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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01263-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01263-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Bancolombia S.A. contra la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01263-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01263-00
Accionante: BANCOLOMBIA S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 20 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Bancolombia S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Sección Primera del Consejo de Estado. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó el fallo de primera instancia del 14 de octubre de 2015 proferida
por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que había accedido a las pretensiones, para en su lugar, declarar
la caducidad. Ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del 25000-

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionado a la Sección Primera del Consejo
de Estado y se vinculó a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
Banco de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos
del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Bancolombia S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01263-00

23-24-000-2005-01440-03.

3. En concreto, la tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al Debido
Proceso y Acceso a la Administración de Justicia de la sociedad
Bancolombia S.A.- Antes Conavi S.A.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado con fecha 4 de septiembre de 2025 (Radicado: 25000-23-24-000-2005-
01440-03).
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado – Sección Primera, profiera
dentro de las cuarenta y ocho horas (48hrs) una nueva providencia que
resuelva la apelación interpuesta por el Banco de la República, absteniéndose
de declarar la excepción de caducidad de la acción y procediendo, en su
lugar, al análisis de fondo de la controversia.
CUARTA: NOTIFICAR la sentencia que se profiera a la autoridad accionada y a
los terceros con interés en la sentencia a las direcciones electrónicas descritas
en el acápite de notificaciones.

1.2. Hechos

4. El 21 de diciembre de 2004, Conavi S.A.3 celebró operaciones de divisas
por US$ 74.365.000 con diversos intermediarios. A su vez, las operaciones de
venta con el Banco de la República ascendieron a la suma de US$
25.900.000,00.

5. Antes de las 3:00 p.m, de ese día, Conavi S.A. entregó US$ 9.100.000,00
al Banco de República; y a las 3:14 p.m. entregó el saldo restante de la operación.

6. Por lo anterior, el 27 de diciembre de 2004, el Banco de la República debitó
de la cuenta de CONAVI la suma de $1.946.387.375,00 (correspondiente al 5%
del valor entregado después de las 3:00 p.m.) y $7.785.549,50 por el Gravamen
a los Movimientos Financieros (GMF). Ello, en virtud de lo establecido en el
numeral 11.3 de la Circular Reglamentaria Externa DODM-143 de 2004.

7. El 15 de julio de 2005, Conavi S.A. presentó acción de controversias
contractuales en contra del Banco de la República, con el fin de obtener la nulidad
de la decisión contenida en dos comprobantes de operación del Sistema de
Cuentas de Depósito (CUD), mediante los cuales se hicieron cargos sobre una
cuenta de su propiedad por el incumplimiento de operaciones de intervención
directa en el mercado cambiario. También pidió la anulación de los oficios G-
29269 del 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005,
mediante los cuales la entidad negó: (1) la solicitud de no imponer la sanción y
(2) la petición de revocatoria de la misma.

8. Luego del trámite de un conflicto de competencias4, en auto del 5 de marzo

3
Hoy Bancolombia S.A.
4
El asunto inicialmente fue asignado a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien mediante auto del 3 de noviembre de 2005 remitió el asunto a la Sección

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de 2013 la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca avocó conocimiento del asunto y en providencia del 30 de octubre
de 2013 admitió la demanda, bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esto último, en atención a la reforma de la
demanda allegada por la parte actora.

9. En sentencia del 14 de octubre de 2015, el tribunal accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que los actos
administrativos cuestionados habían sido expedidos en el marco de un contrato
estatal y no en ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Por
consiguiente, en aplicación del principio de iura novit curia, adecuó el medio de
control al controversias contractuales.

10. Acto seguido, señaló que el Departamento de Operaciones y Desarrollo
de Mercados del Banco de la República había actuado sin competencia, en la
medida en que no podía establecer sanciones. En ese orden, inaplicó por
inconstitucionalidad la sanción prevista en el numeral 11.3 de la Circular
Reglamentaria Externa DODM-143 de 2004, por ser contraria al artículo 29 de la
Constitución. En concreto, concluyó que los descuentos realizados a Conavi S.A.
carecían de sustento normativo –esto es los comprobantes de operación del
Sistema de Cuentas de Depósito (CUD)–, por lo que los anuló y ordenó el
restablecimiento del derecho.

11. En lo que respecta a los oficios GE-29269 del 29 de diciembre de 2004 y
DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005 consideró que no eran susceptibles de la
acción contencioso-administrativa, en tanto habían surgido de una solicitud de
revocatoria directa.

12. Inconforme con lo decidido por el a quo, los sujetos procesales apelaron
la decisión. Por su parte, el Banco de la República manifestó su inconformidad
con la adecuación de oficio del medio de control al de controversias
contractuales, tras considerar que era deber de su contraparte interponer la
demanda en ejercicio de la acción que correspondía. También señaló que aquello
desconocía el principio de congruencia procesal, así como los derechos de
debido proceso, defensa y contradicción, en tanto ejerció su defensa teniendo en
cuenta el medio de control inicial.

13. Precisó que, aún si se consideraba procedente la modificación de la
acción, se debía tener en cuenta la naturaleza privada del contrato, en virtud de
que su régimen legal especial, que no sigue las reglas contenidas en la Ley 80
de 1992. Bajo esa lógica, discrepó de los argumentos que llevaron a declarar la

Primera. Esta autoridad, a su turno, mediante decisión del 8 de febrero de 2007 se declaró
incompetente y remitió el asunto a los Juzgados Civiles de Bogotá. El asunto fue tramitado en
primera instancia por la jurisdicción civil y, el 4 de marzo de 2012, durante el trámite de segundo
grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado
desde el auto admisorio de la demanda y dispuso la remisión del expediente a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera conflicto
negativo de competencias.

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nulidad de los comprantes de la operación del Sistema de Cuentas de Deposito,
tras señalar que aquellos no eran actos administrativos, sino meros extractos
bancarios.

14. De otro lado, Conavi S.A. alegó su inconformidad con la orden contenida
en el numeral octavo de la parte resolutiva de la sentencia, que negó el
reconocimiento de intereses sobre las sumas a pagar por parte del Banco de la
República.

15. En sentencia del 4 de septiembre de 2025, la Sección Primera de la
Corporación revocó lo decidido en primera instancia, para, en su lugar, declarar
la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

16. Como fundamento de su decisión, el operador judicial se ocupó por
determinar si la acción de nulidad y restablecimiento propuesta por el
demandante debía ser adecuada a la de controversias contractuales como lo hizo
el a quo, teniendo en cuenta que lo que se discutía era la sanción que el Banco
de la República le impuso por el incumplimiento de una operación de intervención
en el mercado cambiario.

17. A partir de ahí, analizó las funciones que constitucional y legalmente le
asisten al Banco de la República. Con ello, concluyó que la sanción impuesta no
fue producto de una relación contractual surgida entre las partes –bien mediante
un contrato regido por Ley 80 de 1993 o por derecho privado–, sino que fue una
consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora que aquella autoridad
ejerce, en materia monetaria y cambiaria, de acuerdo con el artículo 73 de la
Resolución Externa 8 de 2000.

18. Bajo esa misma lógica, señaló que los comprobantes de operación del
Sistema de Cuentas de Depósito (CUD) del 27 de diciembre de 2004 no eran
meros extractos bancarios como lo afirmó el demandado, sino que sí revestían
la calidad de actos administrativos frente a los cuales procedía el control
jurisdiccional.

19. En consecuencia, determinó que el asunto no debía ser zanjado a la luz
de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del CCA,
sino en los términos del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de que trataba el artículo 85 ibidem, que justamente fue la acción
ejercida por Conavi S.A.

20. Sin perjuicio de lo anterior, el operador judicial determinó que en el asunto
había operado la caducidad. Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 136 numeral 2 del CCA, el término para presentar el medio de control es
de 4 meses contados a partir del día siguiente al momento en que la
administración ha dado conocer el acto.

21. Precisó que la sentencia apelada había declarado que los oficios GE-

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29269 del 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005 no
eran susceptibles de ser controvertidos, en tanto habían sido producto de una
solicitud de revocatoria directa y aquello no fue objeto de alzada, pese a las
implicaciones que frente a la caducidad tenía.

22. De ahí que el término se debía computar a partir de la ejecución de los
actos administrativos contenidos en los comprobantes de operación del Sistema
de Cuentas de Deposito (CUD) del 27 de diciembre de 2024. Por ende, concluyó
que la caducidad ocurrió el 28 de abril de 2005, mientras que la demanda se
presentó hasta el 15 de julio de ese año.

1.3. Sustento de la vulneración

23. La parte accionante indicó que la providencia tutelada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia al declarar de oficio la excepción de caducidad e incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental absoluto. Esto con fundamento en lo
siguiente:

24. En primer lugar, expuso que la autoridad equiparó la fecha de realización
de los descuentos bancarios con la de expedición y notificación del supuesto acto
administrativo sancionatorio a efectos de realizar el cómputo de caducidad. Tal
inferencia, a su juicio, ignoró de manera flagrante el principio de publicidad.

25. Precisó que los actos administrativos mediante los cuales se materializó
la sanción y se hicieron los descuentos no le fueron notificados de ninguna
manera. Y, en todo caso, precisó que el descuento bancario no podía ser
asimilado en ninguna circunstancia como una vía válida de notificación ni siquiera
por conducta concluyente.

26. De otro lado, refirió que la autoridad judicial confundió las solicitudes
elevadas ante el Banco de la República como una revocatoria directa, cuando en
realidad fue para agotar la vía gubernativa, en tanto la primera resolvió la petición
de buscó levantar la sanción y, la segunda, la que resolvió el recurso de
reconsideración. Por ello, sostuvo que se debían tener en cuenta tales
actuaciones a efectos de hacer el cómputo de la caducidad y legalidad de las
decisiones demandadas.

27. Además, resaltó que el cómputo de la caducidad se debió haber efectuado
sobre el acto administrativo notificado en debida forma y con el que se agotó la
vía gubernativa, esto es, el oficio DCIN-5973 de 22 de marzo de 2005.

28. De otro lado, cuestionó el hecho de que la autoridad judicial le hubiera
reprochado el no haber apelado la sentencia de primera instancia, en la cual el
Tribunal consideró que la solicitud previa era una revocatoria directa y que los
actos que lo negaban no eran demandables. Esto, pues un principio «elemental»
del derecho procesal y del debido proceso es que no existe legitimación ni interés

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para recurrir una sentencia que es favorable a las pretensiones.

29. Precisó que no tenía por qué apelar una sentencia que le concedió la razón
frente a la pretensión de nulidad, simplemente para discutir la calificación jurídica
realizada por el tribunal en la parte motiva, pues aquello era irrelevante. La
consideración contraria para revocar la decisión de primer grado y declarar la
caducidad vulnera el principio de confianza legítima, el derecho de defensa y el
debido proceso.

30. Afirmó que, si la Sección Primera hubiera procedido como correspondía,
su análisis hubiera observado el principio de congruencia y la conclusión hubiera
sido diferente, en tanto hubiera computado la caducidad desde el oficio que
resolvió el recurso de consideración; esto es, la comunicación DCIN-5973 del 22
de marzo de 2005 y habría llegado a la consideración de que la demanda fue
oportuna.

31. Finalmente, señaló que aún si se estima que el cómputo de caducidad
debe partir desde los certificados de descuento, como aquellos nunca fueron
notificados, se debió haber tomado la fecha en que se configuró la conducta
concluyente y que acaeció con la presentación de la demanda. Tanto así, que al
momento de radicar la solicitud de no aplicación de la sanción el 21 de diciembre
de 2004, no refirió que se le efectuó algún descuento. Tampoco ocurrió cuando
presentó la reconsideración.

1.4. Intervenciones

32. La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó su desvinculación de la tutela por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Ello, en atención a que la presente tutela busca es que se
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada al interior del
expediente 25000-23-24-000-2005-01440-03.

33. De otro lado, precisó que aquella autoridad fue la que recibió el expediente
una vez proferida la sentencia del 4 de septiembre de 2025, por lo que en
providencia del 27 de enero de 2026 dictó auto de obedézcase, cúmplase y
archívese.

34. La Sección Primera del Consejo de Estado mencionó que la tutela
carece de relevancia constitucional, pues propone una discusión que tiene un
alcance y repercusión de contenido económico, en tanto su finalidad es que se
emita una nueva decisión que le ordene al Banco de la República de volver a
favor de Conavi S.A. –hoy Bancolombia– la suma de $1.954.172.924,50 con la
indexación correspondiente.

35. En todo caso, señaló que, en gracia de discusión, si se considera
procedente el análisis de fondo de la tutela, tampoco habría lugar a amparar los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que el accionante aun

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cuando invocó los defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto, no
especificó cuáles fueron las normas indebidamente aplicadas, las pruebas que
se omitieron valorar o el proceso respecto del cual se apartó la Sección en la
decisión controvertida, y los alegatos que sirvieron de sustento de la petición de
amparo tampoco eran ciertos, por lo siguiente:

36. Conavi reconoció en los hechos de la demanda que el débito de su cuenta
bancaria se realizó el 27 de diciembre de 2004. Luego, era contradictorio que
afirmara en esta instancia que no tuvo conocimiento de los descuentos y por
tanto, alegara una indebida notificación.

37. Así, afirmó que lo pretendido por el accionante es suplir la falencia en la
que incurrió al formular su recurso de apelación en el proceso ordinario, toda vez
que allí se abstuvo de proponer los planteamientos sobre la naturaleza de los
Oficios GE-29269 de 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 de 22 de marzo de
2005, pese a que en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia el
Tribunal resolvió en sentido desfavorable y por ello, si debía debatir la orden.

II. CONSIDERACIONES

38. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

39. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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40. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

41. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

42. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

43. La Sala advierte que la empresa Bancolombia S.A., está legitimada en la
causa por activa, en la medida en que funge como sociedad absorbente de
Conavi Banco Comercial y de Ahorros, quien fue la demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó el fallo enjuiciado. A
su vez, se evidencia que la Sección Primera del Consejo de Estado, está
legitimada en la causa por pasiva al haber proferido la providencia controvertida
en este proceso.

44. De otro lado, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó su desvinculación del presente trámite. No obstante, la
Sala negará dicha petición en tanto su vinculación al proceso fue realizada en
calidad de tercero, pues fue la autoridad judicial que conoció el asunto en primera
instancia y ordenó el archivo del proceso ordinario.

45. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

46. Como se expuso previamente, la empresa accionante reprocha la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada. Mediante esta decisión revocó la sentencia del 14 de octubre de 2015
dictada por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de

9
Sentencia SU-215 de 2022.

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Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

47. En síntesis, la empresa demandante señaló que el operador judicial erró
porque: (1) no tuvo en cuenta que las decisiones objeto de la demanda no le
fueron notificadas, (2) no computó la caducidad desde los actos administrativos
que resolvieron la solicitud de no aplicación de la sanción y, (3) le exigió que
apelara una decisión que no le fue desfavorable. Por ello, invocó los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental absoluto.

48. Precisado lo anterior, para la Sala, la discusión propuesta por Bancolombia
S.A. no supera el presupuesto de la relevancia constitucional. Ello ocurre porque
la solicitud de amparo: (i) versa sobre un asunto meramente económico, y (ii) no
se advierte un cargo debidamente estructurado, a la luz de los requisitos
especiales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En otras
palabras, ninguno de los defectos invocados por la tutelante fue sustentados en
los términos definidos por la jurisprudencia constitucional.

49. Pues bien, debe recordarse que el alto tribunal constitucional ha sido
enfático al precisar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando
«sea evidente su naturaleza o contenido económico porque se trata de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas
“que no representen un interés general”»10.

50. En el sub judice, la providencia que se cuestiona zanjó la controversia
producida en el contexto del mercado cambiario; específicamente, con ocasión a
la compra interbancaria de divisas. Esto, en el sentido de revocar la decisión que
había accedido a pretensiones y, en consecuencia, dispuso la devolución de
$1.954.172.924,50 a favor de Conavi S.A., para en su lugar, declarar la
caducidad.

51. Tal situación obliga a analizar que la disputa encuentra su origen en un
desacuerdo general con lo decidido, porque imposibilitó recuperar la devolución
de unas sumas de dinero que, en sentir de la parte demandante, le
correspondían. Ello, a su vez, descarta que el objeto de la tutela sea velar por los
intereses generales o dotar de desarrollo y contenido una garantía fundamental
en estricto sentido.

52. Aún, si en gracia de discusión se considerara que la controversia
propuesta en realidad tuvo la potencialidad de transgredir los derechos
fundamentales de la sociedad tutelante, como fue anotado, el fundamento
jurídico que acompañó la presentación de este mecanismo constitucional no da
cuenta de la posible configuración de los defectos invocados.

53. Al respecto, conviene recordar que la jurisprudencia del alto tribunal
constitucional ha señalado que el defecto procedimental absoluto, cuyo

10
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.

9
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fundamento deriva de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, tiene lugar
cuando la autoridad se aparta del procedimiento establecido. Y, su configuración
exige la concurrencia de los siguientes elementos:

[…] (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía,
de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal
sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular
no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo
anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales11.

54. Al descender al caso concreto, la Sala no advierte que el tutelante hubiera
expuesto de qué manera la autoridad accionada se apartó del procedimiento
previsto para resolver el asunto sometido a su consideración.

55. Pese a que Bancolombia S.A. centró su argumentación en que no se tuvo
en cuenta que los actos cuya nulidad solicitó no fueron notificados, el conteo de
la caducidad fue inadecuado y se desconoció que aquel no estaba en la
obligación de apelar una decisión que no le era desfavorable, lo cierto es que
ninguno de esos alegatos da cuenta, puntualmente, de qué disposición o
procedimiento legalmente establecido fue aplicado de manera errada.

56. Nótese que los dos primeros argumentos tienden a cuestionar la
notificación del acto administrativo objeto de la demanda y la manera como debía
ser contabilizada la caducidad. No obstante, no se ve de qué manera se
contrariaron las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA) de
cara al medio de control.

57. Frente al alegato relacionado con el deber de no recurrir aquello que no le
es desfavorable, tampoco advierte esta Sala de qué manera ello puede dar lugar
a la configuración yerro en mención, máxime cuando, con independencia de si el
medio de control adecuado era el nulidad y restablecimiento del derecho o el de
controversias contractuales, la sociedad accionante era consciente del deber de
demandar tanto los actos sancionatorios como aquellos que resolvían los
recursos12. Tanto es así que parte del fundamento de la tutela está referido a que

11
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.
12
Al respecto, en la sentencia T-211 de 2018, la Corte Constitucional se refirió a la evolución
jurisprudencial que este tema ha tenido en el Consejo de Estado, en los siguientes términos: «[…]
Asimismo, señaló que la decisión de los recursos interpuestos contra el acto principal no puede
ser considerada como la que impone la sanción porque corresponde a una etapa posterior de
revisión de la actuación a instancias del administrado[…]». En el mismo sentido, la jurisprudencia
de la Sección Primera de esta Corporación señalaba que «los actos que resuelven los recursos
interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no
es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que
éste sea revisado a instancias del administrado […]». (Consejo de Estado, Sección Primera.

10
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los Oficios GE-29269 de 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 de 22 de marzo
de 2005 no resolvieron una solicitud de revocatoria directa, sino los recursos para
agotar la vía gubernativa.

58. Ciertamente, resulta contradictorio que Bancolombia S.A. afirme que
dichos oficios pusieron fin a la vía gubernativa y, por tanto, a partir de aquellos
se debe iniciar el conteo de la caducidad, pero no hubiera previsto las
implicaciones de que la autoridad judicial de primera instancia concluyera que no
eran pasibles de control ante lo contencioso-administrativa, a sabiendas de todas
las disputas existentes en el proceso en torno a la escogencia del medio de
control.

59. Ello denota una mera inconformidad con una decisión que fue
desfavorable a sus intereses, más allá de poner en evidencia un error en la
aplicación de las reglas procesales, del cual se observe una apremiante la
necesidad de intervención constitucional.

60. Ahora bien, en torno al defecto sustantivo, se destaca que la Corte
Constitucional13, ha explicado que este tiene lugar cuando «la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica»14.

61. De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el defecto
fáctico se presenta en tres hipótesis concretas: 1) existe una omisión en el
decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora
en su integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio
valorativo debe ser «ostensible, flagrante y manifiesto»15.

62. En últimas, se trata de una dimensión positiva y otra negativa. La primera
ocurre cuando se efectúa una valoración equivocada o con una prueba no apta
para ello. También, cuando el juez al otorgarle el mérito a una prueba se aparta
de las reglas de experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica.
La segunda, cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o niega el decreto de su práctica sin justificación alguna.

63. Con tales precisiones, la Sala no advierte la carga argumentativa que dé
cuenta de cuál fue la disposición legal que fue aplicada de forma inadecuada al
caso o, en su defecto, dejada de aplicar, a efectos de dar cuenta de un defecto
sustantivo. Tampoco, se encontró que el tutelante hubiera acreditado el deber de

Sentencia de 23 de agosto de 2012. Rad. núm. 25000-23-24-000-2004-01001-01. M.P. María
Elizabeth García González).
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2021.

11
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identificar los elementos de convicción que en su sentir fueron desconocidos o
analizados de forma adversa a las reglas de la sana crítica, para corroborar la
existencia de un defecto fáctico.

64. Prima facie, al revisar la providencia objeto de la presente controversia, se
evidencia que Sección Primera del Consejo de Estado delimitó el problema
jurídico a los puntos objeto de apelación. A partir de ahí, se ocupó por definir cuál
era el medio de control bajo el cual debía zanjarse la controversia y luego de
definir que era el de la nulidad y restablecimiento del derecho, analizó los
aspectos propios de dicha pretensión y de los requisitos de la demanda.

65. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por
la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos
procedimental absoluto, sustantivo y fáctico en los que incurrió la corporación
accionada, reflejan una mera inconformidad con la decisión del juez de instancia,
respecto a una decisión que pretendía el reconocimiento de unas sumas de
dinero.

66. Por lo anterior, es oportuno mencionar que formular un simple desacuerdo
con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.

67. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

68. Se pone de presente que la Corte Constitucional ha reiterado10 que,
respecto de las acciones de tutela contra providencias dictadas por altas cortes
–como lo es el Consejo de Estado–, las razones presentadas deben cumplir con
una carga argumentativa transversal, elemento que se concreta en un estudio
más restrictivo y riguroso de los requisitos generales de procedencia, en especial,
el de relevancia constitucional. Esto tiene justificación en que tales corporaciones
cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la medida en que son los
órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones. Por tal motivo, la intervención
del juez de tutela se justifica exclusivamente cuando la providencia judicial
cuestionada sea abiertamente incompatible con el alcance y límite dado por la
Corte Constitucional a los derechos fundamentales, o cuando se genere una
anomalía en el sistema judicial de tal envergadura que posibilite la procedencia
excepcional del mecanismo de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República

12
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y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Bancolombia S.A. contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Sección
Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
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