Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01260-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01260-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01260-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01260-00
Accionante: NELSON YESID BUSTOS VELA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial – niega solicitud de amparo
constitucional – inexistencia del defecto sustantivo – subsidio
familiar
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Nariño.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 20 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Nelson Yesid Bustos Ávila, presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Nariño. Con la solicitud de amparo pretende que
se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, «en consonancia con los principios de
favorabilidad, eficacia, economía y celeridad».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 20 de octubre del 2025 por el tribunal
accionado. Mediante esta decisión revocó la providencia del 17 de agosto de
2022 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Pasto que accedió
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Tribunal
Administrativo del Meta. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Noveno Administrativo
de Pasto, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01260-00
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, para en su lugar, negarlas. Ello, al interior del expediente con radicado
52001-33-33-009-2019-00026-00/01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Respetuosamente solicito a su honorable Despacho, TUTELE los
Derechos Fundamentales a la igualdad, a la administración de justicia, así como
a los principios constitucionales de favorabilidad, eficacia, economía y celeridad,
a los pronunciamientos del Consejo de Estado, y demás derechos fundamentales
que estén siendo vulnerados, por el fallo proferido el veinte (20) de octubre de
dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Nariño, con ponencia
de la Magistrada ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA. Por considerar que
mencionada Sentencia se fundamentan en una actuación arbitraria contraria al
ordenamiento jurídico y al precedente jurisprudencial, que además de los
derechos fundamentales vulnerados ya enunciados, desconoce normas de rango
legal e interpreta indebidamente las mismas, desconoce los precedentes
jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, viola
directamente la Constitución Política de Colombia, al negarte al Accionante la
reliquidación de su asignación salarial mensual, reconociendo que el subsidio
familiar devengado, debe ser conforme al artículo 11 de Decreto 1794 del 2000,
interpretando erróneamente la norma y con ello, desconoce el precedente
jurisprudencial que regula específicamente esta materia.
SEGUNDO: Se ORDENE al Tribunal Administrativo del Nariño, acoja los
diferentes pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, y
especialmente acate la Sentencia de esta corporación de fecha ocho (08) de junio
de dos mil diecisiete (2017), radicado No. 11001-03-25-000-2010-00065-00,
Magistrado Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS mediante la cual Declaró
con efectos EX TUNC la NULIDAD TOTAL del Decreto 3770 del 30 de septiembre
de 2009, donde además de declarar la nulidad total del decreto, también
manifestó que el efecto de esa declaratoria es que el acto derogatorio pierde
validez y, por ende, las normas que fueron derogadas recuperen sus efectos
jurídicos, y que por consiguiente, la declaratoria de nulidad del acto administrativo
que derogado expresa o tácitamente otras disposiciones, “revive” los preceptos
derogados, es decir, produce el efecto de reincorporar tales normas al
ordenamiento jurídico, dejando sin efectos su derogatoria, en ese sentido, la
declaratoria de nulidad con efectos Ex Tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las
disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
restituyendo sus efectos.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Nariño, que resolvió revocar y por siguiente no
acceder a las pretensiones de la demanda acogidas en la sentencia de primera
instancia proferida el diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Pasto en el interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nro.
520013333009-2019-00026-00. [Sic].
1.2. Hechos
4. El señor Nelson Yesid Bustos Vela ingresó a prestar el servicio militar
obligatorio en calidad de soldado regular el 28 de febrero de 2003, y fue «dado
de alta» como soldado profesional el 1 de diciembre de 2004, mediante el acto
administrativo OAP 1238 expedido por el Ejército Nacional.
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
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5. El 25 de junio de 2009, el accionante contrajo matrimonio con la señora
Luz Amanda Suescún Reatiga, registrado bajo el serial No. 4394993.
6. Manifestó que intentó aportar la documentación a la oficina de personal de
la unidad a la que prestaba sus servicios, con el fin de que se le reconociera y
pagara el subsidio familiar. Sin embargo, no le fue recibida la solicitud, debido a
que el Comando del Ejército Nacional argumentó que dicho subsidio había sido
derogado con ocasión de la expedición del Decreto 3377 de 2009.
7. El formulario de solicitud del reconocimiento del subsidio familiar del 8 de
julio de 2014. Por tal razón, el Ejército Nacional le comenzó a pagar al accionante
el subsidio familiar desde julio de 2014, en virtud de lo establecido en el Decreto
1161 del 2014.
8. El 1 de noviembre de 2017, el accionante le solicitó a la mencionada
entidad el reconocimiento y pago del subsidio familiar de conformidad con el
Decreto 1794 del 2000. No obstante, dicha petición fue negada mediante el Oficio
No. 20183111608191 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-
10 del 27 de agosto de 2018.
9. Por lo anterior, el señor Bustos Vela ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejercito Nacional, con el fin de que se anulara el mencionado acto administrativo.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras3, que se reconociera
y pagara el subsidio familiar, conforme lo dispone el Decreto 1794 de 2000.
10. Mediante sentencia del 17 de agosto de 2022, el Juzgado Noveno
Administrativo de Pasto accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó, a
título de restablecimiento del derecho, el reajuste y pago de la diferencia del
subsidio familiar en la forma prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
a partir del 1 de noviembre de 2017 y hasta la fecha en la que se actualice y
pague el valor correspondiente por concepto de subsidio familiar.
11. Como sustento de la decisión, el a quo consideró que el estado civil del
demandante cambió el 25 de junio de 2009, es decir, antes de la derogatoria del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo que lo hacía beneficiario de sus efectos.
Además, señaló que, con ocasión de la sentencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dictada el 8 de junio de 2017, la cual declaró la nulidad del
Decreto 3377 de 2009, mediante el cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794
del 2000, dicha norma continúo produciendo efectos.
12. Contra la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante providencia del 30 de octubre de 2025
3 Además, solicitó el reajuste del subsidio familiar aplicando la fórmula del 4% del salario básico
mensual más el 100% de la prima de antigüedad mensual, la indexación sobre todos los valores
adeudados de conformidad con el IPC, desde el momento de su causación hasta cuando quede
en firme la orden de pago.
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
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proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que revocó la decisión del a
quo. Dicha autoridad judicial sostuvo que, si bien el demandante contrajo
matrimonio el 25 de junio de 2009, es decir, en vigencia del Decreto 1794 del
2000, el señor Bustos Vela tenía la obligación de notificar a la entidad demandada
sobre el cambio de su estado civil, lo cual no hizo, pues solo encontró acreditado
que hasta el 8 de julio del 2014 le solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento
del subsidio familiar, época en la que se encontraba vigente el Decreto 1161 de
2014.
1.3. Sustento de la vulneración
13. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada, al dictar la
sentencia cuestionada, incurrió en un defecto material o sustantivo. Según su
planteamiento, la decisión no interpretó de manera completa la situación jurídica
relacionada con el subsidio familiar de los soldados profesionales y, además,
desconoció los efectos ex tunc derivados de la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
14. Señaló que la providencia acusada pasó por alto cuando se expidió el
mencionado decreto, ya tenía consolidado su derecho al subsidio familiar de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, pues
contrajo matrimonio el 25 de junio de 2009, circunstancia que lo hacia acreedor
del reconocimiento y pago de dicha prestación.
15. A su vez, sostuvo que sí reportó su cambio de estado civil «como se
acredita en la certificación de afiliación al sistema de salud expedida el 20 de
enero del año 2026», en el que se evidencia que su esposa fue afiliada el 1 de
julio de 2009. Por lo tanto, sostuvo que el Ejército Nacional tenía pleno
conocimiento de su matrimonio.
1.4. Intervenciones
16. El Juzgado Noveno de Pasto, luego de hacer un recuento del trámite
surtido al interior del proceso ordinario, manifestó que no le es atribuible la
presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en la
medida en que únicamente está cuestionando la sentencia del 20 de octubre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
17. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo. Después de realizar el recuento de los argumentos de la sentencia de
segunda instancia, señaló que no se configuraba ningún defecto y que, en
consecuencia, las pretensiones debían ser negadas.
18. Sostuvo que el tribunal accionado no vulneró los derechos fundamentales
del accionante, debido a que cada etapa procesal se surtió de conformidad con
las normas procesales.
19. El Tribunal Administrativo de Nariño, pese a estar debidamente
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notificado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
20. La Sala negará de la solicitud de amparo de la referencia, tras advertir que
la providencia censurada no incurrió en el yerro invocado por la parte accionante.
Para ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) la superación de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
(ii) las generalidades del defecto alegado y (iii) el caso concreto.
2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
21. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
23. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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25. La Sala advierte que el señor Nelson Yesid Bustos Vela está legitimado
en la causa por activa, porque fungió como demandante dentro del medio de
control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por
otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Nariño está legitimado
en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el
presente trámite constitucional.
26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional8, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
27. En este caso, la Sala encuentra que no se pretende utilizar el mecanismo
de amparo constitucional como una extensión del proceso contencioso-
administrativo, como si se tratara de una tercera instancia. Esto, pues el interés
de la parte actora no es reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa,
sino evidenciar una seria tensión de garantías fundamentales al poner de
presente que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos a la
igualdad, debido proceso, «prevalencia del derecho sustancial», acceso a la
administración de justicia, «respeto a los derechos adquiridos», y el principio a la
seguridad jurídica.
28. La parte actora cumplió con la carga de sustentar en debida forma el
defecto alegado y en qué se concreta el mismo. En su sentir, con la decisión
reprochada se omitió realizar una interpretación adecuada y juiciosa de la norma
que regula su derecho a acceder al subsidio familiar; esto es, el Decreto 1794 de
2000, puesto que demostró que contrajo matrimonio en vigencia de esta norma,
y, aun así, el Tribunal demandado negó el derecho reclamado.
29. Se destaca que dicho beneficio busca proteger la familia como núcleo
esencial de la sociedad, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución
Política. Al respecto, mediante Sentencia C-271 de 2021 la Corte Constitucional
definió el subsidio familiar de la siguiente manera:
Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar
las cargas económicas del trabajador beneficiario”. Ha destacado que [t]iene
por objetivo fundamental la protección integral de la familia” señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de
8 Sentencia SU-215 de 2022.
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la política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”. Ha reiterado también que
“es una función pública, servida por el Estado a través de organismos
intermediarios manejados por empresarios y trabajadores” y su cumplimiento
adecuado compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de
equidad que persigue”. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado
que el subsidio supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos
y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades
básicas del grupo familiar” y, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo
de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en
dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos
niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria
las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y
alojamiento”. [Cursivas y comillas del texto original].
30. Como se observa, esta prestación está orientada a la protección integral
de las familias de ingresos medios y bajos, en especial respecto de la satisfacción
de sus necesidades básicas. En ese sentido, aunque pudiera pensarse que, al
tratarse de una reliquidación económica el asunto no va más allá de un ajuste
monetario, lo cierto es que su alcance es mucho mayor, pues incide directamente
en el mínimo vital de los núcleos familiares. Se trata de una prestación que busca
garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que cuentan con una
ventaja económica.
31. Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que el asunto reviste
relevancia constitucional, puesto que como se ha reiterado con anterioridad9,
aparte de un asunto de debate complejo que involucra el desconocimiento de una
norma que vuelve a la vida jurídica con ocasión de una Sentencia del Consejo de
Estado10, los reparos concretos contra la providencia cuestionada buscan
evidenciar irregularidades cometidas por una autoridad judicial en violación de
derechos fundamentales.
32. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
33. Al respecto, la Sala debe precisar que la Sentencia del 20 de octubre de
2025 resolvió el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera
instancia del 17 de agosto de 2022, dictada por el Juzgado Noveno Administrativo
de Pasto, por lo que es dable tener por agotados los recursos ordinarios. Del
mismo modo, no se advierte, prima facie, el cumplimiento de requisitos de
procedencia de recursos extraordinarios, razón por la que se tiene por cumplido
el requisito de subsidiariedad.
34. Inmediatez. También se acredita este presupuesto, pues la sentencia que
9 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, Sentencia 02.07.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01132-01; Sentencia
24.11.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-05672-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
M.P. César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00.
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se reprocha quedó ejecutoriada el 17 de diciembre de 2025, mientras que la tutela
se presentó el 18 de febrero de 2026. Es decir, dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
35. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Del mismo modo, la Sala advierte que la providencia sub judice
tampoco fue dictada en el marco de un proceso de control abstracto de
constitucionalidad ni corresponde a una sentencia interpretativa adoptada por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
36. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.
2.2. Generalidades del defecto alegado
37. En torno al defecto sustantivo, se destaca que la Corte Constitucional11,
ha explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica»12.
38. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente13 o porque ha sido derogada14, es
inexistente15, inexequible16 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador17.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma18.
c) La disposición aplicada es regresiva19 o contraria a la Constitución20.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
11 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
15 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
16 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
18 Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009. y T-1101 de 2005
19 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
20 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
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previstos en la disposición21.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma22
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.3. La providencia del 20 de octubre del 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Nariño no incurrió en defecto sustantivo
2.3.1. Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar
39. El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares casados
o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a
partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la
reglamentación vigente23.
40. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el
reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta
norma empezó a regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de
septiembre de 2009. Sin embargo, en contra de aquel, se interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Esta fue decidida en la
sentencia del 8 de junio de 2017, por medio de la cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770
de 200924.
41. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un
subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a
la del Decreto 1794 de 200025.
42. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica
antes mencionada:
21 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
22 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 2004
23 Al respecto, el inciso segundo del artículo 11 del referido decreto dispuso: «Para los efectos
previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir
de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente».
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8
de junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión,
indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009 que
suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por
tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se
debería fundar, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a
la protección y seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
25 Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01260-00
14 de 30 de 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de septiembre de 2014 2017
2000 2009
Decreto 1161 Sentencia de
de 2014 – crea la Sección
Decreto 3770 nuevamente el Segunda del
Decreto 1794 de de 2009 – subsidio familiar Consejo de
2000 – crea el derogó el para los Estado que
Suceso subsidio familiar subsidio familiar soldados declaró la
para soldados para los profesionales, nulidad del
profesionales. soldados pero en cuantía Decreto 3770
profesionales. inferior al del de 2009 con
Decreto 1794 efectos ex
de 2000. tunc.
2.3.2. De la configuración del defecto sustantivo
43. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, el actor adujo el
Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo, dada la indebida
interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establece que los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de
hecho vigente, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad.
44. A su juicio, materializó el derecho a percibir dicha prestación al contraer
matrimonio el 25 de junio de 2009, registrado bajo el serial No. 4394993. Sin
embargo, le fue negada la recepción de su solicitud de reconocimiento y pago del
mencionado subsidio debido a que, con ocasión de la expedición del Decreto
3770 de 2009, fue eliminado.
45. La Sala negará las pretensiones de la demanda, con base en las razones
que se exponen a continuación.
46. Al revisar con detenimiento la sentencia del 20 de octubre de 2025, se
tiene que el Tribunal Administrativo de Nariño reconoció que el subsidio familiar
estaba regulado por el Decreto 1794 del 2000 y tendrán derecho a este aquellos
soldados profesionales que causaron tal derecho en vigencia de dicha norma,
pero que, además, reportaron el cambio de su estado civil.
47. A su vez, señaló que, si la condición de la norma se cumplió en vigencia
del Decreto 1161 del 2014, esta última normatividad es la que debe aplicarse
para el reconocimiento del subsidio familiar.
48. En se orden, sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia decantada
por Consejo de Estado, la consolidación del derecho no se garantiza únicamente
con la ocurrencia del hecho jurídico que da lugar a ser beneficiario de dicha
prestación, sino que requiere, de manera concurrente, que el interesado haya
cumplido con la carga de informar oportunamente el cambio de su estado civil
cuando aun se encontraba en vigor el Decreto 1794 del 2000.
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01260-00
49. En el caso concreto, encontró probó lo siguiente:
• El derecho de petición radicado por el actor ante la Sección de
Procedimiento de Nómina del Ministerio de Defensa el 1 de noviembre del
2017, en el que solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar en
virtud del Decreto 1794 del 2000.
• El matrimonio que contrajo el accionante el 25 de junio de 2009.
• El tiempo de servicio del demandante en el Ejército Nacional.
• Los haberes percibidos en la institución.
• El formulario de solicitud del reconocimiento del subsidio familiar del 8 de
julio de 2014.
• El Oficio No. 20183111608191: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF
COPER-DIPER-1-10 del 27 de agosto del 2018, notificado el 20 de
septiembre del 2018, por medio del cual se le negó al demandante el
reconocimiento y pago del subsidio familiar en virtud del Decreto 1794 del
2000.
• La orden administrativa No. 1887 del 30 de agosto 2014, mediante la cual
le fue reconocido el subsidio familiar al demandante con novedad fiscal del
8 de julio de 2014, de conformidad con el Decreto 1161 del 2014.
50. A partir de lo anterior, señaló que el demandante no allegó prueba del
cambio del estado civil en vigencia del Decreto 1794 del 2000, pues solo encontró
acreditado que hasta el 8 de julio de 2014 le solicitó al Ejército Nacional el
reconocimiento del subsidio familiar, época en la que ya se encontraba vigente
el Decreto 1161 de 2014.
51. Ahora bien, dicha postura guarda armonía con lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, el cual establecía que, para ser acreedor del
subsidio familiar, era necesario que el soldado profesional reportara el cambio
del estado civil a partir de su inicio ante el comando de la fuerza correspondiente.
En efecto, la disposición preveía:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto,
el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de
hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual
más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá
reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la
Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente. (Resaltado de la
Sala)
52. Así, de acuerdo con la tesis de la Sección Quinta26, no hay lugar a acceder
26 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2022. Radicado núm.
11001-03-15-000-2022-04249-01. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Asimismo, ver Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia de 20 de marzo de 2025. Radicado núm. 11001-03-15-000-
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01260-00
al amparo de los derechos fundamentales en aquellos casos en los cuales los
accionantes tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento del subsidio
familiar antes de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Esto,
por cuanto los efectos ex tunc de la decisión adoptada por la Sección Segunda
de esta corporación se predicaban únicamente para quienes habían sido
afectados por el Decreto 3770 de 2009; esto es, a quienes se les privó, por la
derogatoria de la norma que establecía el subsidio familiar, de la posibilidad de
indicarle al empleador el cambio de su estado civil y solicitar tal reconocimiento.
No así, para quienes sí contaron con esa posibilidad y tenían el deber de
reportarlo a tiempo:
[…] como la consolidación de la unión marital de hecho ocurrió en vigencia
del Decreto 1794 de 2000 era deber del actor reportar el cambio de su estado
civil27.
53. En este caso, el actor no forma parte del grupo de personas que se vieron
afectadas con la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000. En efecto,
el accionante contrajo matrimonio el 25 de junio del 2009, es decir, antes de la
derogatoria de la referida norma. Por ello, contó con la oportunidad suficiente de
reportar su cambio de estado civil cuando la norma en mención aún estaba
vigente.
54. Por ende, es evidente que el accionante no tenía derecho al
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000,
pues, como viene de verse, el actor omitió el deber de reportar el cambio de su
estado civil, siendo una carga válida al menos hasta el 30 de septiembre de 2009,
fecha en la que la norma estuvo vigente, y no lo hizo.
55. Por otra parte, la Sala advierte que si bien el accionante, en sede de tutela,
aportó una certificación expedida por la Dirección de Sanidad Militar el 20 de
enero de 2026, en la que consta que su esposa, la señora Liuz Amanda Suescun
Reatiga, fue afiliada como beneficiaria del subsistema de salud de las fuerzas
militares, lo cierto es que dicho documento no suple la carga que le asistía de
informar oportunamente el cambio de su estado civil cuando se encontraba en
vigor el Decreto 1794 de 2000.
56. Además, de la revisión del expediente ordinario, se evidenció que dicha
constancia no fue aportada al interior del proceso ordinario, pese a que era su
carga allegar los elementos de pruebas necesarios para sustentar sus
pretensiones. En esa medida, resulta necesario precisar que la acción de tutela
no está prevista para subsanar omisiones probatorias de los accionantes en el
trámite ordinario, ni para reabrir el debate probatorio ya surtido, salvo que se
acredite la ocurrencia de una vulneración directa y actual de derechos
fundamentales, lo cual no se configura en el presente asunto.
2025-00072-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 22 de mayo de 2025. Radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-02373-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Radicado núm.
11001-03-15-000-2023-03940-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Accionante: Nelson Yesid Bustos Vela
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01260-00
57. Así las cosas, la Sala estima que el tribunal enjuiciado no incurrió en el
defecto sustantivo alegado por la parte actora. La autoridad judicial accionada
interpretó de manera correcta el Decreto 1794 de 2000 y las reglas de la
jurisprudencia sobre su vigencia y aplicación. Por ende, la Sala negará la solicitud
de amparo deprecada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor Nelson Yesid
Bustos Vela contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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