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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD,
MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 12 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HERMES ALVARADO CASTELLANOS, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a

la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida

digna, “al cumplimiento de fallos judiciales y a la protección reforzada

de adulto mayor” y a los principios de buena fe y confianza legítima,

los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE SANTANDER2 al haber proferido la providencia de 24 de

septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 68001-33-33-009-2019-00387-02.

I.2.- Hechos

Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES) con el fin de que se reliquidara su pensión y se

incluyeran algunos factores, la cual fue decidida en primera instancia

por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de enero de 2017,

accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le

ordenó a dicha entidad reliquidar tal prestación “[…] debiendo

efectuar la operación aritmética correspondiente para obtener una

mesada pensional equivalente al 75% del promedio devengado en el

2
En adelante TRIBUNAL.

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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

último año del servicio, incluyendo todos los factores salariales

devengados durante el último año de servicios […]”.

Señaló que, debido a lo anterior, presentó demanda ejecutiva, la cual

fue identificada con el número de radicación 2019-00387-00 y le

correspondió al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL

DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA3 que, mediante providencias

de 16 de diciembre de 2021, 6 de abril y 7 de julio de 2022, libró

mandamiento de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y

aprobó la liquidación del crédito, respectivamente.

Sostuvo que, al considerar que la liquidación del crédito presentaba

irregularidades, interpuso recurso de apelación contra el auto de 7

de julio de 2022, el cual fue confirmado por el TRIBUNAL mediante

proveído de 24 de septiembre de 2024.

Afirmó que presentó solicitud de nulidad contra la anterior decisión,

la cual fue rechazada por improcedente por el TRIBUNAL mediante

auto de 29 de abril de 2025. Asimismo, interpuso recurso de

reposición y súplica, que culminó con la providencia confirmatoria de

8 de agosto de ese mismo año.

3
En adelante JUZGADO.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al proferir la providencia de 24 de

septiembre de 2024, que confirmó el auto que aprobó la liquidación

del crédito y costas, por cuanto, a su juicio, incurrió en una

interpretación irrazonable o desproporcionada al no incluir en el

monto pensional todos los factores salariales, esto es, las primas de

servicios, de vacaciones, de navidad y de antigüedad.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] Señor Magistrado, ruego a usted se sirva ordenar la
suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho,
ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, lo
siguiente:

1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 24 de septiembre de 2024.
3. Ordenar nueva decisión que:
• Incluya todos los factores salariales devengados y cotizados.
• Respete la integralidad del IBL.
• Garantice el derecho fundamental a la seguridad social. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la presente

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acción de tutela por no cumplir los requisitos generales ni específicos

para su procedencia y, además, por cuanto no se han vulnerado los

derechos fundamentales invocados por el actor.

I.5.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente

tutela por la existencia de cosa juzgada, pues lo pretendido por el

accionante es variar el sentido del proceso ordinario como si se

tratara de una tercera instancia.

I.5.3.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado, toda

vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y, por el

contrario, lo pretendido por el actor es utilizar el mecanismo

constitucional como una instancia procesal adicional en la que no solo

se reabra un debate jurídico que ya fue objeto de dos instancias, sino

en la que se modifique una sentencia ordinaria ejecutoriada, la cual

hizo tránsito a cosa juzgada y constituyó el título base del proceso

ejecutivo cuestionado.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 12 de marzo de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir el requisito de la inmediatez.

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Explicó que la providencia de 24 de septiembre de 2024, aquí

cuestionada, fue notificada el 25 del mismo mes y año y adquirió

ejecutoria el 30 de ese mes y anualidad, por lo cual el accionante

tenía hasta el 30 de marzo de 2025 para instaurar la acción de tutela,

la cual radicó el 19 de febrero de 2026, esto es, trascurridos más de

6 meses desde su ejecutoria.

Advirtió que, si bien el actor interpuso, entre otros, recurso de

súplica, el cual fue resuelto mediante auto de 6 de agosto de 2025,

el término de inmediatez no puede contabilizarse a partir de este,

debido a que, por un lado, no es la decisión que aquí se cuestiona y,

por el otro, porque los recursos improcedentes no extienden los

términos o la oportunidad para controvertir una providencia

mediante la acción de tutela.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales.

Señaló que, si la vulneración persiste en el tiempo, la inmediatez

puede entenderse de manera diferente, enfocándose más en el daño

continuo que en el momento inicial de la acción, por lo que el a quo

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convirtió un criterio flexible en una regla rígida, incurriendo en un

defecto por exceso ritual manifiesto.

Manifestó que existe justificación válida para la tardanza, por cuanto

la vulneración no se consolidó en septiembre de 2024, sino que se

prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de agosto de 2025 y,

además, es un adulto mayor, pues tiene más de 82 años y es

paciente de alto riesgo por sus patologías.

Asimismo, adujo que la vulneración de su derecho fundamental a la

seguridad social es de carácter continuado, toda vez que su mesada

pensional se liquida de manera incorrecta mes a mes, afectando

directamente su mínimo vital.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

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de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto el proveído de 24 de septiembre de 2024, proferido

por el TRIBUNAL dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 2019-00387-02.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al

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acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital,

a la vida digna, “al cumplimiento de fallos judiciales y a la protección

reforzada de adulto mayor” y a los principios de buena fe y confianza

legítima, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en una interpretación irrazonable o

desproporcionada al emitir una decisión restrictiva que redujo el

derecho pensional reconocido.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 12 de marzo de

2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el

requisito general de inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, afirmando que la jurisprudencia ha determinado

que la inmediatez no es una regla rígida; que la vulneración de sus

derechos no se consolidó en septiembre de 2024, sino que se

prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de agosto de 2025; que es

un adulto mayor y paciente de alto riesgo; y además, que la

vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social es de

carácter continuado al tratarse de una prestación periódica.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados por el actor.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

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mecanismo […]”4.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo6:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de

la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener

en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión9;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;

7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta11.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI12, el proveído

de 24 de septiembre de 2024, aquí cuestionado, fue notificado a

las partes, vía correo electrónico, el 25 del mismo mes y año13,

por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de

enero de 201114, se entiende debidamente notificado el 27 de ese

mes y anualidad.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 19 de febrero de 202615, esto es,

transcurrido más de 1 año y 4 meses, superando así el término de

6 meses que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable

para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial,

sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad

de la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de

la solicitud de amparo.

11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
12
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333009201900
387026800123
13
Constancia de notificación visible a índice 14 del expediente digital del proceso 2019-00387-02.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202601
297011100103

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito

de impugnación, la Sala observa que, a su juicio, se debe flexibilizar

el conteo de la inmediatez, bajo el argumento de que la vulneración

de sus derechos no se consolidó con el proveído de 24 de septiembre

de 2024, sino que se prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de

agosto de 2025, auto que resolvió el recurso de súplica. Lo anterior,

sumado a su condición de adulto mayor y paciente de alto riesgo; y

además, que la vulneración de su derecho fundamental a la

seguridad social es de carácter continuado al tratarse de una

prestación periódica.

La Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar que las

razones aducidas por el actor no justifican la inactividad o tardanza

en la presentación de la solicitud de amparo, toda vez que en

tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el

término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha

en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a

su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados, que en este

caso es el proveído de 24 de septiembre de 2024 y, además, la

presentación sucesiva de recursos abiertamente improcedentes no

tienen la potestad de suspender o extender el término de

inmediatez, por lo que no resulta admisible justificar la tardanza en

la interposición de los mismos.

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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

Aunado a lo anterior, el argumento relativo a su condición de adulto

mayor y paciente de algo riesgo, para la Sala tampoco justifica la

tardanza en la solicitud de amparo ni tal circunstancia demuestra por

sí sola que se encontrara en un estado de debilidad manifiesta, pues,

no se enmarca en alguno de los supuestos establecidos por la

jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación

por fuera del término razonable establecido.

Asimismo, no es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según

la cual el tema objeto de estudio corresponde a la reclamación de

prestaciones periódicas, por cuanto la aprobación de la liquidación

del crédito y de costas dentro de un proceso ejecutivo, objeto de la

presente acción, no constituye una prestación periódica aun cuando

se derive de una sentencia relacionada con la reliquidación de una

pensión, pues se trata de un acto de ejecución que cuantifica una

obligación previamente reconocida.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Ahora, del escrito de tutela y el material probatorio obrante en el

expediente, la Sala logra vislumbrar que lo pretendido por el actor

es controvertir los factores salariales que, a su juicio, se debieron

tener en cuenta, frente a lo cual tampoco se cumpliría con el

requisito de la subsidiariedad, toda vez que si el accionante tenía

inconformidades respecto de los que fueron reconocidos para

reliquidar su pensión dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, debió interponer el recurso de

apelación contra el fallo de primera instancia, medio judicial idóneo

que tuvo a su alcance para el efecto y del cual no hizo uso.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que

declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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