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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01220-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01220-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Óscar Andrés Franco Guevara, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Décimo Mixto de Oralidad de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01220-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho por retiro del servicio activo / Defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Óscar Andrés Franco Guevara, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Óscar Andrés Franco Guevara promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de
inocencia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y al acceso efectivo a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias proferidas el 31 de agosto de 2022 y 28 de agosto de 2025 por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo
del Cauca, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 90013333009-2016–00091-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la
Policía Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

administrativos mediante los cuales se le retiró del servicio por medio de la facultad
discrecional.

2.2. El Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Popayán, en
sentencia del 31 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la Junta de Evaluación y Clasificación recomendó su retiro con
sustento en varias anotaciones que contrariaban el cumplimiento de su actividad
como policía, relacionadas con procesos disciplinarios y penales, con la imposición
de captura, lo cual generó la pérdida de confianza por parte de la institución. En
contra de esta decisión presentó recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 28 de agosto de 2025
confirmó la decisión del a quo al considerar que el acto de retiro se encontraba
ajustado a derecho, tan es así que, pese a que no era necesario expresar los
argumentos en el acto de retiro, los mismos sí se indicaron y, con ellos, se justificó el
uso de la facultad discrecional.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por otorgar plena credibilidad y valor probatorio al Acta de
Junta de Evaluación y Clasificación del 5 de abril de 2016, sin advertir las
inconsistencias internas que generaban duda razonable sobre la regularidad de su
elaboración, tales como, su lugar real de expedición y la existencia efectiva de una
deliberación seria e individualizada, pues el documento correspondía al
departamento de policía Cauca y analizaba funcionarios adscritos al mismo, por lo
cual no era razonable que la reunión formal y decisoria se hubiera realizado en
Quindío. Máxime, cuando se presumió sin sustento que se trató de un «error de
digitación».

2.5. Lo anterior desconoció los lineamientos expuestos en la sentencia SU-053 de
2015 según los cuales el retiro discrecional debía estar sustentado en razones
objetivas, probadas, razonables, proporcionales y debidamente motivadas, con la
finalidad de que dicha facultad no se convirtiera en un instrumento de arbitrariedad.
Asimismo, el análisis de su hoja de vida fue meramente formal, aparente y superficial,
pues se omitió verificar elementos determinantes que desvirtuaban la legalidad de la
recomendación de retiro y del acto administrativo que la materializó, tales como que
varias investigaciones disciplinarias invocadas como fundamento del retiro se
encontraban prescritas o archivadas; además, en el proceso disciplinario principal fue
finalmente absuelto.

2.6. En defecto sustantivo por validar una presunción inconstitucional de
culpabilidad derivada de la orden de captura, lo cual desconoció el artículo 298 de la
Ley 906 de 2004 y la sentencia SU-053 de 2015, al sostener que su existencia
constituye, por sí sola, un hecho cierto y probado de afectación institucional y con ello
renunció de manera expresa al deber mínimo de valoración objetiva, razonada y
proporcional que debe preceder cualquier recomendación de retiro discrecional.

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Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. TUTELAR. Los derechos fundamentales al debido proceso, presunción de
inocencia, igualdad, trabajo, mínimo vital (si aplica), y acceso efectivo a la administración
de justicia, vulnerados al señor OSCAR ANDRÉS FRANCO GUEVARA, como
consecuencia de las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante las cuales se negó la protección de sus derechos,
pese a evidenciarse graves irregularidades en la valoración probatoria y en la aplicación del
precedente constitucional.
2. ORDENAR al Juzgado Décimo Mixto de Oralidad de Popayan y Tribunal Administrativo
del Cauca dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia dentro del
proceso radicado 19001-33-33-009-2016-00091-00 y, en su lugar, emitir una nueva
decisión respetando el precedente constitucional SU-053 de 2015, en la cual:
• Se valore integralmente el material probatorio allegado,
• Se aplique el precedente constitucional fijado en la sentencia SU-053 de 2015,
• Se realice un examen estricto de proporcionalidad y razonabilidad
• Se analice el fenómeno de la prescripción de investigaciones disciplinarias invocadas
como fundamento,
• Se otorgue el valor jurídico correspondiente a la absolución disciplinaria,
• Se respete la presunción de inocencia frente al proceso penal en curso,
• Y se descarte como fundamento determinante la sola existencia de una orden de captura,
en tanto se trata de una actuación provisional conforme al artículo 298 de la Ley 906 de
2004. […]». [sic]

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Popayán2 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales
surtidas al interior del proceso, requirió que se declarara improcedente el amparo
pretendido por no acreditar el requisito general de la relevancia constitucional porque
la tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales.

5. El Tribunal Administrativo del Cauca3 requirió que se declarara
improcedente, o en su defecto, se negara lo pretendido ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentes invocados, por cuanto en la sentencia
enjuiciada se hizo un análisis de las razones que la sustentaron, sin que se
evidenciara vía de hecho alguna, en la medida que se ajustaron a las normas y
jurisprudencia aplicables al caso.

6. La Policía Nacional4 pretendió que se declarara improcedente la petición de
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ante la

2 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela2(.pdf) NroActua 11».
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEPRUEBAS_InformeTutela2016000(.pdf)

NroActua 12».
4
Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «18RECIBEMEMORIAL_MemorialesSecGeneral(.pdf)
NroActua 13».

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Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales del demandante, máxime
cuando la tutela no es un medio de impugnación extraordinario.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo del Cauca y otro.
2.2. Cuestión previa

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, se observa que los
argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 31 de agosto de 2022,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo del Cauca,
desató el recurso a través de la providencia del 28 de agosto de 2025, al confirmar lo
resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo
respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema7. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo8, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos10,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.
10 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales de Óscar Andrés
Franco Guevara con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025, a través de
la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones tendientes a lograr el reintegro
al servicio activo, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico
y desconocimiento del precedente judicial?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

19. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional12, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

20. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»13, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»14. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»15.

21. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial

22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se

12 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
13 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
14 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
15 Sentencia T-538 de 1994.

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recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.4. Defecto sustantivo

26. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

27. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

28. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.5. Sobre el caso concreto

29. Óscar Andrés Franco Guevara acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cauca
mediante la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones tendientes a lograr
su reintegro al servicio, de acuerdo con el grado y rango que correspondía a su
antigüedad.

30. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defectos fáctico y sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial al otorgar pleno valor probatorio al Acta de
Junta de Evaluación y Clasificación del 5 de abril de 2016 pese a presentar
inconsistencias sobre su elaboración y lugar de expedición, pues, aunque
correspondía al departamento de policía de Cauca, habría sido realizada en una
dependencia del Quindío, situación que fue injustificadamente atribuida a un
supuesto «error de digitación».

31. Asimismo, se omitió realizar un examen riguroso y detallado de la hoja de vida
y de los antecedentes disciplinarios invocados como fundamento del retiro, varios de
los cuales ya se encontraban prescritos o archivados; además, en el proceso
disciplinario principal fue finalmente absuelto. Por otra parte, validó una presunción
de culpabilidad derivada únicamente de la existencia de una orden de captura, con
lo que desconoció el estándar fijado por la Sentencia SU-053 de 2015 y el artículo
298 de la Ley 906 de 2004, que exigen que el retiro discrecional se funde en razones
objetivas, probadas, razonables, proporcionales y debidamente motivadas.

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32. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se
hará en conjunto, comoquiera que todos van dirigidos a cuestionar la decisión de la
autoridad judicial demandada en cuanto otorgó valor probatorio al Acta de Junta de
Evaluación y Clasificación, pese a sus inconsistencias, y, por el contrario, no realizó
un examen riguroso de su hoja de vida y de los antecedentes disciplinarios.
33. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
efectuado por el Tribunal Administrativo del Cauca referente al uso adecuado de la
facultad discrecional de retiro:

«[…] el Gobierno Nacional en el caso de los oficiales; y la Dirección General de la Policía
Nacional para los demás uniformados del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la
institución; tienen la facultad discrecional de retirarlos del servicio activo, previa
recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, para los primeros, o de la
Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, en el caso de los segundos, pero siempre
amparándose en razones del servicio.
[…]
Ahora, la Corte Constitucional indicó, tanto en dicha sentencia, como en la C-175 de 1993
y la C-179 de 2006, que el acto de retiro de un uniformado al amparo de esta causal tiene
carácter discrecional y, por ello, no es necesario que la entidad consigne en el acto
administrativo de manera concreta y específica las razones objetivas que tiene para tomar
la determinación del retiro del servicio, pues, establecer una exigencia de ese tipo
desconocería la naturaleza jurídica de la potestad ejercida por el nominador.
[…]
Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado después de emitir varios
pronunciamientos donde acogía íntegramente la posición de la Corte Constitucional,
también unificó su jurisprudencia en torno al ejercicio de la facultad discrecional en el retiro
de uniformados, para lo cual tuvo en cuenta, de manera primordial, la posición manejada
por esa otra Alta Corporación e indicó que en esos casos debía existir un “estándar mínimo
de motivación”, con miras a que el uniformado afectado con la decisión pudiera indagar
por el motivo de esta y ejercer la defensa ante la jurisdicción contencioso administrativa,
donde se podría verificar, a partir de la valoración probatoria de la hoja de vida y los demás
elementos de juicio allegados, si el acto de retiro por la facultad discrecional se
atemperaba a razones del servicio, proporcionales y razonables o si, por el contrario, las
desconocía […]

Es claro entonces, conforme a la normativa y la jurisprudencia referidas, que en el acto de
retiro no necesariamente deben constar las razones expresas del retiro, porque en caso
contrario no tendría sentido, o mejor, se desnaturalizaría la disposición discrecional del
nominador instituida constitucional y legalmente, pero sí se exige un estándar mínimo de
motivación con el cual se pueda determinar que la decisión se basó en razones objetivas
y hechos ciertos, que deben aparecer verificables en el estudio previo de la hoja de vida
del uniformado efectuado por la Junta Asesora o la de Evaluación y Clasificación, según
se trate, a fin de rendir una recomendación suficiente, razonable, proporcional y
concordante con la facultad discrecional, persiguiendo con ello el mejoramiento del
servicio.

7.2 En el presente caso aparece demostrado que el demandante se vinculó a la Policía
Nacional como alumno de nivel ejecutivo el 11 de abril de 2003, calidad que luego varió a
la de patrullero desde el 10 de octubre de esa anualidad y que mantuvo hasta el 14 de
abril de 2016, cuando fue notificado de su retiro de la institución, en virtud de la resolución
expedida el 6 de ese mes y año por el comandante del Departamento de Policía Cauca,
con fundamento en la facultad discrecional.

De acuerdo con la resolución aludida, el 5 de abril de 2016 se reunió la Junta de
Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes del

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Departamento de Policía Cauca, a efectos de evaluar la hoja de vida y trayectoria del
patrullero Oscar Andrés Franco Guevara, cuyo análisis fue registrado íntegramente en el
acta de la fecha y, luego, transcrito en lo relevante dentro de la resolución de retiro.

Conforme se consignó en el acta de la sesión de la Junta de Evaluación y Clasificación,
para el estudio de la hoja de vida del demandante se tuvo en cuenta que durante su
permanencia en la institución había recibido una anotación negativa, que cursaba en su
contra una investigación disciplinaria por una “presunta irregularidad en procedimiento de
captura y sustancia incautada” y atribuida a hechos de julio de 2015 y que, además, el 31
de marzo de 2016 se había emitido una boleta de captura por el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Sierra con funciones de control de garantías por su posible participación
en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, respecto de los que se
resaltó que, en las labores investigativas desarrolladas por la seccional de investigación
criminal Popayán, se le señala de concertarse Junto con otros indiciados, para apoderarse
de parte de un cargamento de sustancias estupefacientes (cocaína) que fuera incautada
en Argelia Cauca, para el mes de agosto de 2015, cuando laboraban como agentes de la
Policía Nacional en esa Localidad.

A partir de tales razones, se indicó que el uniformado evidenciaba comportamientos en
los que faltaba a los deberes éticos y legales que le eran imponibles como miembro de la
institución, por lo que era necesario apartarlo de esta, dadas las sospechas fundadas de
su proceder abiertamente contrario a la misión de la Policía y a la consecuente pérdida de
confianza en él, aspecto que se aprobó de manera unánime por todos los integrantes de
la junta.

7.3. A partir de los hechos indicados, comprende la Sala, en primer término, que, aunque
no hay una relación temporal inmediata entre el acto de retiro del 5 de abril de 2016 y los
hechos de los meses de julio y agosto de 2015 que dieron lugar a las investigaciones
disciplinaria y penal, lo cierto es que conceptualmente ese vínculo si aparece claro por la
sustentación que efectuó la Junta de Evaluación y Clasificación, en donde se citó ambos
sucesos dentro de los motivos que se apreciaron para considerar el uso de la facultad de
retiro discrecional.

Lo anterior, por cuanto en las consideraciones que emitió ese cuerpo colegiado, y que
fueron transcritas en el acto de retiro, se dejó dicho con claridad que la razón de la
recomendación del retiro del demandante era, por un lado, la existencia de una
investigación disciplinaria por los hechos ocurridos en el mes de julio de 2015,
relacionados con la omisión del reporte de una captura e incautación a sus superiores y a
las autoridades judiciales y, por otro, la orden de captura emitida por un juzgado de control
de garantías por hechos del mes de agosto de 2015, debido a que se le involucró con
actividades relacionadas con el delito de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Es decir, en concreto, la recomendación que emitió la Junta de Evaluación y Clasificación
sí tuvo en cuenta la existencia de hechos que estaban siendo objeto de investigaciones
disciplinaria y penalmente frente al actor y, con todo, a partir de ello, se esbozó que existía
una grave afectación del servicio que hacía meritorio hacer uso de la facultad disciplinaria
y de la discrecional para el retiro del ahora demandante.

De lo anterior, comprende la Sala, en primer término, que el acta de la Junta Asesora de
Evaluación y Calificación sí contiene una motivación, consistente en la valoración de la
trayectoria profesional del actor y su no correspondencia con las exigencias éticas y
profesionales de la Policía Nacional como institución, consideración que llevó a sugerir su
retiro; y en segundo término que, aunque no era necesario, dichas razones se
transcribieron en el acto administrativo de retiro del demandante, por lo que es claro que
desde el primer momento en que se le notificó la decisión él pudo conocer la motivación
de su retiro de la institución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

Ahora, el actor sostiene que los actos administrativos atacados están afectados de falsa
motivación y desviación de poder, en tanto que, con ellos, la entidad accionada encubrió
y confundió el uso de su facultad disciplinaria con el de la discrecional.

Arrimado lo anterior al presente asunto, y con fines de constatar lo consignado en el acta
de la junta asesora de evaluación y calificación que por unanimidad recomendó el retiro
del servicio, una vez realizó el análisis de la trayectoria laboral del actor, advierte la Sala
que, en efecto, dentro del expediente obran los formularios de calificación del actor entre
el año 2013 y 2016, cuyos puntajes fueron ubicados siempre en el nivel superior. Luego,
desde esta perspectiva, es claro que no se demostró que hubiera tenido un desempeño
excepcional.

De ahí que, sea procedente entender que, como ya se indicó, el hecho de que el servidor
retirado del servicio tenga una buena hoja de vida “…no impide la utilización de las
facultades discrecionales cuando el móvil sea el buen servicio público, el cual no tiene por
qué estar ligado a la conducta laboral del empleado, ya que otras razones diferentes
pueden constituir el elemento subjetivo que inspiró el retiro del servicio”; es decir, el que
el funcionario cumpla sus deberes, observe buena conducta, registre condecoraciones y
felicitaciones, no le generan un fuero de estabilidad en el empleo que impida que la entidad
lo retire por voluntad discrecional y, por tanto, no limitan el poder de libre remoción, claro
está dentro de los parámetros legales.

Aunado a lo expresado, verificados los antecedentes del demandante, en especial las
anotaciones sobre los reconocimientos recibidos, se advierte que corresponden a
actuaciones y comportamientos propios y debidos del servicio a cargo de los integrantes
de la Policía Nacional, que son precisamente los que se esperan de quienes sirven en la
Fuerza Pública, sin que en dichos formularios se observen registros sobre la realización
de actos de especial o excepcional mérito y reconocimiento, que por su inmediatez con la
decisión de retiro del servicio, eventualmente, permitieran inferir a la Sala que la entidad
obró con desviación del poder. Por tanto, solo se tiene que el actor fue objeto de
reconocimientos que hacen relación al buen desempeño policial en las labores a su cargo
-que por demás así debe ser-, anotaciones éstas que no permiten ponderar una
contradicción frente al ejercicio del poder discrecional de retiro de la institución.

En este punto, cabe destacar que quien alegue la desviación de poder para aseverar que
el acto administrativo discrecional de retiro no se expidió por razones del servicio, debe
aportar las pruebas que permitan demostrar que la decisión se produjo por motivos
distintos, o en igual sentido, la incoherencia entre los antecedentes laborales del servidor
retirado y la medida adoptada con el acto - tales como la idoneidad o el desempeño
superlativo -, para poder así evidenciar la extralimitación de la facultad discrecional
conferida legalmente al nominador.

Sin embargo, aquí no aparece acreditado que el actor tuviera una calificación suficiente
que demostrara capacidades excepcionales durante el año anterior o la época cercana a
la decisión del retiro, con la que, de acuerdo con la jurisprudencia, se permitiera inducir
que con su desvinculación se incurrió en una desviación de poder y se afectó el servicio.
[…]

Luego, volviendo sobre la necesidad de sustentar los argumentos de la decisión de retirar
al demandante, la Sala tiene que a pesar de que no era necesario expresarlos en el acto
de retiro, los mismos sí se indicaron y, con ellos, se justificó el uso de la facultad
discrecional. Adicionalmente, se insiste, la junta amparó su concepto en la valoración de
la trayectoria suya, y especialmente, la existencia de una orden de captura emitida en su
contra por una autoridad penal, conforme a lo que se concluyó que se le endilgaban
conductas completamente ajenas a las funciones de la institución y, por ello se determinó
la necesidad de apartarlo del servicio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

Con todo, es claro que tal afirmación no discrepa con la historia laboral del demandante,
ya que, como se indicó atrás, su desempeño fue calificado siempre en el nivel de exigencia
mínimamente esperado de un uniformado de la Policía Nacional y, lejos de demostrarse
que tuvo merecimientos que permitieran entender un rendimiento excepcional, se verificó
la presencia de anotaciones en las que se reprochó su conducta como servidor, aspectos
estos que no fueron desvirtuados en el presente proceso.
7.6. Por último, la Sala conviene en pronunciarse frente a la afirmación del actor sobre la
supuesta realización de la junta de evaluación y calificación en una ciudad diferente,
concretamente, porque en la hoja de firmas del acta respetiva se expresó que la sesión
se adelantó en Sala de Juntas Subcomando Departamento de Policía Quindío. Al
respecto, debe indicarse que tal defecto solamente puede entenderse como un error de
digitación en esa parte del documento que, de ningún modo, tiene la capacidad de generar
algún tipo de invalidez sobre el resto de su contenido, especialmente, porque en los demás
ítems informativos del acta se expresó con claridad que esta se suscribía en la ciudad de
Popayán, por lo que es claro que el análisis y las conclusiones se efectuaron por una
autoridad del departamento al que pertenecía.

Así las cosas, conforme a los criterios jurisprudenciales esbozados anteriormente, la Sala
advierte ajustado a derecho el acto administrativo por medio del cual se separó de la
Policía Nacional al actor, en la medida en que no solo consignó la motivación que dio lugar
al retiro según el concepto de la junta de evaluación y clasificación, sino que, además, se
correspondió con las exigencias jurisprudenciales que han establecido la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, al comprender un análisis adecuado de su hoja de
vida y de las particulares situaciones que lo rodeaban en ese momento; sin que de otro
lado la parte actora hubiera traído pruebas, teniendo a su cargo tal deber, que permitieran
inferir que el acto demandado adoleció de las causales de nulidad alegadas. […]». [sic]

34. A juicio de esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el
Tribunal Administrativo del Cauca sí valoró en debida forma el material probatorio
allegado, en particular, el Acta de Junta de Evaluación y Clasificación, caso distinto
es que dicho análisis no resultara favorable a sus intereses, pues ello le permitió
concluir que la autoridad administrativa ejerció de manera ajustada a derecho la
facultad discrecional de retiro del servicio activo, en armonía con el marco normativo
y la jurisprudencia que regulan dicha potestad en la Policía Nacional.

35. Conforme a estos criterios, el Gobierno Nacional para oficiales y la Dirección
General de la institución, para los oficiales y los demás uniformados,
respectivamente, pueden disponer el retiro por razones del servicio, previa
recomendación de la respectiva Junta de Evaluación y Clasificación, sin que resulte
indispensable consignar de forma expresa y detallada las razones en el acto
administrativo, siempre que exista un estándar mínimo de motivación que permita
verificar que la decisión se fundamenta en hechos objetivos derivados del estudio
previo de la hoja de vida.

36. En ese contexto, constató que la Junta de Evaluación y Clasificación analizó
la trayectoria del demandante y tuvo en cuenta diversos elementos relevantes, entre
ellos una anotación negativa en su hoja de vida, la existencia de una investigación
disciplinaria por presuntas irregularidades en un procedimiento de captura e
incautación y la emisión de una orden de captura por autoridad judicial. A partir de
tales circunstancias, la autoridad judicial demandada concluyó que existía una
afectación al servicio y una consecuente pérdida de confianza institucional, razones

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

que motivaron la recomendación de retiro y que, además, fueron transcritas en el
acto administrativo correspondiente, razón por la cual el demandante pudo conocer
desde su notificación los fundamentos de la decisión.

37. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Cauca sí verificó que la hoja de
vida del demandante reflejaba un desempeño dentro del nivel esperado para el
servicio, sin evidenciar méritos excepcionales que permitieran inferir desviación de
poder, ni se aportaron pruebas que demostraran que la decisión obedeciera a fines
distintos al mejoramiento del servicio.

38. Ahora, si bien el demandante reprocha la inconsistencia de la cuidad
consignada en la hoja de firmas del acta de la junta, lo cierto es que se trata de un
argumento que fue analizado por la autoridad judicial demandada, donde se le indicó
que el acto de retiro se ajustó a los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y
motivación mínima exigidos por la jurisprudencia, descartándose además que la
mención de una ciudad distinta tuviera entidad suficiente para invalidar la decisión, al
tratarse de un simple error de digitación que no afectó el contenido ni la validez del
análisis realizado.

39. El demandante también manifestó que el proceso disciplinario principal
terminó en decisión absolutoria, argumento que para la Sala no tiene la entidad
suficiente para variar el sentido de la decisión, toda vez que no se puede dejar de
lado que el retiro del servicio activo es una facultad de carácter discrecional, respecto
de la cual se debe contar con previa recomendación de la Junta de Evaluación, como
en efecto ocurrió. Lo anterior, no sin antes advertir que dicha decisión se tomó no
solo con fundamento en dicho proceso, sino en conjunto con los demás, es decir, se
analizó su hoja de vida en conjunto.

40. Así las cosas, se observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
alguno, debido a que fue proferida de conformidad con las normas y jurisprudencia
que regulan la materia, apoyada en el material probatorio aportado al proceso
ordinario, todo lo cual le permitió concluir que el acto administrativo de retiro se
encontraba ajustado a derecho, comoquiera que no solo consignó la motivación que
dio lugar al retiro según el concepto de la junta de evaluación y clasificación, sino
que, además, correspondió con las exigencias jurisprudenciales que han establecido
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

41. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

42. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01220-00
Demandante: Óscar Andrés Franco Guevara

dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Óscar Andrés Franco Guevara en la
solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Décimo Mixto de Oralidad de
Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Óscar Andrés Franco
Guevara, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Décimo Mixto de
Oralidad de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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