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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01289-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01289-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01289-00 (1982)
Accionantes: Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo y
fáctico y desconocimiento del precedente judicial

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a
resolver la solicitud de amparo interpuesta por Piedad del Socorro Galán
Mancilla, José Manuel Ávila Badillo, Antonio Víctor González González, Arlene
Ávila Galán, Carolina Andrea Ávila Galán, Kevin José Ávila Galán, María Ojitos
Zoila, Gertrudis del Carmen Galán Mancilla, Benito Galán Camacho, Beatriz
Elena Galán Mancilla, Greis Karina Ustaris Galán, Yarley Paola Lemus
Hernández, Estainer Jaraba Galán, Doris María Galán Mancilla, Kettis Elena
Vargas Galán, Ana Miguel Arévalo Galán, Yasmiri Prentt Galán, Luis Alfredo
Morales Villa, Deivis de Jesús Hernández Galán y Javier Enrique Martínez Galán
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

1. Síntesis del caso

Los señores Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros presentaron escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral de las víctimas, que consideraron vulnerados por el Tribunal

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01289-00 (1982)
Accionantes: Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Administrativo del Magdalena, con ocasión de la providencia del 30 de julio de
2025, dictada en el proceso de reparación directa identificado con el núm. 47001-
33-33-004-2017-00251-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las
partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos
relevantes:

2. La parte actora afirmó que, durante los años 2008 y 2009, en el municipio
de Ciénaga (Magdalena) existía una presencia paramilitar predominante,
presuntamente tolerada por las autoridades; circunstancia que, en su criterio,
constituía un hecho notorio.

3. Expuso que, como consecuencia del tránsito frecuente de miembros de la
Policía en su lugar de residencia, motivada por la amistad de estos con algunos
integrantes de su núcleo familiar, los grupos armados al margen de la ley
tomaron represalias consistentes en el secuestro, tortura y asesinato de dos de
sus parientes. Indicó que tal situación forzó el desplazamiento de todo el grupo
familiar hacia la ciudad de Barranquilla, ante la falta de garantías de seguridad.

4. La señora Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros integrantes de su
grupo familiar, el 5 de septiembre de 2017, promovieron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, para que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable por el desplazamiento forzado del que fueron
víctimas. En consecuencia, solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios
morales y daño a la vida en relación.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia del
27 de junio de 2024, declaró probada la excepción de caducidad y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. El a quo encontró que el
término legal para ejercer la acción discurrió entre el 29 de mayo de 2009 y el 29
de mayo de 2011; no obstante, advirtió que la solicitud de conciliación prejudicial
se radicó hasta el 5 de mayo de 2017, fecha para la cual el plazo ya había
vencido, razón por la cual no se produjo la interrupción de la caducidad.

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6. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, fundamentando su disenso en los siguientes puntos: (i) la falta de
conocimiento previo sobre la participación del Estado en los actos punibles,
circunstancia que solo advirtieron a partir de las declaraciones de un postulado
de las AUC; (ii) el carácter continuado del daño, toda vez que el núcleo familiar
no ha podido retornar a su lugar de origen; (iii) la inaplicabilidad del fenómeno de
la caducidad en casos de crímenes de lesa humanidad, y (iv) la suspensión del
término respecto de los demandantes que eran menores de edad para el
momento de los hechos, el cual solo debería contabilizarse a partir de que estos
alcanzaron la mayoría de edad.

7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 30 de
julio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.

2.2. Pretensión y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
3. ORDENAR al Tribunal proferir una nueva sentencia de fondo donde se
declare la NO CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD, aplicando la flexibilización
de las Sentencias T-004/25 y SU-439/24, y valore íntegramente el expediente
penal para determinar la responsabilidad estatal.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora alegó que el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 30 de julio de 2025,
incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, al
aplicar de manera rígida la caducidad sin atender lo dispuesto en las las
sentencias T-004 de 2025 y T-450 de 2024, en las que la Corte Constitucional
ha señalado que: (i) respecto de las víctimas de desplazamiento forzado dicho
término no puede aplicarse de manera absoluta, en atención al principio pro
damnato, y (ii) en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, no
es viable declarar la caducidad si no existe certeza sobre el momento en que
cesó la imposibilidad material de las víctimas para acceder a la justicia.

10. También indicó que no se tuvo en cuenta que en la sentencia SU-439 de
2024 la Corte estableció que la caducidad solo empieza a correr cuando
concurren el conocimiento del hecho y la capacidad material de demandar y, en
el caso concreto, el Tribunal asumió que por encontrarse asentados en

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Barranquilla, los demandantes contaban con dicha capacidad, sin considerar que
la vulnerabilidad socioeconómica y el riesgo de seguridad (daño continuado),
hacían imposible acudir ante la jurisdicción antes de 2017.

11. De otra parte, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico al omitir la valoración del expediente penal remitido por la Fiscalía
el 4 de mayo de 2023, así como del testimonio del victimario. Según la
accionante, dichas pruebas confirman la masacre de integrantes de la familia
debido a su relación con la Fuerza Pública, lo que acreditaría la falla en el
servicio. Igualmente, afirmó que desconoció la sentencia T-117 de 2022 que
obliga al juez remover barreras procesales que perpetúan la impunidad en casos
de violencia contra la mujer, pues, en su criterio juzgó la conducta de una madre
y demás desplazados, bajo un estándar de «diligencia civil ordinaria» omitiendo
que el miedo persistente y el desarraigo constituyeron un impedimento material
que suspendió el término de caducidad.

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente, mediante auto del 24 de febrero de 20261, admitió la
solicitud de amparo; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena,
en calidad de accionado; vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y a los señores Luisa Fernanda Morales Ávila, Melany Crissel
Calero Ávila, Jordán Andrés Calero Ávila, Shirly Andrea Calero Ávila, Juan David
Galán Cadena, Kelly Johana Galán Cadena, Raquel María Galán Cadena,
Wilfrido José Galán Cadena, Karelis Paola Elías Vargas, Nasser Orlando Elías
Vargas, Carlos Eduardo Martínez Ustariz, Deivis Junior Hernández Ramírez,
Valentina Julieth Hernández Ramírez, Karen Saray Martínez Cervantes, Jesús
David Martínez Cervantes, Juan David Martínez Cervantes y Steward Andrés
Martínez Cervantes; requirió, en medio digital, el expediente ordinario
identificado con el radicado núm. 47001-33-33-004-2017-00251-00/01; y tuvo
como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Magdalena2 pidió que se negara el amparo al
considerar que no vulneró los derechos fundamentales invocados y que la
situación fáctica expuesta por los actores correspondía a una inconformidad, por

1 Samai, índice 5, certificado F954AE4E870F4150 DF87C01E1CE72E1D 95D596F098A80F04
49E9AA2652A69915.
2 Samai, índice 15.

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lo cual no era posible que la tutela se convirtiera en un medio de impugnación
adicional.

14. La Policía Nacional3 solicitó que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, por cuanto era cierto que en el proceso ordinario había operado la
caducidad, tal y como lo concluyó el Tribunal. Además, estimó que la acción
constitucional tampoco procedía como mecanismo transitorio, al no acreditarse
un perjuicio irremediable.

15. El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta remitió el expediente
digital, pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de
la acción de tutela.

16. Los demás vinculados guardaron silencio.

3.Consideraciones

3.1. Competencia

17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para
conocer la presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal
Administrativo del Magdalena.

3.2. Legitimación en la causa

18. La legitimación en la causa por activa por parte de Piedad del Socorro
Galán Mancilla, José Manuel Ávila Badillo, Antonio Víctor González González,
Arlene Ávila Galán, Carolina Andrea Ávila Galán, Kevin José Ávila Galán, María
Ojitos Zoila, Gertrudis del Carmen Galán Mancilla, Benito Galán Camacho,
Beatriz Elena Galán Mancilla, Greis Karina Ustaris Galán, Yarley Paola Lemus
Hernández, Estainer Jaraba Galán, Doris María Galán Mancilla, Kettis Elena
Vargas Galán, Ana Miguel Arévalo Galán, Yasmiri Prentt Galán, Luis Alfredo
Morales Villa, Deivis de Jesús Hernández Galán y Javier Enrique Martínez Galán
se encuentra acreditada, por cuanto integraron la parte demandante en el
proceso de reparación directa que finalizó con la sentencia del 30 de julio de
2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, son titulares de los derechos que
consideran vulnerados.

3 Samai, índice 16

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19. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Magdalena, porque fue la autoridad que profirió la sentencia
del 30 de julio de 2025 que, según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus
derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

20. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 4 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos
judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional5.

21. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte
accionante debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y
proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de
análisis y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y
los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de
tal vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales6 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

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23. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial
se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o
causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la
Constitución7.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

24. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional8 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las
cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

25. Así pues, la Corte Constitucional9 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo
comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

26. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que
existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que

7 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento
jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a
derecho.

27. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque
la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias
respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió
la decisión objeto de tutela.

28. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia objeto de reparos, proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, fue notificada el 12 de agosto de 202510 y cobró
ejecutoria el 20 de agosto siguiente, y la demanda de tutela se presentó el 18 de
febrero de 202611, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional12 y del Consejo de Estado13 como razonable.

29. En cuanto al presupuesto de identificación de los hechos y argumentos,
este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte
actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación
alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada
en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento
está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

30. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

31. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, en ese orden, continuará con el análisis
de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del
Magdalena incurrió en los defectos sustantivo y fáctico en la decisión que
confirmó la declaración de caducidad del medio de control de reparación directa,

10 Samai, proceso núm. 47001-33-33-004-2017-00251-01.
11 Samai, índice 2.
12 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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y con ello afectó los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de los
accionantes?

33. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos
invocados; y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

34. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento
en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió
vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido
declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los
cuales se ha aplicado14.

35. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición
legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a
lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

36. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación […]15.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
15 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

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37. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe
desarrollarse dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un
precepto inexistente.

38. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y
la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).16

3.4.2. El defecto fáctico

39. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en
defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en
la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener
«incidencia directa en la decisión18» objeto de tutela. Además, puede
configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

40. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente
recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»19. Por su
parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin
justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el
proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […]
resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y
[…] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan»20.

41. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

16 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y
sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos
en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas
de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban
relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso21.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en
el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia»23.

43. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de
evaluar las pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.

3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial

44. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas25.

45. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad
del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa
e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de
cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz

24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

25 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante,
el ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a
“asegurar” la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2).
Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente
casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego,
con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso
de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes
o de lo contrario desconoce el precedente horizontal».
26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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Accionantes: Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros
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de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima
que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales27.

46. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas
por autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia28.

47. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin
determinar si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla
de decisión en relación con casos similares o si existen reglas interpretativas
fijadas por autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la
unificación de la jurisprudencia»29.

48. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud
del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un
precedente, pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es
absoluta. Así, en caso de que el cambio de postura no se justifique
expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que puede
ser reclamada a través de la acción de tutela30.

49. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en
que las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al
interior de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad

27 Se transcribe incluso con errores.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
30 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos
similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión
de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y
válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden
garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e
independencia de los operadores judiciales.»

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en el marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación31.

50. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como
transgresora de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican
el cambio de criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se
salvaguarde las exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

51. En el asunto bajo estudio, la señora Piedad del Socorro Galán Mancilla y
otros cuestionan la sentencia del 30 de julio de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia que declaró probada la excepción de caducidad y, en consecuencia,
negó las pretensiones en el proceso de reparación directa que iniciaron los
accionantes.

52. A juicio de la parte actora, el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial al aplicar de manera rígida la caducidad,
sin atender la jurisprudencia constitucional relativa a que en los casos de graves
violaciones de derechos humanos y de desplazamiento forzado, dicho término
no opera de forma absoluta. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial omitió
valorar la situación de vulnerabilidad y riesgo que, en su criterio, les impedía
acudir a la jurisdicción antes del año 2017. Además, alegó la configuración del
defecto fáctico por la presunta omisión de pruebas relevantes que daban cuenta
de la falla del servicio.

53. Pues bien, revisada la providencia del 30 de julio de 2025, se advierte que
el Tribunal inició por señalar que la caducidad es predicable incluso en eventos
de crímenes de lesa humanidad, debiendo analizarse en cada caso concreto el
grado de inferencia o conocimiento que los actores podrían tener de la presunta
participación estatal en los hechos dañosos. Apoyó la anterior conclusión en la
sentencia del 5 de mayo de 202532 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

54. En desarrollo de ese marco, la autoridad judicial concluyó que, para el año
2010, los demandantes ya contaban con elementos suficientes para inferir la
eventual participación del Estado en los hechos. Así lo consideró:

31 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
32 Proceso radicado núm. 18001-23-33-000-2015-00178-01.

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Para el año 2010, ya los demandantes, tenían conocimiento de los postulados que
aceptaban los hechos y en qué condiciones lo hacían, por lo tanto, desde ese
momento, la inferencia de alguna participación estatal debía iniciarse y con ella la
contabilidad de la caducidad, adicionalmente, desde la narrativa de la demanda
se colige que atribuyen lo acontecido a la presencia constante de policía en la
vivienda, dada la amistad de estos con algunas mujeres de la familia, lo que a su
juicio, trajo la vendetta de las autodefensas.

55. De otra parte, frente al argumento relativo al carácter continuado del
desplazamiento forzado, el Tribunal explicó que, conforme a la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, la contabilización de la caducidad en estos
casos exige verificar dos aspectos:

(i) Que el desplazamiento haya finalizado, esto es, que hayan podido
volver al sitio de donde se vieron obligados a salir por el fenómeno
violento.
(ii) Que no existan motivos para considerar que existió imposibilidad de
los actores para poder acceder a la administración de justicia.

56. A partir de lo anterior, la autoridad judicial encontró de lo probado y
expuesto por la parte demandante, que el desplazamiento se llevó a cabo en el
año 2009 y finalizó cuando los demandantes fueron acogidos en Barranquilla dos
años después33, lugar en el que se asentaron definitivamente. Precisó que la
parte actora no contradijo esa afirmación en el recurso de apelación.

57. En relación con la situación de los menores de edad34, la autoridad judicial
reiteró la postura vigente del Consejo de Estado, según la cual la caducidad
también es predicable respecto de ellos, salvo que se acrediten circunstancias
extraordinarias que hubiesen impedido a sus representantes legales actuar en
su nombre, lo cual en el caso concreto, no se advirtió. Así lo expresó:

En el presente trámite, no se evidencia una falta de interés por interponer la acción
de parte de los padres, por el contrario, se acude a la misma cuando aún hay
menores de edad, por ello, es evidente que no puede entrar la Judicatura a
considerar que se dieron hechos extraordinarios que impidieron a los
representantes legales de los menores, acudir dentro de la oportunidad debida a
sede judicial.

33 Pese a que la providencia de segunda instancia no indica una fecha, hace énfasis en que la actora no

cuestionó dicha afirmación en la apelación. Esto permite remitirse a la decisión de primer grado, en el que
se señaló expresamente que el tiempo transcurrido fue de dos años tras los hechos.
34 Es preciso aclarar que este punto no fue objeto de censura en el escrito de tutela, pues su inconformidad

se circunscribe a los argumentos relacionados en el numeral 2.2. de esta sentencia.

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58. En ese orden, el Tribunal aplicó el artículo 164 del CPACA y las reglas
fijadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, según las cuales
el término de caducidad del medio de control de reparación directa se cuenta
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la
participación del Estado, salvo prueba de imposibilidad material para accionar,
circunstancia que no fue alegada al interior del proceso ordinario.

59. En ese contexto, la Sala encuentra que no se configura el defecto
sustantivo ni el desconocimiento del precedente alegados, pues el Tribunal
aplicó el criterio jurisprudencial vigente de manera razonada, sin apartarse de las
reglas fijadas por esta corporación.

60. Tampoco se advierte desconocimiento de la jurisprudencia constitucional
invocada, en tanto la autoridad judicial sí consideró las condiciones de los
demandantes y abordó el análisis de la caducidad en relación con el
desplazamiento forzado. No obstante, concluyó que no se acreditó una
imposibilidad real que justificara la inactividad procesal.

61. En lo que respecta al defecto fáctico alegado por la parte actora, la Sala
considera que no se configura, por cuanto la decisión cuestionada se fundó en
la verificación previa de la caducidad, la cual constituye un presupuesto procesal
cuyo acaecimiento impide, por su propia naturaleza, el análisis de fondo del
litigio. En ese sentido, no resulta exigible al juez contencioso-administrativo
valorar las pruebas orientadas a demostrar la falla del servicio, toda vez que
dicho estudio se encuentra supeditado a la superación del fenómeno extintivo.

4. Conclusión

62. Por lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo del Magdalena,
en la sentencia del 30 de julio de 2025, no vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
reparación integral de Piedad del Socorro Galán Mancilla y su grupo familiar.
Esto, por cuanto no se evidencia en el fallo un análisis arbitrario, o caprichoso,
ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una
vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la intervención del
juez de tutela.

63. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por los
accionantes.

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Accionantes: Piedad del Socorro Galán Mancilla y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presenta por Piedad del
Socorro Galán Mancilla y otros contra el Tribunal Administrativo del Magdalena,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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