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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01295-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01295-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER a la Sociedad Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, como coadyuvante de la presente acción de tutela, conforme a las razones expuestas en la parte motiva. 40 Índice 39 del proceso ordinario 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co _______________________________________________________________ Demandante: Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo, Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental – Fundesco Demandado: Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2026-01295-00 SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por la Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo, Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental, Fundesco, en lo que respecta a la pretensión tendiente a que se ordene a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ingrese a Despacho del magistrado Fernando Iregui Camelo el proceso ejecutivo identificado con el radicado 25000- 23-36-000-2026-00059-00. TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con relación a la mora judicial injustificada que se predica, respecto de dar trámite preferente a los memoriales de conciliación y levantamiento de las medidas cautelares solicitadas al interior del proceso ejecutivo al que se ha hecho referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01295-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01295-00
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL,
DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O
AMBIENTAL – FUNDESCO
Demandado: SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA

Tema: Tutela por presunta mora judicial – declara carencia actual de
objeto por hecho superado y niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo, Comunitario,
Agropecuario y/o Ambiental (en adelante Fundesco), actuando a través de su
representante legal1, instauró acción de tutela contra la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la
administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
presunta mora judicial presentada en el proceso ejecutivo identificado con radicado
25000-23-36-000-2026-00059-002, por no impartirse el trámite debido.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 Índice 2 de Samai. Facultad acreditada con el certificado de existencia y representación legal allegado.
2 Es preciso aclarar que, si bien en el escrito de tutela se referenció el radicado No. 11001-31-03-010-2024-

00097-00 correspondiente al proceso ejecutivo, dicho número pertenece a la jurisdicción civil. Por tanto, al
remitirse el expediente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en particular, al tribunal accionado,
el radicado que corresponde actualmente y que aparece registrado en el sistema de gestión SAMAI es el
número 25000-23-36-000-2026-00059-00.

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Demandante: Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo,
Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental – Fundesco
Demandado: Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01295-00

[…] SEGUNDA. ORDENAR a la SECRETARÍA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, en el término de CUARENTA Y
OCHO (48) HORAS siguientes a la notificación del fallo, REMITA EL
EXPEDIENTE al despacho del Magistrado Dr. FERNANDO IREGUI CAMELO,
a quien le correspondió por reparto el conocimiento del proceso.

TERCERA. ORDENAR que se dé TRÁMITE PREFERENTE Y URGENTE a los
memoriales de conciliación y solicitud de levantamiento de medidas cautelares
radicados el 18 de diciembre de 2025, atendiendo a la grave afectación de
población vulnerable.

CUARTA. VINCULAR como terceros interesados a CESI, ALDESARROLLO y al
Dr. FERNANDO IREGUI CAMELO (Magistrado Ponente), para que se enteren de
la presente acción y puedan ejercer su derecho de defensa.

QUINTA. PREVENIR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que en lo sucesivo dé cumplimiento oportuno a la remisión de expedientes a
los despachos correspondientes, evitando dilaciones injustificadas que afecten los
derechos fundamentales de las partes y terceros3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación [en lo sucesivo
Cesi] presentó demanda ejecutiva singular contra la Sociedad Alianza Pública para
el Desarrollo Integral, [en adelante Aldesarrollo], la cual correspondió por reparto
al Juzgado Décimo Civil del Circuito Judicial de Bogotá, identificado con el
radicado No. 11001-31-03-010-2024-00097-00. Mediante auto del 5 de marzo de
2024, dicho despacho libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares
de embargo. Posteriormente, por auto del 26 de febrero de 2025, amplió las
medidas cautelares hasta por la suma de $8.500.000.000, ordenando el embargo
de recursos provenientes de las alcaldías locales de Bogotá, incluido el Fondo de
Desarrollo Local de Santa Fe.

Señaló que, en calidad de tercero afectado por tales medidas, derivadas del
contrato CP-PR-2024-200 suscrito con Aldesarrollo para la atención de 214.092
beneficiarios vulnerables4, intervino en el proceso solicitando la nulidad de todo lo
actuado por falta de jurisdicción y el levantamiento de los embargos decretados.

En atención a dicha solicitud, el Juzgado Décimo Civil del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante providencia del 6 de octubre de 2025, resolvió: i) declarar la
nulidad de lo actuado a partir del mandamiento de pago; ii) declarar la falta de
jurisdicción para conocer del asunto; iii) levantar las medidas cautelares
decretadas; y iv) remitir el expediente a la jurisdicción de lo contencioso

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, vendedores informales, niños en

educación inicial

2

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Demandante: Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo,
Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental – Fundesco
Demandado: Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01295-00

administrativo.
Asimismo, indicó que el 18 de diciembre de 2025 Cesi y Aldesarrollo presentaron
ante ese despacho un acta de conciliación suscrita por ambas partes, junto con
una solicitud conjunta de levantamiento de las medidas cautelares y un acuerdo
de terminación del proceso.

El 18 de diciembre de 2025 el expediente fue remitido a los juzgados
administrativos de la ciudad de Bogotá y, por reparto del 20 de enero de 2026, le
correspondió al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, al cual se le asignó el radicado 11001-33-36-036-2026-00011-00. No
obstante, el 2 de febrero de 2026 dicho despacho declaró su falta de competencia
por razón de la cuantía, al advertir que esta superaba los 1.500 SMLMV al
momento de presentación de la demanda, en consecuencia, con fundamento en
el numeral 6 del artículo 152 del CPACA, ordenó remitir el proceso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Posteriormente puntualizó que, el expediente fue enviado nuevamente a la Oficina
de Apoyo Judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por reparto,
correspondió al despacho del doctor Fernando Iregui Camelo bajo radicado 25000-
23-36-000-2026-00059-00. No obstante, a la fecha de presentación de la solicitud
constitucional, el proceso aún no había ingresado a dicho despacho y permanecía
en la Secretaría del tribunal accionado.

Finalmente, sostuvo que los memoriales de conciliación y la solicitud de
levantamiento de las medidas cautelares, radicados desde el 18 de diciembre de
2025, llevan cerca de dos meses sin que autoridad judicial alguna los haya
conocido ni resuelto, debido a que el expediente ha transitado de reparto en
reparto sin llegar a un despacho judicial para su trámite.
1.4. Fundamentos de la vulneración

Revisado el escrito de amparo se evidencia que la parte actora no desarrolló de
manera específica de las razones por las cuales le atribuye a la accionada la
vulneración de sus derechos fundamentales; sin embargo, realizada una
interpretación integral del mismo, se evidencia que la misma se genera con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada en la que se ha incurrido por no
haberse ingresado al despacho del magistrado Fernando Iregui Camelo el proceso
ordinario al que se ha hecho referencia, y no haberse resuelto de manera
preferente la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares y terminación
del proceso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 2 de marzo de 20265, la Magistrada Ponente admitió la acción constitucional y

5 Índice 4 de Samai.

3

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ordenó notificar a la parte demandante6, y como parte demandada, a la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Cundinamarca7.

Adicionalmente vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Diez Civil del Circuito de Bogotá8 [juez que conoció de la demanda y
después determinó su falta de jurisdicción], al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá9 [autoridad judicial a la cual se remitió
el expediente previo a enviarlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca], a las
oficinas de apoyo judicial de los juzgados administrativos del circuito judicial de
Bogotá10 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca11, a la Fundación Centro
de Desarrollo de Excelencia en Sistemas de Innovación – Cesi12 [extremo activo
del trámite ejecutivo]y a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral –
Aldesarrollo13 [extremo pasivo del proceso ejecutivo]

Asimismo, resolvió negar la medida cautelar presentada junto con el escrito de
demanda, por cuanto no se acreditaron los presupuestos necesarios para su
decreto, en la medida en que dicha solicitud perseguía el mismo objeto de la acción
de tutela.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Mediante memorial radicado el 4 de marzo de 202614 remitió el enlace electrónico
del proceso ejecutivo, sin presentar pronunciamiento de fondo.

1.6.2. Juzgado Décimo Civil del Circuito Judicial de Bogotá15

El director del despacho rindió informe sobre las actuaciones adelantadas dentro
del proceso ordinario, y señaló que dichas diligencias fueron puestas en
conocimiento de las partes con el fin de que ejercieran sus derechos a través de
los mecanismos de defensa previstos para el efecto. En consecuencia, adujo que

6 Notificación realizada al correo electrónico: fundacion.fundesco@hotmail.com
7Notificación realizada a los correos electrónicos: scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, y scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
8 Notificación realizada al correo electrónico: ccto10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificación realizada al correo electrónico: admin36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Notificación realizada al correo electrónico: apoyojudipq@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Notificación realizada a los correos electrónicos: scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co y
apoyojudipq@cendoj.ramajudicial.gov.co
12Notificación realizada a los correos electrónicos: info@funcesi.org y soporte@connectamericas.com
13 Notificación realizada al correo electrónico: info@aldesarrollo.gov.co.
14 Índice 8 de Samai.
15 Índice 9 de Samai.

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en el trámite surtido no vulneró ningún derecho fundamental de la parte
accionante.

1.6.3 Aldesarrollo16

Manifestó que comparte y confirma las situaciones expuestas por la parte
accionante dentro del presente trámite constitucional, por lo que respalda la
solicitud de amparo y considera que existen fundamentos jurídicos y fácticos
suficientes para la procedencia de la acción de tutela.

A su juicio, indicó que los hechos descritos evidencian una situación que
compromete el normal desarrollo del proceso judicial y la garantía de los derechos
fundamentales invocados, lo que justifica la intervención del juez constitucional.

Finalmente, adujo que se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, en la medida en que, pese a
que las partes del proceso ejecutivo conciliaron la obligación objeto del litigio y
solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares, tales solicitudes no han
sido analizadas por autoridad judicial alguna. Situación que es producto de no
haberse puesto en conocimiento del despacho judicial competente, lo que ha
generado una paralización del trámite e impide que se adopten las decisiones
correspondientes.

1.6.4. Secretaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca17

Informó que el proceso inicialmente radicado bajo el número 11001-33-36-036-
2026-00011-00 fue remitido por competencia por el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá a dicho tribunal, donde fue recibido
el 9 de febrero de 2026 y asignado por reparto al despacho del magistrado
Fernando Iregui Camelo, bajo el radicado 25000-23-36-000-2026-00059-00.

Indicó que, conforme al trámite interno, el expediente fue gestionado por la
Secretaría y finalmente ingresado al despacho del magistrado el 5 de marzo de
2026, actuación registrada en el sistema de gestión SAMAI, por lo que considera
que el trámite se adelantó conforme a los procedimientos y tiempos propios de la
gestión secretarial, sin que se evidenciara dilación injustificada.

1.6.5. Las oficinas de apoyo judicial de los juzgados administrativos del circuito
judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Fundación
Cesi pese a que fueron debidamente notificadas guardaron silencio.

16 Índice 11 de Samai.
17 Índice 12 de Samai.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
presentada por Fundesco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige contra la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

2.2. De la Coadyuvancia

La Sociedad Aldesarrollo, manifestó su intención de coadyuvar las pretensiones
formuladas en la presente acción de tutela, al considerar que los hechos descritos
en el escrito de amparo evidencian una situación que compromete el normal
desarrollo del proceso judicial y la garantía de los derechos fundamentales
invocados, lo que justifica la intervención del juez constitucional.

En relación con la procedencia de la coadyuvancia, la Corte Constitucional18 ha
dispuesto las siguientes reglas:

I) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite de tutela,
esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de sus derechos
fundamentales.

II) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de
única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional.

En virtud de lo expuesto, la sala reconocerá a la referida sociedad como
coadyuvante en el presente proceso constitucional, dado que cumple con los
requisitos dispuestos por el alto tribunal para el efecto. Ello es así, por cuanto
manifestó su voluntad de cooperar íntegramente la solicitud de amparo presentada
por la parte actora, petición que fue formulada previo a que se profiera sentencia
de primera instancia.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

18 Al respecto, ver, entre otros: Auto 401 del 2020.

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¿La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en mora
judicial injustificada por no haber ingresado al Despacho del magistrado
Fernando Iregui Camelo el proceso ejecutivo con radicado 25000-23-36-000-
2026-00059-00, y no impartir el trámite correspondiente a los memoriales de
conciliación y levantamiento de las medidas cautelares solicitadas de manera
preferente y urgente al interior del referido mecanismo?

Para dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia; (iii) la mora judicial, (iv) la carencia actual de objeto,
y (v) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable19.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución20, del derecho fundamental al debido
proceso21 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia 22.

19 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
20 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en

qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
21 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
22 Sentencia T-006 de 1992.

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El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»23.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas
de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la
objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»24.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:

«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”25, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con
lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad.
Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas
[…]»26.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia27 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos

23 Sentencia T-476 de 1998.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
25 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
26 Ibídem.
27 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el

Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías
y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional”.

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materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»28.

2.6. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes29.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»30.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012,
luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta
Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en
los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y
que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones. (Resaltado propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial31, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del

28 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
30 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
31 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-

000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-000-2023-06923-
01.

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juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones32 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.33

A partir de los anteriores razonamientos, en la sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)

32 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P.

Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia
19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
33 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.

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Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente34”.

Con base en el referido marco, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido
que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales35.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta),
lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal36.

En estas situaciones, aunque la vulneración de las garantías constitucionales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados37.

2.8. Caso concreto

Como se señaló de manera previa, Fundesco solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la
administración de justicia, al estimar que los mismos estaban siendo vulnerados,
con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en la que incurrió la

34 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
36 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
37 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no haber ingresado
al Despacho del magistrado Fernando Iregui Camelo el proceso ejecutivo con
radicado 25000-23-36-000-2026-00059-00, y, en consecuencia, no poderse dar
trámite de manera preferente y urgente a los memoriales de conciliación y
levantamiento de las medidas cautelares solicitadas al interior del referido
mecanismo.

Con ocasión a la notificación efectuada por la Secretaría de esta corporación,
la autoridad accionada allegó escrito en el que realizó un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo que ahora ocupa la atención
de la Sala, destacando que el mismo fue conocido de manera inicial por la
jurisdicción ordinaria, siendo remitido por falta de jurisdicción al Juzgado Treinta y
Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que de manera posterior lo
remitió por competencia a dicho tribunal, donde fue recibido el 9 de febrero de
2026 y asignado por reparto al despacho del magistrado Fernando Iregui Camelo,
bajo el radicado 25000-23-36-000-2026-00059-00.

De cara a lo anterior, y al verificar el Sistema de Gestión Judicial Samai, para
conocer las últimas actuaciones que se han llevado a cabo al interior del referido
proceso, se encontró lo siguiente:

En consecuencia, la Sala entrará a analizar si efectivamente la dependencia
judicial accionada vulneró el derecho fundamental alegado por la parte actora,
frente a lo cual anticipa que negará las pretensiones de la demanda, por las
razones que pasan a explicarse:

Como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora judicial,
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios

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judiciales38, por ello, se ha considerado que en los eventos en los que “la tardanza
no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el
retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia».

Así mismo, debe precisarse que, la Corte Constitucional ha indicado que, la
dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las
obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que
no se pueden contrarrestar.

Acorde con lo analizado, y si bien la tutelante alega la configuración de una
presunta mora judicial injustificada por no haberse ingresado al Despacho del
magistrado Fernando Iregui Camelo el proceso ejecutivo con radicado 25000-23-
36-000-2026-00059-00, para que se surtan las etapas procesales
correspondientes y se adopten las decisiones a que hubiere lugar; conforme a la
información registrada en el sistema de gestión de consulta de procesos de esta
jurisdicción, se evidencia que dicha actuación fue realizada por la autoridad
accionada el 5 de marzo de 2026, como se ilustra a continuación:

En este orden, se colige que, encontrándose en curso el mecanismo constitucional
de la referencia, la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio
trámite a la actuación requerida por la tutelante, y en dicho entendido, se declarará
la carencia actual de objeto superado en torno a dicho aspecto, toda vez que
desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto
de los derechos fundamentales de la fundación accionante, de ahí que cualquier
orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la
posible vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.

Al respecto, esta colegiatura en oportunidades previas39 se ha referido a la acción
de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos

38 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
39 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias

de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii) de 19 de octubre
de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-
000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

En línea con lo expuesto, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.

De otro lado, y en lo concerniente a la mora judicial injustificada que se predica
respecto de la autoridad accionada por no haber tramitado de manera preferente
y urgente los memoriales de conciliación y levantamiento de las medidas
cautelares solicitadas al interior del proceso ejecutivo al que se ha hecho
referencia, evidencia la Sala que tales solicitudes fueron radicadas ante la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de febrero de
202640, lo que significa que, para la fecha en que se impetró la presente acción
constitucional, esto es, 18 de febrero de 2026, no transcurrió un tiempo excesivo
o desproporcionado que evidencie la ocurrencia de alguno de los requisitos que
permita establecer que se trata de una mora judicial injustificada, máxime si se
tiene en cuenta que el 5 de marzo de la misma anualidad, el proceso fue ingresado
al Despacho del magistrado ponente para dar trámite a lo correspondiente.

En tal sentido, no se advierte por parte de la Sala negligencia u omisión alguna en
el ejercicio de las funciones de la dependencia accionada, toda vez que el proceso
ejecutivo ha obedecido al normal desarrollo de sus etapas procesales.

Así, y al no evidenciarse una dilación injustificada o indebida respecto al trámite
impartido con relación a las solicitudes que le fueron elevadas, se negará el
amparo del derecho fundamental invocado por la tutelante en lo que concierne a
dicho aspecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECONOCER a la Sociedad Alianza Pública para el Desarrollo
Integral, Aldesarrollo, como coadyuvante de la presente acción de tutela, conforme
a las razones expuestas en la parte motiva.

40 Índice 39 del proceso ordinario

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SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por la Fundación para el Desarrollo Sociocultural,
Deportivo, Comunitario, Agropecuario y/o Ambiental, Fundesco, en lo que respecta
a la pretensión tendiente a que se ordene a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que ingrese a Despacho del magistrado
Fernando Iregui Camelo el proceso ejecutivo identificado con el radicado 25000-
23-36-000-2026-00059-00.

TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, con relación a la mora judicial injustificada que se predica, respecto
de dar trámite preferente a los memoriales de conciliación y levantamiento de las
medidas cautelares solicitadas al interior del proceso ejecutivo al que se ha hecho
referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salvamento parcial de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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