Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01272-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01272-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01272-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01272-00
Demandante: Nayet Felicia Rodríguez Duica
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de diferencias salariales dejadas de
percibir en el escalafón docente. Defecto fáctico y sustantivo
Decisión: Niega el derecho al amparo
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Nayet
Felicia Rodríguez Duica contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 18 de febrero de 2026, Nayet Felicia Rodríguez Duica, a través de
apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia 1,
con ocasión de la Sentencia de 28 de agosto de 2025 proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-3333-007-2024-00291-022.
2. Solicitó, como amparo constitucional, que se revocara la mencionada
providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en la que se accediera
a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
se desempeña como docente oficial en la categoría 3BM del escalafón docente
regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
4. Señaló que durante los años 2008 y 2009, el Gobierno Nacional no fijó de
manera equitativa la asignación salarial básica entre los escalafones 3DM y 3BM.
Lo anterior, debido a que la categoría 3DM del escalafón docente se le asignó un
incremento acumulado en su salario del 52,56 %, mientras que la categoría 3BM
únicamente obtuvo un incremento total del 29,37 %, situación que evidencia un trato
desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos salariales3.
5. Debido a lo anterior, la señora Rodríguez Duica presentó reclamaciones
ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del
1 Mencionó también la presunta vulneración del principio de favorabilidad.
2 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 2 de septiembre de 2025.
3 Expresó que, en los años 2005, 2006 y 2007, se reconoció el incremento salarial en condiciones idénticas de
porcentaje para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.
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Demandante: Nayet Felicia Rodríguez Duica
Departamento de Risaralda4, solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas del incremento desigual. El Ministerio de Educación Nacional
resolvió la petición de forma negativa mediante el oficio sin número de 28 de febrero
de 2024 y el Departamento de Risaralda guardó silencio, respectivamente.
6. El 2 de septiembre de 2024, Nayet Felicia Rodríguez Duica presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho5 contra los mencionados actos
administrativos, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas durante los 3 años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa.
7. Mediante Sentencia de 31 de marzo de 2025, el Juzgado 7 Administrativo
de Pereira negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el Gobierno
Nacional cuenta con la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de
los docentes oficiales y los incrementos pueden establecerse de manera
diferenciada, siempre que se ajusten a los principios de progresividad,
proporcionalidad y razonabilidad. Precisó que las variaciones dentro del escalafón
obedecen a una política orientada a reducir la brecha salarial de quienes perciben
menores ingresos, al tiempo que busca atraer profesionales altamente calificados y
estimular su formación continua.
8. Señaló que los incrementos decretados en los años 2008, 2009 y 2011
respetaron el ajuste conforme al índice de precios al consumidor (IPC). Añadió que
la remuneración docente no depende únicamente del transcurso del tiempo, sino de
factores cualitativos que inciden en la ubicación dentro de un grado y nivel de
escalafón, circunstancia que explica y justifica las diferencias salariales existentes
entre los distintos docentes6.
9. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la sentencia realizó un análisis fragmentado de la problemática
planteada, al concluir que no se vulneró el principio de igualdad bajo el argumento
de que los incrementos se sustentaron en una variable objetiva y no en una
determinación arbitraria. Agregó que el juez no justificó adecuadamente el análisis
de los incrementos porcentuales a los años 2005 a 2007 y 2012 en adelante.
10. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante Sentencia del 28 de
agosto de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Expresó que los
aumentos salariales realizados en los años 2008 y 2009 fueron superiores a la
inflación, lo cual evitó una disminución del poder adquisitivo de los salarios
docentes. Indicó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de
1992, el incremento diferenciado entre los grados y niveles del escalafón tuvo como
finalidad reducir las brechas salariales existentes.
11. Agregó que la situación reprochada como desigual no era comparable ya
que se trataba de sujetos distintos que se encontraban en condiciones diferentes,
circunstancia que justificaba un trato diferenciado entre los distintos escalafones.
4 Dichas peticiones se radicaron: el 6 de febrero de 2024, ante el Ministerio de Educación y, el 7 de febrero de
2024, ante la Secretaría de Educación de del Departamento de Risaralda.
5 El proceso fue asignado al Juzgado 7 Administrativo de Pereira con el radicado No. 66001-3333-007-2024-
00291-00.
6 El juzgado manifestó que no existía trato discriminatorio, debido a que existían causas objetivas y razonables
que justificaban la diferencia salarial.
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12. Como fundamento de la vulneración, manifestó que la providencia
cuestionada convalidó un trato discriminatorio entre distintas categorías del
escalafón docente, a pesar de la existencia de un precedente claro y vinculante que
ordenaba garantizar la igualdad en la asignación de los incrementos salariales.
13. Adujo que el fallo incurrió en un defecto sustantivo, al realizar una
interpretación «irrazonable y desproporcionada» del artículo 13 de la Constitución
Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Explicó que el tribunal
desatendió que la controversia se centraba en el trato desigual aplicado al
incremento porcentual de los años 2008 y 2009 y no en la diferencia estructural y
permanente entre los grados del escalafón. Añadió que la decisión desconoció el
alcance normativo del principio de igualdad y el mandato de progresividad en
materia salarial.
14. Indicó que la sentencia ignoró lo dispuesto en la Sentencia C-084 de 2020
de la Corte Constitucional, la cual afirmó que el principio de igualdad contiene dos
mandatos específicos; de una parte, el deber de tratamiento igual a supuestos de
hechos equivalentes y de otra, la obligación de consideración desigual ante
situaciones diferentes que impliquen una regulación diversa.
15. Finalmente, afirmó que se configuró un defecto fáctico, en la medida en que
el tribunal no aportó prueba alguna que acreditara la existencia de motivos válidos
que justificaran la diferencia en los incrementos. Reprochó la ausencia de una
motivación legal y técnica que sustentara la decisión administrativa, la cual, por su
naturaleza, debía fundarse en criterios objetivos, claros y verificables.
Intervenciones7
16. La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda sostuvo que,
carece de competencia legal para revisar o dejar sin efectos decisiones judiciales y
manifestó que, respecto a las diferencias salariales, el Gobierno Nacional actúa en
ejercicio de la competencia que le ha sido atribuida para fija el régimen salarial, por
lo que no se advierte la configuración de alguno de los defectos que habilitan la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y su
desvinculación, al no configurarse actuación directa atribuible a esta entidad en la
presunta vulneración alegada.
17. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que carecía de legitimación
en la causa por pasiva, dado que la controversia planteada en la acción de tutela
recae sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Además, indicó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional al
tratarse de un litigio de naturaleza económica y privada, menciona que no cumplió
con el requisito de subsidiariedad ni demuestra la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la acción de tutela. Enfatizó en la importancia de respetar
la autonomía e independencia de la Rama Judicial, señaló que la acción de tutela
contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional. En ese sentido,
expresó que la acción de tutela resultaba improcedente frente a su vinculación
Mediante Auto de 20 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda y vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de Risaralda.
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dentro del trámite. Por ello, solicitó declarar la improcedencia del amparo y
desvincularla del presente asunto.
18. El Juzgado 7 Administrativo de Pereira envió el expediente del proceso
ordinario de forma digital.
19. El Tribunal Administrativo de Risaralda no se pronunció, a pesar de haber
sido debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
21. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y el Ministerio de
Educación Nacional, pues estas autoridades actuaron como demandadas dentro
del proceso ordinario y, en consecuencia, tienen potencialmente interés en las
resultas del proceso.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el
Decreto-Ley 1278 de 2002; o en un defecto fáctico por valorar de forma arbitraria el
acervo probatorio sobre los incrementos salariales diferenciados para los grados
3BM y 3DM.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
23. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración al debido proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicia8, no se trata de un asunto de mera legalidad o
eminentemente económico y los reparos fueron dirigidos concretamente contra la
decisión de segundo grado en el marco del proceso ordinario; (2) se encontró
satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que la
señora Rodríguez Duica participó como demandante en el proceso ordinario y la
decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda; (3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora
agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el 18 de febrero de 2026, esto es,
dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia
8 Mencionó también la presunta vulneración del principio de favorabilidad.
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enjuiciada9, esto es, dentro de un plazo razonable; (5) no se alegó una irregularidad
procesal; (6) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración
de derechos fueron identificados de manera razonable; y (7) la tutela no fue
interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
24. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:
25. Para resolver, es necesario revisar los fundamentos de la sentencia
cuestionada. En efecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión
del Juzgado 7 Administrativo de Pereira, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, tras analizar las normas que regularon el incremento
porcentual del salario para las categorías del escalafón 3BM10 y 3DM.
26. A partir de ello, concluyó que el aumento superior otorgado al grado 3DM
durante los años 2008 y 2009 se encontraba justificado en la búsqueda de una
igualdad material. En particular, se destacó que dicho incremento no afectó el poder
adquisitivo del salario de los docentes y la medida adoptada no resultó
desproporcionada, lo que permitió reducir las brechas salariales existentes entre los
grados del escalafón.
27. El tribunal precisó que de las disposiciones que dieron lugar a los aumentos
salariales aplicables a los grados 3BM y 3DM desde el año 200711 se evidenciaba
que los ajustes realizados fueron iguales o superiores a la inflación, garantizando
así el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
28. Indicó que la reglamentación cuestionada tuvo como propósito materializar
los criterios previstos en la Ley 4 de 1992, orientados a reducir las desigualdades
salariales y a garantizar los principios de progresividad e igualdad material, en
procura de una igualdad real y no meramente aritmética. Asimismo, resaltó que
dicha reglamentación respondía a los objetivos del Decreto Ley 1278 de 2002, cuya
finalidad es asegurar que la función docente sea ejercida por personal idóneo,
promoviendo el ingreso a la carrera docente y su permanente profesionalización.
29. El tribunal concluyó que no era posible equiparar la base salarial de los
docentes ubicados en el grado 3DM con la de aquellos pertenecientes al grado 3BM,
en tanto el primero exige mayores niveles de formación, evaluación y experiencia.
En consecuencia, se trata de situaciones jurídicas distintas, que no resultan
comparables entre sí.
30. Del estudio integral de la providencia no se advierte que la autoridad judicial
haya desconocido el ordenamiento jurídico, como lo sostiene la parte accionante.
Por el contrario, la decisión se apoya en una interpretación razonable y coherente
de las normas que regulan la carrera docente y su sistema remunerativo. Razón por
la cual no se estructuró un defecto sustantivo.
9 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 2 de septiembre de 2025.
10 Grado de escalafón al que pertenece la accionante.
11 Decreto 1927 de 2011, Decreto 2940 de 2010, Decreto 702 de 2009, Decreto 624 de 2008, Decreto 714 de
2008 y Decreto 634 de 2007.
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31. En este sentido, el análisis de los incrementos porcentuales aplicados a los
grados 3BM y 3DM durante los años 2008 y 2009 le permitió al tribunal concluir que,
si bien dichos aumentos fueron diferentes, esta circunstancia, por sí sola, no
configuró una vulneración del derecho a la igualdad. Lo anterior en la medida en
que los docentes ubicados en tales grados no se encontraban en idénticas
condiciones fácticas ni jurídicas, de modo que el trato diferenciado resultaba
constitucionalmente admisible al responder a criterios objetivos y razonables.
32. Aunado a lo anterior, debe precisarse que no se configuró el defecto fáctico,
pues la autoridad judicial apreció las pruebas aportadas y, a partir de ello,
fundamentó razonablemente la inexistencia de trato discriminatorio. Asimismo, la
parte actora no demostró omisión o valoración arbitraria del acervo probatorio.
33. En consecuencia, la valoración efectuada por el juez natural se muestra
válida y suficiente, pues justificó la distinción en los incrementos salariales a partir
de finalidades legítimas, como la preservación del poder adquisitivo, la corrección
de brechas internas dentro del escalafón y el fortalecimiento de la carrera docente.
De esta manera, la medida se enmarca en la potestad de configuración normativa
del Gobierno en materia salarial y se orienta a incentivar la cualificación y
permanencia de personal idóneo en el servicio educativo, sin que se advierta un
trato arbitrario o discriminatorio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada por la Secretaría
de Educación del Departamento de Risaralda y el Ministerio de Educación Nacional
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Nayet Felicia
Rodríguez Duica.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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