Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01245-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01245-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: NIDIA MENDOZA MONTOYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Nidia Mendoza
Montoya contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con
lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591
de 19911.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 17 de febrero de 2026, la señora Nidia Mendoza Montoya, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo digno y a
la seguridad social, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 24 de julio
de 2025 y por el auto que negó la solicitud de aclaración de la misma, fechado el 4
de febrero de 2026, dictados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
cuanto modificaron la condena contenida en el fallo del 27 de setiembre de 2024,
proferido por el Juzgado Doce Administrativo de Cali, que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
760013333012.20200011502.
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Nidia Mendoza Montoya demandó a la Red de Salud del Oriente E.S.E., con
el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral y el consecuente
pago de las prestaciones adeudadas, con ocasión de la suscripción sucesiva de
contrato de prestación de servicios con el objeto de ejecutar actividades como
higienista oral, entre el 23 de abril de 2007 y el 31 de agosto de 2016.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 5 de marzo de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
3. La demanda se repartió al Juzgado Doce Administrativo de Cali bajo el radicado
760013333012.20200011502, el que, al encontrar acreditados los elementos
propios de la relación laboral, accedió a las pretensiones con sentencia del 27 de
septiembre de 2024.
4. En esa oportunidad, el juzgado declaró la existencia de la relación laboral
subyacente y ordenó el pago de las prestaciones sociales adeudadas y aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, con base en el salario de los empleados
de planta (según narra en la demanda).
5. Inconforme con la decisión, la Red de Salud del Oriente E.S.E. la apeló, y el
Tribunal Administrativo del Valle con sentencia del 24 de julio de 2025 la modificó,
dado que confirmó la existencia de la relación laboral encubierta, pero revocó la
orden de pago de las prestaciones adeudadas por efectos de la prescripción,
manteniendo únicamente el pago de los aportes pensionales, los cuales ordenó
liquidar con base en los honorarios percibidos.
6. En vista de la modificación, la accionante solicitó aclaración de la sentencia, para
que se ordenara la liquidación de las prestaciones con fundamento en el salario de
los empleados de planta, la cual se negó mediante auto del 4 de febrero del año en
curso.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
PRETENSIÓN PRINCIPAL:
PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales de la señora NIDIA
MENDOZA MONTOYA a:
• La igualdad (Art. 13 C.P.)
• El debido proceso (Art. 29 C.P.)
• El trabajo digno (Art. 25 C.P.) • La seguridad social (Art. 48 C.P.)
• La primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 C.P.)
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la tutela, se DEJE SIN EFECTOS la
sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, únicamente en lo que respecta al numeral TERCERO de su
parte resolutiva, por configurarse:
• Defecto fáctico
• Defecto sustantivo
• Violación directa de derechos fundamentales
TERCERA: Que, en su lugar, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que profiera una nueva providencia de reemplazo que, respetando
los derechos fundamentales y aplicando correctamente el precedente del
Consejo de Estado, ordene a la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.:
1.- Realizar los aportes al Sistema General de Pensiones por el período
comprendido entre el 23 de abril de 2007 y el 31 de agosto de 2016 (112
meses), tomando como base de liquidación el salario devengado por los
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Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
auxiliares de área de salud oral de planta de la entidad, equivalente a
$1,696,838 mensuales, debidamente indexado mes a mes.
2.- Liquidar el Ingreso Base de Cotización (IBC) mensual con esta base salarial
correcta.
3.- Calcular las diferencias entre los aportes realizados como contratista (sobre
base de $587,242) y los que debieron efectuarse con base en el salario de
planta ($1,696,838).
4.- Pagar directamente a la administradora de pensiones correspondiente
(Colpensiones o la que aplique) las diferencias encontradas, en el porcentaje
que le corresponde como empleadora.
5.- Expedir las certificaciones necesarias para que la accionante pueda
acreditar ante su fondo de pensiones el tiempo cotizado con el IBC correcto.
CUARTA: Que se ordene la indexación de todas las sumas desde la fecha en
que debieron ser pagadas hasta el efectivo pago.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:
QUINTA: Subsidiariamente, que se ORDENE al juez de tutela que, haciendo
uso de sus facultades constitucionales, directamente modifique el numeral
tercero de la sentencia accionada y ordene la liquidación con base en el salario
de los empleados de planta.
8. En la demanda se solicitó medida provisional en los siguientes términos:
Que, como medida provisional de protección inmediata de derechos
fundamentales, se suspenda el cumplimiento de la sentencia y se ordene a la
Red de Salud del Oriente E.S.E. que SUSPENDA cualquier acto de
cumplimiento de la sentencia accionada hasta tanto se resuelva la presente
tutela, a fin de evitar que se consolide el perjuicio irremediable
Fundamentos de la demanda de tutela
9. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 24 de julio de 2025 y el auto del 4 de febrero de 2026, adolecen de
los siguientes defectos:
10. Fáctico. Considera que el Tribunal accionado realizó una valoración
contraevidente de la prueba testimonial recaudada. Puntualmente, refirió las
declaraciones de las señoras María Aracely Idárraga Torres, Katerine Rengifo y
Gómez, Patricia Gallo Niño, quienes, a su juicio, dieron cuenta de que las labores
ejecutadas por la señora Nidia Mendoza Montoya eran idénticas a las realizadas
por el personal de planta, que las cumplía en las mismas condiciones y horario, y
bajo las mismas órdenes de los jefes que dirigían el servicio de los empleados de
planta.
11. Sin embargo, pese a haberse demostrado lo anterior, reprocha que la autoridad
judicial no ordenó el restablecimiento del derecho en las mismas condiciones, es
decir con base en el salario percibido por el personal de planta, sino que modificó la
orden del a quo, para que se liquidaran dichos emolumentos con base en los
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Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
honorarios, lo que en su sentir, redunda en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
12. Asimismo, considera que el Tribunal accionado dejó de valorar pruebas
documentales, como las certificaciones, que dan cuenta de que el salario del cargo
de higienista oral es muy superior ($1.696.838) al pagado a la demandante por
concepto de honorarios ($587.242).
13. De otra parte, señala que si bien es cierto el Tribunal demandado valoró las
pruebas y les otorgó credibilidad para efectos de tener como acreditada la existencia
de la relación laboral, también lo es que, adoptó una decisión contraria e
incoherente. En su sentir, irracional.
14. Sustantivo. Afirma que la autoridad judicial accionada incurrió en este vicio
porque desconoció la jurisprudencia aplicable en la materia.
15. Explicó que el Tribunal citó como precedente la sentencia del Consejo de Estado
del 27 de noviembre de 20142, en la que se indicó que tras la declaratoria de la
existencia de la relación laboral, el pago de las prestaciones se ordena a título de
indemnización y con fundamento en los mismos emolumentos que perciben los
servidores públicos de la entidad, a menos que, no se encuentre un cargo de planta
cuyas funciones coincidan con las contratadas.
16. Así las cosas, sostiene que conforme a la jurisprudencia, por regla general las
prestaciones se liquidan con el mismo salario que reciben los empleados de planta,
razón por la cual, si en el caso concreto en la ESE existe el cargo de higienista, a la
demandante se le deben liquidar los emolumentos reconocidos con fundamento en
ese salario y no en los honorarios.
17. En ese orden de ideas, concluyó que la autoridad judicial accionada se apartó
del precedente citado, sin exponer expresamente las razones por las cuales no
aplicó o acogió dicha tesis.
18. Posteriormente, se refirió a la sentencia de unificación dictada el 25 de agosto
de 2016, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a fin de señalar que el
Tribunal no ordenó la equiparación con los empleados de planta de la ESE
demandada, pese a que se acreditó la permanencia en el servicio, la similitud de las
funciones y la existencia de un cargo análogo.
19. Violación directa de la Constitución- violación de los derechos
fundamentales. En forma general hizo alusión a las disposiciones superiores que
contemplan los derechos a la igualdad, al trabajo digno, a la seguridad social, al
debido proceso, y los principios de «a trabajo igual salario igual» y prevalencia del
derecho sustancial, garantías que estima vulneradas con la sentencia censurada,
en la medida en que, a su juicio, modificó la orden de restablecimiento del derecho
y ordenó que se liquiden las prestaciones adeudadas con base en los honorarios.
2 Radicado 05001-23-33-000-2012-00275-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
20. Aunado a lo anterior, la parte actora manifestó que la transgresión alegada le
ocasiona un perjuicio irremediable, habida consideración a que cada mes que
pasa se agrava el daño y la diferencia entre lo que se adeuda y lo que se ordenó
pagar asciende a $177.000.000, lo que sin duda tiene un impacto negativo en la
mesada pensional que a futuro se reconozca a la trabajadora.
Trámite en primera instancia
21. Mediante auto del 20 de febrero de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Red de Salud del Oriente E.S.E., y
a los demás intervinientes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001 33-33-012-2020-00115-00/02.
Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela.
23. Expuso que la accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional para
cuestionar un asunto que ya fue decidido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
24. En todo caso, señaló que las providencias cuestionadas fueron adoptadas con
fundamento en las normas aplicables, la jurisprudencia vigente y la valoración
integral del material probatorio, con plena observancia de los principios de legalidad,
debido proceso, imparcialidad y seguridad jurídica.
25. La Red de Salud del Oriente E.S.E. solicitó que se desestimen las
pretensiones, de un lado, porque considera que la tutela no cumple con el requisito
de inmediatez, dado que la sentencia censurada se notificó el 25 de julio de 2025 y
por consiguiente, transcurrieron más de seis meses desde esa fecha hasta la
radicación de la demanda, que tuvo lugar el 17 de febrero de este año.
26. Adujo que pese a que se interpuso una solicitud de aclaración de la sentencia,
lo cierto es que dicha petición carecía de idoneidad para obtener la modificación de
la providencia en el sentido esperado, por lo tanto, no hay lugar a la suspensión o
interrupción del término para interponer la acción de tutela.
27. No obstante lo anterior, afirmó que la parte actora tiene la clara intención de
utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia del proceso
ordinario, dado que busca revivir la discusión que ya se surtió ante el juez ordinario
y que se decidió con una sentencia que no se observa caprichosa, arbitraria, ni
contraria al ordenamiento jurídico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
CONSIDERACIONES
Competencia
28. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20193.
Problema jurídico y metodología de la decisión
29. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
30. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a las providencias del 24 de julio
de 2025 y 4 de febrero de 2026 y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al trabajo digno y a la seguridad social de la accionante.
31. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20054, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
33. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar5: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela6, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
3 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
4 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
5 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
6 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 7 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
34. Legitimación en la causa. La señora Nidia Mendoza Montoya se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicado 76001-33-33-012-2020-00115-02, en el
marco del cual se adoptaron las decisiones cuestionadas.
35. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia del 24 de julio de 2025 y el auto del 4 de febrero de 2026, a los que la
parte actora atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
36. Inmediatez
37. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de
amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.
38. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.
39. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»8.
7 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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40. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida
en un plazo irrazonable»9; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso
del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»10.
41. Para esta Subsección11, se debe contabilizar el plazo razonable desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
42. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos
que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una
solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una
solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan
incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
43. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados
como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante12.
44. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica13.
45. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó
es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial
situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al
juez14.
46. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda vez que la
providencia cuestionada fue proferida el 24 de julio de 2025 y notificada al día
siguiente, y aunque solicitud de amparo se radicó el 17 de febrero de 2026, no se
9 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Ibidem.
11 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chagüendo.
12 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
14 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
puede desconocer que la accionante presentó solicitud de aclaración de la
sentencia, que se resolvió con auto del 4 de febrero de 2026, por lo que se concluye
que la tutela se ejerció en un término razonable.
47. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
48. Subsidiariedad15
49. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución16 y con el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 199117, la acción de tutela tiene un
carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos,
o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
50. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
51. La jurisprudencia de la Corte Constitucional18 ha sido reiterada y pacífica en lo
que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es
una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».
52. En lo que atañe al perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en la sentencia
T-1190 de 2024, explicó que, para concluir su configuración, es necesario verificar
lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».
15 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
16 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
17 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
18 Ver sentencia T-108 de 2024.
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Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
53. En el presente caso, la señora Nidia Mendoza Montoya reprocha las providencias
proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle, básicamente porque considera
que con la sentencia del 24 de julio de 2025, se modificó la condena impartida por el
a quo, en el sentido de ordenar a la Red de Salud del Oriente E.S.E. el pago de los
aportes pensionales adeudados tomando como base los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, y no el salario
percibido por el cargo homólogo existente en la planta de personal de la entidad.
54. Revisado el material probatorio allegado al expediente, se advierte que, mediante
sentencia del 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo de Cali
accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento iniciado
por la señora Mendoza Montoya, y dispuso:
55. Obsérvese que el a quo condenó a la entidad demandada a pagar, a título de
restablecimiento del derecho, el valor de las prestaciones sociales adeudadas a la
actora y los aportes con destino a pensión, teniendo como base de liquidación los
honorarios pactados en los contratos.
56. Inconforme con la decisión, la Red de Salud del Oriente E.S.E. la apeló,
básicamente por tres razones: (i) cuestionó la existencia de la relación laboral
subyacente, porque no se ejercieron labores de forma subordinada; (ii) se
desconoció la cosa juzgada, dado que mediante auto del 22 de octubre de 2020 el
juzgado sustanciador rechazó por caducidad varias pretensiones, entre ellas el
reconocimiento y pago de cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, prima
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
de servicios, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria; y (iii) se
configuró el fenómeno prescriptivo.
57. Sobre dichos argumentos, resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en sentencia del 24 de julio de 2025, en el sentido de indicar que: (i) se acreditó la
existencia de la relación laboral reclamada, por cuanto se demostraron los
elementos que la estructuran; (ii) aunque no se puede hablar de cosa juzgada en
estricto sentido, es cierto que en el trámite del proceso ya se había declarado la
caducidad frente a algunas pretensiones del restablecimiento, y por lo tanto, en la
sentencia no se podía condenar a su pago; y (iii) en estos casos, no se configura la
prescripción extintiva, porque los aportes para seguridad social en pensiones no se
afectan por dicho fenómeno.
58. Bajo ese análisis, el ad quem modificó la sentencia de primera instancia y
decidió lo siguiente:
PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 27 de septiembre de 2024, aclarada mediante auto
del 16 de diciembre del mismo año, por el Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali, en cuanto reconoció prestaciones
sociales respecto de las cuales ya había operado el rechazo por
caducidad del medio de control, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, en cuanto
declaró la existencia de una relación laboral entre la señora Nidia
Mendoza Montoya y la Red de Salud del Oriente E.S.E., por el período
comprendido entre el 23 de abril de 2007 y el 31 de agosto de 2016, y
reconoció sus efectos exclusivamente en materia de seguridad social en
pensiones.
TERCERO. ORDENAR a la Red de Salud del Oriente E.S.E. que realice
los aportes al Sistema General de Pensiones por el período anteriormente
señalado, tomando como base los honorarios efectivamente percibidos
por la demandante, debidamente indexados mes a mes, y liquidando el
ingreso base de cotización (IBC). La entidad deberá cubrir únicamente el
porcentaje que le correspondía como empleadora.
59. De lo anterior se evidencia que desde la sentencia de primera instancia la
liquidación de la condena para el restablecimiento del derecho se ordenó sobre la
base de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, de
manera que, si la parte actora no estaba de acuerdo con esa directriz, que se
precisó por el juez de primera instancia, debió apelarla, a fin de que el Tribunal
accionado se pronunciara al respecto en la sentencia que puso fin al proceso.
60. Entonces, para la Subsección es claro que la accionante no ejerció
oportunamente el mecanismo ordinario idóneo y eficaz que tenía a su alcance para
efectos de garantizar los derechos fundamentales que ahora alude como
conculcados, por cuanto no presentó el recurso de apelación contra la sentencia de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
primera instancia19, que resultaba procedente para controvertir la liquidación de la
condena ordenada con base en los honorarios percibidos y no en el salario
devengado por el cargo análogo en la planta de personal de la ESE.
61. Por todo lo anterior, no es de recibo que la señora Mendoza Montoya acuda a
la tutela como mecanismo alternativo para discutir un asunto que debió plantear
ante el juez natural de la causa, a través del ejercicio del recurso de alzada
correspondiente, actuación que hubiera abierto la puerta al ad quem para
pronunciarse sobre el particular, toda vez que, al no ser un punto objeto de la
apelación interpuesta por la entidad demandada, el Tribunal accionado no podía
abordar esa discusión, so pena de faltar a la congruencia de la sentencia que le
exige el artículo 328 del CGP20 e incluso, de desconocer el principio de la non
reformatio in pejus21.
62. Conforme a lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Nidia Mendoza Montoya, por incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Nidia Mendoza Montoya, por lo razonado en la parte motiva.
19 ARTÍCULO 62 de la Ley 2080 DE 2021. Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el
cual quedará así:
Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: (…)
20 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
21 ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y
de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01245-00
Accionante: Nidia Mendoza Montoya
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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