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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01255-00

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01255-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Óscar Manuel García Pineda en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera-Subsección B, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01255-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Óscar
Manuel García Pineda en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor Oscar Manuel García Pineda, actuando en nombre propio 1, solicitó el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, con ocasión del
auto proferido el 2 de diciembre de 2025, mediante el cual dicha autoridad negó el
incidente de nulidad formulado dentro del trámite de la acción de tutela identificada
con el radicado número 11001-33-42-067 2025-00263-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 14 de julio de 2025, el señor Óscar Manuel García Pineda interpuso acción de
tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones y la AFP
Protección S.A., con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad,

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado C83E3EDCE2D24757 6B639C9F3843EE7A
B80738BE881EA436 120489318AE5C6C8.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

los cuales consideró vulnerados por la falta de reconocimiento de ciertos periodos
laborales en su historia laboral.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Siete Administrativo
del Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-42-067-2025-00263-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 28 de julio de 2025 declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

Consideró que la parte actora contaba con la acción ordinaria laboral como
mecanismo judicial idóneo y eficaz para dirimir controversias en materia de seguridad
social. Asimismo, indicó que, con corte al 9 de julio de 2024, el accionante registraba
un total de 1.513 semanas cotizadas, por lo que no se evidenciaba impedimento para
cumplir con el mínimo exigido para consolidar su derecho pensional.

2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso impugnación. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia del 29 de agosto de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, con
fundamento en similares consideraciones.

2.4. El 10 de septiembre de 2025, el tribunal remitió el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

2.5. El 6 de noviembre de 2025, el señor García Pineda presentó memorial ante el
tribunal en el que manifestó no haber sido notificado de la decisión de segunda
instancia, por lo que solicitó que se surtiera dicha actuación. En respuesta, ese mismo
día, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a notificar el
fallo por medio de correo electrónico.

2.6. El 10 de noviembre de 2025, el actor reiteró su solicitud de notificación. En
atención a ello, la Secretaría del tribunal remitió la constancia correspondiente a la
notificación efectuada el 6 de noviembre de 2025.

2.7. El 18 de noviembre, el aquí accionante promovió incidente de nulidad por
indebida notificación del fallo de tutela de segunda instancia, en los siguientes
términos:

“A pesar de lo anterior, y habiendo transcurrido más de dos (2) meses desde la
fecha de la sentencia, el suscrito jamás fue notificado de manera formal, personal
o por el medio expedito y eficaz que exige la ley, de la Sentencia de Segunda
Instancia.
El conocimiento de la existencia de la sentencia se obtuvo por gestiones propias,
al consultar el sistema SAMAI y solicitar la copia al Juzgado de primera instancia
el 6 de noviembre de 2025. (…)
III. PETICIÓN
1. DECLARAR LA NULIDAD de la actuación surtida en el expediente de la
referencia a partir del momento en que debió notificarse la Sentencia de Segunda
Instancia, proferida el 2 de septiembre de 2025. 2. En consecuencia, ORDENAR
AL DESPACHO JUDICIAL que proceda de manera inmediata a realizar la

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Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

notificación formal, eficaz y expedita de la Sentencia de Segunda Instancia al
accionante, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.”

2.8. Mediante auto del 2 de diciembre de 2025, el magistrado ponente de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió: i) declarar saneada la nulidad alegada por el accionante, y ii) no declarar la
nulidad de la notificación del fallo del 29 de agosto de 2025.

Para tal efecto, señaló que, si bien la notificación no se realizó inmediatamente
después de proferida la providencia, dicha irregularidad fue corregida mediante la
notificación efectuada el 6 de noviembre de 2025 al correo electrónico del accionante.

En consecuencia, concluyó que la irregularidad quedó subsanada, en tanto la
providencia fue comunicada conforme a las reglas aplicables a la acción de tutela y,
además, el interesado no alegó la nulidad dentro de los tres (3) días siguientes a dicha
notificación.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, pidió dejar sin efectos el auto del 2 de diciembre de 2025 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B.

En su lugar, solicitó ordenar a la autoridad judicial que declare la nulidad de la
actuación surtida dentro del proceso número 11001-33-42-067 2025-00263-01, a
partir del momento en que debió notificarse la sentencia de segunda instancia.

Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada
constituye una vía de hecho por la configuración de un defecto procedimental
absoluto, al desconocer el carácter célere y preferente de la acción de tutela.

Afirmó que el tribunal aplicó de manera excesivamente rígida las reglas de
saneamiento previstas en el Código General del Proceso, sin atender la naturaleza
especial del trámite constitucional.

Asimismo, indicó que el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la
notificación del fallo debe realizarse a más tardar al día siguiente de su expedición,
por lo que no resulta admisible considerar subsanada una irregularidad que le impidió
conocer la decisión durante más de dos meses.

Finalmente, manifestó que dicha omisión le ocasionó un perjuicio real, en tanto le
impidió evaluar oportunamente la posibilidad de solicitar la selección para revisión
ante la Corte Constitucional o de ejercer otras actuaciones judiciales pertinentes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 20 de febrero de 2026 2, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Sesenta y
Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Administradora Colombiana de
Pensiones y a la AFP Protección S.A.; solicitó a la autoridad judicial accionada el
envío del expediente de tutela; ordenó la notificación a las partes y dispuso la
suspensión de los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá 3 remitió
copia del expediente de tutela y realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el
proceso.

4.2. La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones4 manifestó que
no le es atribuible la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en la
medida en que lo pretendido en la acción de tutela no corresponde a su ámbito
competencial. En consecuencia, solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

4.3. La AFP Protección S.A.5 se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo
y solicitó que se declare su improcedencia, al considerar que el asunto se encuentra
sometido a la jurisdicción laboral 6 y que se configura la cosa juzgada.

Agregó que su actuación se ha ajustado a la normativa aplicable, lo que descarta la
vulneración de los derechos invocados. Asimismo, señaló que las decisiones
adoptadas por los jueces de instancia resultan razonables y no evidencian la
configuración de un defecto de relevancia constitucional.

Finalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.4. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección
B a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó silencio en esta etapa
procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 05D04DD6E10821CB 7D80A6AAB3C6BC08
EE89EDE55CAE91DB 2E3005797E30D006.
3
Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 64248872D073DED7 E27EDA0BF5B51B43 AF63B00D7212AEF7
D00A294D76EBE49A.
4 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 37E9FA450BE9CBD5 01DBCA62F8384BAF
E05A92BAE5630B96 02E87F5E5D562342.
5
Índice 00014, certificado EB91D32CCFCE705F 8C492FF628232FC8 0FFC81F97E78DDEA
F47C845803558ABB.
6
Sin embargo no informó cual era el radicado bajo el cual se estaba tramitando el asunto.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Óscar Manuel García Pineda es el titular de las garantías constitucionales que afirma
fueron vulneradas en su condición de accionante dentro de la acción de tutela, con
radicado núm. 11001-33-42-067 2025-00263-01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B fue la
autoridad que profirió el auto del 2 de diciembre de 2025 que, según el tutelante,
vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
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Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza
y contra actuaciones de los jueces de tutela

La Corte ha señalado que, para que proceda la solicitud de amparo, es necesario que
la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, por lo cual se debe distinguir si esta se dirige contra el fallo proferido en el
proceso de tutela o contra una actuación previa o posterior a ella.

Así pues, cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
diferentes a la sentencia, que es lo que nos interesa para la resolución del presente
caso, la Corte aludió lo siguiente:

“Con todo, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la solicitud de
amparo cuando esta se dirige contra otro tipo de actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia. Para ello, es necesario distinguir si estas se produjeron
con anterioridad o con posterioridad al fallo. En el primer caso, la tutela procede
cuando, cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, el accionante
controvierte, por ejemplo, “la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela
(…), incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión”. En la segunda hipótesis, la acción de tutela procede cuando se reclama
alguna garantía fundamental que habría sido vulnerada en el trámite del incidente
de desacato o en el trámite de impugnación del fallo de tutela”11.

En esos términos, explicó la Corte que, la acción de tutela solo procede contra fallos
de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidos por la Corte Constitucional y
exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando
no busque el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia.

En consecuencia, la Sala pone de presente que, en principio, resulta admisible la
solicitud de amparo del asunto, al dirigirse en contra de un auto que niega un incidente

presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se deci da con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado
en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11
Corte Constitucional T-298 de 2023.
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Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

de nulidad en el marco de una acción de tutela, no obstante, se seguirá adelante con
el estudio de los demás requisitos generales para verificar la procedencia de la
acción.

4.2. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 12.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que
el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

12
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto13.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona, en
esencia, el auto del 2 de diciembre de 2025, al considerar que incurre en una vía de
hecho por la configuración de un defecto procedimental absoluto, derivado del
desconocimiento del carácter célere de la acción de tutela.

En particular, sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, no podía aplicar de manera rígida las reglas de saneamiento
previstas en el artículo 137 del Código General del Proceso, sin atender la naturaleza
especial del trámite constitucional.

5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia cuestionada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, se advierte que,
mediante auto del 2 de diciembre de 2025, dicha autoridad judicial arribó a las
siguientes conclusiones:

“En el presente caso, el accionante pretende indicar que a la fecha no se ha
notificado la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, la Secretaría de esta
Corporación elaboró constancia señalando:

“Esta Secretaría deja constancia de que, aunque el fallo no fue notificado en el
momento en que fue remitido por SAMAI a la Secretaría, la notificación se realizó
el 6 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico a las partes involucradas.
La presente constancia se deja para conocimiento del despacho y para su envío
a la Corte Constitucional, dado que la acción fue remitida para su posible
revisión.”

13
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

Consultado SAMAI se observa que efectivamente el 6 de noviembre de 2025 se
remitió mensaje de datos al correo de notificaciones indicado por el accionante14,
a través del cual se notificó el fallo de segunda instancia proferido el 29 de agosto
del 2025.

Por lo tanto, si bien la notificación de la providencia no se realizó apenas la
providencia paso a secretaría, lo cierto es que el 6 de noviembre del 2025 se
realizó la debía notificación al correo electrónico del accionante. La cual fue
recibida según la certificación expedida por el aplicativo SAMAI

Así las cosas, esta Sala considera que la irregularidad en el trámite de notificación
quedó subsanada, toda vez que la providencia fue notificada al afectado conforme
a las reglas previstas para la acción de tutela. Además, dentro de los tres (3) días
siguientes a dicha notificación, el accionante no alegó la nulidad; por lo cual, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Código General del Proceso2,
la eventual nulidad se entiende saneada.

Por último, cabe mencionar que no se afecta el derecho al debido proceso del
accionante en la medida que no se ha pretermitido ninguna etapa procesal, pues

14 os65kar@hotmail.com

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Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

como ya se ha anotado antes, la secretaría procedió a realizar la notificación que
estaba pendiente y se debe continuar con el trámite del proceso”15.

5.3. Así las cosas, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B, expuso de manera suficiente las razones por los
cuales consideró improcedente declarar la nulidad invocada por la parte actora, al
señalar que: (i) actuó conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 133 del
CGP16; y (ii) la nulidad no fue alegada oportunamente por quien estaba legitimado
para hacerlo, o, en su defecto, este continuó actuando sin proponerlo.

En ese contexto, los elementos expuestos permiten a la Sala inferir que el asunto
sometido a consideración fue debidamente examinado por el juez natural. Asimismo,
no se advierte que la decisión cuestionada haya sido adoptada de manera arbitraria,
caprichosa o carente de sustento fáctico y normativo, ni que durante el trámite se
hubiesen desconocido las garantías fundamentales de la parte actora.

5.4. Por el contrario, se observa que la parte accionante omitió estructurar sus reparos
constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los defectos que
habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se circunscribe a un
debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo argumentativo
dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.

Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que
permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 17.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora

15 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado C4F15B9646DF197F 00B5418B6D1F0AA6
3ED843068BE39A7F 6AE417F2F7359C13.
16
“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejad o de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código”.
17
Sentencia SU215 de 2022.
10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio.

5.5. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta,
sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible
agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por
esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del
caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 18, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 19.

5.6. Al margen de lo expuesto, respecto de la afirmación realizada por el actor en el
sentido de que la decisión le impidió evaluar oportunamente la posibilidad de solicitar
la selección para revisión ante la Corte Constitucional o de ejercer otras actuaciones
judiciales pertinentes, esta judicatura pone de presente que, aun cuando no se
presentó escrito de solicitud de selección, dicho trámite tiene carácter eventual y
oficioso. Asimismo, se advierte que el convocante no acreditó haber presentado
insistencia alguna con posterioridad a la notificación del auto mediante el cual se
decidió no seleccionar el asunto para revisión , situación que impide que este operador
judicial realice un estudio de fondo.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
11

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01255-00
Accionantes: Óscar Manuel García Pineda

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Óscar
Manuel García Pineda en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SABF

12

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