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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01219-01

Fecha
26 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01219-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela, para, en su lugar, AMPARAR los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia solicitados por Elkin Antonio Salas Pedroza, Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis Alfonso Bonilla Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco y Yolenis Eliceth Vanegas Orozco, por las razones dadas. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cesar, dentro del proceso de reparación directa No. 20001-33-33-003-2017-00239-01, y, en consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, rehaga la actuación, con el fin de que disponga la reapertura de la fase de alegatos, habilite un debate probatorio específico dirigido a establecer si las circunstancias expuestas habrían impedido materialmente a los demandantes ejercer oportunamente el medio de control de reparación y, surtido el trámite correspondiente, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda lo expuesto en la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin31. CUARTO: Por Secretaría General, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01219-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de agosto de 2026

ECONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 26 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
Demandantes: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Violación de los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia | Revoca - concede amparo

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las sentencias de primera y segunda
instancia, a través de las cuales se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa presentado por el daño derivado de un aparente homicidio presentado
ilegítimamente como baja en combate.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 23 de
abril de 2026, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la acción de tutela2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 16 de febrero de 2026, Elkin Antonio Salas Pedroza, Carmen Elvira
Orozco Pedroza, Luis Alfonso Bonilla Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco
y Yolenis Eliceth Vanegas Orozco, por intermedio de apoderado judicial,
presentaron una acción de tutela en contra del Juzgado 3 Administrativo de
Valledupar y el Tribunal Administrativo de Cesar, por la aparente vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y a la “reparación integral”, junto con el principio
de confianza legítima, con ocasión de las Sentencias de 24 de octubre de
2022 y 13 de noviembre de 2025, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa
No. 20001-33-33-003-2017-00239-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021, y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Se trascribe: “Denegar las pretensiones formuladas por Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis Alfonso Bonilla

Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco, Yolenis Eliceth Vanegas Orozco y Elkin Antonio Salas Pedroza, en atención
a la parte motiva de esta determinación judicial.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: De conformidad con todos los planteamientos efectuados por nosotros,
ruego del Honorable Consejo de Estado, se amparen los derechos fundamentales
invocados del DEBIDO PROCESO, a un VERDADERO ACCESO A LA JUSTICIA, y al
DERECHO A LA IGUALDAD, A LA REPARACION ADMINISTRATIVA, LA CONFIANZA
LEGITIMA y para ello pido:

SEGUNDO: Como primera consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto, la sentencia
emanada del Tribunal Administrativo del Cesar, con ponencia de la Doctora DORIS
PINZON AMADO, con fecha 13 de noviembre de 2025, dentro del proceso
Contencioso Administrativo, en el medio de Acción de Reparación directa, radicado
20-001-3333-003-2017-00239-00, incoada por CARMEN ELVIRA OROZCO y otros, contra
La NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, la cual
dispuso confirmar la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Como segunda consecuencia, que se le ordene a los causantes del
agravio, que son los magistrados suscribientes DORIS PINZON AMADO (Magistrada
Ponente) JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA y MARIA LUZ ALVAREZ ARAUJO, o quienes
los remplacen si es del caso, en cumplimiento del fallo de amparo ordenado, se sirvan
dictar nueva sentencia en remplazo de la ya dictada, conforme a las pautas, criterios
y ordenes, que señale el Juez de Amparo Constitucional que para este caso concreto
es el Honorable CONSEJO DE ESTADO, en su defecto la Honorable Corte Constitucional
en el evento que sea allí en sede de Revisión.

CUARTO: Que se impartan las demás órdenes, prevenciones y comunicaciones
conforme lo exija la naturaleza de la acción de Tutela.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 2 de agosto de 2007, Edilberto Pedroza Orozco murió en la vereda
Betania, zona rural del municipio de El Copey (Cesar). Al día siguiente fue
reportado como “dado de baja”, junto con Edwin Alfonso Pallares Álvarez,
en un supuesto enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional
pertenecientes al Batallón BAPOP – Bombarda 2, en desarrollo de la
denominada “Misión Táctica Acometida”.

5. 2) El 31 de agosto de 2010, Carmen Elvira Orozco Pedroza, madre de
Edilberto Pedroza Orozco, y Luis Alfonso Bonilla Ocampo, padre de crianza
y compañero permanente de la madre, rindieron declaraciones
juramentadas ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, dentro de la
investigación preliminar No. 232 de 2007, relacionada con el homicidio de
Edilberto Pedroza Orozco.

6. 3) En septiembre de 2016, funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación acudieron al lugar de residencia de la familia e informaron que se
adelantaba una investigación penal contra miembros del Ejército Nacional
por haber presentado falsamente la muerte de Edilberto Pedroza Orozco
como ocurrida en combate.

7. 4) El 27 de marzo de 2017, Carmen Elvira Orozco Pedroza elevó un
derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) en el cual
solicitó información sobre la etapa en la que se encontraba la investigación
adelantada por la muerte de Edilberto Pedroza Orozco. Dicha solicitud fue

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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contestada mediante Oficio No. 1542 de 16 de mayo de 2017, en el cual la
Fiscalía 66 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario advirtió que ante ese despacho se tramitaba el proceso penal
No. 9934, por el delito de homicidio en persona protegida, en el marco de
una posible ejecución extrajudicial, en contra de varios militares que
estaban vinculados al pelotón que realizó el operativo militar en el que
murieron los señores Pedroza Orozco y Pallares Álvarez.

8. 5) El 10 de julio de 2017, Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis Alfonso
Bonilla Ocampo, Hanny Suley Vanegas Orozco, Yolenis Eliceth Vanegas
Orozco, Elkin Antonio Salas Pedroza presentaron una demanda, en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, con el propósito de obtener la declaratoria de
responsabilidad estatal y la indemnización por la muerte de Edilberto
Pedroza Orozco.

9. 6) Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2022, el Juzgado 3
Administrativo de Valledupar declaró de oficio la caducidad del medio de
control. Consideró que los demandantes habían conocido desde el 3 de
agosto de 2007 las circunstancias en las que ocurrió la muerte de su familiar
y la participación de miembros del Ejército Nacional, por lo que el término
previsto para ejercer el medio de control había transcurrido cuando se
presentó la demanda. Asimismo, estimó que no se habían acreditado
circunstancias que hubieran impedido materialmente a los demandantes
ejercer oportunamente el derecho de acción.

10. 7) Los demandantes apelaron la anterior decisión y alegaron que no
podía equipararse el conocimiento de la muerte de su familiar con la
posibilidad cierta de imputar responsabilidad patrimonial al Estado y que,
dada la naturaleza de los hechos, debían considerarse las reglas
jurisprudenciales aplicables a las graves violaciones de derechos humanos.
También insistieron en que las amenazas que, con posterioridad a los
hechos, algunos de ellos sufrieron por parte de un miembro del Ejército
Nacional conocido como el «sargento Quiroga», les generó temor y les
dificultó acudir oportunamente a la administración de justicia.

11. 8) El Tribunal Administrativo de Cesar, mediante Sentencia de 13 de
noviembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Aunque
consideró que las circunstancias acreditadas permitían calificar las muertes
de Edilberto Pedroza Orozco y Edwin Alfonso Pallares Álvarez como posibles
delitos de lesa humanidad, estimó que los demandantes contaban, por lo
menos, desde 2010, con elementos suficientes para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativa.

12. El fundamento de la vulneración radicó en la declaratoria de
caducidad del medio de control de reparación directa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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13. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales aplicaron, de
manera retroactiva, la Sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, expediente 61.033, pese a que
la demanda fue presentada en 2017, cuando la jurisprudencia vigente
establecía un criterio distinto frente a la caducidad de las pretensiones
derivadas de delitos de lesa humanidad.

14. Asimismo, alegó que se desconoció el precedente judicial3, al aplicar
de manera automática y radical la referida sentencia de unificación, sin
ponderar las circunstancias particulares del caso, los efectos de dicha
decisión, los cuales, según las sentencias invocadas, no fueron modulados
y, por ende, se entiende que opera a futuro o “ex nunc” y se debe flexibilizar
el cómputo del término para demandar. En particular, señaló que existieron
circunstancias de intimidación y amenaza por parte de un miembro del
Ejército Nacional conocido como el «sargento Quiroga», que habría
impedido el ejercicio oportuno del medio de control.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

15. En Sentencia de 23 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la solicitud de amparo. Señaló que las
autoridades judiciales accionadas aplicaron la regla de caducidad prevista
en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA, de conformidad con la
Sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29
de enero de 20205, expediente 61033, y valoró de manera adecuada las
pruebas relacionadas con el conocimiento que los familiares tuvieron sobre
la muerte de Edilberto Pedroza Orozco y las circunstancias que rodearon los
hechos.

16. En particular, destacó que los familiares reclamaron el cuerpo y
realizaron su velación el 3 de agosto de 2007, por lo que desde ese momento
conocían el deceso y contaban con elementos que les permitían inferir que
la víctima no había muerto en combate.

17. Asimismo, la Sala examinó el argumento relativo a las amenazas y al
temor que, según los accionantes, les habría impedido acudir
oportunamente a la jurisdicción. Al respecto, precisó que, aun si se
aceptaba como fecha inicial para contabilizar la caducidad el 31 de
agosto de 2010, correspondiente a las declaraciones rendidas por Carmen

3 Hizo alusión a la Sentencia de tutela de 24 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-01694-01 y a otra,

respecto de la cual no indicó la fecha, pero sí el Rad. 11001-03-15-000-2023-03187-01 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
4 Mediante Auto de 23 de febrero de 2026, el despacho sustanciador de primera instancia resolvió (1) admitir la

acción de tutela de la referencia, (2) tener como accionado al Juzgado 3 Administrativo de Valledupar y al
Tribunal Administrativo de Cesar y (3) vincular, en calidad de terceros, al Ministerio de Defensa Nacional.
5 Respecto de dicha providencia precisó que, aunque el Consejo de Estado no señaló de manera expresa los

efectos en el tiempo de esa decisión; sin embargo, esa omisión fue suplida por la Corte Constitucional, en el sentido
de indicar que el pronunciamiento de unificación debía aplicarse de manera inmediata en los procesos de
reparación directa que estuvieren en curso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
Demandante: Elkin Antonio Salas Pedroza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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Elvira Orozco Pedroza y Luis Alfonso Bonilla Ocampo ante el Juzgado 21 de
Instrucción Penal Militar, el término de 2 años habría fenecido el 31 de agosto
de 2012, mientras que la demanda de reparación directa se presentó en
2017. Por ello, concluyó que, incluso bajo la interpretación más favorable a
los accionantes, la demanda resultaba extemporánea.

18. En esa medida, destacó que el plazo para promover la demanda se
contabilice desde que se tiene conocimiento de la participación de
agentes del Estado en el hecho dañoso, como lo dijo la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado. En concordancia, agregó que la Sentencia SU-439
de 2024, entre otras, se estableció una exigencia consistente en requerir a la
accionante durante el trámite de segunda instancia con el fin de que se
pronuncie sobre la aplicación de la caducidad conforme con las directrices
de unificación. Sin embargo, en el presente caso, el tribunal justificó esa
omisión porque el recurso de apelación se dirigió principalmente a atacar
la aplicación de la jurisprudencia de unificación, oportunidad en la que
también esgrimió como argumento de la tardanza las amenazas que
recibieron por parte de un miembro del ejército Nacional.

19. La parte actora presentó escrito de impugnación y solicitó su
revocatoria. Reiteró que los hechos correspondían a una ejecución
extrajudicial, que la jurisprudencia sobre la caducidad de estas pretensiones
había variado y que las amenazas y el temor sufridos por los familiares les
impidieron acudir oportunamente a la jurisdicción.

20. Cuestionó, además, que dicha situación se hubiera considerado
superada desde 2010 con fundamento en las declaraciones rendidas ante
la justicia penal militar, pues, a su juicio, no existía prueba suficiente sobre la
fecha en que cesaron las amenazas ni sobre el momento en que los
familiares estuvieron materialmente en condiciones de ejercer el derecho
de acción.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

21. Debe indicarse que el análisis de la presente acción de tutela se
circunscribirá, únicamente, a la Sentencia de 13 de noviembre de 2025 del
Tribunal Administrativo de Cesar, providencia que resolvió la litis en segunda
instancia, puesto que a pesar de que los accionantes enjuiciaron
igualmente la providencia de 24 de octubre de 2022, esta última nunca

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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quedó ejecutoriado6 al haberse presentado en tiempo el recurso de
apelación, razón por la cual esta Sala se sustraerá de su estudio.

2.2. Fijación de la controversia

22. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Cesar, con la expedición de la Sentencia de 13 de
noviembre de 2025, vulneró los derechos al debido proceso y acceso
administración de justicia de la parte actora por incurrir en un
desconocimiento del precedente y/o defecto fáctico, al declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa por el delito de lesa
humanidad (homicidio presentado ilegítimamente como baja en combate)
en el radicado No. 20001-33-33-003-2017-00239-01.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso judicial
idóneo y eficaz, que permitiera a la parte demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha en que se notificó la
providencia enjuiciada (21/11/20257) y la de interposición de la presente
acción de tutela (16/2/2026). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia, proferida
en un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la aparente afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
con ocasión de una providencia judicial cuyo debate central es la
contabilización del término de caducidad en el marco de un proceso de
reparación directa por una aparente ejecución extrajudicial.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales

24. La Sala accederá a la solicitud de amparo, por las razones que a
continuación se exponen:

25. En primer lugar, se hará una contextualización de la Sentencia de 29
de noviembre de 2018, Órdenes Guerra vs Chile de la Corte Interamericana

6 Ley 1564 de 2012, Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean
proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
7 El mensaje de datos fue enviado el 19 de noviembre de 2025.

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Decisión: Revoca - concede amparo
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de Derechos Humanos –Corte IDH-, posteriormente se analizará la Sentencia
de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero
de 2020, proferida dentro del expediente No. 85001-33-33-002-2014-00144-01
(61033), y se hará un pronunciamiento sobre pronunciamientos de la Corte
Constitucional, para, finalmente, abordar la controversia de manera
puntual.

26. Se recuerda que lo pretendido por la parte actora es que se deje sin
efectos la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, el 13
de noviembre de 2025, en consideración a que, en su entender, se aplicó
de manera retroactiva la Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, con desconocimiento de
providencias que se refieren a los efectos de dicha providencia y la
flexibilización del cómputo del término para demandar frente a la
caducidad de las pretensiones derivadas de delitos de lesa humanidad.

27. Sobre el particular, se advierte que el artículo 1648 del CPACA dispuso
que el término de caducidad para la reparación directa era de 2 años
contados desde que ocurrió el hecho, o desde cuando se tuvo o debió
tenerse conocimiento de los hechos.

28. No obstante, a nivel interno9, como a nivel internacional se ha
determinado que existen ciertos casos en los cuales se debe inaplicar ese
término de caducidad, con el fin de que las víctimas directas de crímenes
atroces10 puedan acceder al sistema de justicia.

29. 1) La Corte IDH, el 29 de noviembre de 2018, profirió Sentencia en el
caso Órdenes Guerra vs Chile, en la cual estudió varios asuntos propuestos
por grupos familiares y víctimas de secuestro, desaparición y/o ejecución.
Esas acciones fueron rechazadas por Juzgados, Tribunales y Corte Suprema
de Justicia de Chile en aplicación de la figura de la prescripción.

30. En la referida decisión, la Corte IDH acogió el argumento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- según el cual, la
inconvencionalidad de la prescripción de la acción penal aplicada en
casos de graves violaciones de Derechos Humanos se relaciona con el
carácter fundamental de los derechos al esclarecimiento de los hechos y a

8 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En

los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia. (…)”.
9 Revisar entre otros: Auto de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 17 de septiembre

de 2013 proferido dentro del expediente No. 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092); Sentencia de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 10 de noviembre de 2016 proferida en el expediente No. 19001-
23 31-000-2010-00115-01 (56282); Auto de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 14 de
septiembre de 2017, proferido en el expediente No. 05001-23-33-000-2016-02780-01; Auto de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado de 31 de julio de 2019 proferido en el proceso No. 25000-23-36-000-2018-
00109-01(63119).
10 Como crímenes atroces se ha entendido genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01219-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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la obtención de justicia para las víctimas. Según la sentencia, no existen
razones para aplicar un estándar diferente al derecho a la reparación, que
también es fundamental. Las acciones judiciales de reparación del daño
causado por crímenes atroces, en consecuencia, tampoco deben estar
sujetas a la prescripción.

31. La Corte reconoció que la imprescriptibilidad de las acciones de
reparación es una consecuencia de la imprescriptibilidad natural de los
derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas de crímenes atroces y se debe asegurar a estas víctimas el acceso
en cualquier tiempo a las distintas acciones judiciales.

32. La Sentencia de la Corte IDH en el caso Órdenes Guerra contra Chile11
hizo tránsito a cosa juzgada respecto de Chile, y vinculó a los demás Estados
parte como “norma convencional interpretada”12. En consecuencia, la
eficacia interpretativa del tratado tiene estrictos efectos en este Sistema,
que se caracteriza por la obligación de adecuación normativa e
interpretativa del derecho interno al convencional. Los Estados tienen la
obligación de resultado13 de crear normas acordes con los estándares
definidos por la Corte, y de eliminar todo obstáculo para su eficacia14.

33. 2) Con Sentencia de 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado decidió unificar su jurisprudencia en relación
con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra, bajo los siguientes términos: (a) en
tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; (b) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y (c) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubieran impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción.

34. 3) Mediante Sentencia SU-312 de 2020, la Corte Constitucional estudió
una tutela contra el auto que declaró la excepción previa de caducidad y
la decisión que confirmó ese auto, en un proceso de reparación directa por
la muerte de un civil, aparentemente ocasionada por miembros del Ejército
Nacional, y estableció que los autos se ajustaron a las interpretaciones

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, Sentencia de 29 de
noviembre de 2018.
12 Ver en ese sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman contra Uruguay, Supervisión de

cumplimiento de la Sentencia. 20 de marzo de 2013. Ver también el voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013,
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso Gelman vs. Uruguay.
13 Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 93. Voto razonado del

juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20
de marzo de 2013 supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs. Uruguay.
14 Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218,

párr. 286. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C, No. 125,
párr. 101.

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Decisión: Revoca - concede amparo
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razonables y proporcionadas de la normativa aplicable y a las posturas
jurisprudenciales vigentes para la época. En ese orden, la Corte consideró
que no había lugar a dejar sin efectos las providencias cuestionadas.

35. La Sala considera que la aludida providencia no tenía la aptitud para
soportar la decisión de renunciar al deber constitucional15 de activar la
excepción de inconstitucionalidad, ni a la obligación internacional de
ejercer como jueces de convencionalidad, pues (a) no es materialmente
una SU16, (b) no es una sentencia de constitucionalidad, sino una sentencia
de revisión de tutela de rango ordinario que falló un asunto constitucional
con base en consideraciones legales17 y (c) fue expedida de espaldas al
bloque de constitucionalidad, que definía las reglas constitucionales
vigentes18.

36. En la sentencia del caso Órdenes Guerra contra Chile, al contrario de
lo que entendió la Corte Constitucional -siguiendo al Consejo de Estado-, la

15 En los casos que, como éste, haya evidencia clara de que la aplicación de una norma de menor rango genera

la violación de cualquier norma constitucional, incluyendo obviamente las del bloque de constitucionalidad, el
operador judicial está obligado a activar la excepción de inconstitucionalidad, sin que haga falta que alguien lo
solicite. Ver, Corte Constitucional, Sentencias C-069 de 1995, C-600 de 1998, T-424 de 2018 y T-389 de 2009, entre
otras.
16 A pesar de ser una sentencia proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que se identifica con la sigla

tradicional SU, no se trata de una decisión que unifique jurisprudencia. Dos razones soportan esa afirmación. La
primera: el asunto se llevó a la Sala Plena porque era una tutela contra providencia judicial proferida por una alta
Corte, según lo prevé el artículo 60 del Reglamento de la Corte Constitucional (Acuerdo 1 de 2025). Esa hipótesis
es diferente a la unificación o el cambio de jurisprudencia.
La segunda: aunque la sentencia hizo un breve recorrido por las distintas posiciones adoptadas por el Consejo de
Estado y las salas de revisión de la Corte, resolvió el asunto mediante el análisis de los defectos recurrentemente
alegados en estos casos, utilizando los criterios del Consejo de Estado, pero sin crear ninguna regla de unificación
específica. El recurso a esas reglas unificadas por esta corporación no genera un efecto automático de conversión
de la sentencia de la Corte en otra también de unificación. La de la Corte sigue siendo materialmente una
sentencia de revisión de tutela ordinaria, expedida en Sala Plena por deferencia con una alta corte, en la que
acogió los lineamientos de esa última, sin unificar reglas para fallar en esta materia.
17 Cuando la Corte anunció la unificación en su sentencia, en lugar de construir las subreglas para resolver los

problemas que había identificado, construyó un amplio obiter dicta con el fin de repasar el contenido de la
unificación del Consejo de Estado y acompañarla en abstracto.
En esa extensa consideración, la Corte hizo un control automático de constitucionalidad abstracto en el marco
de una acción de tutela. Extendió los efectos de cosa juzgada de la sentencia C-115 de 1998 respecto del artículo
136 del CCA al 164 del CPACA. Aunque esas normas prescribieran eventos y condiciones distintas para el cómputo
de la caducidad de la acción de reparación directa, la más nueva se podía beneficiar de la constitucionalidad
de la anterior porque era más benéfica para los intereses de las víctimas.
Esa interpretación, al margen de las confusiones que pueda generar, no hace tránsito a cosa juzgada
constitucional. Es apenas una consideración de la Corte en el marco de una tutela, que naturalmente no cerró la
discusión sobre la constitucionalidad abstracta del artículo 164 del CPACA. En mi concepto, ni siquiera dio pistas
sobre el problema de fondo, pues no hizo el análisis de exequibilidad de la norma respecto las reglas que hoy
integran el bloque de constitucionalidad. En la actualidad, por las dinámicas de nuestro sistema de fuentes y por
el progreso del derecho internacional en la lucha contra la impunidad, esas reglas son distintas y más exigentes
que en 1998.
A diferencia del efecto propio de una sentencia de constitucionalidad, esa opinión de la Corte vertida en un fallo
de tutela no impide que las autoridades judiciales activen la excepción de inconstitucionalidad del artículo 164
del CPACA, para cumplir con su obligación de ejercer el control de convencionalidad.
18 La sentencia SU-312/20 no examinó las razones sustanciales por las cuales la reparación directa no debía

caducar cuando se demanda por crímenes atroces y otras graves violaciones de derechos humanos. Este asunto,
que era el que daba relevancia constitucional a la revisión de la línea jurisprudencial, no fue abordado en la
sentencia. El análisis se centró, en cambio, en una lectura procesal de la norma legal relacionada con el cómputo
del término de caducidad a partir del conocimiento efectivo de los hechos o de los posibles responsables.
La Corte, en efecto, conceptualizó la caducidad sin mencionar si quiera los avances que han afinado la figura
durante los últimos 20 años en el marco de la lucha internacional contra la impunidad por crímenes atroces. Pasó
por alto, incluso, que la sentencia de la Corte IDH en el caso Órdenes Guerra vs Chile era la pieza jurídica a partir
de la cual se integró al ordenamiento constitucional colombiano la regla que prohíbe la caducidad de las
acciones de reparación directa en casos de crímenes atroces.
Además de reproducir errores cometidos por esta Corporación en su unificación, la Corte Constitucional dedujo
del fallo de Órdenes Guerra una regla que contradice su contenido real: en casos de crímenes atroces, no se
extiende la imprescriptibilidad penal a las acciones civiles contra el Estado porque la protección a la víctima no
puede amparar su incuria o negligencia, ni permite afectar injustificadamente la seguridad jurídica.

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Corte IDH consolidó el contenido del artículo 25.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, incorporando los estándares
internacionales vigentes mediante las siguientes reglas: (1) Las acciones con
las que víctimas de crímenes atroces o graves violaciones de derechos
humanos pretenden la reparación de los daños imputables al Estado
protegen sus derechos imprescriptibles a la verdad, la justicia, la reparación
y la no repetición. (2) A esas acciones, aun cuando no estén aparejadas a
un proceso penal, no puede aplicárseles la prescripción o caducidad. (3) La
aplicación de la prescripción o la caducidad a acciones de reparación
impide que las víctimas de la barbarie accedan materialmente a la justicia
para hacer efectivos sus derechos fundamentales e imprescriptibles. (4) La
práctica judicial de declarar la caducidad de las acciones de reparación
para estos casos, genera responsabilidad del Estado por violación del
artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

37. De conformidad con lo expuesto, los criterios interpretativos de la
Sentencia Órdenes Guerra se integraron al Bloque de Constitucionalidad
como contenido del artículo 25.1 de la Convención19. La regla constitucional
vigente desde noviembre de 2018, como consecuencia de esa sentencia,
prohíbe la declaración de caducidad de las acciones de reparación
ejercidas por víctimas de crímenes atroces que pretendan ser imputados al
Estado. El presente caso constata, sin embargo, que no basta con la
existencia de la regla, pues ella sola no garantiza que su aplicación sea
adecuada20. Hace falta la adecuación interpretativa para eliminar
prácticas judiciales contra-convencionales21 y garantizar que la aplicación
jurisdiccional de las normas existentes cumpla la finalidad del artículo 2 de
la Convención22.

38. En virtud del principio de subsidiariedad que rige el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, esa obligación corresponde a los
agentes de cada Estado parte como responsables del control inicial de la
correcta aplicación de la Convención23. Para cumplir con esta tarea, la
Corte IDH ha explicado que los jueces están obligados a ejercer el llamado
control de convencionalidad en sus decisiones.

39. En Colombia, mientras no exista una sentencia que haya declarado
la exequibilidad del artículo 164 del CPACA frente a la regla constitucional
que incorporó el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos con su contenido y alcance actual, los jueces deben ejercer el
control de convencionalidad mediante la activación de la excepción de

19 Corte Constitucional, Sentencias C-010 de 2000, T-1391 de 2001, C-097 de 2003, C- 370 de 2006, C-442 de 2011
20 Caso Radilla Pacheco Vs. México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No.209, párr. 338. Caso Castillo

Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C, No.52, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil.
Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No149, párr. 83; y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de
26 de septiembre de 2006. Serie C, No.54, pr. 118
21 Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 137
22 Esta tesis se ha sostenido, entre otras, en las sentencias citadas en el pie de página 8.
23 Ver, resoluciones y voto razonado citado en el pie de página 12.

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inconstitucionalidad de la norma legal para apartarla del caso concreto y
permitir la efectividad directa del artículo 25.1 de la CADH 24, interpretado
por la CIDH25, como parte del bloque de constitucionalidad.

40. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que la Corte Constitucional,
en pronunciamientos posteriores al analizado, como la Sentencia SU-167 de
202326, ha dispuesto que (se trascribe):

“(…) en relación con la reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos
de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no
se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina
el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa
o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada
asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de
readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas
cargas y posibilidades procesales que este contiene”.

41. Es más, ha reiterado sobre el reconocimiento de la dificultad que
representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los
estándares probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de
derechos humanos.

42. Igualmente, en la SU-439 de 202427, reafirmó que en estos asuntos la
valoración probatoria debe ser contextual y garantista, y el juez debe
intervenir cuando sea necesario establecer si existió imposibilidad material
para demandar, pues (se trascribe) “Solo mediante una valoración que
atienda a las complejidades de estos hechos es posible materializar un
acceso real y efectivo a la justicia, evitando incluso escenarios indeseables
de revictimización por parte del propio aparato jurisdiccional”.

24 Aprobada mediante Ley 16 de 1972.
25 Esta es la regla recogida y sistematizada en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de

20 de marzo de 2013 caso Gelman vs. Uruguay supervisión de cumplimiento de sentencia.
26 En dicha providencia la Corte Constitucional estudió un caso en el cual se declaró la caducidad en el medio

de control de reparación directa adelantado con ocasión de una ejecución extrajudicial y, tras analizar si la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto al no
readecuar el procedimiento para permitir que las partes expusieran las razones jurídicas y probatorias que le
impidieron el ejercicio oportuno del medio de control, es decir, actualizaran sus planteamientos a las nuevas
cargas procesales, conforme con las nuevas reglas de unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado sobre la materia, concluyo que el cargo sí resultaba procedente porque se había omitido materialmente
la fase de alegatos y se había vulnerado los derechos fundamentales invocados por los demandantes, debido a
que (se trascribe) “la sentencia de unificación cambió los parámetros sobre la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias relacionadas con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ante estos cambios, la Sección
Tercera debió readecuar la fase de alegatos y permitir a las partes presentar nuevamente sus argumentos de
conclusión, en donde -por ejemplo- los demandantes habrían podido exponer los obstáculos que impidieron su
acceso inmediato a la administración de justicia”.
27 La Corte Constitucional también estudió casos en los que se declararon la caducidad de demandas de

reparación directa promovidas con ocasión de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del
Estado y, al resolver los problemas jurídicos planteados, evidenció que las autoridades judiciales accionadas
habían tomado como punto de partida del término de caducidad un momento en que las víctimas no contaban
aún con elementos suficientes para imputar responsabilidad patrimonial al Estado ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin tener en cuenta que el término de 2 años no se cuenta necesariamente desde la ocurrencia
del hecho dañoso, sino desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento de que el menoscabo fue
causado por el Estado y se encontró en capacidad material de imputarle responsabilidad ante el aparato
jurisdiccional.

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43. De cara a lo expuesto, la Sala recuerda que, de acuerdo con lo
manifestado por la parte actora, el deceso de Edilberto Pedroza Orozco fue
causado por la fuerza púbica, en hechos violatorios de derechos humanos.

44. Por lo anterior, antes de declarar la caducidad era necesario que la
autoridad judicial accionada determinara con claridad (1) si el hecho
demandado se enmarcó en lo que la CIDH ha considerado como crímenes
atroces y, superado ese análisis, (2) estableciera si ese hecho era imputable
al Estado, pues, luego de agotado ese debate, sería posible determinar si
existió caducidad, o no, en la interposición del medio de control.

45. Adicionalmente, se debe decir que, a pesar de que la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia se fundamentó en la
Sentencia de Unificación de 29 de enero de 202028 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como se advirtió líneas atrás, ese no era un
argumento que sirviera de excusa para no cumplir la CADH. Además, se
evidenció que dicha autoridad judicial accionada se limitó a establecer el
momento en que los demandantes habrían conocido los hechos, sin valorar
su capacidad material para acceder a la administración de justicia ni las
circunstancias que pudieron impedirles ejercer oportunamente el medio de
control.

46. En efecto, en la sentencia enjuiciada el tribunal indicó que, el 31 de
agosto de 2010, en las declaraciones rendidas por Carmen Elvira Orozco
Pedroza (madre de la víctima) y su compañero permanente ante el
Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, reconocieron que tuvieron
conocimiento de la muerte del señor Pedroza Orozco desde el día siguiente
a la ocurrencia de los hechos, es decir, el 3 de agosto de 2007, cuando
reclamaron su cuerpo y lo velaron ese mismo día, y, además, manifestaron
que él había sido asesinado y no había muerto en combate. En
consecuencia, concluyó que desde ese momento los demandantes
contaron con elementos ciertos que les habría permitido acudir a la
jurisdicción, pero solo lo hicieron en 2017, es decir después de 7 años, por lo
que había operado el término de caducidad y este no podía flexibilizarse.
Sin embargo, no verificó si, en esa fecha, los demandantes, en efecto,
podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en atención
a las circunstancias de amenazas que ellos pusieron de presente por parte
del sargento Quiroga.

47. Sobre dichas circunstancias, el tribunal se limitó a indicar que (se
trascribe):

“ (…) se desprende que las circunstancias de temor a la que aluden los demandantes
y que les impidió acudir a esta jurisdicción a reclamar los perjuicios causados,

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 29 de

enero de 2020, Exp (61033).

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quedaron superadas por lo menos desde inicios de 2010, fecha de la cual datan las
declaraciones rendidas ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar y permiten
reafirmar que desde ese momento pudieron demandar, por lo que al haber acudido
ante esta jurisdicción tan solo en el año 2017, la caducidad si puede considerarse
configurada29”.

48. En esa medida, la Sala considera que la autoridad judicial accionada
incurrió una violación directa de la Constitución y, en consecuencia, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de la parte actora cuando declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa y concluyó que la parte demandante tuvo (se
trascribe) “la posibilidad de inferir la presunta responsabilidad de la entidad
demandada en el daño alegado” a partir del 31 de agosto de 2010, cuando
la madre y el padre de crianza de la víctima directa (Carmen Elvira Orozco
Pedrozay Luis Alfonso Bonilla Ocampo) rindieron declaraciones ante la
justicia penal militar sobre las circunstancias que rodearon la muerte del
Edilberto Pedroza Orozco, pues, allí lo que se reconoció fue el conocimiento
de la ocurrencia de los hechos constitutivos del daño.

49. En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cesar que,
para este caso aplique el artículo 25.1 de la CADH, con la interpretación
realizada desde 2018 por la Corte IDH en la sentencia Órdenes Guerra
contra Chile, con el fin de analizar la caducidad del medio de control de
reparación directa desde una perspectiva convencional y, así mismo, en los
términos de la Corte Constitucional30, rehaga la actuación, con el fin de que
disponga la reapertura de la fase de alegatos, habilite un debate probatorio
específico dirigido a establecer si las circunstancias expuestas habrían
impedido materialmente a los demandantes ejercer oportunamente el
medio de control de reparación y, surtido el trámite correspondiente,
profiera una nueva decisión, en la cual, atienda lo expuesto en la presente
providencia.

2.5. Conclusión

50. Por lo anterior, la Sala accederá a la solicitud de amparo y dejará sin
efectos la sentencia enjuiciada y ordenará que se rehaga la actuación, en
los términos advertidos.

29 Página 27 de la providencia enjuiciada.
30 En la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional dispuso que (se trascribe) “en relación con la reparación

de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos años para
acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina
el perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la
demanda de reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el
juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y
(iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en
cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas
cargas y posibilidades procesales que este contiene”. Igualmente, en la SU-439 de 2024, estableció que en estos
asuntos la valoración probatoria debe ser contextual y garantista, y el juez debe intervenir cuando sea necesario
establecer si existió imposibilidad material para demandar, pues (se trascribe) “Solo mediante una valoración que
atienda a las complejidades de estos hechos es posible materializar un acceso real y efectivo a la justicia, evitando
incluso escenarios indeseables de revictimización por parte del propio aparato jurisdiccional”.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca - concede amparo
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela, para,
en su lugar, AMPARAR los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia solicitados por Elkin Antonio Salas Pedroza,
Carmen Elvira Orozco Pedroza, Luis Alfonso Bonilla Ocampo, Hanny Suley
Vanegas Orozco y Yolenis Eliceth Vanegas Orozco, por las razones dadas.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 13 de noviembre
de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cesar, dentro del proceso de
reparación directa No. 20001-33-33-003-2017-00239-01, y, en consecuencia,
ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a
la notificación de la presente sentencia, rehaga la actuación, con el fin de
que disponga la reapertura de la fase de alegatos, habilite un debate
probatorio específico dirigido a establecer si las circunstancias expuestas
habrían impedido materialmente a los demandantes ejercer
oportunamente el medio de control de reparación y, surtido el trámite
correspondiente, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda lo
expuesto en la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la
misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico
dispuesto por la Secretaría General para tal fin31.

CUARTO: Por Secretaría General, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

31 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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