los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2007, durante la operación "Magistral", misión
"Acometida", en la vereda Betania, municipio El Copey (Cesar), en desarrollo del cual
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fueron abatidos dos delincuentes masculinos vestidos de civil, incautando dos revólveres
“Smith & Wesson” calibre 38 largo, cuatro cartuchos calibre 38 y ocho vainillas percutidas,
con anexos fotográficos.
• Declaración juramentada de 31 de agosto de 2010, rendida por la señora Carmen Elvira
Orozco Pedroza, madre del señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.), donde comparece
al Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar para rendir su testimonio en el marco de la
investigación preliminar No. 232/07, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de
su primogénito, y en la cual solicitó emitir certificación de la existencia de ese proceso
para reclamar la suma que entrega “Acción Social”.
• Declaración juramentada de fecha 31 de agosto de 2010, rendida por el señor Luis
Alfonso Bonilla Ocampo, padre de crianza del señor Edilberto Pedroza Orozco (q.e.p.d.),
donde comparece al Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar para rendir su testimonio en
el marco de la investigación preliminar No. 232/07, por el delito de homicidio cometido en
perjuicio de su familiar.
• Documento de identificación del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil,
emitido por el Ministerio del Interior y de Justicia, donde se registra a Edilberto Pedroza
Orozco (q.e.p.d.) como integrante desmovilizado de las AUC perteneciente al Bloque
Norte y registrado el puesto No. 531 del acto de desmovilización colectiva realizado el 10
de marzo de 2006 en el corregimiento de La Mesa de Valledupar.
• Informe de Policía Judicial No. 977559 de 22 de agosto de 2016 en el cual se relacionan
de manera detallada las diligencias realizadas con el objeto de identificar a las víctimas
indirectas de los delitos investigados y determinar el conocimiento que tenían sobre la
forma en que ocurrieron los hechos, oportunidad en la cual consta fueron contactados los
señores Carmen Elvira Orozco (madre), Luís Alfonso Bonilla Ocampo (padre de crianza)
y Yolenis Eliceth Vanegas Orozco (hermana), en su calidad de familiares de Edilberto
Pedroza Orozco (q.e.p.d.), con ocasión de lo cual también se pudo establecer que el día
de los hechos este último se encontraba en casa de su hermana cuando fueron invitados
a trabajar junto con su cuñado Edwin Alfonso Pallares Rodríguez (q.e.p.d.), quien también
falleció y era el compañero permanente de su hermana Yolenis.
• Testimonios rendidos el 24 de septiembre de 2020 por Luís Alfonso Bonilla Ocampo y
el Alfride Luís Orozco Pedroza.
En el fallo de primera instancia dictado el 24 de octubre de 2022, por el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar, al analizar el fenómeno de la caducidad, tuvo en cuenta
que el señor Edilberto Pedroza Orozco, falleció el 2 de agosto de 2007 y resaltó que
conforme a lo señalado en el hecho 11 de la demanda, los familiares tuvieron
conocimiento de la forma de ocurrencia de los hechos en los aspectos de tiempo, modo
y lugar desde esa misma fecha, tal como se desprende de la afirmación en la que indican
que la muerte del señor Pedroza Orozco fue un delito de lesa humanidad.
Citó la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado de 29 de enero de 2020,
en la que se explica que el término de caducidad en las demandas de reparación directa
sobre este tipo de casos opera a partir del momento en que se conocen las razones que
causaron el hecho y la consecuente responsabilidad del estado. Asimismo, resaltó que no
es necesario esperar la condena en el proceso penal contra un agente del Estado para que
se estructure el daño.
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De igual manera, indicó que los demandantes estaban en la posibilidad de demostrar su
arraigo con el señor Pedroza Orozco, sus antecedentes y las actividades a las que este se
dedicaba y, de manera consecuente, de probar que su muerte constituía un daño
antijurídico a indemnizar por el Estado.
Indicó que era imperioso que los demandantes probaran cuáles eran las circunstancias
que en su momento les impidió ejercer materialmente el derecho de acción, máxime
cuando ellos en los hechos de la demanda manifestaron que desde el día siguiente al
deceso del señor Edilberto Pedroza Orozco, conocieron tanto de la muerte de su familiar
como de la participación de los miembros orgánicos del Batallón de Artillería No 2°.
Que, si los familiares afectados con la muerte del señor Edilberto Pedraza Orozco se
hubiesen visto expuestos a una situación económica que les impidiera ejercer sus
derechos dentro de la oportunidad procesal indicada en la ley 1437 de 2011, podían acudir
al amparo de pobreza desde el inicio del proceso, pero optaron por no demandar en tiempo.
En el recurso de apelación, se cuestionó la afirmación del fallo según la cual la parte
demandante no presentó alegatos de conclusión. Asimismo, en el recurso se alegó que
declarar probada la caducidad era una errónea interpretación, pues no era posible afirmar
que los demandantes tenían conocimiento del daño desde el 3 de agosto de 2007,
apoyándose en un aparte de la demanda.
La parte actora señaló que, en casos de violaciones graves a los derechos humanos,
como los delitos de lesa humanidad, no resulta aplicable el conteo ordinario del término
de caducidad conforme al artículo 164 del CPACA, puesto que así lo ha sostenido
reiteradamente el Consejo de Estado.
Agregó que, para la fecha de presentación de la solicitud de conciliación y la demanda,
el proceso penal que adelantaba la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado 9934
aún se encontraba en curso, y conforme a la teoría del daño descubierto, el término de
caducidad no había comenzado a correr.
Ahora bien, en el fallo de segunda instancia proferido el 13 de noviembre de 2025, el
Tribunal Administrativo de Valledupar tuvo en cuenta las pruebas documentales, tales
como informes de necropsia, informes rendidos por la Fiscalía General de la Nación y
demás pruebas citadas anteriormente, que daban cuenta de las circunstancias en que se
produjo el asesinato del señor Edilberto Pedroza Orozco para concluir que ocurrió en el
marco del denominado homicidio en persona protegida.
Asimismo, valoró las declaraciones rendidas por la madre de la víctima y el compañero
permanente de esta, y encontró probado que el 31 de agosto de 2010 se presentaron ante
el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar la señora Carmen Elvira Orozco Pedroza, en
calidad de madre de Edilberto Pedroza y el señor Luis Alfonso Bonilla Ocampo compañero
permanente y padre de crianza del fallecido, para concluir que si bien para el Juzgado 21
de Instrucción Penal Militar hasta el 31 de agosto de 2010 no existía plena identidad del
señor Pedroza Orozco, los demandantes dejaron en evidencia que conocieron de su
muerte desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos, pues reclamaron su cuerpo
en la tarde del día 3 de agosto de 2007 y lo velaron ese mismo día, siendo ayudados por
pobladores del municipio para realizar su entierro.
De las declaraciones de Carmen Elvira Orozco (madre) y Luís Alfonso Bonilla Ocampo
(padre de crianza) también extrajo el Tribunal que el joven Edilberto Rafael Pedroza Orozco
había pertenecido a las AUC y se había desmovilizado y que el día anterior a su muerte
recibió una llamada para realizar un trabajo, apareciendo posteriormente su cuerpo en la
morgue donde se les informó que había muerto en un enfrentamiento con miembros de la
fuerza pública, sin embargo, para la madre era claro que a su hijo lo habían asesinado y
requería formalizar su registro civil de defunción para reclamar una plata a Acción Social,
lo que permite inferir que para ese momento ya se reconocía como víctima del hecho y
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había tenido conocimiento del deceso desde su ocurrencia, así como de las
circunstancias previas que le permitían inferir que no había muerto en combate.
De igual manera, se explicó que, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta como fecha
de inicio de la contabilización de la caducidad el 31 de agosto de 2010, fecha de las
declaraciones rendidas ante la justicia penal militar, el término de caducidad se extendería
hasta el 31 de agosto de 2012, fecha en la que igualmente se encuentra configurado el
fenómeno extintivo, toda vez que la parte actora radicó la demanda en el año 2017.
Con base en el recuento probatorio y frente a los defectos invocados en la acción de
tutela, en primer lugar debe advertirse que el numeral 2, literal i del artículo 164 del
CPACA prevé que la demanda de reparación directa debe promoverse «dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento», regla en torno a la cual se crearon disparidad de criterios en el Consejo
de Estado sobre la aplicación de la caducidad en controversias relacionadas con graves
violaciones de derechos humanos, pues las Subsecciones B7 y C8 de la Sección Tercera
eran de la postura de que no debía aplicarse dicha institución procesal y la subsección
A9 consideraba que sí operaba.
Esa divergencia de criterios conllevó que se dictara la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, en la que se estableció que la caducidad operaba en demandas de
reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad y su cómputo se debía
realizar en la forma señalada en el artículo 164 del CPACA. La sentencia estableció las
siguientes reglas:
PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación
con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando
se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y,
una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Esa postura que ha sido avalada por la Corte Constitucional en varias sentencias, dentro
de los que se destaca la SU-312 de 2020, en la que se precisó que “(i) Los interesados en
la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato
jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el
momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la
capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la
demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio
de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación
integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del
delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa”.
En la sentencia T-044 de 2022, la Corte manifestó: “Nótese que la unificación se hizo en el
sentido de establecer que sí se debe computar el término de caducidad de dos años de que trata
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pero, además, se modificó el alcance de la jurisprudencia
vigente, en el entendido de que se dijo que “el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley”. No se trata de valorar la ocurrencia de delitos de
lesa humanidad o crímenes de guerra, como ocurría antes, sino de estudiar las razones que
impidieron que los demandantes acudieran a la administración de justicia dentro de los términos
de ley. Además, según lo que se dijo al estudiar el defecto por desconocimiento del precedente
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judicial, la decisión de unificación tuvo efectos retrospectivos, esto es, el cambio se aplica a los
procesos en curso”.
Asimismo, en la sentencia T-354 de 2023, la Corte reiteró que la aplicación de la segunda
subregla de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 le impone la obligación
al juez natural de valorar en conjunto las pruebas para advertir el momento a partir del
cual se cuenta la caducidad. La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las
particularidades de cada asunto. En concreto, precisó que el punto de inicio de la
caducidad no será el mismo para todos los casos y mucho menos puede ser definido en
abstracto; por el contrario, este aspecto debe desprenderse con claridad de las pruebas
que obren en el expediente.
De igual manera, en la sentencia SU-439 de 2024, la Corte confirmó que “Al unificar la
jurisprudencia sobre la materia, una de las subreglas fijadas por la Corte Constitucional
correspondió a aquella según la cual, tratándose de demandas formuladas por la eventual
responsabilidad estatal derivada de delitos de lesa humanidad, crímenes de genera o genocidio,
“[l]os interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para
acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente
desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando
el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre
en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional”.
En virtud de lo expuesto, se constata que, como lo afirmaron los jueces de instancia, para
que inicie el conteo del término de caducidad, se requiere tener conocimiento de la
participación de los entes del Estado en el hecho dañoso.
Ahora bien, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el Consejo de Estado
no señaló de manera expresa los efectos en el tiempo de esa decisión; sin embargo, esa
omisión fue suplida por la Corte Constitucional11, en el sentido de indicar que el
pronunciamiento de unificación debía aplicarse de manera inmediata en los procesos de
reparación directa que estuvieren en curso. Así lo dijo el alto tribunal constitucional:
[…] el precedente vinculante para la autoridad judicial es aquel que se encuentre en vigor al momento
de fallar el caso y sólo de manera excepcional, el juez puede apartarse de la regla jurisprudencial
aplicable. En esa misma línea, el Consejo de Estado explicó que el precedente es de aplicación
inmediata y cubre incluso aquellos casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de las
autoridades judiciales. Igualmente, dicha corporación reconoció, como excepcional, la posibilidad de
apartarse del criterio jurisprudencial […].
117. Así, el precedente judicial que realiza el juez, producto de la función creadora y de integración
del derecho12, adquiere fuerza vinculante para los operadores judiciales desde el momento en que
la decisión queda ejecutoriada y, por ende, debe ser aplicado a todos los casos en los que no se
haya dictado la decisión que ponga fin al proceso, siempre y cuando no se modulen sus efectos. En
otras palabras, la regla general consiste en que los jueces deben fallar teniendo en cuenta el criterio
jurídico vigente al momento en el que se profiere la respectiva sentencia. […] que las reglas y
subreglas de unificación adoptadas en la decisión del 29 de enero de 2020 por el Consejo de Estado
son de aplicación inmediata para los procesos que a la fecha se encontraban en curso.
Precisamente, en la sentencia SU-312 de 2020 la Corte Constitucional señaló que “es
imperioso que exista un término de caducidad de las acciones judiciales, pues “el derecho de
acceso a la administración de justicia sufriría una grave distorsión en su verdadero significado si
pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin
condicionamientos de ninguna especie”. En concreto, “semejante concepción conduciría a la
parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia”, comoquiera que derivaría en “la
imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de
sus conflictos” y se insiste, avaló la aplicación de las reglas de caducidad fijadas en la
sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de
enero de 2020.
En cuanto a los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, conviene decir que la Sección Tercera del Consejo de Estado nada dijo al
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respecto. Luego, en principio, se entiende que esa decisión resulta aplicable para todos
los casos que se encuentren en discusión. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-406 de 2016, explicó que «el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica una modificación en la
interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada disposición y
que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente, determina la
aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal,
según sea el caso».
En ese orden de ideas, del anterior estudio jurídico se advierte que la conclusión a la que
arribó la autoridad judicial demandada sobre la aplicación de la caducidad en procesos
de reparación directa concernientes a graves violaciones de derechos humanos es
razonable, conforme quedó consignado en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 que determinó que esa regla se aplica en los casos que aún no hubieren sido
decididos de manera definitiva, de ahí que el plazo para promover la demanda se
contabilice desde que se tiene conocimiento de la participación de agentes del Estado en
el hecho dañoso, como lo dijo la Corte Constitucional13 y el Consejo de Estado,
en la mencionada providencia, así:
[…] si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta con elementos
para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente, la
caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la
posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines
previstos en el artículo 90 de la Constitución Política. Lo anterior no implica la individualización o
sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la intervención de una
autoridad, porque ello restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto
condicionaría la declaratoria de la responsabilidad estatal a un requisito de procedibilidad que la ley
no contempla, como es la identificación del autor o partícipe […].
En este punto es del caso agregar que, en la sentencia SU-439 de 2024, entre otras, para
aplicar el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, la Corte
Constitucional estableció una exigencia consistente en requerir a la accionante durante
el trámite de segunda instancia con el fin de que se pronuncie sobre la aplicación de la
caducidad conforme a las directrices de unificación. Sin embargo, en el presente caso el
Tribunal accionado justificó esta omisión en las siguientes razones:
Previo a resolver sobre la controversia planteada, la Sala considera indispensable decantar que en
el presente asunto no es procedente readecuar el trámite como infundadamente lo solicita
el apelante en aplicación de las previsiones jurisprudenciales de la sentencia SU-167 de 2023
emanada de la Corte Constitucional, pues se debe resaltar que aquella readecuación que indica la
providencia en comento, aplica únicamente en el evento que la parte actora, quien también apela,
no hubiera tenido la posibilidad de referirse sobre el estándar jurisprudencial aplicado en la decisión
de primera instancia, esto es, la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, por el contrario,
se verifica que el ahora demandante en su recurso expresamente se opone a la aplicación de dicha
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, advirtiéndose la posibilidad de actualizar sus
planteamientos señalando las barreras que eventualmente obstaculizaron su acceso a la jurisdicción
e igualmente controvertir las demás particularidades propias que aquella providencia trae inmersas,
así, no se advierte defecto procedimental alguno que debiera ser subsanado mediante una
readecuación del trámite.
En el presente caso, se considera que no era necesario otorgar un plazo adicional para
que explicara las razones de su tardanza en acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa, pues su recurso de apelación se dirigió principalmente a atacar la
aplicación de la jurisprudencia de unificación, oportunidad en la que también esgrimió
como argumento de la tardanza las amenazas que recibieron por parte de un miembro
del ejército Nacional.
En efecto, el argumento relacionado con las amenazas recibidas fue revisado por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que señaló:
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De otra parte, en cuanto a las presuntas amenazas realizadas por el “Sargento Quiroga”, es dable
tener en cuenta lo que informaron parte de los demandantes en sus declaraciones ante la primera
instancia:
(…) Usted dice que el señor Edilberto lo montaron en la camioneta del Sargento Quiroga, ¿cómo
le consta a usted esa situación? RESPUESTA: Ellos lo embarcan en la carretera Nueva, todo el
mundo los vio. Inclusive unos muchachos que son del ejército también los vieron, de hecho,
comentaron que los habían visto en la camioneta del Sargento Quiroga, una camioneta gris. (…)
APODERADO DEMANDANTE PREGUNTA: Señor Bonilla, dígale a esta audiencia si usted,
respecto a estos hechos, hizo alguna declaración ante alguna autoridad militar o cualquier otra
autoridad. RESPUESTA: Sí, nosotros fuimos citados al batallón La Popa. Yo fui con mucho miedo
porque, ajá, el Sargento Quiroga, él se llevaba a la gente de frente y amenazaba a la gente. Y a
mí me citaron varias veces y yo fui al batallón La Popa con mi mujer, Carmen Orozco. Fuimos y
asistimos a la visita y allá nos tomaron declaraciones. El juez dijo que le había sido muerto en
combate y por extorsión, que no nos estuviéramos quietos porque podíamos salir presos. Nosotros dejamos las cosas quietas porque ya había gente amenazada. Mi hijastra tuvo que irse,
el otro declarante también salió para Cartagena, también le tocó irse. Entonces, yo me quedé
quieto, tomamos tiempo para demandar esta situación por miedo, porque sencillamente teníamos
miedo. PREGUNTA: Señor Bonilla, explíquele a esta audiencia, ¿quién era el Sargento Quiroga?
Usted ha mencionado anteriormente que él tenía una Toyota gris y que lo ha referido. Posteriormente, ¿quién era el Sargento Quiroga? RESPUESTA: El Sargento Quiroga, él era el
que mandaba en la región, pero era amenazante. Se llevaba a la gente, todo el mundo tenía
temor de él porque él llamaba y amenazaba. Él hacía tantas cosas cuando tenía poder, y entonces
aún no, por miedo, era difícil. Yo, a mi trabajo, también lo cuidaba. Tenía mucho miedo por mi
vida, por mi seguridad… (…) PREGUNTA: Señor Luis Alfonso, si usted en respuesta, dijo que
dio declaraciones ante despacho judicial del ejército nacional, ¿por qué en sus declaraciones no
esbozó las imputaciones penales de un sargento apellido Bonilla? ¿Apellido Bonilla o Quiroga?
¿O era paramilitar el presunto sargento Quiroga? ¿Era paramilitar de la región? RESPUESTA: Él
era un sargento del ejército nacional, sino que él decía que él acababa con todos los reinsertados,
todos los que habían salido a la vida civil de los paramilitares, él acababa con todos, y así era,
todo lo que cogía por delante. El cuñado que está aquí presente, que es declarante, una vez lo
cogió enfrente al comando, se salva porque está enfrente del comando y él se fue corriendo para
el comando. Se lo iba a llevar en la camioneta, el hijo del declarante era soldado, entonces lo
mandó a buscar corriendo y le preguntó qué pasaba con el papá, y él dijo: "Yo no, yo no me metí
con su papá". Entonces me hizo firmar un documento, algo ahí, entonces me hizo firmar un
documento. PREGUNTA: Usted en calidad de servidor público, al momento de los hechos, dio
las declaraciones en despachos judiciales, ¿por qué no realizó esa imputación a ese supuesto
sargento Quiroga? RESPUESTA: Porque uno tenía mucho miedo, porque quien patrullaba esta
región, el comandante de esta región, era tenebroso. Entonces uno, por miedo, por eso tardó la
demanda en esta cuestión, porque no tenía mucho miedo. Ya después que lo trasladaron fue que
vinimos a demandar. PREGUNTA: ¿Y cuándo lo trasladaron? RESPUESTA: Como al año, año y
medio, por ahí lo trasladaron de aquí. PREGUNTA: O sea, que en el 2009. RESPUESTA: Sí,
como el año y medio, dos años, lo trasladaron de aquí, fue que se descansó, se acabó la
mortandad que había. PREGUNTA: Y si él se fue en el 2009 y desapareció la amenaza, ¿por qué
no colocaron la demanda en el 2009? RESPUESTA: No, no busqué abogado y su Asesora. PREGUNTA: Señor Bonilla, el problema es que ustedes se tardaron 13 años para presentar la
demanda, ¿por qué razón siendo usted servidor público? RESPUESTA:
Ajá, por miedo, porque
el miedo. Aquí esto es un pueblo de miedo, de temor. Aquí uno no vive tranquilo.[. . .]”-se sombrea
y subraya-
TESTIMONIO ALFRIDE LUIS OROZCO PEDROZA (tío de la víctima):
“. . .. Y yo fui a mirar y era el niño. De ahí para adelante, cuando ya pasó el tiempo, llegó el
sargento Quiroga. Yo iba pasando por la policía, y ahí está un kiosco que se llama "El Ganadero".
Ahí estaban los soldados parados, y yo, como no tenía nada con ellos, iba caminando rápido. Los
soldados iban atrás de mí llamándome. Cuando miré para atrás, a ver si era conmigo, me
llamaron: "No, es contigo". Entonces, ahí llegó el sargento Quiroga y me dijo: "Te las tiras de
rogado", y yo dije: "¿De rogado?". Como si yo no sabía que era conmigo. Además, yo no sé qué
quiere usted conmigo. Me dijo: "No, présteme su cédula". Entonces, yo le pasé la cédula y me
dijo: "Esta cédula, y usted se va conmigo porque yo le voy a hacer una investigación". Y yo le
dije: "¿Investigación de qué?". Entonces me dijo: "Yo no tengo que llevármelo para hacer una
investigación". Entonces, yo le dije: "¿Por qué me va a hacer esta investigación? Hágamela aquí
en el comando de la policía". Y él me dijo: "Yo no voy a hacer la investigación aquí en el comando
de policía, porque yo soy del ejército y ahí está la policía". Entonces, yo le dije: "Si usted es del
ejército y es la policía, la policía está respondiendo por mí aquí en Copey. Entonces, sáqueme de
allá". Y me fui para allá, le dejé la cédula en la mano. Entonces, iba pasando un muchacho, y yo
le dije que llamara al hijo mío, que era soldado profesional. Entonces él vino y yo le expliqué lo
que me estaba sucediendo con el sargento Quiroga. Cuando llegó el hijo mío, le dijo el sargento
Quiroga que qué le pasaba conmigo, que yo era el papá de él. Y él dijo: "No, no, yo le pedí la
cédula, y ese señor está loco". Se fue corriendo para allá para adentro. Entonces, el policía que
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Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
estaba ahí me dijo: "Siéntese aquí para que venga a sacarlo de acá". Pero él andaba
persiguiéndome para agarrarme, porque yo sabía de la muerte de Pedroza y quería llevarme para
matarme también. Y me mandaba ese Héctor para convidarme para llevarme para matarme.
También. Yo tuve que irme para Cartagena huyendo. (…) PREGUNTA: ¿Y hasta cuándo estuvo
el sargento Quiroga ahí en el Copey? RESPUESTA: Cuando yo supe que se había ido de acá
del Copey, fue que yo me vine. PREGUNTA: ¿Y eso cuándo fue? RESPUESTA: Eso fue cuando
yo duré casi un año por allá por Cartagena, eso fue como en el 2008, más o menos.”-Se sombrea
y subraya-
De lo anterior se desprende que las circunstancias de temor a la que aluden los demandantes y que
les impidió acudir a esta jurisdicción a reclamar los perjuicios causados, quedaron superadas por lo
menos desde inicios de 2010, fecha de la cual datan las declaraciones rendidas ante el Juzgado 21
de Instrucción Penal Militar y permiten reafirmar que desde ese momento pudieron demandar, por lo
que al haber acudido ante esta jurisdicción tan solo en el año 2017, la caducidad si puede
considerarse configurada.
Se precisa que la declaratoria de caducidad para el ejercicio del medio de control de reparación
directa no conlleva desconocer que en el proceso penal asumido por la Fiscalía General de la Nación,
con ocasión de la definición a su favor del conflicto de jurisdicción que suscitó (11 de julio de 2013)
y se resolvió mediante providencia de 18 de febrero de 201558, se abordó el análisis de los hechos
dejando en evidencia los yerros de valoración probatoria en que había incurrido la Justicia Penal
Militar hasta ese momento.
En ese orden de ideas, no merece reproche alguno que la autoridad accionada
contabilizara la caducidad conforme a la jurisprudencia de unificación de 2020 y tuviera
en cuenta para el efecto la fecha del fallecimiento de la víctima, pues quedó demostrado
que desde tal acontecimiento, la familia conocía las razones que provocaron su
lamentable deceso, esto sumado a que, incluso en una interpretación más favorable de
las pruebas, la autoridad judicial señaló que así tuviera en cuenta la época en que se
superó el período de temor por las amenazas recibidas de parte del “Sargento Quiroga”,
lo cual ocurrió en el año 2010, la oportunidad para interponer la demanda de reparación
directa feneció, pues esta fue radicada en el año 2017.
En esta misma lógica, no se configuraron los defectos alegados, en la medida que la
autoridad accionada aplicó en debida forma la jurisprudencia y analizó las pruebas de
cara a las razones esbozadas por los accionantes para justificar su mora en acudir a la
jurisdicción. Por consiguiente, no merece reproche alguno el análisis y valoración
probatoria que llevó a la autoridad accionada a contabilizar la caducidad desde el
momento en que los familiares tuvieron conocimiento de las razones que motivaron el
asesinato y superaron las barreras de temor que se presentaron con posterioridad a los
hechos.
En ese orden de ideas, como la sentencia censurada no incurre en defectos sustantivos ni
procedimentales por exceso ritual manifiesto, se impone denegar las pretensiones de la
tutelante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones formuladas por Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis Alfonso
Bonilla Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco, Yolenis Eliceth Vanegas Orozco y
Elkin Antonio Salas Pedroza, en atención a la parte motiva de esta determinación
judicial.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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