Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01312-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01312-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01312-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
9 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01312-00
Demandante ROSMERY ROJAS VILLARREAL Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA
DE ORALIDAD
Temas Tutela contra providencia judicial. Crímenes de lesa humanidad.
Medio de control de reparación directa. Caducidad de la acción.
Ejecuciones extrajudiciales. Caducidad y estándares probatorios en
casos de ejecuciones extrajudiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por Rosmery Rojas Villarreal y otros, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de febrero de 20261, los señores Rosmery Rojas Villarreal, José María,
Daniela Alejandra, Arlis José y Nondier de Jesús Osorio Rojas; María Dolores Barón
Cafiel, Daniel Antonio Osorio Velásquez, Jorge Luis Osorio Varón, José Daniel
Osorio Barón y Mirladis del Rosario Osorio Barón, por conducto de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración
de justicia, así como a los principios de legalidad y coherencia del sistema jurídico.
La solicitud de amparo se originó en la sentencia de 15 de agosto de 2025, mediante
la cual la autoridad judicial accionada confirmó la decisión que rechazó la demanda
de reparación directa, al considerar que había operado la caducidad de la acción en
el expediente 05837-33-33-001-2017-00589-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«5.1.- Se amparen los derechos fundamentales en favor de los accionantes al debido
proceso legal, acceso a la administración de justicia, reparación integral, igualdad,
legalidad, coherencia y concreción del ordenamiento jurídico, contenidos en la Carta
Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
5.2.- Dejar sin efectos la Sentencia núm. 155 del 15 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad M.P. MARTHA CECILIA
MADRID ROLDÁN, en lo pertinente a la declaratoria/confirmación de caducidad.
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Samai, índice 2.
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Página 33 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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Demandante: Rosmery Rojas Villarreal y otros
5.3.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro del término que fije el juez
constitucional, profiera una nueva decisión que resuelva la apelación respetando los
estándares constitucionales y convencionales de tutela judicial efectiva y acceso a la
justicia de las víctimas, con motivación suficiente y valoración contextual de los
elementos probatorios relevantes para determinar el “dies a quo” (conocimiento y
posibilidad real de imputación)».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Arlis José Osorio Barón fue asesinado el 13 de diciembre de 2008 en
la vereda El Limón del municipio de Turbo (Antioquia), por miembros del
Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón de Infantería 47 GR Francisco de
Paula Vélez. Los agentes del Estado reportaron la muerte de dos supuestos
integrantes de grupos ilegales durante un combate de encuentro, entre ellos
Arlis José Osorio Barón, quien fue presentado como miembro de las BACRIM.
2.2. El 13 de julio de 2017, Rosmery Rojas Villarreal y otros, en calidad de víctimas
indirectas del homicidio del señor Osorio Barón, presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
En sentencia del 5 de abril de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de
Turbo declaró probada la excepción de caducidad. Consideró que la
oportunidad del medio de control debía computarse a partir del 26 de enero de
2009, cuando la Fiscalía 105 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
de Turbo certificó que adelantaba investigación penal con ocasión del
homicidio del señor Arlis José Osorio Barón por personal adscrito al Batallón
de Infantería 47 GR Francisco de Paula Vélez.
2.3. Esa determinación fue apelada por la parte demandante. Alegaron que la
decisión de caducidad vulneró su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia como víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos, dado que se desconoció el bloque de constitucionalidad y la
prevalencia del derecho internacional. Recordaron que su familiar fue objeto
de una ejecución extrajudicial frente a la cual no opera el fenómeno de
caducidad de la acción, según el precedente contencioso e interamericano
2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de caducidad
mediante sentencia de 15 de agosto de 2025 y condenó en costas a la parte
demandante. Precisó que la caducidad se debía computar desde el 14 de
diciembre de 2008, ya que «desde que se realizó la necropsia ya había sido identificado
y se conocían las circunstancias que rodearon su fallecimiento, esto es, que había sido dado
de baja en un operativo del EJÉRCITO NACIONAL en contra de presuntos integrantes de
bandas criminales».
De acuerdo con lo anterior, la Sala de decisión consideró que la oportunidad
para presentar la demanda de reparación directa fenecía el 15 de diciembre
de 2010; sin embargo, como la demanda se presentó el 13 de julio de 2017, la
conclusión clara era la de la caducidad de la acción.
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La providencia fue notificada a través de mensaje de datos remitido a los
buzones de notificación de los sujetos procesales el 20 de agosto de 20253.
2.5. La sentencia registró salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique
Pinzón Muñoz, quien consideró que la caducidad de la acción no debe
aplicarse a casos que involucran graves violaciones de los derechos humanos
o crímenes de lesa humanidad. A su juicio, el precedente actual desconoce
las obligaciones internacionales del Estado y la garantía de las víctimas de
acceder a la administración de justicia para que se repare integralmente los
daños padecidos que puedan ser imputables al Estado colombiano.
De manera subsidiaria, agregó que la Sala debió, al menos, aplicar la regla de
decisión desarrollada por el precedente constitucional, según la cual, a efectos
del cómputo de la caducidad de la acción, debe valorarse, de acuerdo con las
pruebas del proceso el momento en qué las víctimas indirectas podían imputar
responsabilidad al Estado, diferenciándolo de la simple convicción, sospecha
o inferencia. Considera que ello ocurrió el 2 de junio de 2016, cuando el juez
penal de instrucción militar reconoció a los familiares como parte civil en el
proceso penal.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora indicó que cumplió con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que:
(i) La solicitud de amparo evidencia la grave vulneración de su derecho de
acceso a la administración de justicia, en su condición de víctimas de una
ejecución extrajudicial, como consecuencia de una interpretación estricta,
fragmentada y parcializada del marco jurídico aplicable a la caducidad, que
prescinde de una lectura integral, sistemática y flexible, exigida por la
naturaleza y las especiales circunstancias de casos como el que se
analiza;
(ii) la sentencia acusada fue emitida el 15 de agosto de 2025 y notificada el
20 de ese mes y año, por lo que la tutela radicada el 19 de febrero de 2026
es oportuna;
(iii) las víctimas agotaron los mecanismos ordinarios judiciales a disposición
para cuestionar en el proceso de reparación directa la decisión de
caducidad de la acción y no proceden los recursos extraordinarios;
(iv) relacionó de manera clara los hechos de la demanda, el fundamento de la
acción y sus pretensiones; y
La parte actora también relacionó varios acápites en los que desarrolló el
alcance de los derechos a la reparación integral, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, así como los principios de legalidad e igualdad.
3.2. Respecto de los requisitos específicos de procedencia, la parte actora indicó
que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y
violación directa a la Constitución.
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Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa objeto de análisis. Archivo denominado «
03SoprteNotificaciónSentenciaSegunda».
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Frente al defecto sustantivo, reprochó la aplicación estricta y aislada de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, sin
determinar su alcance en contexto con la sentencia SU-312 de 2020, en la
que la Corte Constitucional estableció que el alcance de la figura de la
caducidad debe analizarse caso a caso, especialmente cuando se alegan
hechos de lesa humanidad.
Así, recordó que, aunque es cierto que en el caso particular las víctimas
indirectas conocieron de la muerte del señor Arlis José Osorio Barón el 13 de
diciembre de 2008, también lo es que «(…) solo fue hasta 8 años después que se
enteraron de la posibilidad de imputar la responsabilidad de la muerte al Ejército Nacional,
esto es cuando por medio de apoderado judicial se constituyen como víctimas dentro de
la investigación adelantada por la justicia penal militar, el día 21 de abril de 2016, siendo
reconocidos como tal, el día 2 de junio de 2016». En esa medida, advirtieron que
solo hasta ese momento contaron con elementos de juicio para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Frente a la concreción del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, la parte actora alegó la aplicación estricta, por parte del tribunal,
del término de caducidad consagrado en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Reprochó que la autoridad judicial omitió los criterios jurisprudenciales sobre
la oportunidad de la acción en el contexto de ejecuciones extrajudiciales y se
limitó a tomar en consideración la fecha de la muerte de la víctima directa,
dejando de lado el conocimiento efectivo de elementos de juicio para formular
la imputación a los agentes del Estado. Consideran que esta omisión
constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
De otra parte, se alegó la concreción del defecto fáctico ante la omisión en la
valoración de las pruebas del proceso que daban cuenta de que los
demandantes conocieron sobre la posible imputación al Estado por los hechos
en que resultó muerto su familiar, cuando fueron reconocidos como víctimas
en el proceso penal en el año 2016. Reprochó que, en lugar de valorar ese
hecho, el tribunal accionado determinó sin argumentación suficiente que, el
momento para iniciar el cómputo de la caducidad era el del reconocimiento del
cadáver en el 2008. Expone que tal razonamiento desconoce las
particularidades del caso concreto y las reglas de decisión jurisprudencial en
eventos de responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, se acusó la concreción del defecto por desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional frente
a la inaplicación o flexibilización del cómputo de la caducidad en casos de
graves violaciones a los derechos humanos, lo cual constituye una afectación
a los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.
Como fundamento de lo anterior, la parte actora hizo referencia a la sentencia
de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 y a las
sentencias de la Corte Constitucional, que, a su juicio, fijaron su alcance y
reglas de decisión: SU-312 de 2020, SU-060 de 2021, SU-167 de 2023, SU-
241 de 2024, SU-439 de 2024, T-210 de 2022 y T-024 de 2024.
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Asimismo, reprochó el desconocimiento de las siguientes sentencias: los fallos
de tutela de 30 de julio de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04842-014; de 30
de abril de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-04068-015 y 1° de febrero de 2024,
Exp. 11001-03-15-000-2023-04795-006, proferidos por las Secciones Segunda y
Tercera del Consejo de Estado.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 26 de febrero de 2026, el despacho de la ponente inicial admitió
la acción de tutela presentada por Rosmery Rojas Villarreal, José María Osorio
Rojas, Daniela Alejandra Osorio Rojas, Arlis José Osorio Rojas, Nondier de
Jesús Osorio Rojas, María Dolores Barón Cafiel, Daniel Antonio Osorio
Velásquez, Jorge Luis Osorio Varón, José Daniel Osorio Barón y Mirladis del
Rosario Osorio Barón contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero
Administrativo de Turbo; a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional;
y a los señores Flor María Osorio Barón, Luz Estella Uribe Barón, Roberto
Redondo Barón, Carlos Francisco Barón Cafiel, Orlando Omar Osorio Varón y
Huber de Jesús Osorio Barón, dada su calidad de sujetos procesales en el
medio de control de reparación directa 05837-33-33-001-2017-00589-01.
También dispuso la notificación de la tutela a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso (CGP).
Finalmente, requirió a los jueces de instancia del proceso ordinario que
allegaran la copia digitalizada del medio de control 05837-33-33-001-2017-00589
-00/01.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia intervino por conducto del
magistrado Carlos Enrique Pinzón Muñoz, quien informó su postura disidente
frente a la determinación de caducidad de la acción. En esa medida, expuso
que al no discutirse el salvamento de voto no era pertinente su intervención;
sin perjuicio de lo anterior, relacionó el enlace web para acceder al expediente
del proceso objeto de análisis.
4.3. El Juzgado Primero Administrativo de Turbo, por conducto del citador del
despacho, relacionó el enlace para acceder de manera virtual al expediente
ordinario.
4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por conducto de
apoderada especial de la entidad, solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de relevancia
constitucional. Estima que se toma la acción de tutela como una instancia
adicional para prolongar el debate sobre la oportunidad de la demanda.
4.5. El despacho al que inicialmente correspondió el conocimiento del asunto
registró proyecto de fallo, el cual fue sometido a consideración de la Sala el 28
de mayo de 2026. Como la ponencia no obtuvo la mayoría requerida para su
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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aprobación, mediante auto del 1° de junio de 2026 se dispuso el sorteo de un
conjuez.
Según consta en el acta correspondiente, el sorteo se llevó a cabo el 5 de junio
de 2026 y fue designada como conjueza la doctora Diana Lucía Caballero
Agudelo, a quien se le comunicó oportunamente la designación.
Posteriormente, el 2 de julio del mismo año se registró nuevamente proyecto
de fallo. Sin embargo, la ponencia fue derrotada, razón por la cual se ordenó
remitir el expediente al despacho siguiente en turno.
En cumplimiento de lo anterior, el 22 de julio de 2026, la acción de tutela fue
asignada al siguiente despacho para continuar con el trámite correspondiente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8 y
especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y dado que la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial, corresponde a la Sala establecer, en primera
medida, si la petición de amparo supera el examen general de procedibilidad
exigible en estos casos.
De superarse dicho análisis, la Sala determinará si la mayoría de la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, así como en
desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución, al proferir la
sentencia del 15 de agosto de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión de
rechazar la demanda en el proceso de reparación directa 05837-33-33-001-2017-
00589-01.
4. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales de víctimas indirectas de una alegada ejecución extrajudicial, con
ocasión a la emisión de la providencia judicial que, en sede de apelación, confirmó
la decisión de rechazo de la demanda por haber operado la caducidad de la acción;
(ii) la parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y, frente a
los cargos presentados por los accionantes, no proceden los recursos
extraordinarios; (iii) cumple con el requisito de inmediatez, ya que la acción se
interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
cuestionada10; (iv) se identificaron razonablemente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados; y (v) no se trata de una tutela contra sentencia
de tutela.
Es pertinente agregar que la Sala tiene por acreditado el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que los hechos y pretensiones de la acción de tutela
exigen examinar la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la justicia de las víctimas indirectas de una ejecución
extrajudicial, quienes reclaman la indemnización de los perjuicios derivados de ese
hecho dañoso.
En ese contexto, resulta necesario establecer si, en el caso particular, la autoridad
judicial incurrió en error en el cómputo de la oportunidad de la acción, bien sea por
la aplicación inflexible e irrazonable de la figura de la caducidad, o por la omisión o
indebida valoración de pruebas relevantes del proceso a efectos de establecer el
momento en el que debía iniciar su cómputo.
5. Análisis de los defectos invocados contra la sentencia del 15 de agosto
de 2025
10
La sentencia que resolvió la apelación fue notificada mediante mensaje de datos remitido a los sujetos procesales el 20
de agosto de 2025, mientras que la acción de tutela se radicó el 19 de febrero de 2026. Óp. Cit. 1 y 3.
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5.1. La Sala analizará de manera conjunta los requisitos especiales de
procedibilidad, en tanto su fundamentación se orienta a cuestionar la
aplicación e interpretación de la norma procesal que consagra el término de
caducidad del medio de control de reparación directa, cuando el daño alegado
se encuentra relacionado con graves violaciones a los derechos humanos o
crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, la fundamentación de la tutela comprende: (i) el defecto
sustantivo, respecto del contenido, alcance y aplicación de la norma que regula
la caducidad de la acción; (ii) el desconocimiento del precedente judicial en
relación con las reglas de decisión que han precisado el alcance de dichas
disposiciones y los criterios para la valoración de las pruebas relevantes a
efectos de determinar la oportunidad de la demanda (defecto fáctico); (iii) el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, derivado de la alegada
aplicación rígida e inflexible de las disposiciones que regulan la caducidad; y
(iv) la violación directa a la Constitución, en razón a la afectación de los
derechos fundamentales derivada de las decisiones judiciales objeto de
cuestionamiento.
5.2. De acuerdo con lo anterior y de cara al caso concreto, conviene recordar que
tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, en sentencias con
vocación unificadora11, indicaron que, en principio, es aplicable la figura de la
caducidad de la acción a casos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos o crímenes de lesa humanidad; sin embargo, respecto del
momento en que debe iniciar el cómputo de la caducidad, precisaron que no
bastaba con la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, sino que
se debe establecer si el interesado estaba en la posibilidad de inferir la
participación del Estado en los hechos y que el daño le era imputable.
En particular, en la mencionada sentencia se indicó:
«(…) la Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir
que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era
imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero
si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió a
esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de
acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver
las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso». (Énfasis de la
Sala)
De acuerdo con lo anterior, para la Sección Tercera del Consejo de Estado el
término de caducidad de la acción se inicia en el momento en que el interesado
conoció: (i) la ocurrencia del daño, (ii) la participación por acción u omisión de
agentes del Estado y (iii) la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial por el daño antijurídico.
5.3. Ahora bien, en relación con la valoración probatoria para determinar la
caducidad de la acción de reparación directa en casos en los que el hecho
dañoso se vincula con ejecuciones extrajudiciales y, en particular, sobre la
mencionada imputación, resulta pertinente citar algunos apartes de la
Sentencia T-202 de 2025, en la cual se sistematizaron las reglas fijadas por la
Corte Constitucional sobre esta materia con fundamento en otros
pronunciamientos del alto tribunal como las sentencias T-378 y SU-439 de 2024.
11
Sentencia del 29 de enero de 2020, Sección Tercera del Consejo de Estado y SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional.
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Para ilustrar lo indicado, se transcriben los apartes relevantes de la sentencia
T-202 de 2025:
«En fallos posteriores, esta Corte reiteró el precedente unificado del Consejo de Estado
establecido en la sentencia del 29 de enero de 2020 y en la SU-312 de 2020. No obstante,
amplió el alcance del análisis constitucional de la caducidad, dada la valoración puntual de la
responsabilidad estatal por una presunta ejecución extrajudicial. Los criterios
complementarios adoptados son los siguientes: 96. Primer estándar constitucional: la aplicación del precedente del Consejo de Estado debe
asegurar el respeto al debido proceso ante el cambio jurisprudencial. En las sentencias T-044
de 2022, T-210 de 2022, T-024 de 2024 y T-450 de 2024, la Corte Constitucional estableció
que el fallo de unificación aplica a partir de su emisión, esto es, desde el 29 de enero de 2020
e, incluso, en los casos iniciados con anterioridad. No obstante, al juez contencioso
administrativo le corresponde evaluar las circunstancias particulares de cada caso, “sobre todo
cuando la modificación supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o
probatorias, así como también cuando esta tiene incidencia directa en los términos procesales,
notificaciones que se están surtiendo o términos que ya habrían empezado a correr (…)”.
(…) 98. Segundo estándar constitucional: el juez contencioso administrativo debe adoptar
un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que los demandantes
no solo conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, sino que pueden inferir de manera
fundada la responsabilidad del Estado. En los fallos T-378 de 2024 y SU-439 de 2024, la Corte
Constitucional indicó que se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración probatoria. En particular, esto ocurre cuando no se valoran adecuadamente las pruebas que
determinan el momento en que los demandantes pudieron inferir, además del hecho y
la participación del Estado, su responsabilidad en el presunto daño antijurídico. 99. Esta Corte recordó que, según el precedente del Consejo de Estado, el cómputo de
caducidad no solo se cuenta desde la ocurrencia del hecho, sino desde el momento en que
los afectados conocieron o debieron conocer (i) la ocurrencia los hechos constitutivos del
daño, (ii) participación por acción u omisión del Estado y (iii) la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial. Sobre el último elemento, esta corporación distinguió las
nociones de simple convicción, inferencia y certeza. Precisó que no basta con la
convicción íntima, sospecha o mera afirmación de los demandantes de que un familiar
fue víctima de una ejecución extrajudicial para que desde ese momento se marque el
inicio del cómputo de la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su
familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de juicio que permitan
acreditar dicha inferencia ante un juez12. La Corte aclaró que esto no significa el agotamiento
del proceso penal, dado que no es un requisito para la activación de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa y tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos. 100.
La jurisprudencia constitucional ha concluido que un entendimiento probatorio
inadecuado de aquella inferencia de responsabilidad del Estado se advierte, por ejemplo,
en las siguientes hipótesis: (i) no se valoró integralmente las entrevistas y las declaraciones a
los demandantes, asignando un alcance inadecuado a simples afirmaciones o
sospechas que no constituyen elemento de juicio para soportar la inferencia de
responsabilidad del Estado ante el juez; (ii) se ignoraron las dificultades de acceso a
documentos esenciales para confirmar los hechos, como los expedientes en los que consta la
investigación penal, sin que sea necesario que exista una decisión definitiva; o (iii) habiendo
tenido acceso al expediente del trámite penal, ninguna de las pruebas disponibles le permitía
contar a los demandantes con elementos de juicio para sustentar ante los jueces la imputación
de la responsabilidad patrimonial. Tercer estándar constitucional: la excepción de inconstitucionalidad de la caducidad del medio
de control de reparación directa debe contemplar tanto supuestos objetivos asociados
directamente a la situación del demandante, como supuestos especiales que rodean el caso
12
«En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron que, para acreditar los
elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los demandantes afirmen fehacientemente que la víctima
murió a manos de militares (ya que tenía la convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio
suficientes que le permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.»
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concreto y les impide a los demandantes acceder a la jurisdicción de manera oportuna».
(Negrita de la Sala)
En particular, en la sentencia T-378 de 2024, la Corte Constitucional precisó
que el inicio del cómputo de la caducidad no se activa con el solo conocimiento
del hecho dañoso ni con la convicción subjetiva de la víctima indirecta sobre la
participación de los agentes del Estado y la no pertenencia del difunto a un
grupo armado ilegal, sino cuando cuenta con los elementos para sustentar
probatoriamente la imputación al Estado. En consecuencia, manifestó que la
determinación de la caducidad no puede fundarse en un elemento aislado,
como lo sería la declaración rendida en el proceso penal, sino que exige una
valoración integral de las pruebas.
En este caso el alto tribunal consideró que la declaración solo reflejaba su
percepción sobre los hechos, pero no la posibilidad real de acreditar una
ejecución extrajudicial, por lo que concluyó que, en ese asunto, el término solo
podía iniciar cuando las víctimas accedieron al expediente penal. Se
relacionan los apartes pertinentes de la sentencia:
«139. Tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar como el Tribunal Administrativo
del Cesar fundamentaron su decisión precisamente en el conocimiento del hecho por parte de las
demandantes, es decir, para las autoridades judiciales accionadas era suficiente que la parte conociera
de la muerte de su familiar y manifestara que la misma fue consecuencia del actuar de los miembros del
Ejército Nacional, a fin de que se le imputara responsabilidad al Estado por dicho hecho. Sin embargo,
las autoridades accionadas desconocieron que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del
Estado, no es suficiente que los demandantes afirmen fehacientemente que la víctima murió a manos de
militares (ya que tenía la convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio
suficientes que le permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez. […]
141. En este caso la parte demandante desde el momento de la muerte de su familiar a manos del
Ejército Nacional tenía la convicción de que no se trató de una muerte en combate y justamente así lo
reconoció la señora Adriana en su declaración del 26 de enero de 2009. Sin embargo, para ese momento
las accionantes no tenían acceso a los documentos que les permitirían confirmar y probar este hecho.
La convicción acerca de que la muerte de su familiar se trató de una ejecución extrajudicial solo la
pudieron probar y confirmar una vez tuvieron acceso al expediente que contenía el proceso penal».
(Subrayas intencionales).
5.4. Establecido lo anterior, se recuerda que, en el caso concreto, la parte actora
interpuso la presente acción de tutela para que se deje sin efecto la sentencia
del 15 de agosto de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control
de reparación directa. El proceso se promovió con la intención de que se les
indemnizara por los perjuicios derivados del homicidio del señor Arlis José
Osorio Barón, el 13 de diciembre de 2008, el cual catalogan como un delito de
lesa humanidad.
Al respecto, conviene indicar que, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión que declaró la caducidad del medio de control, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
«En el caso concreto, con fundamento en los hechos narrados en la demanda, la contestación
y las pruebas practicadas en el plenario, la Sala encontró acreditado que el suceso fáctico
que marca el hito para la contabilización del término de caducidad, se produjo el catorce (14)
de diciembre de dos mil ocho (2008), cuando la Fiscalía 105 Seccional de Turbo (Antioquia)
le remite comunicación al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Sede
Turbo – Antioquia), para que se le haga entrega al señor JORGE LUIS OSORIO BARÓN del
cuerpo sin vida de Arlis José Osorio Barón, en tanto aquel lo identificó y manifestó ser su
hermano.
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(…) Téngase en cuenta que el fallecimiento del señor Arlis José Osorio Barón, se dio en el
marco de un operativo militar dispuesto por miembros del EJÉRCITO NACIONAL,
comandados por el SV Carlos Rivera Flórez, en desarrollo de la Misión Táctica Dátil, donde
el 13 de diciembre de 2008, fue dado de baja, luego de presentarse en combate.
Igualmente, en el Informe Pericial de Necropsia núm. 200810105837000129 del 14 de
diciembre de 2008, en relación con la información disponible al momento de iniciar la
necropsia (…).
De esta manera, para la Sala es claro, que para el 14 de diciembre de 2008, los demandantes
ya conocían de la muerte del señor Arlis José Osorio Barón, pues el cadáver fue reconocido y
entregado a uno de sus hermanos y hoy demandante JORGE LUIS OSORIO BARÓN, y tal
como quedó expresado líneas atrás, desde que se realizó la necropsia ya había sido
identificado y se conocían las circunstancias que rodearon su fallecimiento, esto es, que había
sido dado de baja en un operativo del EJÉRCITO NACIONAL en contra de presuntos
integrantes de bandas criminales.
Este punto, huelga manifestar que la Sala discrepa con el juez de primera instancia, quien
para calcular la caducidad, tomó como fecha inicial el 26 de enero de 2009, cuando la Fiscalía
105 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Turbo, certificó a la señora ROSMERY
ROJAS VILLARREAL, sobre la fecha de ocurrencia de la muerte de Arlis José Osorio Barón.
El motivo de disenso radica, en que tal como quedó expuesto, de acuerdo con los medios de
prueba decretados y practicados, se logra determinar que los demandantes conocieron de la
muerte de Arlis José Osorio Barón, y su posibilidad de imputación al Estado, desde el 14 de
diciembre de 2008.
(…)
En síntesis, a partir del 14 de diciembre de 2008 los demandantes ya tenían conocimiento de
la acción causante del daño, además de la participación por acción de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, y su posibilidad de imputarle
responsabilidad a esta entidad, pues fue presentado por los militares como muerto en
combate, portando armas y municiones, cuando según los demandantes, se dedica al oficio
de mototaxista.
Así mismo, en el proceso no se acreditó que los demandantes hayan sufrido alguna situación
que impidiera materialmente el ejercicio del derecho de acción para pretender la
indemnización por la muerte de su ser querido.
Por lo que, con apego a lo argumentado, se deberá contabilizar a partir del día siguiente de
ocurrida esta situación, esto es, desde el quince (15) de diciembre de dos mil ocho (2008).
(…)
De esta manera, según nota de presentación personal del escrito de la demanda (fl. 36) ello
se hizo el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), es decir, más de seis (06) años
después de haber fenecido el término global de dos años que ofrece la ley para instalar de
forma válida la pretensión de reparación directa en sede judicial. En suma, la pretensión se
instaló cuando el medio de control había ya caducado, de ello no hay duda».
Lo transcrito da cuenta de que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa porque, en su
consideración, los demandantes tuvieron conocimiento de la presunta
responsabilidad extracontractual del Estado desde el 14 de diciembre de 2008,
cuando se efectuó la entrega del cadáver del señor Osorio Barón. Indicó que,
desde que se realizó la necropsia fue identificada la víctima directa y se
conocieron las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento, por lo que a juicio
del ad quem, desde ese momento era posible imputar responsabilidad al
Estado.
Por lo anterior, consideró que el término para demandar se cumplía el 15 de
diciembre de 2010. A pesar de ello, destacó que solo se promovió la solicitud
de conciliación prejudicial el 26 de agosto de 2016 y el medio de control hasta
el 13 de julio de 2017, cuando el término había fenecido.
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5.5. Los accionantes reprocharon que los jueces de instancia declararan la
caducidad, sin considerar la situación de las víctimas ni la necesidad de
flexibilización reconocida por la Corte Constitucional, ya que si bien la muerte
de su familiar ocurrió el 13 de diciembre de 2008, señalaron que fue solo hasta
8 años después «que se enteraron de la posibilidad de imputar la responsabilidad
de la muerte al Ejército Nacional, esto es cuando por medio de apoderado judicial se
constituyen como víctimas dentro de la investigación adelantada por la justicia penal
militar, el día 21 de abril de 2016, siendo reconocidos como tal, el día 2 de junio de
2016».
Señalaron que la autoridad judicial omitió analizar el momento en que los
demandantes tuvieron conocimiento real de la posible imputación del daño
al Estado, pese a que el acervo probatorio evidenciaba que solo accedieron a
dicha información tras ser reconocidos como víctimas dentro del proceso penal
en 2016. Reprochan que, a pesar de lo anterior, el Tribunal fijó el inicio del
término de caducidad en la fecha de reconocimiento del cadáver en 2008, con
lo que equiparó indebidamente este hecho con el conocimiento de la
responsabilidad estatal, lo que desconoce las particularidades de casos de
presuntas ejecuciones extrajudiciales.
5.6. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que el asunto sometido a
consideración en sede de tutela guarda relación con la presunta ocurrencia de
una ejecución extrajudicial atribuible a agentes del Estado y, en ese contexto,
correspondía al juez contencioso administrativo examinar la caducidad del
medio de control de reparación directa a la luz de las reglas de decisión fijadas
por la jurisprudencia aplicable a esta clase de asuntos, particularmente
aquellas relativas al momento en que las víctimas estuvieron en condiciones
de inferir fundadamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin
embargo, dicho análisis no se advierte en la providencia cuestionada, por las
razones que se exponen a continuación.
La providencia accionada da cuenta de que, para determinar el momento a
partir del cual debía computarse el término de caducidad, el tribunal acudió a
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Con fundamento en esta
providencia, así como en la demanda y en algunos elementos probatorios
obrantes en el expediente, concluyó que el hito para la contabilización de la
caducidad se produjo el «catorce (14) de diciembre de dos mil ocho (2008), cuando
la Fiscalía 105 Seccional de Turbo (Antioquia) le remite comunicación al Instituto
Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Sede Turbo – Antioquia)».
Como medios de prueba relevantes para sustentar la anterior conclusión, el
tribunal hizo referencia al oficio mediante el cual el fiscal 105 Seccional de
Turbo autorizó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
para que entregara el cuerpo de la víctima a quien acreditó ser su hermano y
al Informe Pericial de Necropsia 200810105837000129 del 14 de diciembre de
2008.
5.7. El anterior razonamiento evidencia una aplicación parcial del precedente que
establece las reglas de decisión sobre la materia. Si bien el tribunal tomó en
consideración la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2020, al aplicarla al caso concreto concentró su análisis en el
conocimiento del hecho dañoso y de la posible participación de agentes
estatales, sin determinar si, para ese momento, los demandantes contaban
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con elementos de juicio suficientes para inferir fundadamente la
responsabilidad patrimonial del Estado.
Esta distinción es relevante, pues, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, en los asuntos relacionados con presuntas ejecuciones
extrajudiciales no basta establecer que las víctimas conocían la muerte de su
familiar o la intervención de agentes estatales. Es necesario, además, poder
determinar, mediante una valoración integral, flexible y contextual del material
probatorio, el momento en que contaron con los elementos que les permitieran
inferir razonablemente que el daño podía ser imputable al Estado. La
inferencia de responsabilidad no deriva automáticamente del conocimiento de
la intervención de la Fuerza Pública en los hechos.
Bajo esa perspectiva, la providencia cuestionada no explica por qué el oficio
de autorización de entrega del cadáver y el informe de necropsia permitían
concluir que, desde el 14 de diciembre de 2008, los demandantes estaban en
condiciones de inferir fundadamente la responsabilidad patrimonial del Estado.
Si bien tales documentos aportan información acerca del fallecimiento de la
víctima y de las actuaciones desplegadas con posterioridad, era necesario
establecer cuáles elementos de su contenido permitían advertir a sus
familiares, que la muerte podía obedecer a una actuación ilegítima de los
agentes del Estado y no, como lo defendió la versión oficial, a una actuación
legal de la Fuerza Pública.
5.8. En este punto se estima pertinente recordar que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-312 de 202013, precisó que «la procedencia de la demanda de
reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo
a las particularidades de cada asunto en concreto», y debe verificar el momento en que
las víctimas adquirieron un conocimiento real y razonable no solo del daño
sufrido, sino de la posibilidad de atribuir jurídicamente ese daño al Estado.
También la jurisprudencia constitucional ha señalado que el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece el criterio de la
cognoscibilidad que permite «desplazar el cómputo desde la mera ocurrencia física del
hecho cuando, por las particularidades del caso, el conocimiento cierto solo es alcanzable con
posterioridad»14. A ese respecto, precisó que el cómputo del término de
caducidad debe preservar el debido proceso y los principios de interpretación
a favor del afectado, como en casos relacionados con violaciones masivas y
sistemáticas de derechos humanos «o, cuando la participación estatal solo se torna
cognoscible con el avance de otras actuaciones, como investigaciones penales o
disciplinarias»15.
Así las cosas, en casos relacionados con demandas de reparación directa en
la que se pretenda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado derivada de un homicidio en persona protegida, el conocimiento de la
muerte de la víctima no siempre coincide con el conocimiento de las
circunstancias ulteriores que permiten estructurar una imputación seria y
13
Reiterada posteriormente en las sentencias SU-060 de 2021, SU-167 de 2023, SU-241 y SU-439 de 2024.
14
Cfr. T-105 de 2026
15
En la sentencia T-105 de 2026, la Corte Constitucional sostuvo que “(…) a pesar de una aparente divergencia de criterios,
es razonable concluir que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado comparten, en buena medida, el criterio de
cognoscibilidad como el principal referente para computar el término de caducidad en los casos de demandas de
reparación directa por lesiones personales. Esto implica que la fecha de ocurrencia del hecho dañoso no siempre, ni
necesariamente, marca el inicio del término de caducidad, pues bien puede ocurrir que la parte interesada conozca
razonablemente el daño tiempo después”.
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soportada frente al Estado.
En suma, no se desconoce que el hecho dañoso ocurrió en el mes de
diciembre de 2008 pero, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la caducidad
debe analizarse, además, bajo el criterio de cognoscibilidad que exige
identificar el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento efectivo de
las circunstancias que permitían formular una imputación al Estado.
Este razonamiento no podía ser ignorado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia al momento de establecer el término de caducidad16. En efecto, si el
precedente constitucional exige identificar el momento en que las víctimas
tuvieron un conocimiento efectivo de las circunstancias que permitían formular
una imputación al Estado, resulta evidente que el reconocimiento formal como
parte civil dentro de la investigación penal constituye un elemento objetivo para
contar con una certeza mínima de participación del Estado en los hechos.
Esto no significa que la admisión de la demanda de constitución de parte civil
suspenda, interrumpa o reinicie automáticamente el término de caducidad,
pues ninguna norma prevé ese efecto jurídico. Sin embargo, sí constituye un
hecho procesal de enorme relevancia para determinar cuándo las víctimas
accedieron de manera real y efectiva a la información necesaria para
comprender el contexto de los hechos y la eventual responsabilidad estatal.
Por tal razón, el Tribunal no podía limitarse a afirmar que el término debía
contarse desde la muerte del señor Osorio Barón o desde el simple
conocimiento de la existencia de una investigación penal, sin explicar por qué
descartaba para el conteo del término de caducidad el auto de 2 de junio de
2016 que reconoció formalmente a los familiares como parte civil dentro de la
investigación adelantada por la Justicia Penal Militar, cuando, como se indicó,
constituye un elemento objetivo para contar con una certeza mínima de
participación del Estado en los hechos.
Esta omisión condujo a una aplicación rígida e irrestricta del término de
caducidad en el caso concreto, y desconoció el precedente judicial fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para los casos en los que se
alegan graves violaciones a los derechos humanos.
5.9. La ausencia de ese análisis por parte del tribunal accionado permite advertir,
en primer lugar, la configuración del defecto de desconocimiento del
precedente judicial, porque la autoridad judicial accionada, aunque anunció la
regla general del cómputo de caducidad contenida en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, omitió aplicar el estándar constitucional
que exige diferenciar entre el conocimiento del hecho y la participación estatal,
y la posibilidad real de inferir la responsabilidad del Estado.
16
En la sentencia T-450 de 2024, la Corte Constitucional haciendo referencia a la SU-312 de 2020, recordó que en esta
última decisión se indicó que “el referido plazo [2 años] es razonable para que las víctimas de violaciones a los derechos
humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término
respectivo solo empieza a contarse cuando exista claridad de lo sucedido (…) comoquiera que no es determinante la
fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos
vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva”.
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Conviene en este punto reiterar el aparte pertinente de la sentencia T-202 de
2025, que condensó los estándares probatorios a efectos de analizar la
caducidad de la acción en eventos de ejecuciones extrajudiciales:
«98. Segundo estándar constitucional: el juez contencioso administrativo debe adoptar un
enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que los demandantes no
solo conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, sino que pueden inferir de manera
fundada la responsabilidad del Estado. En los fallos T-378 de 2024 y SU-439 de 2024, la Corte
Constitucional indicó que se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración probatoria.
En particular, esto ocurre cuando no se valoran adecuadamente las pruebas que
determinan el momento en que los demandantes pudieron inferir, además del hecho y
la participación del Estado, su responsabilidad en el presunto daño antijuridico».
5.10. Asimismo, se advierte la configuración de un defecto fáctico, en la medida en
que el tribunal atribuyó a los referidos elementos probatorios un alcance que,
al menos según la motivación expuesta en la providencia, no aparece
suficientemente sustentado de cara a las exigencias jurisprudenciales
actuales.
En particular, no se explicó de qué manera el oficio de entrega del cadáver y
el informe de necropsia, valorados individual y conjuntamente, permitían a los
demandantes inferir, desde el 14 de diciembre de 2008, que la muerte de su
familiar correspondía a una actuación ilegítima susceptible de ser imputada
patrimonialmente al Estado.
Esta omisión resulta relevante porque, conforme al precedente constitucional,
la determinación del momento inicial del término de caducidad en casos de
presuntas ejecuciones extrajudiciales exige una valoración probatoria integral,
flexible y contextual.
En efecto, para ese momento (día siguiente de la muerte de la víctima directa) no
se advierte que los familiares contaran con elementos de juicio suficientes para
establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, menos aún, para
inferir fundadamente la posibilidad de atribuir responsabilidad al Estado. Por
el contrario, de los hechos del caso se desprende que los familiares
manifestaron dudas frente a la información conocida sobre la muerte, en
consideración a que la víctima directa se dedicaba a la actividad del
mototaxismo y, según su conocimiento, no pertenecía a ningún grupo ilegal.
Sobre este punto, conviene recordar que la Corte Constitucional ha precisado
que las afirmaciones o sospechas de los familiares acerca de la pertenencia
de la víctima a un grupo armado ilegal no se erigen, por sí mismas, como
elementos de juicio suficientes para soportar la inferencia de responsabilidad
del Estado ante el juez contencioso administrativo. En la sentencia T-378 de
2024, a ese respecto, se lee:
«147. En el caso concreto, se presentó una irregularidad en la valoración probatoria por
cuanto, contrario a lo expuesto en el párrafo anterior, la autoridad judicial únicamente demostró
que la madre de la víctima rindió una declaración dentro de una investigación penal para
señalar que su hijo murió a manos del Ejército Nacional y que era una buena persona. Esta
cuestión por sí sola no permite inferir la posibilidad de imputarle responsabilidad al Estado por
la muerte del señor Antonio, menos aún por la configuración de una ejecución extrajudicial».
(subraya la Sala)
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En similar sentido, en la sentencia SU-439 de 2024, la Sala Plena de la Corte
Constitucional manifestó:
«A lo sumo, la demandante contaba solo con algunas afirmaciones, como la de la madre del
occiso, quien mencionaba la posibilidad de que se hubiera tratado de una ejecución
extrajudicial. Sin embargo, eran solamente manifestaciones basadas en las sospechas
generadas ante la incertidumbre a la que se suelen enfrentar las víctimas en este tipo de
casos. Esto, de ninguna manera llegaba a tener la capacidad probatoria para desvirtuar, al
menos prima facie, el robusto manto de legalidad que los inculpados procuraron mantener
sobre la operación militar que terminó con la vida del señor (…)».
De acuerdo con lo anterior, si bien le asiste razón al tribunal accionado cuando
indica que los demandantes conocieron el hecho y la participación de agentes
del Estado el 14 de diciembre de 2008, también es cierto que, para ese
momento y a partir de los elementos de juicio identificados en la providencia
cuestionada, no contaban con información suficiente que les permitiera inferir
fundadamente que el daño era imputable al Estado por la posible ocurrencia
de una ejecución extrajudicial.
La Sala advierte, de acuerdo con el contenido de la tutela y el análisis el
expediente ordinario, que a efectos de establecer el inicio del cómputo de la
caducidad de la acción resulta relevante el auto del 2 de junio de 2016, cuando
la autoridad penal formalizó la constitución como parte civil en el proceso penal
militar de los familiares del señor Arlis José Osorio.
Por las especiales particularidades del caso, la calidad de los demandantes y
las pruebas allegadas, el juez ordinario de la reparación directa el tribunal
accionado desconoció como elemento determinante para la contabilización de
la caducidad el alcance jurídico del auto de 2 de junio de 2016 proferido por el
Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar, mediante el cual se admitió la
demanda de constitución de parte civil presentada por la señora María Dolores
Barón Cafiel (madre de la víctima directa) y se le reconoció formalmente esa
calidad dentro de la investigación penal militar.
Debe considerarse que la Corte Constitucional en su precedente ha
establecido que ese hito suele ser indicativo del momento en que las víctimas
obtuvieron la información necesaria para establecer la presunta
responsabilidad extracontractual de los agentes del Estado en casos de
ejecuciones extrajudiciales, porque a partir de ese momento pueden acceder
a la información sobre la investigación penal, desplegar las facultades
procesales permitidas e, incluso, procurar el impulso del proceso.
En el asunto bajo estudio, el examen constitucional no podía limitarse a
verificar que los familiares conocían el fallecimiento del señor Arlis José Osorio
Barón desde diciembre de 2008, sino que exigía establecer cuándo las
víctimas contaron con elementos objetivos suficientes y una mayor certeza
fáctica para concluir razonablemente que de los hechos en los que falleció su
familiar podía existir responsabilidad atribuible a agentes estatales.
Así las cosas, la sentencia objetada desatendió el alcance jurídico del auto
proferido por el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar, mediante el cual se
admitió la demanda de constitución de parte civil presentada por la madre de
la víctima directa, la señora María Dolores Barón Cafiel, y se le reconoció
formalmente esa calidad dentro de la investigación penal militar, circunstancia
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determinante que llevó a que el núcleo familiar de la víctima directa presentara
la demanda de reparación directa el 13 de julio de 2017.
Se insiste en que la mencionada prueba no es una actuación procesal
irrelevante, por el contrario, dicho auto constituye un hito procesal objetivo que
demuestra que para ese momento las víctimas podían hacer uso del derecho
de acción con más elementos de juicio sobre la posible participación de
agentes oficiales, a lo que se debe agregar que la admisión de la constitución
de parte civil les permite a las víctimas indirectas ejercer plenamente los
derechos derivados de esa calidad, particularmente el acceso al expediente,
la solicitud de pruebas y la participación activa en la búsqueda de la verdad.
De hecho, el propio juez penal militar fundamentó la admisión de la demanda
de constitución en parte civil en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al
señalar expresamente que no tiene únicamente una finalidad indemnizatoria,
sino que constituye un mecanismo para impulsar la investigación y garantizar
el derecho a la verdad, razón por la cual resulta procedente incluso desde
etapas tempranas de la actuación penal.
5.11. En esas condiciones, para la Sala mayoritaria, se encuentra acreditado el
defecto fáctico, por el alcance atribuido a los medios de prueba valorados por
el Tribunal Administrativo de Antioquia para fijar el término de caducidad; así
como el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al no
aplicarse integralmente el estándar jurisprudencial relativo a la valoración de
las pruebas en casos de caducidad de la acción que involucran la
responsabilidad del Estado por ejecuciones extrajudiciales.
5.12. Ahora bien, advierte la Sala que, en el curso del proceso ordinario, el juez de
la primera instancia consideró como parámetro para iniciar el cómputo de la
caducidad de la acción la certificación expedida por la Fiscalía 105 Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito de Turbo, en la que certificó a la señora
Rosmery Rojas Villarreal, la fecha de ocurrencia de la muerte de Arlis José
Osorio Barón.
Para la Sala tal hito temporal tampoco acoge las reglas de decisión de la
jurisprudencia constitucional sobre el asunto, condensadas en la sentencia T-
202 de 2025.
Esto porque la certificación sobre la muerte y la información sobre la
participación de agentes del Estado en los hechos en los que resultó muerto
el señor Arlis José Osorio Barón no da cuenta de que tuviera la real posibilidad
de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a buscar la
reparación del daño con fundamento en una posible imputación al Estado. Tan
solo conoció que fue muerto en un operativo presuntamente legal del Ejército,
pero no es posible derivar de esa prueba que contara con elementos de
convicción para alegar un daño antijurídico.
En la motivación de la sentencia de primera instancia se indicó que ese
despacho tendría como fecha para iniciar el cómputo de la caducidad de la
acción la del 26 de enero de 2009, porque desde ese momento «la señora
Rosmery Rojas tiene la certeza que su compañero fue muerto por el Ejército Nacional»; sin
embargo, como se explicó, el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional ha indicado que no es suficiente con el conocimiento sobre la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01312-00
Demandante: Rosmery Rojas Villarreal y otros
participación de agentes del Estado en los hechos, sino que además se
requiere tener la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al
Estado.
5.13. Adicional a lo anterior, la Sala considera que la actuación cuestionada
configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida
en que la aplicación de la caducidad terminó erigiéndose en una barrera
desproporcionada para el acceso a la administración de justicia de posibles
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Así pues, bajo la lógica del tribunal, los demandantes debieron activar la
jurisdicción contenciosa con fundamento en una sospecha o conjetura inicial
sobre la posible responsabilidad del Estado, aun cuando para ese momento
no contaban con elementos de juicio suficientes para sustentar
razonablemente dicha imputación.
Esta exigencia tuvo como consecuencia que se les privara de la posibilidad de
obtener un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos y pretensiones de
la demanda. Tal consideración se estima particularmente gravosa en un
asunto en el que se alega la ocurrencia de una ejecución extrajudicial.
6. Conclusión
La configuración de los defectos señalados impone revocar la sentencia del 15 de
agosto de 2025, para que el tribunal accionado proceda a realizar una nueva
valoración del acervo probatorio, en armonía con los estándares establecidos por la
Corte Constitucional, para determinar el parámetro temporal a partir del cual inicia
el cómputo de la caducidad de la acción, atendiendo al momento en que los
demandantes estuvieron en condiciones de inferir la imputación del hecho dañoso
al Estado.
En consecuencia, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los tutelantes, para lo cual,
se dejará sin efectos la sentencia del 15 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en el proceso de reparación
directa con radicado 05837-33-33-001-2017-00589-01, y se le ordenará a la citada
autoridad judicial que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en
cuenta las consideraciones expuestas en este fallo de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Rosmery Rojas Villarreal, José María Osorio
Rojas, Daniela Alejandra Osorio Rojas, Arlis José Osorio Rojas, Nondier de
Jesús Osorio Rojas, María Dolores Barón Cafiel, Daniel Antonio Osorio
Velásquez, Jorge Luis Osorio Varón, José Daniel Osorio Barón y Mirladis del
Rosario Osorio Barón, por las razones expuestas en esta providencia.
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Demandante: Rosmery Rojas Villarreal y otros
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
en el proceso de reparación directa con radicado 05837-33-33-001-2017-00589-
00/01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad que
en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta
las consideraciones expuestas en este fallo de tutela.
4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto Con salvamento de voto
DIANA LUCÍA CABALLERO AGUDELO
Conjueza
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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