Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01280-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01280-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01280-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01280-00
Accionante: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA – falta de
relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de febrero de 2026, el señor Miguel Ángel Rodríguez Ocampo presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Policía
Metropolitana de Cali -MECAL-, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
acceso a la información pública, “control social y participación ciudadana”.
2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 3 de febrero de 2026, proferida al interior
del recurso de insistencia2 que promovió contra el Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Metropolitana de Cali.
3.
Expuso que el 19 de diciembre de 2025, radicó petición ante la institución policial,
con el propósito de obtener los siguientes datos de la patrullera Gina Pinzón: nombre
y apellidos completos, grado, código de nombramiento, cédula y lugar de expedición,
número de placa, copia del acto administrativo de nombramiento, clase de
vinculación y fecha de ingreso a la entidad. También pidió que se le entregara como
anexo: (i) tabla con los cargos que ha ocupado y el tiempo total de vinculación, (ii)
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicación: 76001-23-33-000-2026-00073-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01280-00
Accionante: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
documento en formato pdf en el que constara la placa, número interno y NIT con que
fue adquirida la moto en la que se transportaba el 24 de noviembre de 2025, (iii)
copia del carné y (iv) hoja de vida completa, ocultando datos íntimos y sensibles.
4.
En tanto no se dio respuesta de fondo a dicha solicitud interpuso tutela, y en
sentencia del 2 de enero de 2026, el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cali, amparó su derecho fundamental de petición y ordenó a la
Policía Metropolitana de Cali contestar debidamente su petición.
5.
El 6 de enero de 2026 el Jefe de Asuntos Jurídicos de la MECAL negó el
suministro de los datos personales de la servidora pública, con fundamento en las
Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015, dado que la información requerida era de
carácter reservado y clasificado, por lo que su divulgación podía afectar su intimidad,
privacidad y seguridad, así como también, poner en riesgo los intereses públicos y
la seguridad de la entidad.
6.
El 7 de enero de 2026, el señor Rodríguez presentó recurso de insistencia ante el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y la Policía Metropolitana de Cali en
relación con su petición, a fin de que se declarara mal negada la información y se
dispusiera su entrega. Sin embargo, en auto del 3 de febrero siguiente, se consideró
que la información solicitada estaba sujeta a reserva, sumado a que ya se había
dado trámite a la queja presentada por presunto incidente con la funcionaria, ocurrido
el 24 de noviembre de 2025 en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero,
siendo este el objeto de su petición.
7.
La parte actora afirmó que el Tribunal accionado desconoció lo dispuesto en las
sentencias C-951 de 2014, T-043 de 2022, T-257 de 2023 y T-254 de 2024,
proferidas por la Corte Constitucional y muchas otras dictadas por el Consejo de
Estado y diferentes Tribunal Administrativos, en relación a que los únicos datos
sensibles son aquellos relacionados con la no discriminación, esto es, el origen racial
o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos y/o organizaciones sociales, la orientación sexual, entre
otros.
8.
También invocó el desconocimiento de los principios que guían el actuar de todas
las autoridades administrativas, contenidos en la Constitución y el artículo 3 de la
Ley 1437 de 2011. A su juicio, se pasó por alto que la Policía, al dar respuesta omitió
el deber de justificar rigurosa, concreta y motivadamente las razones por las cuales
consideraba que la divulgación o entrega de información -que considera de carácter
público-, puede causar un daño que justifique otorgarle el carácter de reservada, tal
como se exige en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
9.
Expuso que jurisprudencialmente se ha admitido que la esfera de protección de
los derechos fundamentales de los personajes públicos o los altos funcionarios del
Estado, se entienda reducida, acorde al rol que ocupan en la sociedad, pues han de
estar dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos
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Accionante: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
de su vida privada sobre los cuales asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a
conocer y debatir, por estar referidos a (i) las funciones que esa persona ejecuta, (ii)
al incumplimiento de un deber legal como ciudadano, (iii) temas de su vida personal
relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía
el manejo de lo público, y (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer
sus funciones3.
10.
Al respecto, sostuvo que la información solicitada es de carácter público, pues son
documentos a los que puede acceder cualquier individuo, y se relacionan
directamente con el cargo, funciones y servicios de la patrullera Pinzón. Negar su
entrega, implica desconocer los criterios fijados por la Corte Constitucional sobre lo
que debe entenderse por información privada y reservada, e implicó una vulneración
a sus derechos fundamentales4.
11.
Manifestó no estar de acuerdo con que la información solicitada puede ser pedida
por medio de interposición de denuncia contra la patrullera, porque “de acuerdo a la
norma y principios probatorios toda prueba que se pueda obtener por medio de
petición será rechazada de pleno durante la etapa probatorio por medio del juicio,
además que para no saturar los medios judiciales y como garantías a mis derechos
además de ayudar a la eficacia y efectividad de los procesos se solicita la información
que es publica por medio de este derecho de petición”.
12.
Finalmente, pidió tener en cuenta que el Tribunal Administrativo accionado
desconoció su propio precedente, constituido por la decisión adoptada en el proceso
con radicado 76001-23-33-000-2025-00103-00, en el que en un caso de similares
contornos fácticos accedió a entregar la misma información sobre un agente de
policía.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13.
Mediante auto de 24 de febrero de 20265, se admitió la acción de tutela en lo
referente a las pretensiones primera y segunda 6 y se ordenó notificar a las
autoridades demandadas. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que remitiera copia digital del
expediente con radicado 76001-23-33-000-2026-00073-00.
(i) Policía Metropolitana de Cali7
3 Cita original: “CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, SALA PLENA, SENTENCIA SU-420 DE 2019,
Expedientes T-5.771.452, T-6.630.724, T-6.633.352 y T-6.683.135, M. P. señor José Fernando Reyes Cuartas,
Bogotá, (D. C.), 21 de septiembre de 2019). (Énfasis, fuera del texto primigenio de la Sala Plena)”.
4 Se citan las sentencias C-602 de 2016, T-114 de 2018, T-254 de 2024 y C-540 de 2012.
5 Notificado el 5 de marzo de 2026.
6 Respecto de las demás pretensiones, se expuso que al estar dirigidas a otras entidades (Fiscalía General de
la Nación, Procuraduría General de la Nación y Comisión de Disciplina Judicial) y como quiera que en el
encabezado del escrito de tutela se afirmó que dichas corporaciones están en copia, se infirió que el accionante
efectuó la remisión respectiva,
7 Intervención contenida en 9 folios.
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Accionante: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
14.
Pidió negar el amparo por no configurarse vulneración alguna a los derechos
fundamentales del actor y exhortarlo para que cese cualquier actuación que pueda
poner en riesgo la integridad, seguridad, honra y buen nombre de los funcionarios de
la institución, absteniéndose de formular solicitudes orientadas a la obtención de
datos personales sin acreditar finalidad legítima, interés directo o fundamento jurídico
que las respalde.
15.
Aclaró que se negó la entrega de datos de la patrullera Gina Pinzón al demandante
porque este soportó su petición en presuntos hechos ocurridos el 24 de noviembre
de 2025 en inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, pero no se logró identificar
que ningún funcionario policial hubiera prestado servicios en el escenario deportivo
en esa fecha. Además, la solicitud únicamente fue acompañada de una fotografía de
la funcionaria, extraída de las redes sociales institucionales, correspondiente a notas
ciudadanas en las cuales, la servidora adelanta labores de presentación como parte
de sus funciones en el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. Tampoco consta que
la policía tenga asignada motocicleta para la prestación de sus funciones.
16.
Así, pidió tener acreditado que el actor no precisó de manera clara el objeto,
finalidad o interés legítimo que justificara el requerimiento de información limitándose
a formular afirmaciones que no encontraron respaldo en los registros oficiales del
servicio. Tampoco adujo causa concreta ni motivo jurídicamente relevante que
permitiera inferir la necesidad de acceder a información que reviste carácter personal
o sensible, ni acreditó que el objeto de su supuesta veeduría corresponda
efectivamente a labores de vigilancia o control ciudadano sobre la actividad policial
en dicha zona del país.
17.
Resaltó que la entidad ha actuado bajo el deber constitucional de protección de
los derechos fundamentales de la patrullera, quien actualmente es víctima de
suplantación de identidad. Finalmente, pidió tener en cuenta que el señor Rodríguez
ha solicitado de manera reiterada información relacionada con datos personales de
funcionarios de la institución, y fue capturado en flagrancia por los delitos de violencia
contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y obstrucción de vías públicas,
por hechos ocurridos el día 24 de enero de 2025, acorde a la Noticia Criminal No.
760016000193202501002, actualmente activa. Del mismo modo, el actor registra
otra actuación dentro del sistema penal, bajo el radicado 760016000193202501209,
originada en denuncia formulada por un policía por el presunto delito de injuria.
En Sala del 24 de marzo de 2026 de la Sección Tercera – Subsección A del
18.
Consejo de Estado, se designó –por sorteo- a la consejera Adriana Polidura Castillo
como conjuez.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
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19.La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto la
discusión planteada carece de relevancia constitucional porque los argumentos
esgrimidos por la parte actora van dirigidos a reabrir el debate eminentemente legal
que zanjó razonablemente el juez natural, sin que además se haya probado la
vulneración de los derechos fundamentales alegados.
20. En el escrito de tutela, el accionante citó varias normas y sentencias, según las
cuales -en su entender- tanto la Policía Nacional como el Tribunal Administrativo
accionado debieron acceder a entregar los datos personales solicitados respecto de
la patrullera Gina Pinzón, junto con la información referente al cargo ocupado,
antigüedad en la institución y documentos de identificación del supuesto automotor
utilizado en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2025, en inmediaciones del
estadio Pascual Guerrero.
21. En concreto, argumentó que la información solicitada no es de carácter reservada
o privada, pues corresponde a datos de identificación de la agente policial que
pueden ser conocidos por cualquier ciudadano, que además se relaciona con el
ejercicio del cargo que ostenta. Al respecto, expuso que jurisprudencialmente, el
umbral de protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos
considera reducido, dada la naturaleza de sus funciones, lo que hace posible que la
ciudadanía pueda tener acceso a información de su vida privada, siempre que tenga
relación con su cargo y las actividades que realiza. Además, pidió tener en cuenta
que los veedores ciudadanos, son sujetos de especial protección constitucional
dadas las labores de vigilancia que ejercen sobre la gestión pública, por lo que, no
es admisible negar información que permite verificar el debido cumplimiento de las
funciones de una agente de policía.
22. La Sala considera que estos argumentos de la parte actora no se corresponden
con las razones por las cuales el Tribunal accionado declaró bien negada la entrega
de información requerida por el accionantes, sino que se orientan a exponer y
sustentar la interpretación legal que el señor Rodríguez considera debió acogerse
por el juez natural, como si la acción de tutela permitiera ejercer un juicio de validez
sobre el criterio adoptado en una decisión judicial que se considera, abordó el
estudio del caso concreto de forma suficiente, motivada y razonable.
23. La autoridad judicial demandada consideró que estaba bien negada la petición de
información con fundamento en la reserva que ampara los datos solicitados respecto
a la funcionaria policial, y además porque ya se había dado trámite a la queja
presentada por el incidente presentado el 24 de noviembre de 2025.
24. A fin de sustentar su postura, expuso que de conformidad con los artículos 20, 23
y 74 de la Constitución, y 12 de la Ley 57 de 1985, por regla general, los documentos
de las entidades públicas pueden ser consultados por cualquier ciudadano, salvo
que frente a ellos la Constitución o la ley les haya impuesto carácter reservado, o
que tengan relación con la defensa o la seguridad nacional. Precisó que el carácter
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reservado no puede ser caprichoso, sino que debe estar sustentado
adecuadamente.
25. De otro lado, en el artículo 9 de la ley 1712 de 2014 se previó la información
mínima obligatoria respecto de la estructura de las entidades estatales que debe ser
publicada proactivamente, sobre lo cual, el Tribunal hizo especial énfasis en que, los
ciudadanos deben tener acceso a: (i) un directorio que incluya el cargo, direcciones
de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las
escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que
trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de
servidores públicos y contratistas y (ii) el respectivo plan de compras anual, así como
las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia.
26. De igual forma, puso de presente que la Ley 1755 de 2015 previó en su artículo
24, que solo ciertos documentos e informaciones, especificados por la Constitución
o la ley, tienen carácter reservado, entre estos: los que involucren derechos a la
privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en
los archivos de las instituciones públicas o privadas.
27. Bajo ese contexto normativo, analizó el caso concreto e indicó que estaba
acreditado que el 19 de diciembre de 2025, el demandante formuló una petición a
varias entidades públicas, entre ellas la MECAL, a fin de presentar una denuncia
contra la patrullera de nombre Gina Pinzón, por un incidente supuestamente
presentado con ella, en el cual se le requirió a aquel la presentación de su
documento de identificación de manera presuntamente altanera y grosera, lo que
tuvo ocurrencia el 24 de noviembre de 2025 en las inmediaciones del Estadio
Pascual Guerrero. Para ello, el actor solicitó expresamente que se diera traslado de
su queja ante la dependencia disciplinaria competente, y concomitantemente que se
le remitiera copia de su hoja de vida y su carné de identificación; así como
información sobre el tiempo de servicio en la institución policial y los cargos
desempeñados, e igualmente la emisión de lo que denomina “versiones públicas”
sobre el vehículo que aquella utilizaba el 24 de noviembre de 2025.
28. Encontró acreditado que la Policía respondió el 6 de enero de 2026, en
obedecimiento a la orden impartida por un juez constitucional en sentencia de tutela
del 2 de enero del mismo año, negando la información atinente a los aspectos
laborales de la funcionaria policial por considerarla improcedente en razón de su
carácter de reservada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
24 de la ley 1755 de 2015, aclarándole al peticionario que, su presunta calidad de
veedor, no constituye una excepción de las previstas en la norma a fin de darle a
conocer dicha información confidencial. Igualmente, se le explicó que, en las bases
de datos constaba que el día de los hechos, a la patrullera no le fue asignado
ninguno vehículo, ni tuvo actividades en las inmediaciones del estadio, sumado a
que, para el desempeño de sus funciones en el grupo de comunicaciones no
requería de asignación de automotores.
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29. El Tribunal afirmó que compartía plenamente la motivación expuesta en la
respuesta dada por la Policía Nacional, porque: (i) respecto a la información
solicitada de la uniformada, es decir, la hoja de vida y el carné oficial, efectivamente
se encontraba amparada por el principio de reserva, tal como lo dispone el numeral
3º del artículo 24 de la ley 1755 de 2015, y no resultaba inaplicable dicha excepción
debido a la calidad de veedor del peticionario, en desarrollo de lo expuesto en el
artículo 27 ibidem. Tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C-951
de 2014, la solicitud debe provenir de una autoridad facultada por norma específica,
y dentro de las funciones que tanto la ley 850 de 2003 (artículo 25) como la ley 1757
de 2015 (artículo 68) les asigna a las veedurías ciudadanas. Por otro lado, (ii) en
cuanto a la información referida al tiempo de servicios y los cargos desempeñados
por la funcionaria policial, no se cumplió con el requisito establecido en el numeral
3º del artículo 16 de la ley 1755 de 2015, según el cual debía expresar en forma
clara y concreta el objeto de su petición, lo que no hizo, por lo que fue bien denegada
su solicitud en ese sentido.
30. Es evidente que de forma razonada el Tribunal declaró bien negada la petición de
información del señor Miguel Ángel Rodríguez, argumentación que no fue
debidamente cuestionada en el escrito de tutela, tornando improcedente la acción.
31. Además, la Sala enfatiza en que el accionante no acreditó la vulneración de sus
derechos fundamentales, pues en la solicitud de amparo no hizo explícitas las
razones por las cuales solicitaba la información de la patrullera, logrando concluirse
que la recolección de los datos personales tenía como finalidad promover una acción
disciplinaria en su contra. Pero, tal como lo reseñó de forma expresa el Tribunal en
la providencia cuestionada, ya está en trámite una queja que el actor planteó contra
la agente de policía por los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2025.
32. Por demás, se advierte que el demandante se limitó a citar múltiples sentencias
proferidas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros Tribunales
Administrativos, no obstante, no expuso su similitud fáctica, de objeto y pretensiones
con el caso concreto, por lo que, se considera que la acción de tutela carece de
carga argumentativa sobre el particular. Lo mismo se concluye respecto del
desconocimiento del propio precedente del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca conformado por la decisión adoptada en el 20 de febrero de 2025. El actor
no expuso las razones por las cuales es precedente aplicable al caso concreto,
sumado a que este proveído fue dictado por otra sala de decisión del Tribunal, por
lo que no constituye criterio jurídico de obligatorio cumplimiento para los magistrados
que decidieron su causa.
33. Se considera que si bien el accionante acude a la acción de tutela con el propósito
de que el juez constitucional se pronuncie respecto del contenido de la respuesta a
una petición y la entrega de unos documentos, lo cierto es que no resulta procedente
que por conducto de esta acción constitucional se discutan asuntos que no
involucran la real vulneración o afectación de derechos fundamentales.
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34.Lo anterior, en la medida en que el solo hecho de no entregar la información
requerida, no afecta el debido proceso, ni mucho menos el acceso a la
administración de justicia o a instancias disciplinarias. La Sala no advierte que el
razonamiento de la autoridad judicial accionada comporte una afrenta a los derechos
del accionante.
35. En concordancia con lo anterior, se debe precisar que tampoco le corresponde al
juez de tutela fungir como una suerte de superior funcional del juez natural respecto
a la forma en que dirime ese tipo de controversias, en punto a la consideración sobre
la información que se puede entregar o no para evitar la afectación de los derechos
de servidores, o poner en riesgo la seguridad pública.
36. En otras palabras, la inconformidad planteada tiene una esencia netamente
probatoria que puede ser suplida al interior de un proceso ordinario, y no guarda
relación con garantías constitucionales, lo que a juicio de la Sala desdibuja el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, proyectado en la
vulneración de derechos fundamentales.
37.
En ese orden de ideas, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
8 VF
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Accionante: Miguel Ángel Rodríguez Ocampo
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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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