Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01297-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD
SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD,
MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 12 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HERMES ALVARADO CASTELLANOS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida
digna, “al cumplimiento de fallos judiciales y a la protección reforzada
de adulto mayor” y a los principios de buena fe y confianza legítima,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER2 al haber proferido la providencia de 24 de
septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 68001-33-33-009-2019-00387-02.
I.2.- Hechos
Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES) con el fin de que se reliquidara su pensión y se
incluyeran algunos factores, la cual fue decidida en primera instancia
por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de enero de 2017,
accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le
ordenó a dicha entidad reliquidar tal prestación “[…] debiendo
efectuar la operación aritmética correspondiente para obtener una
mesada pensional equivalente al 75% del promedio devengado en el
2
En adelante TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01297-01
Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
último año del servicio, incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios […]”.
Señaló que, debido a lo anterior, presentó demanda ejecutiva, la cual
fue identificada con el número de radicación 2019-00387-00 y le
correspondió al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA3 que, mediante providencias
de 16 de diciembre de 2021, 6 de abril y 7 de julio de 2022, libró
mandamiento de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y
aprobó la liquidación del crédito, respectivamente.
Sostuvo que, al considerar que la liquidación del crédito presentaba
irregularidades, interpuso recurso de apelación contra el auto de 7
de julio de 2022, el cual fue confirmado por el TRIBUNAL mediante
proveído de 24 de septiembre de 2024.
Afirmó que presentó solicitud de nulidad contra la anterior decisión,
la cual fue rechazada por improcedente por el TRIBUNAL mediante
auto de 29 de abril de 2025. Asimismo, interpuso recurso de
reposición y súplica, que culminó con la providencia confirmatoria de
8 de agosto de ese mismo año.
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En adelante JUZGADO.
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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
I.3.- Fundamentos de la solicitud
El actor manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al proferir la providencia de 24 de
septiembre de 2024, que confirmó el auto que aprobó la liquidación
del crédito y costas, por cuanto, a su juicio, incurrió en una
interpretación irrazonable o desproporcionada al no incluir en el
monto pensional todos los factores salariales, esto es, las primas de
servicios, de vacaciones, de navidad y de antigüedad.
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] Señor Magistrado, ruego a usted se sirva ordenar la
suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho,
ordenando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, lo
siguiente:
1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 24 de septiembre de 2024.
3. Ordenar nueva decisión que:
• Incluya todos los factores salariales devengados y cotizados.
• Respete la integralidad del IBL.
• Garantice el derecho fundamental a la seguridad social. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la presente
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acción de tutela por no cumplir los requisitos generales ni específicos
para su procedencia y, además, por cuanto no se han vulnerado los
derechos fundamentales invocados por el actor.
I.5.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente
tutela por la existencia de cosa juzgada, pues lo pretendido por el
accionante es variar el sentido del proceso ordinario como si se
tratara de una tercera instancia.
I.5.3.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado, toda
vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y, por el
contrario, lo pretendido por el actor es utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia procesal adicional en la que no solo
se reabra un debate jurídico que ya fue objeto de dos instancias, sino
en la que se modifique una sentencia ordinaria ejecutoriada, la cual
hizo tránsito a cosa juzgada y constituyó el título base del proceso
ejecutivo cuestionado.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 12 de marzo de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir el requisito de la inmediatez.
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Explicó que la providencia de 24 de septiembre de 2024, aquí
cuestionada, fue notificada el 25 del mismo mes y año y adquirió
ejecutoria el 30 de ese mes y anualidad, por lo cual el accionante
tenía hasta el 30 de marzo de 2025 para instaurar la acción de tutela,
la cual radicó el 19 de febrero de 2026, esto es, trascurridos más de
6 meses desde su ejecutoria.
Advirtió que, si bien el actor interpuso, entre otros, recurso de
súplica, el cual fue resuelto mediante auto de 6 de agosto de 2025,
el término de inmediatez no puede contabilizarse a partir de este,
debido a que, por un lado, no es la decisión que aquí se cuestiona y,
por el otro, porque los recursos improcedentes no extienden los
términos o la oportunidad para controvertir una providencia
mediante la acción de tutela.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales.
Señaló que, si la vulneración persiste en el tiempo, la inmediatez
puede entenderse de manera diferente, enfocándose más en el daño
continuo que en el momento inicial de la acción, por lo que el a quo
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convirtió un criterio flexible en una regla rígida, incurriendo en un
defecto por exceso ritual manifiesto.
Manifestó que existe justificación válida para la tardanza, por cuanto
la vulneración no se consolidó en septiembre de 2024, sino que se
prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de agosto de 2025 y,
además, es un adulto mayor, pues tiene más de 82 años y es
paciente de alto riesgo por sus patologías.
Asimismo, adujo que la vulneración de su derecho fundamental a la
seguridad social es de carácter continuado, toda vez que su mesada
pensional se liquida de manera incorrecta mes a mes, afectando
directamente su mínimo vital.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
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de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto el proveído de 24 de septiembre de 2024, proferido
por el TRIBUNAL dentro del proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 2019-00387-02.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al
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acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital,
a la vida digna, “al cumplimiento de fallos judiciales y a la protección
reforzada de adulto mayor” y a los principios de buena fe y confianza
legítima, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada incurrió en una interpretación irrazonable o
desproporcionada al emitir una decisión restrictiva que redujo el
derecho pensional reconocido.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 12 de marzo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de inmediatez.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, afirmando que la jurisprudencia ha determinado
que la inmediatez no es una regla rígida; que la vulneración de sus
derechos no se consolidó en septiembre de 2024, sino que se
prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de agosto de 2025; que es
un adulto mayor y paciente de alto riesgo; y además, que la
vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social es de
carácter continuado al tratarse de una prestación periódica.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados por el actor.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo6:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión9;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;
7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta11.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI12, el proveído
de 24 de septiembre de 2024, aquí cuestionado, fue notificado a
las partes, vía correo electrónico, el 25 del mismo mes y año13,
por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201114, se entiende debidamente notificado el 27 de ese
mes y anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 19 de febrero de 202615, esto es,
transcurrido más de 1 año y 4 meses, superando así el término de
6 meses que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable
para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial,
sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad
de la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de
la solicitud de amparo.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
12
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333009201900
387026800123
13
Constancia de notificación visible a índice 14 del expediente digital del proceso 2019-00387-02.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
15
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202601
297011100103
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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
Ahora bien, de los argumentos expuestos por el actor en el escrito
de impugnación, la Sala observa que, a su juicio, se debe flexibilizar
el conteo de la inmediatez, bajo el argumento de que la vulneración
de sus derechos no se consolidó con el proveído de 24 de septiembre
de 2024, sino que se prolongó hasta la decisión definitiva de 6 de
agosto de 2025, auto que resolvió el recurso de súplica. Lo anterior,
sumado a su condición de adulto mayor y paciente de alto riesgo; y
además, que la vulneración de su derecho fundamental a la
seguridad social es de carácter continuado al tratarse de una
prestación periódica.
La Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar que las
razones aducidas por el actor no justifican la inactividad o tardanza
en la presentación de la solicitud de amparo, toda vez que en
tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el
término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha
en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a
su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados, que en este
caso es el proveído de 24 de septiembre de 2024 y, además, la
presentación sucesiva de recursos abiertamente improcedentes no
tienen la potestad de suspender o extender el término de
inmediatez, por lo que no resulta admisible justificar la tardanza en
la interposición de los mismos.
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Actor: HERMES ALVARADO CASTELLANOS
Aunado a lo anterior, el argumento relativo a su condición de adulto
mayor y paciente de algo riesgo, para la Sala tampoco justifica la
tardanza en la solicitud de amparo ni tal circunstancia demuestra por
sí sola que se encontrara en un estado de debilidad manifiesta, pues,
no se enmarca en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación
por fuera del término razonable establecido.
Asimismo, no es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según
la cual el tema objeto de estudio corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, por cuanto la aprobación de la liquidación
del crédito y de costas dentro de un proceso ejecutivo, objeto de la
presente acción, no constituye una prestación periódica aun cuando
se derive de una sentencia relacionada con la reliquidación de una
pensión, pues se trata de un acto de ejecución que cuantifica una
obligación previamente reconocida.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Ahora, del escrito de tutela y el material probatorio obrante en el
expediente, la Sala logra vislumbrar que lo pretendido por el actor
es controvertir los factores salariales que, a su juicio, se debieron
tener en cuenta, frente a lo cual tampoco se cumpliría con el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que si el accionante tenía
inconformidades respecto de los que fueron reconocidos para
reliquidar su pensión dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, debió interponer el recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, medio judicial idóneo
que tuvo a su alcance para el efecto y del cual no hizo uso.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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