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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01229-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación que elevaron el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Rama Judicial. SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Leonardo Paz Murillo y otro. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01229-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01229-00
Demandantes: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés [23] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01229-00
Demandantes: JORGE LEONARDO PAZ MURILLO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
privación injusta de la libertad – declara la improcedencia por
falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 17 de febrero de 2026, los señores Jorge Leonardo Paz Murillo y Norma Faustina
Torijano Ceballos, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela
con el fin de que se les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión del
fallo de 25 de agosto de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante el cual se confirmó la providencia de 16 de mayo de 2025, dictada
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que negó las
pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
76001-33-33-006-2022-00258-00/01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

● El señor Jorge Leonardo Paz Murillo y otros1 presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante

1 Norma Faustina Torijano Ceballos (ambos actuando en nombre propio y en nombre de su hija

menor María José Paz Torijano), Melba Lily Murillo Ramos, Leonardo Paz Ramos, Óscar Raúl
Caicedo Mancilla, Ana Gisela Paz Murillo (actuando en nombre propio y en nombre de sus hijos
menores Erick Santiago Salazar Paz y Ana Isabella Salazar Paz), Eliseo Paz Aranda, Fabián
Eduardo Murillo Ramos, Paula Andrea Murillo Ramos, Darly Katherine Escobar Murillo, Ingrith
Lorena Escobar Murillo, Neyder Fernando Escobar Murillo y Robinson Salazar Sánchez.

1
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Rama Judicial] y la Fiscalía General de la Nación, por la presunta privación injusta
de la libertad, así como por la prolongación de la medida restrictiva de la libertad,
que padeció el primero en mención, con ocasión de un proceso penal adelantado
por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o
municiones en concurso con hurto calificado y agravado y acceso carnal violento, el
cual culminó, en segunda instancia, con prescripción de la acción2.

● El 16 de mayo de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Cali negó las pretensiones del medio de control al considerar que la medida de
aseguramiento fue razonable, proporcional y necesaria, de acuerdo con los
presupuestos legales para el efecto.

● Por su parte, analizó el cargo por defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, sin embargo, concluyó que «la parte actora no logró demostrar la omisión
en que incurrieron las accionadas en el trámite del proceso penal», máxime cuando
ni siquiera la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca concluyó
que los funcionarios implicados hubiesen incurrido en falta disciplinaria con ocasión
del desarrollo del proceso penal en el que se vio inmerso el señor Paz Murillo.

● Esta decisión fue objeto de apelación por la parte desfavorecida, oportunidad en
la que el extremo demandante manifestó que el a quo no observó la inactividad y el
tiempo que transcurrió desde el año 2013 hasta el 2020; cuando se profirió la
sentencia absolutoria, por lo que había prueba de una tardanza que se censuró a
través del título de falla del servicio. Agregó que el fallador de primera desconoció
que la razón por la que no se sancionó disciplinariamente a los funcionarios que
participaron en el proceso penal fue porque operó la extinción de la acción.

● El 25 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, luego de
hacer alusión de la SU-072 de 2018 y la sentencia C-037 de 1996, y de advertir que
implementaría el régimen subjetivo, confirmó el fallo del a quo al compartir las
consideraciones de primer grado.

● Particularmente señaló que la medida restrictiva se sustentó en el material
probatorio3 recaudado para esa fecha, razón por la cual la decisión de «la juez penal
para imponer la medida de aseguramiento se encuentran ajustadas a derecho. En
efecto, la Sala comparte que el juez de control de garantías impuso la medida de
aseguramiento para salvaguardar los derechos de la víctima, toda vez que el señor
Jorge Leonardo Paz Murillo vivía en una vereda cercana a la casa en la que
sucedieron los hechos por los cuales fue investigado».

● Añadió que acogía «las consideraciones del A quo en relación con el alegado
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en virtud de la

2 «el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira mediante
sentencia de primera instancia absolvió de los cargos imputados al señor Paz Murillo. Dicha decisión
se modificó por el Tribunal Superior del Distrito de Buga -Sala Penal-, a través de sentencia del 30
de septiembre de 2020, que decretó la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, precluyó
la investigación en contra del afectado directo».
3 «para el momento en que la medida de aseguramiento se impuso al señor Jorge Leonardo Paz

Murillo el 2 de agosto de 2010, la Fiscalía contaba con elementos materiales probatorios suficientes-
el informe policía sobre los hechos, reconocimiento en fila de personas y la entrevista realizada a la
víctima-para iniciar investigación en contra del demandante a fin de esclarecer la posible
participación del mismo en los delitos endilgados y, además cuando se solicitó la medida de
aseguramiento, para el juez natural la misma resultó necesaria y proporcional, debido a la conducta
que en ese momento desplegó el actor».

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declaratoria de prescripción de la acción penal y la consecuente preclusión de la
investigación. Ello, en la medida de que dicha circunstancia no conlleva a que la
restricción de la libertad del hoy demandante hubiese sido injustificada19. Tampoco
se acreditó en esta sede que la mora procesal obedeció a omisiones atribuibles a
los funcionarios encargados del impulso procesal y de la adopción de las decisiones
correspondientes».

● La providencia de segunda instancia fue notificada el 28 de agosto de 2025 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 17 de febrero de 2026.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al: 1) debido proceso (Art. 29
C.P.), 2) acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), 3) plazo razonable —
garantía convencional acogida por el Bloque de Constitucionalidad (Art. 93 C.P).
Vulneraciones incurridas en la sentencia del 25 de agosto del 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a las causales desarrolladas en
los acápites: […].

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de agosto de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación
directa radicado 76001-3333-006-2022-00258-01 y se le otorgue un plazo razonable
para que profiera nueva sentencia sin las irregularidades que fueron objeto de
tutela4.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos: fáctico, «DESFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
POR TARDANZA JUDICIAL IRRACIONAL5», y violación directa de la constitución
y del bloque de constitucionalidad.

En primer lugar, precisaron que el tribunal ignoró la prueba documental consistente
en la providencia de 30 de septiembre de 2020, en la que el Tribunal Superior de
Buga, Sala Penal documentó, censuró y ordenó compulsar copias por las
irregularidades judiciales que generaron, no solo la prescripción de la acción penal,
«sino que además produjeron una tardanza judicial irracional, anormal e intolerable
en el procesamiento del enjuiciado, ya que incluso la misma SALA PENAL del
Tribunal Superior de Buga declaró expresamente que “la situación jurídica de una
persona NO PUEDE PERMANECER SUB-JUDICE AL ARBITRIO DE LA
AUTORIDAD”».

En el mismo sentido, y en cuanto al segundo yerro en mención, expusieron que el
«Tribunal DESCONOCIÓ los elementos probatorios que acreditaban la mora judicial
irrazonable exigiendo a los demandantes una mayor demostración de “cuál fue
exactamente la omisión en que incurrieron las accionadas”, cuando YA EXISTÍA EN
EL EXPEDIENTE la prueba documental de las irregularidades: la providencia del 30
de septiembre de 2020 del Tribunal Superior de Buga – Sala Penal […]».

4 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
5 Mayúsculas sostenidas del texto original

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En cuanto al tercer defecto enunciado, advirtieron que la accionada no realizó «el
análisis de plazo razonable conforme a los estándares interamericanos, pese a que
la demanda invocó expresamente la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículos 7.5 y 8.1) como también se invocó el plazo razonable conforme
al criterio manejado como precedente jurisprudencial del Consejo de Estado 6 en
cuanto a la producción de un daño antijurídico y su consecuente responsabilidad
Estatal.

Finalmente señaló que «el Tribunal Administrativo OMITIÓ COMPLETAMENTE
analizar la controversia central del proceso: LA COMPULSA DE COPIAS ordenada
por el Tribunal Superior de Buga – Sala Penal contra los funcionarios judiciales por
las DEMORAS IRRACIONALES».

1.5. Trámite procesal de la acción

El 19 de febrero de 2026 el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación de los tutelantes y de la autoridad judicial accionada.

Por su parte vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación [extremo procesal pasivo dentro del
medio de control de reparación directa] al Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali [autoridad judicial que conoció en primera instancia], y a los
señores Melba Lily Murillo Ramos [actuando en nombre propio y en nombre de sus
hijos menores Erick Santiago Salazar Paz y Ana Isabella Salazar Paz], Eliseo Paz
Aranda, Fabián Eduardo Murillo Ramos, Paula Andrea Murillo Ramos, Darly
Katherine Escobar Murillo, Ingrith Lorena Escobar Murillo, Neyder Fernando
Escobar Murillo, y Robinson Salazar Sánchez [parte actora dentro del proceso
ordinario], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite
tutelar.

El 7 de abril de 2026 el despacho sustanciador dispuso vincular, en calidad de
tercero con interés en las resultas del proceso, a los señores Leonardo Paz Ramos,
Óscar Raúl Caicedo Mancilla, y Ana Gisela Paz Murillo [actuando en nombre propio
y en nombre de sus hijos menores Erick Santiago Salazar Paz y Ana Isabella
Salazar Paz] al integrar la parte demandante del proceso ordinario en donde se
expidió la sentencia controvertida en sede de tutela.

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, no obstante, el 20 de abril de
2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para
conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el 23 de abril de 2026 la sala lo
declaró infundado.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

6 Respecto al presunto precedente citó lo siguiente: «Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto

de 2021, Rad. 25000-23-26-000-2012-00004-01(50498), C.P. José Roberto Sáchica Méndez: “Solo
la DILACIÓN INJUSTIFICADA que desborde la acción y diligencia de las autoridades judiciales, para
actuar en un plazo razonable puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas.”».

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1.6.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso que la parte actora
pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso ordinario, por lo que no
se acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

Añadió que «la providencia atacada se expidió conforme al material probatorio
allegado al proceso y con base en las razones expuestas de forma amplia en la
decisión controvertida, a la que me remito de forma respetuosa para evitar
reiteraciones».

1.6.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Rama
Judicial pidieron su desvinculación, comoquiera que el trámite constitucional se
dirigió exclusivamente contra el tribunal.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Leonardo Paz Murillo y otro, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa – solicitud de desvinculación

Se recuerda que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali
y la Rama Judicial pidieron su desvinculación, sin embargo, esta colegiatura no
accederá a estos requerimientos, comoquiera que sus vinculaciones obedecieron al
interés que puede tener en las resultas del proceso, en atención a que, por un lado,
la autoridad judicial fue la que conoció el asunto en primera instancia, y la segunda
entidad en mención integró la parte pasiva del proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial accionada,
con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 25 de agosto de 2025.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 7
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de

7
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.

5
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201411, que en concreto se refieren a:

8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia12.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al
expediente, particularmente advirtió que el tribunal no tuvo en cuenta que una
autoridad judicial al interior del proceso penal reconoció el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la mora judicial.

Ahora bien, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de los
accionantes, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de
la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

En este orden de ideas, para esta sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, que a su vez se cimentó en los defectos catalogados como
«DESFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR TARDANZA
JUDICIAL IRRACIONAL13» y violación directa de la constitución y del bloque de
constitucionalidad, no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado, en el
marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una
reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, no desvirtúa, prima facie, el análisis
realizado por el tribunal en el marco de una decisión desproporcionada o
irrazonable.

Al respecto se destaca que el tribunal sustentó la negativa de las pretensiones al
exponer que la medida preventiva fue razonable, proporcional y en cumplimiento de
los presupuestos legales para el efecto, comoquiera que, para el momento de la
restricción de la libertad, existían serios indicios frente al peligro que representaba
el sindicado para la comunidad y para la víctima, ya que se contaba con el informe
policía sobre los hechos, reconocimiento en fila de personas y la entrevista realizada
a la víctima, lo que estimó suficientes para deducir que aquel podía ser autor de la
conducta delictiva investigada, sin que se pudiera pedir al juez de control de

12
Énfasis de la sala.
13 Mayúsculas sostenidas del texto original

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garantías tomar una decisión diferente a la de la medida restrictiva de la libertad.

Además, el tribunal precisó que el cargo por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia tampoco tenía vocación de prosperidad en la medida de
que la declaratoria de prescripción de la acción penal y la consecuente preclusión
de la investigación no conlleva a que la restricción de la libertad hubiese sido
injustificada, máxime cuando el ad quem señaló que no se acreditó que la mora
procesal obedeció a omisiones atribuibles a los funcionarios encargados del impulso
procesal y de la adopción de las decisiones correspondientes.

En este orden de ideas, se advierte que los tutelantes pretenden reabrir el debate
legal y buscan que el juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que
asumió el juez natural de la causa, el cual estableció, bajo los criterios de la
sentencia SU-072 de 2018, que la limitación de la libertad fue razonable y con
sustento legal.

En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, sino que, por el
contrario, se advierten argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico
expuesto en la demanda por la presunta prolongación de la privación de la libertad
del señor Jorge Leonardo Paz Murillo, para a su vez, disentir del análisis probatorio
y legal efectuado por la autoridad judicial de segundo grado demandada, con el fin
de imponer el criterio consistente en que opera una declaratoria de responsabilidad
automática con ocasión al reconocimiento de una mora por parte de una autoridad
penal, criterio que no le corresponde definir a esta colegiatura en sede de tutela.

Al respecto, esta sala resalta que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico14, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»15 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.5.2. Además, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte

14
Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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contó con la solicitud de adición para que el tribunal demandado resolviera el yerro
consistente en que se «OMITIÓ COMPLETAMENTE analizar la controversia central
del proceso: LA COMPULSA DE COPIAS ordenada por el Tribunal Superior de
Buga – Sala Penal contra los funcionarios judiciales por las DEMORAS
IRRACIONALES».

En efecto, el artículo 287 establece que «[c]uando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por
medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte presentada en la misma oportunidad», no obstante, los accionantes no
acreditaron que hicieron uso de ese mecanismo de defensa judicial.

Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]16».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 17. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los demandantes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.

16
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
17
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01229-00
Demandantes: Jorge Leonardo Paz Murillo y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación que elevaron el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Rama Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Jorge Leonardo Paz Murillo y otro.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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