Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01224-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01224-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01224-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01224-01
Demandante: Vías y Ambiente Limitada y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
perjuicios causados con vinculación a proceso de
responsabilidad fiscal / Defecto fáctico
Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Vías y Ambiente Limitada, Obras y
Proyectos RP y Cía. SAS y Augusto Rodríguez Pardo, en contra de la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia y declaró la
improcedencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Vías y Ambiente Limitada, Obras y Proyectos RP y Cía. SAS y Augusto
Rodríguez Pardo promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de julio de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-
23-36-000-2019-00119-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El 17 de diciembre de 2010, la contralora delegada para investigaciones,
juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la República dictó
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01224-01
Demandante: Vías y Ambiente Limitada y otros
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal 00912 contra el Consorcio
Intercol, conformado por las sociedades Vías y Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos
RD y Cía. Ltda., que fungía como interventor del contrato de obra 137 de 2007 que
tenía por objeto la ejecución de las obras de la fase III de Transmilenio.
2.2. Lo anterior, en atención a que se detectaron incumplimientos reiterados, lo
que ocasionó alteraciones en el valor del contrato, mayores costos para el Estado
y, en consecuencia, un presunto detrimento patrimonial e irregularidad de tipo fiscal.
2.3. El 29 de enero de 2014, se dictó auto de imputación de responsabilidad fiscal,
sin embargo, el 10 de octubre de 2016, la contralora delegada declaró sin
responsabilidad fiscal a las sociedades procesadas, pues advirtió que su actuar
estuvo acorde con las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría 174
de 2007 y de obra pública 137 de 2007.
2.4. El 19 de diciembre de 2016, la contralora General de la República resolvió el
grado de consulta en el sentido de confirmar la ausencia de responsabilidad fiscal
de los integrantes del Consorcio Intercol.
2.5. Presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Contraloría General de la República, para que se le declarara
patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos, a título de «daño al buen
nombre», daño emergente y lucro cesante, con ocasión de la vinculación infundada
a un proceso de responsabilidad fiscal.
2.6. El conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el cual en sentencia del 6 de
octubre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones al advertir que la entidad
demandada formuló imputación en contra de las sociedades demandantes sin la
configuración de indicios graves de responsabilidad, además estimó que el ente de
control incurrió en una indebida valoración de las pruebas obrantes en el expediente
administrativo, pues de aquellas resultaba evidente que el consorcio interventor no
cometió el hecho por el cual estaba siendo investigado. Las partes interpusieron
recurso de apelación contra la anterior decisión judicial.
2.7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió la sentencia
del 14 de julio de 2025 con la que revocó la sentencia de primera instancia para, en
su lugar, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa de Augusto Rodríguez Pardo y negó el resto de las súplicas.
2.8. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico
porque se revocó una decisión de primera instancia sin realizar una valoración
integral, racional y coherente del acervo probatorio, se omitieron hechos y pruebas
determinantes y otorgando validez a un auto de imputación fiscal que fue
desvirtuado con iguales pruebas en el fallo sin responsabilidad fiscal. Esta doble
falencia —omisión y valoración defectuosa— condujo a negar la existencia del daño
antijurídico y a declarar indebidamente la falta de legitimación por activa de Augusto
Rodríguez Pardo.
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Demandante: Vías y Ambiente Limitada y otros
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 6.2. Como consecuencia de la pretensión 6.1., ORDENAR al Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, dejar sin efecto
la sentencia de segunda instancia de fecha 14 de julio de 2025, mediante la cual se
revocó sentencia de primera instancia y se negaron todas las pretensiones de la
demanda que dio inicio al proceso de reparación directa radicado bajo el número
25000233600020190011900.
6.3. Como consecuencia de las anteriores pretensiones, ORDENAR al Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, proferir
una nueva sentencia en la que, al pronunciarse de fondo frente a los recursos de
apelación interpuestos por las partes en el proceso de reparación directa radicado bajo
el número.25000233600020190011900, se analicen de manera integral los hechos y se
valoren de manera completa las pruebas respectivas, relativas al daño antijurídico y a la
legitimación en la causa por activa del señor AUGUSTO RODRÍGUEZ PARDO,
expuestos en demanda que dio lugar al referido proceso de reparación directa. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2 manifestó que la
solicitud de tutela era improcedente, en tanto no se advertía alguna de las causales
de procedibilidad específicas con la que pudiera afirmarse la vulneración de un
derecho fundamental o la existencia de un perjuicio irremediable. Señaló que los
argumentos expuestos se referían a lo ya debatido en el proceso ordinario, por lo
que no se cumplía con la relevancia constitucional, dado que pretendía convertir la
tutela en una tercera instancia.
4.1. La parte demandante se limitó a afirmar que «mediante pruebas testimoniales»
se acreditó la legitimación en la causa por activa de Augusto Rodríguez Pardo, sin
siquiera precisar cuáles eran esos testimonios. De igual forma, manifestó que la
decisión cuestionada por los demandantes estuvo acorde con los supuestos fácticos
y jurídicos formulados en el escrito de la demanda, así como con las pruebas
aportadas, de las cuales llegó a la conclusión que en el asunto los demandantes no
acreditaron la configuración de un daño antijuridico.
4.2. Si bien para definir el problema jurídico se indicó que correspondía
determinar «si la entidad accionada ocasionó un daño antijurídico a las sociedades Vías y
Ambiente Ltda. y Obras y Proyectos RP & Cía. Ltda. por vincularlas a un proceso de
responsabilidad fiscal», lo cierto era que la referencia a la vinculación se hizo en un
sentido amplio de la palabra y no frente a una etapa procesal determinada del
trámite fiscal.
5. La Contraloría General de la República3 afirmó que la solicitud de tutela
carecía de relevancia constitucional, en tanto lo pretendido era convertir el
2 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
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Demandante: Vías y Ambiente Limitada y otros
mecanismo en una tercera instancia, además de la falta de inmediatez, tras
considerar que transcurrieron más de 6 meses desde la notificación del fallo de
segunda instancia y la radicación del escrito de tutela.
5.1. No se configuró el defecto fáctico alegado sino que, por el contrario, la
Contraloría llevó a cabo el proceso de responsabilidad fiscal en cumplimiento de un
deber constitucional y legal, por lo tanto, el fallo acusado se encontraba proferido
en derecho y con base en el análisis del material probatorio obrante en el
expediente, sin detrimento de las garantías de las sociedades demandantes.
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia4
7. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 19 de marzo de 2026
declaró improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no se acreditó
relevancia constitucional pues la solicitud de amparo no puede usarse como tercera
instancia. Así estableció que el demandante pretendía reabrir discusiones resueltas
por el juez natural. Además, que no se demostró la transgresión de los derechos
fundamentales invocados en la providencia cuestionada.
1.4. Escrito de impugnación5
8. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia, al considerar que la solicitud de tutela sí tiene
relevancia constitucional, además reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
tutela inicial.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela y
marco jurídico aplicable; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
4 Ver índice 21 de Samai.
5 Ver índice 26 de Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
10
13. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos12, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema Jurídico
17. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, vulneró los derechos fundamentales de Vías y Ambiente Limitada,
Obras y Proyectos RP y Cía. SAS y Augusto Rodríguez Pardo con ocasión de la
sentencia del 14 de julio de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa, con la que incurrió, presuntamente, en defecto
fáctico?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
18. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
pueden llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
19. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.4.2. Del defecto fáctico
20. Enprimer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional14, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.
21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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hechos analizados por el juez»15, «o cuando sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»16. La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.
22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Sobre el caso concreto
23. Vías y Ambiente Limitada, Obras y Proyectos RP y Cía. SAS y Augusto
Rodríguez Pardo acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 14 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C con la que se negaron las súplicas de la demanda.
24. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico
porque se revocó una decisión de primera instancia sin realizar una valoración
integral, racional y coherente del acervo probatorio, se omitieron hechos y pruebas
determinantes y otorgando validez a un auto de imputación fiscal que fue
desvirtuado con iguales pruebas en el fallo sin responsabilidad fiscal. Esta doble
falencia —omisión y valoración defectuosa— condujo a negar la existencia del daño
antijurídico y a declarar indebidamente la falta de legitimación por activa de Augusto
Rodríguez Pardo.
25. Al descender al caso en concreto, se observa que, después analizar las
pretensiones de la demandante, el tribunal demandado efectuó un recuento del
acontecer procesal del proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría
General de la República contra los aquí demandantes para proceder a establecer si
se configuraron los elementos de responsabilidad del Estado, en especial el daño
antijurídico, de la siguiente manera:
«[…] En suma, se concluye que la parte demandante no probó la causación cierta de un
daño antijurídico, de modo que, ante su ausencia como elemento esencial del instituto
indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su
existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora
no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba,
cuya omisión por la parte demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer
la existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.
15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
16 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
17 Sentencia T-538 de 1994.
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Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño, junto
con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la obligación
correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de contenido crediticio de
reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su prueba corresponde a quien
lo alega y reclama, tal y como se desprende de los artículos 1494 y 1757 del Código
Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación
indemnizatoria, es un deber insoslayable del acreedor, que solo puede
excepcionalmente suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello rompe el
equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma pues, debe
subrayarse que la responsabilidad estatal plantea en esencia una cuestión obligacional
entre acreedor (damnificado) y deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es
que la obligación indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad
extracontractual para que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de
la responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros, implica probar el daño antijurídico,
que en el caso de marras se extraña. […]». (sic)
26. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por el demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto fáctico o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
27. Para arribar a tal conclusión corresponde pronunciarse sobre cada una de
las inconformidades formuladas por la parte demandante en sede de tutela, razón
por la cual la Sala comenzará por precisar que no comparte el reproche según el
cual la providencia de segunda instancia incurrió en una omisión absoluta al no
pronunciarse específicamente sobre los hechos contenidos en los numerales 2.33
a 2.64 de la demanda reformada, relacionados con las actuaciones desplegadas por
los integrantes del consorcio interventor dentro del proceso de responsabilidad
fiscal.
28. Al respecto, si bien es cierto que en la sentencia cuestionada no se llevó a
cabo un examen individual y expreso de cada uno de los hechos allí enunciados, lo
cierto es que ello no constituye, por sí solo, una vulneración del debido proceso,
pues la jurisprudencia constitucional ha establecido que los jueces no están
obligados a realizar un pronunciamiento detallado sobre cada una de las
alegaciones de las partes, siempre que la decisión evidencie que el asunto fue
comprendido y resuelto con base en un análisis razonado de los elementos
relevantes del litigio.
29. En el caso concreto, la corporación judicial demandada delimitó el problema
jurídico en torno a la existencia del daño antijurídico y, a partir de esa perspectiva,
examinó el contexto general del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la
Contraloría General de la República, por lo que bajo ese enfoque, concluyó que la
vinculación de las sociedades al proceso fiscal obedeció al ejercicio de funciones
constitucionales de control, y que no se acreditó una actuación arbitraria ni una
afectación que no estuvieran en la obligación de soportar.
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30. En ese orden, los hechos a los que alude la parte actora —relativos a la
interposición de nulidades, recursos, descargos y demás actuaciones dentro del
proceso fiscal— si bien describen el desarrollo de tal trámite, no resultaban
determinantes frente al aspecto central definido por el ad quem, esto es, la
acreditación del daño antijurídico. Es decir, aun en el evento en que tales
actuaciones se tuvieran en cuenta de manera expresa, ello no necesariamente
conducía a una conclusión distinta, en la medida en que la sentencia se fundamentó
en la inexistencia de un daño antijurídico derivado del ejercicio legítimo de la función
fiscal.
31. La Sala tampoco comparte el reparo según el cual la corporación judicial
demandada incurrió en un error al señalar que el daño antijurídico alegado se
derivaba de la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal, cuando, a juicio de
los demandantes, el verdadero fundamento de la demanda consistía en la
prolongación indebida de esa vinculación en la imputación.
32. En efecto, del examen de la providencia cuestionada se advierte que el
Consejo de Estado, al delimitar el problema jurídico, reformuló el núcleo del
reproche expuesto en la demanda en términos de la eventual causación de un daño
antijurídico con ocasión del proceso fiscal adelantado por la Contraloría General de
la República. En ese contexto, aludió a la vinculación de las sociedades al proceso
de responsabilidad fiscal como el marco general dentro del cual se inscribía la
controversia, sin que ello implique que desconociera los planteamientos de la parte
demandante.
33. Así las cosas, al concluir que la actuación del ente de control —incluyendo la
vinculación y el desarrollo del proceso fiscal— se enmarcó en el ejercicio legítimo
de sus competencias y que no se acreditó una afectación antijurídica, el juez natural
del asunto resolvió el problema jurídico propuesto desde una perspectiva integral,
aun cuando no acogió la precisión conceptual planteada por los demandantes
respecto de la etapa específica en la cual presuntamente se materializó el daño.
34. En resumen, la Sala observa que el cuestionamiento central de los
demandantes radica en que el Consejo de Estado omitió valorar de manera integral
el acervo probatorio, en especial las pruebas que, a su juicio, demostraban que la
imputación de responsabilidad fiscal fue irregular y que la posterior absolución en el
proceso fiscal evidenciaba la existencia del daño antijurídico.
35. No obstante, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
corporación judicial demandada sí identificó y analizó un conjunto de elementos
probatorios relevantes, tales como los contratos de obra e interventoría, las actas
de recibo y los informes obrantes en el expediente, a partir de los cuales estructuró
su conclusión principal, consistente en que no se acreditó la existencia del daño
antijurídico.
36. Al respecto, se debe precisar que el defecto fáctico no se configura por la
simple discrepancia frente a la valoración de las pruebas, sino solo cuando esta
resulta arbitraria, irracional o caprichosa, o cuando se omiten pruebas de carácter
determinante, lo cual no sucede en este asunto, pues la inconformidad de los
demandantes no evidencia una omisión probatoria ostensible, sino una diferencia
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de criterio respecto de la relevancia y alcance de los elementos de convicción, lo
que constituye un cuestionamiento propio del juez natural del proceso y no del juez
constitucional.
37. En efecto, la providencia cuestionada adoptó una postura jurídica conforme
a la cual la simple vinculación a un proceso de responsabilidad fiscal, aun si este
culmina sin declaración de responsabilidad, no genera per se un daño antijurídico,
en la medida en que corresponde al ejercicio legítimo de las funciones
constitucionales de control fiscal. Bajo ese entendimiento, el Consejo de Estado
estimó que no se acreditó una actuación arbitraria o irregular que desbordara el
marco de las competencias de la entidad demandada, ni una afectación que no
estuviera jurídicamente llamada a soportar la parte demandante.
38. Ahora bien, en lo que respecta a la alegada ausencia de valoración del daño
antijurídico, la Sala advierte que la crítica de los demandantes se fundamenta en
considerar que las irregularidades del proceso fiscal, así como la prolongación de
su vinculación a aquel trámite, constituían por sí mismas el daño cuya reparación
se reclamaba. Sin embargo, la providencia cuestionada rechazó este razonamiento
y estimó que tales circunstancias no eran suficientes para configurar el daño
antijurídico sin la acreditación de una afectación concreta, ilegítima y no exigible,
carga que aquellos no cumplieron, por lo cual el estudio realizado por la corporación
judicial demandada no resulta arbitrario y mucho menos es susceptible de ser
corregido en sede de tutela.
39. Por último, en relación con el cuestionamiento formulado frente a la decisión
de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Augusto Rodríguez
Pardo, se advierte que el Consejo de Estado aplicó la regla general conforme a la
cual los perjuicios causados a una persona jurídica no se trasladan
automáticamente a sus socios, representantes o accionistas, salvo que se
demuestre una afectación personal, directa y diferenciada (levantamiento del velo
corporativo), frente a lo cual los demandantes no logran evidenciar que el juez de
segunda instancia omitiera valorar pruebas determinantes o que su conclusión
carezca de sustento, sino que se limitan a expresar su desacuerdo con la
interpretación adoptada.
40. Así las cosas, lejos de evidenciar una valoración probatoria irrazonable, lo
que se advierte es una construcción argumentativa sustentada en una determinada
concepción del daño antijurídico, la cual, si bien puede no coincidir con la sostenida
por el juez de primera instancia o por los demandantes, se encuentra dentro del
margen de autonomía judicial. En tal sentido, la tutela no puede ser utilizada como
un mecanismo para reabrir el debate probatorio ni para sustituir el criterio del juez
natural.
41. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01224-01
Demandante: Vías y Ambiente Limitada y otros
42. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en los
defectos especiales alegados, debido a que fue proferida de conformidad con las
normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado
al medio de control adecuado.
43. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
judicial de primera instancia que declaró la improcedencia para, en su lugar, negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por Vías y Ambiente Limitada,
Obras y Proyectos RP y Cía. SAS y Augusto Rodríguez Pardo, en la solicitud de
tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Vías y Ambiente Limitada, Obras y Proyectos RP y Cía. SAS y
Augusto Rodríguez Pardo, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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