República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01237-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Distrito de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: proceso de cobro coactivo.
Subtema 2: subsidiariedad. Subtema 3: improcedencia.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por Fraydique Alexander Gaitán Rondón en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
1. Síntesis del caso
El señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la seguridad
jurídica, que consideró vulnerados con ocasión de las actuaciones surtida al interior
del proceso de cobro coactivo identificado con el radicado núm.
202408308100139857.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
El señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón es docente al servicio de la
Secretaría de Educación de Bogotá, desde el año de 1993, nombrado mediante
Resolución núm. 202 del 1 de enero de la referida anualidad. Durante su vinculación
fue ascendido en el escalafón nacional docente hasta llegar al grado 13.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
3.
La Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de
Bogotá, mediante Resolución núm. 303 del 30 de enero de 2023 ordenó lo siguiente:
[…] al señor FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN RONDON, […], el reintegro de la
suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCO PESOS M/CTE ($125.067.605), por concepto de mayor valor pagado durante
el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 hasta el 05 de octubre de
2021, como consecuencia de la novedad de revocatoria parcial del ascenso en el
Escalafón Nacional Docente del grado 13 al grado 11, conforme a la liquidación del 30
de marzo de 2022, efectuada por la Oficina de Nomina, más la suma de dinero que
resulte al liquidar los intereses moratorios de conformidad al artículo 9 de la ley 68 de
1923, que estableció una tasa de doce (12%) anual a partir de la fecha en que esta se
hizo exigible y hasta el momento en que se efectúe el pago total […]. [sic].
4.
El señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón presentó recurso de reposición
contra la Resolución núm. 303 del 30 de enero de 2023. Sin embargo, la Secretaría
Distrital de Educación, por medio de acto administrativo núm. 1364 del 17 de mayo
de 2023, confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.
5.
La referida entidad, mediante el oficio núm. 2024ER143750O1 del 13 de junio
de 2024, remitió las resoluciones núm. 303 del 30 de enero de 2023 y 1364 del 17
de 2023 a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, con el fin de que se
adelantara el proceso administrativo de cobro coactivo núm. 202408308100139857
contra Fraydique Alexander Gaitán Rondón, por la suma de 125.067.605 de pesos,
correspondiente al reintegro de nómina por mayores valores pagados.
6.
El señor Gaitan Rondon, el 12 de diciembre de 2023, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de Educación
de Bogotá, con el fin de que se dejaran sin efecto las resoluciones núm. 303 del 30
de enero de 2023 y 1364 del 17 de mayo de 2023 y, en consecuencia, la entidad se
abstuviera de tramitar el proceso de cobro coactivo.
7.
El Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, mediante
auto del 7 de octubre de 2024, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el
expediente a los juzgados administrativos de Bogotá, Sección Cuarta.
8.
El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo de Bogotá, Sección Cuarta, por auto
del 15 de noviembre de 2024, declaró la falta de competencia y planteó el conflicto
de competencias. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
9.
La jefe de la Oficina de Gestión Cobro de la Subdirección de Cobro No Tributario
de la Dirección Distrital de Cobro, libró el mandamiento de pago núm. DCO-146701
del 24 de diciembre de 2024 contra Fraydique Alexander Gaitán Rondón. Dicho acto
fue notificado al accionante por correo el 5 de marzo de 2025, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
10.
En la resolución mediante la cual se libró la orden de pago, se dispuso el
embargo y secuestro de los bienes muebles o inmuebles, establecimientos de
comercio, salarios, honorarios, derechos o créditos, así como las sumas de dinero
que el ejecutado tenga o llegue a tener depositadas en cuentas de ahorro o
corriente.
11.
El señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón presentó como excepciones
contra el mandamiento de pago las que denominó: i) falta de título; y, ii) presentación
de demanda de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
12.
La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, mediante la Resolución núm.
DCO- 079932 del 12 de mayo de 2025, declaró no probadas las excepciones
propuestas por el accionante y ordenó seguir adelante con la ejecución hasta
conseguir el pago total de la obligación. Contra dicha decisión, el tutelante presentó
recurso de reposición.
13.
La referida entidad, mediante Resolución núm. DCO-246367 del 10 de
septiembre de 2025, confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución núm.
DCO-079932 del 12 de mayo de 20251.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE DEFENSA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
MÍNIMO VITAL, DIGNIDAD HUMANA y SEGURIDAD JURÍDICA.
SEGUNDO. ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hacienda – Subdirección de Cobro
No Tributario – Oficina de Gestión de Cobro, que disponga la SUSPENSIÓN
INMEDIATA Y TOTAL del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No.
202408308100139857, como medida transitoria, hasta que:
1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelva el conflicto negativo de
competencia entre los Juzgados 39 y 25 Administrativos de Bogotá.
2. El juez natural competente decida sobre la admisión de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y se pronuncie acerca de la medida cautelar
de suspensión provisional de los actos administrativos que constituyen el título
ejecutivo.
TERCERO. ORDENAR que se dejen sin efecto todas las medidas cautelares de
embargo de salarios, cuentas de nómina y demás ingresos laborales que se hayan
decretado en el marco del proceso de cobro coactivo, y que se proceda al
desembargo inmediato de los dineros retenidos, en protección de mi mínimo vital y el
de mi familia.
1
«Por medio de la cual se resuelve la solicitud de excepciones dentro del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo N°
202408308100139857».
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01237-00, índice 2, certificado núm. 5862E941B012CFD C6856FB27C0B75D7
DB740E39532312E2 9DFC5D060E147930.
3
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Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
CUARTO. ORDENAR a la entidad accionada que, en el término de tres (3) días
hábiles, remita a este proceso de tutela copia íntegra de las constancias de
notificación (guías de correo, actas de citación, publicaciones de edictos, constancias
de devolución, etc.) de:
• Resolución No. 2163 de 2005.
• Resolución No. 13527 de 2021.
• Resolución No. 1088 de 2022.
• Resolución No. 303 de 2023.
• Resolución No. 1364 de 2023.
Con el fin de que el juez constitucional verifique la legalidad del título ejecutivo y, de
ser necesario, declare la configuración de una vía de hecho.
QUINTO. PREVENIR a la Secretaría Distrital de Hacienda para que, en adelante,
ajuste sus actuaciones de cobro coactivo a los estándares fijados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado sobre: notificación regular de los actos, respeto
del precedente y protección del mínimo vital del ejecutado.
SEXTO. ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. que aplique
el artículo 831 del Estatuto Tributario conforme a la Constitución Política y derecho
para garantizar mis derechos fundamentales, en el sentido de entender satisfecha la
excepción de pleito pendiente con la acreditación de la radicación de la demanda
judicial, cuando la inexistencia de auto admisorio obedezca a conflictos de
competencia o dilaciones judiciales ajenas al accionante […]3.
15.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, al proferir la Resolución núm. DCO-
079932 del 12 de mayo de 2025, mediante la cual se declararon no probadas las
excepciones propuestas por el accionante y se ordenó seguir adelante con la
ejecución, vulneró sus derechos fundamentales porque no tuvo en cuenta las
circunstancias que le impidieron desvirtuar los efectos del mandamiento de pago.
16.
En este sentido, explicó que la entidad accionada desestimó la excepción
denominada «interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho», conforme al numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, sin tener
en cuenta que en el asunto se encuentra pendiente por resolver un conflicto de
competencias y, por ende, no se le ha admitido la demanda ni se han pronunciado
sobre las medidas cautelares invocadas contra el título ejecutivo (resoluciones núm.
303 de enero de 2023 y 1364 de mayo 17 de 2023).
17.
Agregó que la autoridad accionada incurrió en un exceso ritual manifiesto
porque declaró no probada la mencionada excepción, sin verificar que la
imposibilidad de aportar el auto admisorio del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, tiene un origen en la mora institucional de la Rama Judicial, que no le
es imputable al demandante. Además, interpretó la expresión «interposición» del
artículo 831 del Estatuto Tributario como el acto procesal de admitir el asunto.
3
Se transcribe incluso con errores
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
18.
Por otro lado, adujo que la entidad accionada desconoció que las resoluciones
que sirvieron de título ejecutivo no fueron notificadas en debida forma a la parte
afectada, por lo que la obligación contenida en estas no le era exigible al accionante
19.
Adicionalmente, indicó que la solicitud de amparo es procedente como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, debido a que el proceso
de cobro coactivo se encuentra activo y en fase de ejecución, con medidas de
embargo decretadas y susceptibles de materializarse en cualquier momento sobre
su salario y prestaciones sociales, los cuales son su única fuente de ingresos del
cual se deriva su mínimo vital y el de su familia.
20.
Asimismo, refirió que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, pues
en la demanda nulidad y restablecimiento del derecho que presentó, se encuentra
pendiente por definir un conflicto de competencias, cuya mora ha restringido el
desarrollo del proceso y, en consecuencia, no se ha podido definir la legalidad de
los actos administrativos demandados.
21.
Expresó que, «si bien la situación no es imputable disciplinaria ni
funcionalmente al Tribunal, lo cierto es que la ausencia de juez natural ha generado
un bloqueo institucional que torna ineficaz el medio ordinario de defensa y no puede
ser trasladado al ciudadano diligente que acudió oportunamente a la jurisdicción»,
por lo que en su criterio, la «vinculación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se justifica no con fines de reproche subjetivo, sino en atención a
que la falta de resolución oportuna del conflicto negativo de competencia produce
un efecto constitucionalmente relevante, al impedir el acceso real y efectivo del
accionante a la administración de justicia».
2.3. Trámite procesal
22.
La solicitud de amparo fue radicada ante el Juzgado Ochenta y Uno Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Dicha autoridad, por auto
del 5 de enero de 2026, admitió la tutela. Posteriormente, mediante fallo de 7 de
enero de 2026, declaró improcedente la acción. Contra dicha decisión la parte
actora presentó escrito de impugnación.
23.
El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá, a través de providencia del 17 de febrero de 2026, se abstuvo de emitir
pronunciamiento de fondo y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, al
considerar implicaba una valoración de las actuaciones surtidas por los juzgados
administrativos y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
24.
El despacho ponente, mediante auto del 20 de febrero de 20264, resolvió: i)
declarar la nulidad de lo actuado por el Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá, ii) admitir la solicitud de amparo, iii)
ordenar la notificación a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en su calidad
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01237-00, índice 6, certificado núm. CF93E30910D3A2B2 E43C35D53E5E338F
EDDB3A011E6E4512 B6FBB8CCF9FB407B.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
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de autoridad accionada, iv) vincular a los juzgados Veinticinco y Trenita y Nueve
Administrativos de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y v) negar
la medida provisional solicitada por la parte actora.
2.4. Intervenciones
25.
El Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá5, remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
26.
El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo de Bogotá6 informó que, en atención
a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante,
profirió auto el 15 de noviembre de 2024 mediante el cual se declaró la carencia de
competencia y planteó el conflicto negativo.
27.
Añadió que «por medio de mensaje de datos enviado el 24 de febrero de 2026
a la dirección de correo electrónico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
se llevó a cabo la remisión del expediente de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho 11001-33-37-039-2024-00358-00».
28.
Adicionalmente remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin referirse a los hechos y pretensiones
de la tutela.
29.
La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá7 manifestó que la solicitud de
amparo es improcedente toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues el tutelante dispone de otro mecanismo de defensa judicial para cuestionar los
actos administrativos proferidos al interior del proceso de cobro coactivo que lo
afectan.
30.
Además, afirmó que la entidad adelantó el proceso de cobro coactivo, conforme
a la normativa tributaria y procesal preestablecida, con la garantía del acceso a los
mecanismos de defensa a que tiene derecho el contribuyente, por lo que no es
posible advertir la existencia de una actuación concreta que haya vulnerado los
derechos del accionante.
31.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció sobre los hechos
y las pretensiones expuestos en el escrito de tutela.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01237-00, índice 13, certificado núm. 235806C6F4B0E616 966632C8BA1F7321
FEB88E9F6E2EB32B E4278B947C1AA9C5.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01237-00, índice 18, certificado núm. 3196CA45863BDDFE ED4D4B629D2C6AB1
AB5F4E0D4AD43ADA BBA7C7C880EC0E12.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01237-00, índice 19, certificado núm. 6543D7BCA76D003A F492642414F0F931
5AA6B386F7DC74A3 26433AF798A0613A.
6
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Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Fraydique Alexander Gaitán
Rondón contra el Distrito de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda.
3.2. Legitimación en la causa
33.
La legitimación en la causa por activa del señor Fraydique Alexander Gaitán
Rondón está acreditada porque es la persona en quien recaen los efectos de las
decisiones adoptadas en el proceso de cobro coactivo que, a su juicio, desconoció
sus derechos fundamentales.
34.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Distrito de
Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda, debido a que fue la autoridad que profirió
los actos administrativos dentro del proceso de cobro coactivo, objeto de estudio.
3.3. Problema jurídico
35.
La Sala debe determinar si ¿la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración
de justicia, al mínimo vital y a la seguridad jurídica del señor Fraydique Alexander
Gaitán Rondón, al proferir las resoluciones DCO- 079932 del 12 de mayo de 2025
y DCO-246367 del 10 de septiembre de 2025, mediante las cuales declaró no
probadas las excepciones propuestas por el accionante y ordenó seguir adelante
con la ejecución y, se confirmó esta determinación?
36.
Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿el escrito de amparo
supera el requisito de procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela de
subsidiariedad?
37.
Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; y ii) el caso concreto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
38.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez8.
8
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
7
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39.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»10.
3.4.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
40.
El señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón presentó tutela con la pretensión
principal de que se ordene a la Secretaría Distrital de Hacienda, Subdirección de
Cobro No Tributario, Oficina de Gestión de Cobro, que disponga la suspensión
inmediata del proceso administrativo de cobro coactivo núm.
202408308100139857.
41.
Lo anterior supone controvertir las decisiones adoptadas por la entidad
accionada, contenidas en i) la Resolución DCO- 079932 del 12 de mayo de 2025,
que declaró no probadas las excepciones propuestas por el accionante y ii) la
Resolución DCO-246367 del 10 de septiembre de 2025, que la confirmó.
42.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199111
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso12.
43.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables13.
44.
En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Fraydique Alexander
Gaitán Rondón puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
resoluciones DCO- 079932 del 12 de mayo de 2025 y DCO-246367 del 10 de
septiembre siguiente, que declararon no probadas las excepciones propuestas y
ordenaron seguir adelante con la ejecución. Decisiones que, a su juicio, vulneraron
sus derechos fundamentales.
9
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
11
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
12
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
13
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
8
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Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
45.
Lo expuesto tiene fundamento en lo previsto en el artículo 835 del Estatuto
Tributario14, el cual establece expresamente que: «[…] serán demandables ante la
Jurisdicción Contencioso — Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución […]».
46.
La Corte Constitucional ha indicado que «por regla general, la acción de tutela
«resulta improcedente para dirimir conflictos que involucren derechos de rango
legal, específicamente cuando se trata de controversias legales que surgen con
ocasión a la expedición de actos administrativos»15. Esto, en atención a «i) los
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las actuaciones de la
administración establecidos en el ordenamiento jurídico; ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y, iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos
en ejercicio de los mecanismos ordinarios»16»17.
47.
En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13818 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), el tutelante puede solicitar que se dejen sin efectos los referidos actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas en su contra y el archivo de las actuaciones surtidas
al interior del proceso de cobro coactivo.
48.
Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se
dirige a cuestionar los motivos y razones de orden legal en los que se fundamentó
la administración para ejecutar una obligación económica en su contra.
49.
Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las
órdenes necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por la entidad
accionada.
50.
En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:
14
ARTICULO 835. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo
coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el
remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción
15
Sentencia SU-439 de 2017. Sentencia SU-498 de 2016.
16
Sentencia T-146 de 2019. Cfr. Sentencias SU-439 de 2017 y SU-498 de 2016.
17
Corte Constitucional, sentencia T-198 de 2024.
18
ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación
de aquel».
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete 19.
51.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección» 20. En relación con las medidas
cautelares de urgencia, la Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar” 21.
52.
De esta manera, la Sala considera que el accionante puede pedir, como medida
cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de las DCO- 079932 del 12 de
mayo de 2025 y DCO-246367 del 10 de septiembre de 2025, de manera que el juez
ordinario analice la posibilidad de no ejecutar las órdenes contenidas en dichos
actos administrativos hasta tanto se defina su derecho.
53.
Es importante precisar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el accionante, que actualmente está en trámite ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver el conflicto de competencias
suscitado entre los juzgados veinticinco y treinta y nueve administrativos de Bogotá,
tiene por objeto controvertir la legalidad de las Resoluciones 303 de enero de 2023
y 1364 del 17 de mayo de 2023, expedidas por la Secretaría Distrital de Educación,
que dieron origen al proceso de cobro coactivo.
54.
Así las cosas, las pretensiones y fundamentos de dicho proceso difieren del
propósito de esta acción constitucional, en tanto lo cuestionado por el actor en esta
oportunidad es la ejecución y los efectos de la orden de pago.
19
Se transcribe incluso con errores.
20
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
21
Ibidem.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
55.
Por otra parte, en cuanto a la pretensión subsidiaria de la accionante de emplear
esta acción constitucional como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable respecto de su derecho al mínimo vital, es oportuno
resaltar que la administración distrital dentro de la medida de embargo de los
productos bancarios del accionante, le solicitó expresamente a las entidades
financieras atender los parámetros de inembargabilidad de las cuentas de ahorro,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual
establece un límite de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados
en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el deudor.
56.
Así pues, es posible advertir que la autoridad accionada adoptó medidas para
garantizar el derecho al mínimo vital del tutelante. De modo que no se constata una
situación arbitraria o deliberada que requiera una protección por vía de tutela.
57.
En este orden, la Sala observa que los argumentos planteados por el accionante
para justificar la procedencia excepcional de la tutela hacen referencia a meras
afirmaciones y no acreditan la existencia de un hecho concreto, que permita
identificar una real vulneración de su subsistencia y la de su familia como lo plantea
en la tutela, por lo que no es posible deducir con claridad y certeza que las
decisiones administrativas cuestionadas constituyan un perjuicio irremediable para
el actor. Es así, como las circunstancias descritas en la solicitud de amparo no
evidencian un riesgo de tal magnitud que amerite la intervención del juez
constitucional.
58.
En este punto de la providencia, es pertinente destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías administrativas y
jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de estas o cuando estas
no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la
acción de amparo constitucional.
59.
Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente, en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos
de defensa judicial no solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente
a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia
de la tutela como mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida como un
medio para subsanar la falta de actividad del accionante.
4. Conclusión
60.
La Sala concluye que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el accionante tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la solicitud de medidas
cautelares previstos en el CPACA para pedir la protección de los derechos
fundamentales invocados que, en su criterio, fue vulnerado por la Secretaría Distrital
de Hacienda de Bogotá. Por lo tanto, se declarará improcedente la acción de tutela
promovida por el señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
Accionado: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Fraydique Alexander Gaitán Rondón, en contra de la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01237-00 (1905)
Accionante: Fraydique Alexander Gaitán Rondón
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