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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01263-01

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01263-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado–Sección Quinta,- que declaró improcedente la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 16 Radicación:11001-03-15-000-2026-01263-01 Accionante: Bancolombia S.A. Acción de tutela–Segunda instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01263-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01263-01

Accionante: BANCOLOMBIA S.A.

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN PRIMERA-

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 19 de marzo de
2026, por el Consejo de Estado–Sección Quinta-, que declaró improcedente la tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Bancolombia S.A., actuando mediante apoderado judicial, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia; que consideró vulnerados por el Consejo de Estado–
Sección Primera-, al haber proferido la sentencia del 4 de septiembre de 2025, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1, promovido contra el Banco de la
República, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró de
oficio la excepción de caducidad de la acción al considerar que el término de caducidad
debía contabilizarse desde la fecha del descuento realizado sobre la cuenta bancaria de

1 Proceso identificado con número de radicación: 25000-23-24-000-2005-01440-01/02/03.

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Accionante: Bancolombia S.A.
Acción de tutela–Segunda instancia

Conavi, pese a que dichos actos no fueron notificados y a que la accionante sostuvo que
la demanda fue presentada dentro del término legal contado desde el agotamiento de la
vía gubernativa.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«PRIMERA: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al Debido
Proceso y Acceso a la Administración de Justicia de la sociedad Bancolombia S.A.-
Antes Conavi S.A.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado con fecha 4 de septiembre de 2025 (Radicado: 25000-23-24-000-2005-
01440-03).

TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado – Sección Primera, profiera dentro
de las cuarenta y ocho horas (48hrs) una nueva providencia que resuelva la
apelación interpuesta por el Banco de la República, absteniéndose de declarar la
excepción de caducidad de la acción y procediendo, en su lugar, al análisis de
fondo de la controversia.

CUARTA: NOTIFICAR la sentencia que se profiera a la autoridad accionada y a
los terceros con interés en la sentencia a las direcciones electrónicas descritas en
el acápite de notificaciones.»

2. Hechos relevantes

Bancolombia S.A. participó en operaciones de compra y venta de divisas realizadas a
través del sistema SET Fx administrado por el Banco de la República. En desarrollo de
dichas operaciones, el 21 de diciembre de 2004 el Banco de la República debitó de la
cuenta bancaria de CONAVI la suma de $1.946.387.375, junto con el correspondiente
gravamen a los movimientos financieros, por concepto de una sanción pecuniaria
derivada del presunto incumplimiento de operaciones de intervención en el mercado
cambiario, con fundamento en la Circular Reglamentaria Externa DODM-143 del 17 de
septiembre de 2004. No obstante, la accionante sostuvo que dichos descuentos no le
fueron notificados formalmente ni se le informaron sus fundamentos.

Ante ello, Bancolombia S.A. solicitó al Banco de la República no aplicar la referida sanción
pecuniaria; sin embargo, mediante oficio GE-29269 del 29 de diciembre de 2004 la
entidad negó dicha petición. Posteriormente, la sociedad bancaria interpuso recurso de
reconsideración contra esa decisión, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante
oficio DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005.

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Accionante: Bancolombia S.A.
Acción de tutela–Segunda instancia

Como consecuencia de lo anterior, Bancolombia S.A. promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Banco de la
República, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales se ordenaron los descuentos efectuados sobre su cuenta bancaria,
así como el reintegro de las sumas debitadas y el reconocimiento de los perjuicios
derivados de dicha actuación administrativa.

El proceso fue conocido inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
posteriormente, correspondió en segunda instancia al Consejo de Estado–Sección
Primera-, que mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025 resolvió los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia del 14 de octubre de
2015. En dicha providencia, la corporación consideró que el asunto no debía decidirse
como una acción de controversias contractuales, sino como un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, el Consejo de Estado concluyó que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho había caducado, toda vez que la
demanda fue presentada más de cuatro meses después de la realización de los
descuentos efectuados por el Banco de la República sobre la cuenta de CONAVI. Para
la Sala, los comprobantes de operación del Sistema de Cuentas de Depósito (CUD),
mediante los cuales se realizaron los cargos a la cuenta bancaria de la sociedad
demandante, constituían actos administrativos demandables, razón por la cual el término
de caducidad debía computarse desde la fecha en que se realizaron dichos descuentos.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de Bancolombia S.A.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por
el Consejo de Estado–Sección Primera- incurrió en defectos sustantivo, fáctico y
procedimental absoluto.

En primer lugar, alegó que el Consejo de Estado desconoció el régimen de notificación
de los actos administrativos, pues equiparó indebidamente la fecha de realización de los
descuentos bancarios con la fecha de expedición y notificación del supuesto acto
administrativo sancionatorio. Indicó que los descuentos efectuados sobre la cuenta de

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Accionante: Bancolombia S.A.
Acción de tutela–Segunda instancia

CONAVI nunca fueron notificados formalmente, razón por la cual no podían tomarse
como punto de partida para contabilizar el término de caducidad. En tal sentido, afirmó
que la providencia accionada desconoció el principio de publicidad de los actos
administrativos y el derecho de defensa, dado que el simple conocimiento de un efecto
económico no sustituye la notificación legal y completa del acto administrativo.

Asimismo, sostuvo que el Consejo de Estado incurrió en error al considerar que los oficios
GE-29269 del 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005
correspondían a actuaciones derivadas de una solicitud de revocatoria directa, cuando
en realidad constituían actuaciones mediante las cuales CONAVI agotó la vía gubernativa
frente a la imposición de la sanción pecuniaria. Señaló que dichos actos administrativos
debían ser tenidos en cuenta para efectos del cómputo de la caducidad, por cuanto el
oficio DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005 resolvió definitivamente la controversia
administrativa.

Igualmente, manifestó que la Sección Primera desconoció el debido proceso al
reprocharle no haber apelado la sentencia favorable de primera instancia respecto de la
calificación jurídica de los referidos oficios, pese a que carecía de interés jurídico para
recurrir una decisión que había declarado la nulidad del descuento y ordenado la
devolución de las sumas debitadas. En consecuencia, estimó desproporcionado que la
falta de apelación frente a un aspecto de la motivación fuera utilizada posteriormente para
sustentar la declaratoria de caducidad de la acción.

Finalmente, argumentó que, si se consideraba que los descuentos constituían actos
administrativos demandables, el Consejo de Estado debió analizar la configuración de
una notificación por conducta concluyente, la cual, según afirmó, únicamente se concretó
con la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, momento
en el cual tuvo conocimiento material y completo de los actos cuestionados y de sus
fundamentos.

4. Trámite de primera instancia

El 20 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a la
parte accionante y al Consejo de Estado–Sección Primera, como autoridad judicial

2 Cfr. SAMAI, índice 5.

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Accionante: Bancolombia S.A.
Acción de tutela–Segunda instancia

accionada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Banco de la
República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros
interesados. Igualmente, se solicitó al Consejo de Estado–Sección Primera y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca–Sección Primera remitir copia del expediente
electrónico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, se requirió
a Bancolombia S.A. y a la firma Tobar & Romero Abogados S.A.S. para que allegaran
constancia que acreditara que la señora Carmen Helena Farias Gutiérrez ostentaba la
calidad de representante legal judicial de la sociedad bancaria y, en consecuencia, podía
conferir el mandato para la presentación de la acción de tutela.

El 23 de febrero de 20263, la parte accionante aportó los documentos que acreditaban
la que Carmen Helena Farias Gutiérrez ostentaba la calidad de representante legal
judicial de la sociedad bancaria y, en consecuencia, podía conferir el mandato para la
presentación de la acción de tutela.

El Consejo de Estado–Sección Primera- contestó la acción de tutela4 y solicitó declarar
improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y,
subsidiariamente, negar las pretensiones, al considerar que la sentencia del 4 de
septiembre de 2025 no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Señaló que la controversia planteada tenía un contenido eminentemente económico y
que la parte actora pretendía reabrir una discusión de legalidad ya resuelta en el proceso
ordinario. Asimismo, sostuvo que la Sección Primera no incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico ni procedimental alegados, pues Bancolombia S.A. reconoció en la
demanda ordinaria que el débito bancario se realizó el 27 de diciembre de 2004 y tuvo
conocimiento de los descuentos desde las comunicaciones expedidas por el Banco de la
República. Finalmente, indicó que la accionante no cuestionó oportunamente, en el
recurso de apelación del proceso ordinario, la decisión según la cual los oficios GE-29269
del 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005 no eran susceptibles
de control jurisdiccional, razón por la cual dichos aspectos quedaron excluidos del debate
en segunda instancia.

Por su parte, el Banco de la República contestó5 la acción de tutela y solicitó negar el
amparo, al considerar que la parte accionante pretendía utilizar la acción de tutela como

3 Cfr. SAMAI, índice 16.
4 Cfr. SAMAI, índice 17.
5 Cfr. SAMAI, índice 18.

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Accionante: Bancolombia S.A.
Acción de tutela–Segunda instancia

una tercera instancia para reabrir una discusión jurídica ya concluida. Sostuvo que la
controversia planteada carecía de relevancia constitucional, pues se limitaba a cuestionar
la contabilización del término de caducidad de la acción realizada por el Consejo de
Estado–Sección Primera. Asimismo, señaló que Bancolombia S.A. conoció desde
diciembre de 2004 la imposición de la sanción y los descuentos efectuados sobre su
cuenta bancaria, tanto así que solicitó que no le fuera impuesta la multa, razón por la cual
el término de caducidad debía contabilizarse desde el momento en que la accionante
conoció el acto. Finalmente, indicó que la providencia cuestionada fue proferida en
ejercicio de la autonomía e interpretación judicial y que no se acreditó la existencia de
una actuación arbitraria o ilegítima que vulnerara los derechos fundamentales invocados.

En su escrito de contestación6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó
que la acción de tutela debía dirigirse exclusivamente contra la sentencia proferida por el
Consejo de Estado–Sección Primera- el 4 de septiembre de 2025, razón por la cual
solicitó su desvinculación y la exoneración de cualquier responsabilidad de la Subsección
“A” de dicha corporación. Indicó que la sentencia de primera instancia fue proferida por
la Subsección “C” en descongestión el 14 de octubre de 2015, mediante la cual se declaró
la nulidad de los descuentos efectuados por el Banco de la República y se ordenó la
devolución de las sumas descontadas a favor de Conavi Banco Comercial y de Ahorros
S.A.; decisión que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado, al declarar de
oficio la excepción de caducidad de la acción. Finalmente, señaló que mediante auto del
27 de enero de 2026 se obedeció y cumplió lo resuelto por el superior y se ordenó el
archivo definitivo del proceso.

El 19 de marzo de 20267, el Consejo de Estado–Sección Quinta- profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela promovida
por Bancolombia S.A. contra el Consejo de Estado–Sección Primera-, al considerar que
no se superaba el requisito de relevancia constitucional. Señaló que la controversia
planteada versaba sobre un asunto de contenido eminentemente económico relacionado
con la devolución de unas sumas de dinero y que la accionante pretendía reabrir un
debate de legalidad ya resuelto en el proceso ordinario. Asimismo, sostuvo que los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental alegados no fueron debidamente
sustentados, pues la accionante no identificó las normas presuntamente inaplicadas ni

6 Cfr. SAMAI, índice 20.
7 Cfr. SAMAI, índice 24.

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Accionante: Bancolombia S.A.
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las pruebas omitidas o valoradas indebidamente. Finalmente, concluyó que los reproches
formulados evidenciaban únicamente una inconformidad con la decisión adoptada por el
juez natural.

Posteriormente, la parte accionante en su escrito de apelación8 señaló que la sentencia
de primera instancia incurrió en una interpretación restrictiva del requisito de relevancia
constitucional, pues la controversia no versaba sobre un asunto meramente económico
sino sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Asimismo, sostuvo que el Consejo de Estado–Sección
Primera- incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental al declarar de oficio la
caducidad de la acción con fundamento en un acto administrativo que nunca fue
notificado legalmente y al exigirle a Bancolombia S.A. la carga de apelar una sentencia
que le había concedido la razón en sus pretensiones de nulidad. Finalmente, indicó que
la decisión cuestionada validó una interpretación contraria al régimen de notificaciones
del Código Contencioso Administrativo, desconoció el agotamiento de la vía gubernativa
mediante el oficio DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005 y configuró un exceso ritual
manifiesto que impidió el estudio de fondo de la controversia.

Finalmente, el 10 de abril de 2026, se concedió el recurso de apelación9.

5. Manifestación de impedimento

El 26 de mayo de 2026, el consejero de Estado, William Barrera Muñoz manifestó
impedimento con fundamento en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, relativos al interés en la actuación procesal, al parentesco de una servidora judicial
del despacho con el apoderado de la parte accionante y a la existencia de relaciones
profesionales previas que puedan comprometer la imparcialidad del funcionario judicial.

Se señaló que podría estar incurso en dichas causales debido a que el apoderado de la
parte accionante, Bancolombia S.A., es el doctor Jaime Humberto Tobar Ordóñez, con
quien coincidió en distintas oportunidades en el ejercicio de actividades arbitrales antes
de su posesión como consejero de Estado. Asimismo, indicó que la abogada Catalina
Tobar Herrera, quien se desempeñaba como Oficial Mayor del despacho a su cargo, es

8 Cfr. SAMAI, índice 29.
9 Cfr. SAMAI, índice 31.

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hija del doctor Tobar Ordóñez. En consecuencia se podrían comprometer su
imparcialidad para integrar la Sala de Decisión, razón por la cual se solicitó que se
estudiara la procedencia de su separación del conocimiento del asunto.

CONSIDERACIONES

6. Impedimento

El artículo 4 del Decreto 306 de 19923 —por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de
1991— remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil para
interpretar las disposiciones de trámite de la acción de tutela, reguladas por el Decreto
2591 de 1991. De modo que, en lo no regulado por ese decreto, debe aplicarse el Código
General del Proceso para regular el procedimiento las acciones de tutela, incluyendo los
impedimentos que se manifiesten durante su trámite.

En esa medida, el artículo 140 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código
General del Proceso, CGP, determina lo siguiente:

«Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación
deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella,
expresando los hechos en que se fundamenta.
[…]
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento
del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de
los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de
aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo
de conjuez, si hubiere lugar a ello».

Así las cosas, correspondió a la consejera de Estado Adriana Polidura Castillo resolver
el impedimento planteado, quien concluyó que no se configuraban las causales de
impedimento previstas en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004
invocadas por el consejero William Barrera Muñoz. Consideró que la circunstancia de
haber coincidido con el apoderado de la parte accionante, doctor Jaime Humberto Tobar
Ordóñez, en el ejercicio de actividades arbitrales con anterioridad a su designación como
consejero de Estado no evidenciaba la existencia de un interés personal, actual y
jurídicamente relevante que comprometiera su imparcialidad. Asimismo, advirtió que el
vínculo de consanguinidad entre el citado apoderado y la entonces oficial mayor de su
despacho no correspondía al supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 56 de la Ley
906 de 2004 y, además, dicha servidora había cesado sus funciones en el despacho a

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Accionante: Bancolombia S.A.
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partir del 1 de junio de 2026. Finalmente, señaló que no existía evidencia de que el
consejero hubiera actuado como apoderado de alguna de las partes ni emitido concepto
u opinión sobre el asunto objeto de la acción de tutela.

En consecuencia, mediante auto del 11 de junio de 2026, declaró infundado el
impedimento manifestado por el suscrito consejero William Barrera Muñoz.

7. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
19 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Quinta-, que declaró
improcedente la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

8. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental10. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta

10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela11.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional12: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

La sociedad Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A.- hoy Bancolombia S.A- promovió
acción de tutela contra la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado–Sección Primera-, al considerar que dicha providencia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

La Sala advierte que, confirmará la providencia de 19 de marzo de 2026 dictada por la
Sección Quinta de esta Corporación, toda vez que la demanda de tutela no cumple con
el requisito de relevancia constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende
la accionante es reabrir el debate que quedó zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, la parte accionante sostuvo
que la providencia cuestionada incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental
absoluto, al declarar de oficio la caducidad de la acción con fundamento en un acto
administrativo que no fue notificado legalmente, omitir valorar adecuadamente las
actuaciones adelantadas para agotar la vía gubernativa y exigirle a Bancolombia S.A. la
carga de apelar una sentencia que le había sido favorable.

La Sala advierte que en la providencia accionada, el Consejo de Estado–Sección
Primera, señaló lo siguiente:

«6.3.1.1. Para resolver el problema propuesto, es pertinente tener en cuenta que,
de acuerdo con el artículo 85 del CCA, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho procede en los eventos en los que el daño es consecuencia de un acto
administrativo que se considera ilegal. A su vez, de acuerdo con el artículo 87
ibidem, la acción de controversias contractuales procede para que cualquiera de
las partes de un contrato estatal pida que se declare su existencia, nulidad,
revisión o incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios; asimismo, puede pedirse la nulidad de actos administrativos proferidos
durante su ejecución.»

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«6.3.1.3. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, es claro que la Resolución
Externa 8 de 2000 y la Circular Reglamentaria Externa DODM-143 de 2004 fueron
expedidas por el Banco en ejercicio de una potestad administrativa regulatoria,
con fundamento en la cual se establecieron reglas para su intervención en el
mercado de divisas. Por lo tanto, a juicio de la Sala, la imposición de las sanciones
que allí se contemplan no obedece a la liberalidad de las partes que celebran un
acuerdo de voluntades, sino, justamente, al ejercicio de las referidas potestades
de regulación y de intervención.»

«Entonces, en el caso concreto, la Sala considera que la imposición de la sanción
referida, por haber entregado una parte de los dólares objeto de la compraventa
después de las 3:00 p.m. del 21 de diciembre de 2004, no obedeció a la
responsabilidad contractual surgida entre las partes, sino que fue consecuencia
del ejercicio de una potestad sancionadora que el Banco de la República asumió
mediante la expedición de la referida circular, para garantizar el cumplimiento de
la finalidad constitucional de velar por la estabilidad de la moneda.»

«6.3.1.5. En consecuencia, es claro que, contrario a lo concluido por el a quo, el
presente asunto no debe ser resuelto a la luz de la acción de controversias
contractuales prevista en el artículo 87 del CCA, sino en los términos de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 ibidem.»

«Ahora bien, tratándose de la demanda presentada en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 136, numeral 2º, del CCA
dispone lo siguiente en cuanto al término de caducidad:

“Artículo 136. Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998. Caducidad de las
acciones. (…)

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación
o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe. (…)”. (Subrayas de la Sala).

De acuerdo con la norma transcrita, el término para la presentación de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro meses, contados a partir
del día siguiente al momento en que la administración ha dado a conocer el acto,
esto es, de la comunicación, la notificación, la ejecución o la publicación de este,
que para este caso bajo estudio sería la realización de los descuentos en las
cuentas de Conavi S.A., fecha en la cual se ejecutó la decisión del Banco de la
República.

En este orden, se advierte que la sentencia apelada declaró que los oficios GE-
29269 del 29 de diciembre de 2004 y DCIN-5973 del 22 de marzo de 2005
surgieron de una solicitud de revocatoria directa, por lo que no eran susceptibles
de la acción contencioso administrativa. Y, frente a tal decisión, Conavi S.A. no
expuso ningún argumento en la alzada, pese a las implicaciones que, frente a la
caducidad, tenía el haber ejercido la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

En consecuencia, en el sub lite la caducidad de la acción debe computarse a partir
de la ejecución de los actos administrativos contenidos en los comprobantes de
operación del Sistema de Cuentas de Depósito (CUD) del 27 de diciembre de

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2004, referencia BCC0014, que dan cuenta de los cargos que hizo el Banco de la
República sobre la cuenta de Conavi S.A.

Al respecto, según lo manifestado en la demanda, los débitos consecuencia de
esos actos administrativos se efectuaron el mismo 27 de diciembre de 2004. Por
lo tanto, la caducidad de la acción corrió hasta el 28 de abril de 2005.

Ahora, teniendo en cuenta que la demanda del asunto se presentó el 15 de julio
de 2005, es decir, 6 meses y 17 días calendario después de la ejecución de los
actos acusados, es conveniente señalar que, cuando el proceso fue remitido a la
jurisdicción ordinaria civil, el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá rechazó la
demanda mediante auto del 15 de enero de 2008, por incumplimiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial exigido por el artículo 35 de la Ley
640 de 2001.

Contra esa decisión, el apoderado de Conavi S.A. presentó recurso de reposición
y en subsidio de apelación el 21 de enero de 2008, en el que manifestó lo
siguiente:

“(…) debe tenerse en cuenta que el asunto hoy sometido a juicio, y la
correspondiente demanda, fue incoado originalmente ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por considerarse que debido a la presencia de
una entidad pública como demandada (el Banco de la República), dicha
jurisdicción contencioso administrativa era la competente para conocer de dicho
litigio. Sin embargo, el mencionado Tribunal Administrativo rechazó por
incompetencia la demanda y ordenó su envío al Juez Civil del Circuito, en
cumplimiento del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo. (…)
Por otra parte, si bien la misma Ley 640 de 2001 ha establecido la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia contencioso
administrativa, dicha norma no es aplicable aún por cuanto el Ministro del Interior
y de Justicia, en cumplimiento del Decreto 2771 de 2001, no ha determinado la
entrada en vigencia de dicha exigencia, por no cumplirse los requisitos previstos
en la norma.

De acuerdo con lo anterior, para presentar la demanda original ante la jurisdicción
contenciosa no se requería, entonces, intentar previamente y, en consecuencia,
menos acreditar, la conciliación extrajudicial”. (Subrayas de la Sala).

Entonces, de acuerdo con lo relatado por el apoderado de Conavi S.A. en el citado
recurso, previo a la interposición de la demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, no hubo lugar al agotamiento del requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial, de lo que se desprende que no se
produjo suspensión del término de caducidad, en los términos del artículo 21 de
la Ley 640 de 2001.

Siendo así, teniendo en cuenta que, entre la fecha de ejecución de los actos
administrativos que se cuestionan —27 de diciembre de 2004— y la fecha de
interposición de la demanda —15 de julio de 2005—, transcurrieron más de cuatro
meses, término establecido en el numeral 2º del artículo 136 del CCA, la Sala
concluye que la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
encuentra caducada.»

De lo anterior se desprende que la Sección Primera del Consejo de Estado no solo
identificó la naturaleza jurídica de los actos cuestionados y el medio de control
procedente, sino que además efectuó un análisis detallado sobre la configuración de la

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caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese marco,
la providencia cuestionada desarrolló un examen razonado y suficiente sobre los
presupuestos procesales aplicables al caso concreto.

Asimismo, esta Sala advierte que la Sección Primera de esta Corporación no incurrió en
defecto alguno al analizar la naturaleza de los actos administrativos cuestionados,
determinar el medio de control procedente y establecer el momento a partir del cual debía
contabilizarse el término de caducidad de la acción, así como la inexistencia de
circunstancias que suspendieran dicho término.

La Sala advierte que la autoridad judicial ya realizó un análisis sobre la procedencia de
la caducidad en el caso concreto, por lo que la parte accionante pretende que el juez
constitucional sustituya el criterio jurídico adoptado por el juez administrativo respecto de
la naturaleza de la acción procedente y del momento a partir del cual debía contabilizarse
el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
a pesar de que la providencia accionada estuvo debidamente motivada, fue razonable,
respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho sustancial.

Además de lo expuesto, la demanda de tutela pretende dejar sin efectos una providencia
judicial sobre el restablecimiento patrimonial derivado de los descuentos efectuados por
el Banco de la República con ocasión de la sanción impuesta por el incumplimiento de
las reglas aplicables a una operación de compraventa de divisas.

Esta pretensión, netamente económica, escapa de la órbita del juez de tutela, que debe
verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Por demás, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de pretensiones "deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que
le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes" 13. Dicha
circunstancia reitera que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez
que se trata de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares
o privada.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021

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En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional. Conceder las pretensiones de la acción de tutela implicaría
desconocer la autonomía del juez natural del asunto y efectuar un juicio de corrección y
no de validez, asunto que no le compete al juez constitucional en sede de tutela tal y
como lo ha determinado la Corte Constitucional.

En suma, la Sala concluye que la sentencia del Consejo de Estado–Sección Primera-
estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial
y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por la accionante
en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada,
buscando una tercera instancia e intentando reabrir un debate judicial ya resuelto de
manera definitiva.

Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

En razón de lo anterior, la Sala considera que la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, procederá a confirmar la decisión
proferida por el Consejo de Estado–Sección Quinta del 19 de marzo de 2026 que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo
de Estado–Sección Quinta,- que declaró improcedente la tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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