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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01258-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01258-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3
administrado por la sociedad Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de
procedibilidad. Subtema 2: defecto sustantivo. Subtema 3: defecto procedimental.
Subtema 4: cumplimiento de condena judicial, imputación del pago, retención en
la fuente e intereses moratorios.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Fondo de Capital Privado Cattleya –
Compartimento 3 contra la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida contra las providencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso ejecutivo con radicación 11001-
33-36-037-2014-00046-00, en el que se controvierte el cumplimiento de una
condena impuesta a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

1. Síntesis del caso

El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 interpuso acción de tutela
contra las providencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, dentro del proceso ejecutivo con radicación 11001-33-36-
037-2014-00046-00, promovido para obtener el pago de las sumas derivadas de
una condena impuesta a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al estimar que las

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

autoridades judiciales incurrieron en defectos sustantivo y procedimental al declarar
satisfecha la obligación, pese a los reparos relacionados con la retención en la
fuente practicada por la Rama Judicial, la imputación del pago y los intereses
causados hasta la fecha efectiva del desembolso. Asimismo, cuestionó que el
Tribunal atribuyera efectos extintivos al término de diez días previsto en la
Resolución 4759 de 2023 para manifestar inconformidad con la liquidación.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente 1, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

2.
Marlon Rodolfo Marulanda Mejía, Efraín de Jesús Villalba San Martín y
Melquin Suárez Coha promovieron un medio de control de reparación directa contra
la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta
de la libertad que soportaron. El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de
Bogotá, mediante sentencia del 21 de octubre de 2016, declaró administrativa y
patrimonialmente responsables a las entidades demandadas y las condenó al pago
de perjuicios. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A confirmó esa decisión el 25 de enero de 2018, providencia que quedó
ejecutoriada el 2 de febrero siguiente.

3.
Los derechos económicos reconocidos en esas providencias fueron objeto de
sucesivas cesiones: el 15 de octubre de 2021 se cedieron a Sinergia Valor S.A.S.
y, el 21 de octubre siguiente, esta sociedad los transfirió al Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimento 3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación reconocieron al Fondo como cesionario mediante los
actos «DEAJRHO21-2320» del 9 de diciembre de 2021 y 20211500083931 del 20
de diciembre del mismo año, respectivamente.

4.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la Resolución 4759
del 15 de mayo de 2023, corregida por la Resolución 4879 del 25 de mayo siguiente,
para atender el 50% de la condena a cargo de la Rama Judicial. Allí liquidó
$969.276.206 por capital y $1.148.359.171 por intereses, con corte al 19 de mayo
de 2023, para un total de $2.117.635.377. De esa suma descontó $4.406.375 por
retención en la fuente, reconoció otros valores a Sinergia Valor S.A.S. y ordenó girar
$1.920.793.871 al Fondo, pago que se hizo efectivo el 30 de mayo de 2023.

5.
El 1º de septiembre de 2023, el Fondo promovió proceso ejecutivo contra la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial con fundamento en las sentencias

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

dictadas en el proceso de reparación directa. Solicitó el pago de $880.995.609, más
intereses, a cargo de la Fiscalía y de $13.428.730, más intereses, a cargo de la
Rama Judicial. El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá aceptó la
cesión del crédito y, mediante auto del 27 de octubre de 2023, libró mandamiento
de pago por esas sumas y por los correspondientes intereses moratorios.

6.
Las entidades ejecutadas propusieron excepciones relacionadas con el pago
de la obligación. La Fiscalía acreditó el pago del crédito a su cargo, circunstancia
que fue aceptada por el Fondo, por lo cual la controversia subsistió frente a la Rama
Judicial. Esta última sostuvo que las Resoluciones 4759 y 4879 de 2023 liquidaron
y pagaron la totalidad del porcentaje que le correspondía, pues los $4.406.375
descontados correspondían a retención en la fuente. El Fondo mantuvo que el valor
efectivamente recibido fue inferior al adeudado y que, además, subsistían intereses
entre la fecha de corte de la liquidación y la fecha del desembolso.

7.
El 12 de julio de 2024, el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá
declaró probada la excepción de pago de la obligación y dio por terminado el
proceso ejecutivo. En relación con la Rama Judicial, consideró que el valor retenido
no constituía una obligación clara, expresa y exigible contenida en las sentencias
que servían de título y que el concepto 100208192-108 del 21 de febrero de 2024
de la DIAN era posterior a aquellas providencias y a la cesión del crédito. También
condenó en costas a la parte ejecutante.

8.
El Fondo apeló la sentencia el 17 de julio de 2024. Solicitó mantener la
terminación del proceso frente a la Fiscalía, pero continuar la ejecución contra la
Rama Judicial. Expuso que la liquidación administrativa calculó intereses hasta el
19 de mayo de 2023, aunque el pago se efectuó el 30 de mayo siguiente, y que el
valor efectivamente recibido fue de $1.920.793.871 por efecto de la retención
practicada. Con la imputación de ese pago conforme al artículo 1653 del Código
Civil, calculó un saldo de capital de $13.853.436, más los intereses posteriores al
desembolso.

9.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 23 de octubre de 2025, confirmó la decisión apelada. Frente
al reclamo por los intereses causados entre el 19 y el 30 de mayo de 2023, consideró
que el artículo noveno de la Resolución 4759 de 2023 concedía al Fondo diez días
desde la consignación para manifestar su inconformidad con la liquidación y que, al
no acreditarse oposición dentro de ese término, la entidad debía entenderse a paz
y salvo. En cuanto a la retención en la fuente, estimó que su procedencia constituía
una controversia tributaria ajena al proceso ejecutivo y que la suma descontada no
correspondía a una obligación clara, expresa y exigible contenida en el título judicial.

10.
El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3, el 17 de febrero de
2026 por conducto de apoderado, radicó acción de tutela contra el Juzgado
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de las sentencias del
12 de julio de 2024 y del 23 de octubre de 20252.

2.2. Argumentos y pretensiones de la tutela

11.
La parte actora sostuvo que la acción de tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad contra providencias judiciales, pues agotó los mecanismos
ordinarios de defensa, acudió dentro de un término razonable y planteó una
controversia con relevancia constitucional. Explicó que el debate no corresponde a
una simple inconformidad económica con las decisiones adoptadas en el proceso
ejecutivo, sino a la afectación de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, derivada de la terminación del proceso pese a que, a su
juicio, la obligación judicial no había sido satisfecha íntegramente.

12.
Como primer reproche, afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en
defecto sustantivo al desconocer los artículos 23-1 del Estatuto Tributario y 1634,
1635 y 1653 del Código Civil. Indicó que los fondos de capital privado no son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y que, por esa razón, la retención en la
fuente practicada por la Rama Judicial no podía considerarse parte de un pago
válido al acreedor. Añadió que la suma efectivamente recibida debía imputarse
primero a intereses y luego a capital, de modo que subsistía un saldo insoluto y,
además, intereses causados hasta la fecha real del desembolso.

13.
También alegó la configuración de un defecto procedimental, porque el
Tribunal atribuyó efectos extintivos al término de diez días previsto en la Resolución
4759 de 2023 para manifestar inconformidad con la liquidación. Señaló que ninguna
norma establece esa carga como requisito para conservar el derecho a ejecutar
judicialmente una sentencia y que la resolución de pago constituye un acto de
ejecución que no crea, modifica ni extingue derechos. A su juicio, convertir el
silencio del acreedor en una aceptación tácita de la liquidación introdujo una
exigencia no prevista por el legislador y restringió injustificadamente el acceso al
proceso ejecutivo.

14.
Con fundamento en esos cargos, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al
considerar que las providencias cuestionadas validaron un pago incompleto,
desconocieron el régimen tributario aplicable y añadieron requisitos no establecidos
para la ejecución de una sentencia judicial. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 2, certificado 316F9B5EBCBAAE66
A3A567B0865DDD4C 3DC1EDEFBCFC3E75 B95B854639017799.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

PRIMERA: Se declare que el JUZGADO CUARENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTÁ D.C., y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
vulneraron el derecho al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
al FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPARTIMENTO 3.

SEGUNDA: Se tutele el Derecho Fundamental al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA –
COMPARTIMENTO 3, dejando sin efectos las providencias judiciales proferida (sic)
el 12 de julio de 2024 por el JUZGADO CUARENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, la cual fue confirmada por providencia
judicial del 23 de octubre de 2025 por la SUBSECCIÓN A de la SECCIÓN TERCERA
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

TERCERA: Como consecuencia, se ordene al JUZGADO CUARENTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C., y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, se efectué (sic) el estudio judicial pertinente del proceso ejecutivo No.
11001333603720140004600 atendiendo a las disposiciones jurídicas y fácticas
descritas en la presente Acción.

2.3. Trámite procesal

15.
Mediante auto del 23 de febrero de 20263, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela promovida por el Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimento 3 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, y el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de
Bogotá. Ordenó notificar a las partes, a la Nación – Fiscalía General de la Nación,
a la Rama Judicial, así como a los beneficiarios del proceso de reparación directa
en calidad de terceros con interés, y dispuso comunicar la actuación a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También requirió al juzgado para que
remitiera copia digital del expediente ejecutivo, suspendió los términos hasta su
recepción y reconoció personería al apoderado del Fondo.

2.4. Intervenciones

2.4.1. Intervención del Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá
16.
El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá informó, mediante
memorial radicado el 2 de marzo de 20264, que por medio del auto del 27 de octubre
de 2023 aceptó la cesión del crédito a favor del Fondo de Capital Privado Cattleya
– Compartimento 3 y libró mandamiento de pago contra la Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial por los saldos reclamados.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 6, certificado A3E3B7E833255B71
29EE9CED6090D8CF 758FE7020FD70E7B 11C5AB70D6CA1889.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 15, certificado 8A32FFBB584716D3
A1B664806B7EBA34 7B69FC4AAA8F67C7 FC34CFDF0938EEBC.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
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Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

17.
Expuso que, luego de surtir la audiencia correspondiente, profirió sentencia el
12 de julio de 2024, en la que declaró probada la excepción de pago de la obligación
y dio por terminado el proceso ejecutivo, al considerar que las entidades ejecutadas
habían satisfecho íntegramente la condena impuesta en el proceso de reparación
directa.

18.
En relación con la Rama Judicial, señaló que la suma descontada por retención
en la fuente no constituía una obligación clara, expresa y exigible contenida en el
título ejecutivo, y que el concepto de la DIAN del 21 de febrero de 2024 fue expedido
con posterioridad a las sentencias que sirvieron de fundamento a la ejecución.

19.
Añadió que su decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 23 de octubre de 2025 y solicitó declarar improcedente o negar la
tutela, pues el trámite ejecutivo se adelantó conforme a la Ley 1437 de 2011 y al
Código General del Proceso, sin vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

2.4.2. Intervención del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
20.
A través de memorial radicado el 2 de marzo de 20265, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, se opuso a las pretensiones y
sostuvo que la acción de tutela era improcedente por falta de relevancia
constitucional. Según destacó, el Fondo pretendía convertir el mecanismo de
amparo en una tercera instancia del proceso ejecutivo, pues sus argumentos
reproducían los cuestionamientos formulados en la apelación contra la sentencia
que declaró probado el pago total de la obligación. Además, señaló que el trámite
se surtió conforme a las reglas propias del proceso ejecutivo y que la sentencia del
23 de octubre de 2025 resolvió los reparos propuestos por la parte ejecutante.

21.
Frente al fondo del asunto, explicó que no se configuró el defecto sustantivo
porque la decisión se apoyó en una interpretación razonable de los efectos de la
Resolución 4759 de 2023 y de la naturaleza tributaria de la retención en la fuente.
Indicó, adicionalmente, que el silencio del Fondo frente al término previsto en ese
acto permitió entender aceptada la liquidación y que la devolución de las sumas
retenidas en exceso debía tramitarse por la vía tributaria correspondiente. También
descartó el defecto procedimental, pues no existió apartamiento del trámite legal ni
exceso ritual manifiesto, sino un análisis integral de las pruebas y de la controversia
planteada.

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 17, certificado 4F1F1163E1422421
1B7F2D0B420CFB67 0ED05F9790C1D1B2 9A773B363D9BB1FA.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
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Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

2.4.3. Intervención de la Fiscalía General de la Nación

22.
Por medio de oficio radicado el 2 de marzo de 20266, la Fiscalía General de la
Nación solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Explicó que, aunque había sido parte demandada en el proceso de
reparación directa y ejecutada en el proceso posterior, pagó la totalidad de la
obligación a su cargo, circunstancia que incluso fue aceptada por el Fondo. Por ello,
sostuvo que la controversia constitucional no se relacionaba con una actuación
atribuible a esa entidad, sino con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarenta
y Cinco Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
en lo que correspondía al saldo discutido, con la Rama Judicial.

23.
Añadió que no existía vulneración de derechos fundamentales imputable a la
Fiscalía, pues cumplió íntegramente la condena judicial. En consecuencia, pidió
declarar improcedente la acción frente a esa entidad por ausencia de legitimación
por pasiva, negar el amparo respecto de cualquier conducta que se le atribuyera y
disponer su desvinculación del trámite.

2.5. Sentencia de primera instancia

24.
Mediante sentencia del 28 de mayo de 20267, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resolvió en primera instancia la acción de tutela promovida por el Fondo de
Capital Privado Cattleya – Compartimento 3. La Sala identificó como problema
jurídico establecer si la sentencia del 23 de octubre de 2025 vulneró los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia por los defectos sustantivo
y procedimental alegados. Antes de abordar ese examen, negó la solicitud de
desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, porque había intervenido como
parte en los procesos de reparación directa y ejecutivo.

25.
Al estudiar la procedencia del amparo, la Sala se concentró en el requisito de
relevancia constitucional. Consideró que los reparos del Fondo reproducían la
controversia ya planteada y resuelta dentro del proceso ejecutivo, particularmente
en torno a la imputación del pago, la causación de intereses, la retención en la fuente
y los efectos de la Resolución 4759 de 2023. Señaló que tanto el juzgado como el
tribunal examinaron esos asuntos y concluyeron que la obligación había sido
satisfecha, mientras que la discusión sobre la retención correspondía a un asunto
tributario ajeno al proceso ejecutivo.

26.
Con fundamento en lo anterior, la Sección Cuarta determinó que la tutela
pretendía reabrir un debate de contenido esencialmente económico ya decidido por

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 18, certificado 54F2296DC1542F79
A4820FCF9D92217B 8550E6801B1483D8 6B1C489A345C278D.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 25, certificado 8103249CA33EA50C
C71FB55C38135530 0DFBD622FDA37C14 FE87E4F4A39C65DB.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

los jueces naturales y que no se acreditó una afectación grave, real y actual de
derechos fundamentales que justificara la intervención excepcional del juez
constitucional. Por esa razón, concluyó que no se cumplía el requisito general de
relevancia constitucional y declaró improcedente la acción de tutela, sin entrar a
estudiar la configuración de los defectos sustantivo y procedimental formulados por
el Fondo.

2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia

27.
El Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 impugnó la sentencia
de tutela del 28 de mayo de 2026 y solicitó revocar la declaratoria de improcedencia.
Adujo que la Sección Cuarta confundió el carácter patrimonial del proceso ejecutivo
con la naturaleza constitucional de los cargos formulados, pues la tutela no
pretendía obtener una nueva liquidación del crédito ni reabrir una controversia
económica, sino cuestionar la validez constitucional de las providencias que tuvieron
por extinguida la obligación. Afirmó que el asunto sí tenía relevancia constitucional
porque comprometía el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de
justicia.

28.
Reiteró que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo al
considerar satisfecho el crédito pese a que la suma efectivamente recibida por el
Fondo fue inferior a la reconocida, debido a la retención en la fuente practicada por
la Rama Judicial. Señaló que esa retención no procedía conforme a los artículos 23-
1 y 368-1 del Estatuto Tributario y que, al imputar el pago efectivamente recibido
según el artículo 1653 del Código Civil, subsistía un saldo de capital y los intereses
causados hasta la fecha real del desembolso. Añadió que la Fiscalía, frente al
mismo crédito y bajo condiciones equivalentes, efectuó el pago sin practicar
retención.

29.
También insistió en la existencia de un defecto procedimental, porque el
Tribunal atribuyó efectos extintivos al término de diez días previsto en la Resolución
4759 de 2023, pese a que ninguna norma establece esa carga ni permite convertir
el silencio del acreedor en aceptación tácita de la liquidación. Agregó que ese
fundamento no había sustentado la sentencia de primera instancia del proceso
ejecutivo y cuestionó su compatibilidad con los principios de congruencia,
contradicción y los límites funcionales de la segunda instancia. Por ello, pidió
revocar el fallo impugnado, reconocer la relevancia constitucional del asunto,
conceder el amparo y ordenar al Tribunal proferir una nueva decisión.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

30.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

31.
La legitimación en la causa por activa del Fondo de Capital Privado Cattleya –
Compartimento 3 está acreditada, por cuanto actuó como parte ejecutante dentro
del proceso radicado al número 11001-33-36-037-2014-00046-00, en el que se
profirieron las providencias judiciales que cuestiona mediante la presente acción de
tutela. En consecuencia, es titular de los derechos fundamentales cuya vulneración
alega.

32.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, autoridades
judiciales que profirieron las decisiones a las que el Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimento 3 atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Problemas jurídicos

33.
La Sala deberá resolver si: ¿La acción de tutela satisface los requisitos
generales de procedibilidad?

34.
En caso positivo ¿las providencias judiciales cuestionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3, al haber incurrido
en los defectos sustantivo y procedimental que se les atribuyen al resolver sobre la
extinción de la obligación discutida en el proceso ejecutivo?

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

36.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

37.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

38.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto

39.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.

40.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional. Aunque la
controversia tiene un componente económico relacionado con el cumplimiento de
una condena judicial, los reproches formulados por el Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimento 3 no se limitan a expresar desacuerdo con el saldo
determinado en el proceso ejecutivo. La accionante sostiene que las autoridades
judiciales incurrieron en defectos sustantivo y procedimental al tener por extinguida
la obligación, pese a los cuestionamientos relacionados con la retención en la
fuente, la imputación del pago, los intereses causados hasta la fecha efectiva del

10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

10

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desembolso y los efectos atribuidos al término previsto en la Resolución 4759 de
2023.

41.
Tales planteamientos permiten advertir una controversia que trasciende la mera
determinación económica del crédito, pues se cuestiona si las reglas sustantivas y
procesales utilizadas para declarar satisfecho el título judicial se mantuvieron dentro
de los márgenes constitucionalmente admisibles de la autonomía judicial. Además,
la terminación del proceso ejecutivo incide en la posibilidad de obtener el
cumplimiento integral de una sentencia ejecutoriada, por lo que los cargos
planteados comprometen, al menos en principio, los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.

42.
Esta conclusión no supone aceptar la interpretación jurídica propuesta por el
Fondo ni anticipar que la retención practicada por la Rama Judicial fue
improcedente, que subsista necesariamente un saldo de capital o que deban
reconocerse intereses adicionales. Significa únicamente que los cargos permiten
examinar si las interpretaciones adoptadas por las autoridades judiciales acerca del
alcance del título ejecutivo, la extinción de la obligación y los efectos de la
Resolución 4759 de 2023 se mantuvieron dentro de los límites constitucionales
propios de la autonomía judicial.

43.
Asimismo, se satisface el requisito de subsidiariedad. La controversia fue
tramitada mediante proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá y contó con segunda instancia ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. El Fondo
interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 12 de julio de 2024 y el
Tribunal resolvió la alzada mediante providencia del 23 de octubre de 2025, contra
la cual no procedía un recurso ordinario idóneo para controvertir los defectos que
ahora se plantean mediante la acción de tutela.

44.
Para efectos de la subsidiariedad tampoco resulta exigible el agotamiento del
recurso extraordinario de revisión. La sola existencia de ese mecanismo no
desplaza la acción de tutela, pues debe verificarse si los reproches formulados
pueden subsumirse en alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 250
del CPACA y si permiten obtener una protección integral de los derechos invocados.
En este caso, los cuestionamientos recaen sobre la interpretación jurídica utilizada
para determinar la satisfacción del título y sobre una alegada irregularidad en la
forma de resolver la apelación, asuntos que no corresponden, en principio, a las
causales propias de ese medio extraordinario.

45.
También se cumple el requisito de inmediatez. La sentencia de segunda
instancia del proceso ejecutivo fue proferida el 23 de octubre de 2025, mientras que
la acción de tutela fue radicada el 17 de febrero de 2026. Entre ambas actuaciones
transcurrieron menos de cuatro meses, término que resulta razonable y
11

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Subsección A y otro

proporcionado para acudir al mecanismo constitucional frente a las providencias
judiciales cuestionadas.

46.
Por otra parte, el reproche de naturaleza procedimental, de acreditarse, tendría
incidencia directa y determinante en el sentido de la decisión cuestionada. En
efecto, para desestimar el reclamo relativo a los intereses causados hasta la fecha
efectiva del pago, el Tribunal atribuyó efectos jurídicos al término de diez días
previsto en el artículo noveno de la Resolución 4759 de 2023 y concluyó que, ante
la ausencia de inconformidad dentro de ese plazo, la Rama Judicial debía
entenderse a paz y salvo. Esa consideración constituyó una de las razones
determinantes para confirmar la terminación del proceso ejecutivo.

47.
De igual manera, la solicitud de amparo identifica suficientemente los hechos
que el Fondo considera generadores de la vulneración, las providencias judiciales
cuestionadas y los derechos fundamentales presuntamente afectados. En
particular, atribuye a las decisiones del juzgado y del tribunal defectos sustantivo y
procedimental relacionados con la imputación del pago, la retención en la fuente,
los intereses causados y los efectos conferidos al término previsto en la Resolución
4759 de 2023. Estos planteamientos permiten delimitar con claridad el objeto del
control constitucional.

48.
Finalmente, las providencias objeto de reproche fueron dictadas dentro del
proceso ejecutivo derivado de la sentencia de reparación directa y no dentro de otro
trámite de tutela. Por tanto, también se satisface este requisito general de
procedibilidad.

49.
En consecuencia, la Sala considera satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad y, en particular, se aparta de la conclusión de la primera instancia
acerca de la falta de relevancia constitucional del asunto. El componente patrimonial
de la controversia no impide examinar si las providencias cuestionadas incurrieron
en los defectos constitucionales alegados y si, por esa vía, afectaron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

3.6. Cuestión preliminar

50.
La Sala concentrará el análisis constitucional en la sentencia del 23 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, por cuanto esa autoridad resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión del Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá y definió los aspectos que sustentan la presente acción de tutela.
En particular, examinó el reclamo por los intereses causados hasta la fecha efectiva
del pago y la controversia relacionada con la retención en la fuente practicada por
la Rama Judicial. Asimismo, atribuyó efectos jurídicos al término de diez días
previsto en la Resolución 4759 de 2023 para manifestar inconformidad con la
12

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liquidación. Por tanto, es esa providencia la que define actualmente la situación
jurídica controvertida y sobre la cual debe recaer principalmente el examen de los
defectos constitucionales alegados.

51.
En consecuencia, la Sala examinará de manera separada los defectos
invocados por la parte accionante. En primer lugar, abordará el defecto sustantivo,
a partir de los cuestionamientos relacionados con la retención en la fuente, la
imputación del pago y los intereses reclamados. Posteriormente, estudiará el
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, en particular frente a
los efectos que el Tribunal atribuyó al término de diez días previsto en la Resolución
4759 de 2023 y a la incidencia de esa consideración en la decisión de segunda
instancia.

3.7. Análisis de los defectos invocados en la acción de tutela

3.7.1. Consideraciones sobre el defecto sustantivo

52.
La jurisprudencia constitucional ha determinado que el defecto sustantivo se
configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su decisión en una
disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma que debía
gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su contenido,
vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea determinante
para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa11.

53.
En el presente asunto, el Fondo sostiene que el Tribunal incurrió en este defecto
al desconocer los artículos 23-1 y 368-1 del Estatuto Tributario y las reglas previstas
en los artículos 1634, 1635 y 1653 del Código Civil. A su juicio, por su condición de
fondo de capital privado no procedía practicar retención en la fuente sobre el pago
recibido de la Rama Judicial y, por tanto, los $4.406.375 descontados no podían
computarse como parte del pago. Bajo esa premisa, afirma que la suma
efectivamente recibida debía imputarse primero a intereses y después a capital, de
lo cual resultaba un saldo insoluto.

54.
La Sala no encuentra configurado el defecto alegado, pues la sentencia del 23
de octubre de 2025 no concluyó que, conforme al régimen tributario aplicable, la
retención practicada por la Rama Judicial fuera necesariamente correcta. El Tribunal
planteó una cuestión diferente, a saber: si dentro del proceso ejecutivo promovido
con fundamento en las sentencias de reparación directa resultaba posible decidir la
procedencia de esa retención y ordenar que la suma descontada fuera pagada
como un saldo pendiente de la condena.

11 Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-

556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
13

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Subsección A y otro

55.
Para resolver ese problema, el Tribunal consideró que las providencias que
conformaban el título ejecutivo no contenían una obligación clara, expresa y exigible
por concepto de devolución de retención en la fuente. Explicó que determinar si el
descuento tributario había sido correcto exigía resolver una controversia sustancial
de esa naturaleza, ajena a la finalidad del proceso ejecutivo. Añadió que, aun si la
Resolución 4759 de 2023 se considerara como título, el Fondo no pretendía ejecutar
una suma reconocida y no pagada en ese acto, sino controvertir la decisión allí
adoptada de efectuar la retención. Efectivamente, señala la providencia demandada
lo siguiente:

[…] c) Sin perjuicio de lo anterior, si se llegase a considerar, que el titulo ejecutivo cuya
ejecución se pretende en el caso concreto es la Resolución 4759 de mayo 15 de
2023, por ser este acto administrativo el cual ordenó efectuar la retención en la fuente,
advierte la Sala, que lo que se estaría planteando no sería la ejecución de las sumas
contenidas en dicho acto administrativo, por cuanto las sumas que se ordenó pagar
en el mismo ya fueron canceladas, sino que lo que se estaría planteando, serian
reparos concretos frente a las consideraciones y decisiones adoptadas en el
mismo, lo cual nuevamente escapa del alcance de la acción ejecutiva.

d) Así las cosas, advierte la Sala, que más que plantear un problema propio de la
acción ejecutiva, la parte ejecutante pretende que, a través de este proceso, se
resuelva una controversia de interpretación legal – tributaria, lo que conlleva a
concluir la improcedencia de la acción ejecutiva, frente a este punto en concreto.

e) Aunado a lo anterior, si se pasase por alto los argumentos anteriormente
expuestos, advierte la Sala que la acción ejecutiva se tornaría igualmente
improcedente para solicitar el reintegro de sumas retenidas en exceso por la Nación –
Rama Judicial, habida cuenta que, la retención en la fuente es un sistema de
recaudo anticipado de obligaciones tributarias, de manera tal, que las sumas objeto
de retención en la fuente son imputables al pago de impuestos, y por tanto, para
obtener la devolución de las sumas retenidas en exceso, se debe seguir un
procedimiento especial determinado por la normatividad tributaria12.

56.
Como resulta evidente con la simple lectura, esa interpretación no resulta
manifiestamente irrazonable, porque, como se precisó en un asunto de
características semejantes13, el proceso ejecutivo está dirigido a hacer efectiva la
obligación contenida en el título y no a reformular los términos en los que esta quedó
estructurada. En este caso, aun si las normas tributarias invocadas por el Fondo
sustentaran su postura acerca de la improcedencia de la retención, ello no
determinaría, por sí solo, que la suma descontada constituyera una obligación
directamente exigible con fundamento en las sentencias de reparación directa que
integraban el título ejecutivo.

12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de

2025, exp. 2014 – 00046 – 02, M.P. Juan Carlos Garzón Martínez, pág. 10, en Samai, exp. 11001-33-36-037-
2014-00046-02, índice 11, certificado F52F1EDC3B8E0D83 C43CBF31CECE0EB5 8BD5ED24CD067EE1
12F39FC8DC65BBBD.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de agosto de 2026, exp. 11001-03-

15-000-2026-01544-01 (8696), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
14

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Subsección A y otro

57.
La misma conclusión se impone respecto de los artículos 1634, 1635 y 1653 del
Código Civil. Los dos primeros regulan a quién debe efectuarse el pago para que
produzca efectos liberatorios y el último establece que, cuando concurren capital e
intereses, el pago se imputa primero a estos y luego a aquel. Sin embargo, la
aplicación de esas reglas exigía resolver previamente una cuestión distinta: si los
$4.406.375 entregados a la DIAN por concepto de retención en la fuente podían
considerarse parte del pago efectuado al Fondo o, por el contrario, constituían una
suma que permanecía insoluta. Esa cuestión dependía, precisamente, de definir la
procedencia de la retención, controversia tributaria que el Tribunal consideró ajena
al proceso ejecutivo. Por ello, el artículo 1653 permitía determinar cómo imputar el
valor efectivamente pagado, pero no resolvía si la retención practicada convertía el
cumplimiento de la condena en un pago parcial.

58.
A ello se suma que el Tribunal señaló que las sumas retenidas corresponden a
un mecanismo de recaudo anticipado de obligaciones tributarias y que, si se
estimaba que el descuento había sido excesivo o improcedente, existía un
procedimiento especial para solicitar su devolución. De este modo, la providencia
no omitió sin explicación el planteamiento formulado en la apelación, sino que
ofreció una razón jurídica para concluir que su definición correspondía a un
escenario distinto del proceso ejecutivo. Que el Fondo discrepe de esa delimitación
no convierte la interpretación judicial en una decisión carente de fundamento
jurídico.

59.
Tampoco resulta necesario avalar, para llegar a esta conclusión, la totalidad de
las razones expuestas por el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá,
en particular aquellas relacionadas con la fecha del concepto de la DIAN de 2024 y
el conocimiento que de esa postura pudiera tener la Rama Judicial 14. La sentencia
del Tribunal adoptó una razón autónoma para confirmar la decisión, esto es, que la
controversia sobre la retención no constituía, en su criterio, una obligación ejecutiva
derivada del título y contaba con un cauce tributario específico. Es esta
interpretación, como decisión definitiva del juez natural, la que corresponde someter
principalmente al control constitucional.

60.
En esas condiciones, los argumentos del Fondo muestran una interpretación
distinta acerca de los efectos que la retención en la fuente debía producir sobre el
cumplimiento de la condena, pero no demuestran que el Tribunal hubiera omitido
una disposición manifiestamente aplicable o adoptado una lectura abiertamente
incompatible con el ordenamiento jurídico. La acción de tutela no tiene por objeto
establecer cuál de varias interpretaciones jurídicamente defendibles resulta más
acertada, sino verificar si la acogida por el juez natural desbordó manifiestamente
los límites de su autonomía, circunstancia que no se presenta en este caso.

14 Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá, sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 11001-33-36-

037-2014-00046-00, pág. 8. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01258-00, índice 15, certificado
8A32FFBB584716D3 A1B664806B7EBA34 7B69FC4AAA8F67C7 FC34CFDF0938EEBC.
15

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61.
Por consiguiente, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo
alegado. La controversia relacionada con los intereses causados hasta la fecha
efectiva del desembolso y, particularmente, con los efectos que el Tribunal atribuyó
al término de diez días previsto en la Resolución 4759 de 2023, será examinada a
continuación desde la perspectiva del defecto procedimental invocado por la parte
accionante.

3.7.2. Consideraciones sobre el defecto procedimental absoluto

62.
De conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho
sustancial constituyen garantías que deben orientar la interpretación y aplicación de
las normas procesales. Por ello, la observancia de las formas judiciales, aunque
indispensable para asegurar el orden y la igualdad entre las partes, no puede
convertirse en un obstáculo injustificado para el ejercicio efectivo de sus derechos.

63.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el defecto procedimental
puede presentarse cuando la autoridad judicial se aparta por completo del trámite
legalmente establecido o cuando, pese a seguir formalmente el procedimiento,
aplica sus reglas con un rigor excesivo que sacrifica la justicia material. Esta
segunda modalidad, denominada exceso ritual manifiesto, se configura cuando la
autoridad privilegia una lectura rígida de las formas procesales, sin valorar las
circunstancias concretas del asunto, y de esa manera impide el ejercicio de los
derechos de defensa, contradicción o acceso efectivo a la justicia15.

64.
En el presente asunto, el Fondo atribuye el defecto procedimental al hecho de
que el Tribunal otorgó efectos jurídicos al término de diez días previsto en el artículo
noveno de la Resolución 4759 de 2023. En su criterio, ninguna disposición legal
establecía esa carga para conservar el derecho a reclamar judicialmente el saldo
de la condena y, además, la resolución de pago constituía un acto de ejecución
frente al cual no procedía recurso alguno. Por ello, considera que el Tribunal
convirtió indebidamente su silencio en aceptación de la liquidación e impidió el cobro
de los intereses causados hasta la fecha efectiva del desembolso.

65.
Al respecto, la Sala no encuentra configurado el defecto alegado, porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no utilizó el término previsto en la
Resolución 4759 de 2023 como presupuesto de acceso a la jurisdicción, de
admisibilidad de la demanda ejecutiva o de procedencia del recurso de apelación.
Al contrario, el Fondo promovió el proceso ejecutivo, obtuvo mandamiento de pago,
controvirtió las excepciones propuestas por las ejecutadas y ejerció el recurso de
apelación contra la sentencia que declaró extinguida la obligación. No se observa,

15 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.

16

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en consecuencia, que alguna formalidad hubiera impedido el acceso al proceso o el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

66.
Lo que sí hizo el Tribunal fue atribuir determinado alcance jurídico al contenido
de la Resolución 4759 de 2023 al resolver uno de los reparos concretos de la
apelación. El Fondo había cuestionado que los intereses se liquidaran únicamente
hasta el 19 de mayo de 2023, pese a que el pago se hizo efectivo el 30 de mayo
siguiente. Para resolver ese planteamiento, el juez de segunda instancia examinó
integralmente el acto mediante el cual la Rama Judicial liquidó y ordenó el pago y
advirtió que su artículo noveno establecía que, transcurridos diez días desde la
consignación sin manifestación de inconformidad, se entendería aceptada la
liquidación y la entidad quedaría a paz y salvo16.

67.
Desde esa perspectiva, el Tribunal no convirtió aquel término administrativo en
un recurso que el Fondo hubiera debido interponer ni en un presupuesto procesal
de la acción ejecutiva. Lo valoró como uno de los elementos jurídicos que, en su
criterio, permitían establecer los efectos de la liquidación efectuada por la entidad
pagadora. Por ello, aunque pueda discutirse en el plano de la legalidad si una
resolución de esa naturaleza podía atribuir al silencio del acreedor tales
consecuencias, esa controversia no demuestra, por sí misma, que el juez hubiese
aplicado con rigor excesivo una forma procesal hasta sacrificar el derecho
sustancial.

68.
Por otra parte, en la impugnación contra el fallo de tutela, el Fondo agregó que
el artículo noveno de la Resolución 4759 de 2023 no había servido de fundamento
a la sentencia de primera instancia del proceso ejecutivo y que, por ello, el Tribunal
desconoció la congruencia, el derecho de contradicción y los límites de su
competencia funcional al utilizarlo para confirmar la decisión17.

69.
La Sala observa que este reproche específico no fue planteado en la solicitud
inicial de amparo. En efecto, aunque la demanda de tutela sí controvirtió los efectos
jurídicos atribuidos al término de diez días previsto en dicha resolución y la validez
de considerar el silencio del acreedor como aceptación de la liquidación, no
desarrolló un reproche autónomo relacionado con la eventual incorporación de ese
argumento por parte del juez de segunda instancia ni con sus posibles implicaciones
en materia de congruencia o límites funcionales de la apelación y, por tanto, no hizo
parte de los cargos formulados en la solicitud inicial de amparo. No obstante, en

16 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de

2025, op. cit., págs. 7 y 8, en Samai, exp. 11001-33-36-037-2014-00046-02, índice 11, certificado
F52F1EDC3B8E0D83 C43CBF31CECE0EB5 8BD5ED24CD067EE1 12F39FC8DC65BBBD.
17 El Fondo solicitante indica explícitamente lo siguiente: «[a] lo anterior se suma un aspecto adicional que refuerza

la relevancia constitucional del asunto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver la apelación,
estaba limitado por los reparos propuestos por el apelante único, conforme al principio de congruencia previsto en
el artículo 281 del Código General del Proceso y a la competencia del superior regulada en el artículo 328 ibídem,
sin embargo, introdujo como razón decisiva la supuesta aceptación tácita derivada del término de diez días previsto en
la Resolución 4759 de 2023, otorgándole efectos sustanciales y procesales de paz y salvo».
17

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atención al carácter informal de la tutela y con el propósito de ofrecer una respuesta
integral a la impugnación, la Sala procederá a examinarlo.

70.
En cuanto al señalado argumento, la Sala advierte que el hecho de que el
superior acuda a una razón jurídica distinta de la empleada por el juez de primera
instancia no configura, por sí solo, una irregularidad procesal. El artículo 328 del
Código General del Proceso limita la competencia del superior a los aspectos
controvertidos por el apelante y a los puntos íntimamente relacionados con ellos,
pero no exige que la segunda instancia reproduzca los fundamentos jurídicos de la
providencia recurrida. En este caso, uno de los reparos expresamente formulados
por el Fondo consistía en que subsistían intereses entre el 19 y el 30 de mayo de
2023, de modo que el Tribunal permaneció dentro del objeto de la apelación al
examinar si esa obligación se encontraba pendiente y resolverla a partir del
contenido de la Resolución 4759 de 2023.

71.
Adicionalmente, el artículo noveno de la Resolución 4759 de 2023 guardaba
relación directa con el reparo relativo a los intereses causados entre la fecha de
corte de la liquidación y el desembolso efectivo, pues formaba parte del expediente
y constituía precisamente el acto por medio del cual la Rama Judicial había liquidado
y ordenado el pago que se discutía en el proceso. Por consiguiente, el Tribunal no
incorporó un hecho ajeno al litigio ni resolvió una materia distinta de la sometida a
su conocimiento, sino que acudió al contenido de un acto que obraba en el
expediente y estaba directamente relacionado con el argumento de apelación para
determinar si subsistían los intereses reclamados.

72.
Tampoco se advierte desconocimiento de la prohibición de reforma en perjuicio
del apelante único, toda vez que la sentencia de segunda instancia confirmó la
terminación del proceso ejecutivo dispuesta por el juzgado y no impuso al Fondo
una condena, obligación o consecuencia más gravosa que la contenida en la
providencia recurrida. Que el Tribunal hubiera acudido a una razón jurídica distinta
o adicional para confirmar la decisión no significa, por ese solo hecho, que hubiese
desbordado los límites de su competencia funcional.

73.
En esas condiciones, la Sala observa que el cuestionamiento del Fondo recae
realmente sobre el alcance que el Tribunal atribuyó a una disposición contenida en
la Resolución 4759 de 2023, pero no evidencia que la autoridad judicial se hubiera
apartado del procedimiento aplicable ni que hubiese impuesto una formalidad
judicial desproporcionada que obstaculizara el acceso a la justicia. La diferencia
acerca de los efectos jurídicos que podían derivarse del silencio del acreedor frente
a aquel acto administrativo no alcanza, por tanto, la entidad requerida para
configurar un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

74.
En consecuencia, tampoco se configura el defecto procedimental alegado y la
sentencia del 23 de octubre de 2025 no vulneró, por esta causa, los derechos
18

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fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3.

4. Conclusión

75.
La acción de tutela no acredita la configuración de los defectos específicos
invocados. En cuanto al defecto sustantivo, no se demostró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca hubiera adoptado una interpretación
manifiestamente irrazonable al considerar que la discusión sobre la retención en la
fuente desbordaba el objeto del proceso ejecutivo y debía ventilarse por el cauce
tributario correspondiente. Tampoco se advierte que hubiera desconocido las reglas
previstas en el Código Civil sobre el pago y la imputación de las obligaciones, pues
su aplicación dependía de definir previamente los efectos jurídicos de la retención
practicada.

76.
De igual forma, no se configuró el defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto. El Tribunal no convirtió el término de diez días previsto en la
Resolución 4759 de 2023 en un presupuesto para acceder al proceso ejecutivo o
ejercer el recurso de apelación, sino que valoró su contenido para determinar los
efectos de la liquidación efectuada por la Rama Judicial. Tampoco desbordó los
límites funcionales de la segunda instancia, pues examinó un aspecto directamente
relacionado con el reparo del Fondo acerca de los intereses causados entre la fecha
de corte de la liquidación y el pago efectivo.

77.
La Sala modificará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró
improcedente la acción por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, negará
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al no haberse acreditado los defectos sustantivo y
procedimental alegados.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela
promovida por el Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01258-01 (9325)
Accionante: Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 3 administrado por la sociedad
Aval Fiduciaria S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia invocados por el Fondo de Capital Privado
Cattleya – Compartimento 3, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y Cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

20

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