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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01318-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01318-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01318-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: RICARDO ANDRÉS CHAVARRIAGA TRÓCHEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL (NIVEL
CENTRAL)

Tema: Tutela de fondo – niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel central), en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

El señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez, con escrito radicado el 19 de febrero
de 2026, presentó tutela con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de
petición.

La referida garantía constitucional la consideró transgredida con ocasión a que, a la
fecha de presentación de esta acción constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel central) no le había
dado respuesta a la solicitud que radicó el 7 de noviembre de 2025 y que reiteró el
14 de enero de 2026.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental de petición, vulnerado por la UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

SEGUNDO: Ordenar a la entidad accionada, o a quien corresponda, que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, si no lo hubiere hecho, proceda a
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

dar respuesta de fondo, clara y congruente a mi solicitud de traslado radicada desde
el 7 de noviembre de 2025 y reiterada el 14 de enero de 20261.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. El señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez adujo que actualmente se
desempeña como secretario del Juzgado Promiscuo municipal de La Estrella,
Antioquia, cargo en el cual, fue designado en propiedad.

1.3.2. Expuso que el 7 de noviembre de 2025, radicó desde su correo electrónico
institucional ante el Consejo Superior de la Judicatura – de Administración de
Carrera Judicial (Nivel central) una solicitud de traslado al Juzgado Quinto de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, Santander, y adujo
que en dicha solicitud manifestó su voluntad de cumplir con el juramento de
permanencia mínima de tres años en el cargo al que aspira, «conforme a la norma
estatutaria».

1.3.3. Indicó que, ante la falta de respuesta, el 14 de enero de 2026, reiteró el
requerimiento de traslado y dejó constancia nuevamente del juramento de
permanencia, sin embargo, a la fecha de radicación de esta acción constitucional la
parte demandada no le había dado respuesta.

1.4. Fundamento de la solicitud

El tutelante aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial (Nivel central) transgredió su derecho
fundamental de petición, puesto que, a la fecha de presentación de esta acción de
tutela el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial (Nivel central) no le había dado respuesta a la solicitud.

Expuso que la falta de respuesta le genera incertidumbre administrativa y laboral, lo
que le impide conocer el traslado de su solicitud, planificar su situación personal y
profesional, máxime cuando se trata de un traslado que debe regirse por los
principios de mérito y oportunidad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de esta sentencia, mediante auto de 24 de febrero de 2026,
admitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel central), como
parte accionada.

Adicionalmente, ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado Quinto de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, Santander y al

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, Antioquia, para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial (Nivel
central)

El 2 de marzo de 2026, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial intervino en el presente trámite y adujo que en este asunto no se transgredió
el derecho fundamental de petición del señor Chavarriaga Tróchez, dado que,
contrario a lo manifestado por el tutelante la solicitud que radicó el 7 de noviembre
de 2025, fue atendida mediante Oficio CJO26-344 de fecha 23 de enero de 2026
«CONCEPTO FAVORABLE DE TRASLADO COMO SERVIDOR DE CARRERA –
Rad, EXTCSJ25-9044 de noviembre de 2025».

De manera que, en ese orden, y en cumplimiento del deber constitucional y legal de
garantizar el derecho de petición en todas sus dimensiones, la parte accionada
expidió el mencionado Oficio, mediante el cual se emitió concepto favorable frente
a la solicitud de traslado presentada en el mes de noviembre de 2025, el cual fue
notificado al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander con Oficio CJO26-
484 de 30 de enero de 2026, de lo cual se informó al hoy accionante por medio de
correo de la misma fecha, como se puede ver a continuación:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

Por consiguiente, aseguró que en el presente asunto se debe declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que la presunta transgresión cesó
con la expedición del Oficio CJO26-344 de 23 de enero de 2026, mediante el cual
la referida Unidad emitió pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de
traslado presentada en el mes de noviembre y cuyo acto administrativo le fue
debidamente notificado al actor el 30 de enero de 2026.

Finalmente, indicó que la respuesta que le otorgó al tutelante fue clara, expresa y
congruente frente a la petición y en particular, con el concepto favorable para la
sede que solicitó, por lo que actualmente no subsiste la vulneración del derecho
fundamental de petición.

Además, la respuesta le fue notificada al señor Chavarriaga Tróchez a su correo
electrónico.

1.6.2. Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Floridablanca, Santander

El 2 de marzo de 2026, el juez titular adjuntó respuesta y puso de presente que el
viernes 20 de febrero de 2026 el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
remitió los conceptos favorables de las solicitudes de traslados presentados por los
siguientes servidores para hacer efectivo en el cargo de secretario del Juzgado
Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Floridablanca: «Ricardo
Andrés Chavarriaga Tróchez (aquí accionante)».

Asimismo, la entidad accionada el mismo día remitió al juzgado la lista de elegibles
conformada para el cargo de secretario de su despacho.

Expuso que en aras de proceder al nombramiento en propiedad, el 2 de marzo de
2026 «solicitó a través de correo electrónico a los prenombrados funcionarios y a la
persona cabeza de lista, que allegaran los documentos necesarios para verificar si
reúnen los requisitos y calidades para desempeñar el cargo en mención, así como
la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades para su ejercicio, a la luz de lo
establecido en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 69
de la Ley 2430 de 2024».

Arguyó que una vez reunida la información que antecede, se adoptara la decisión
correspondiente, la cual se les notificara en el término de ley, por ende, pidió que
se niegue el amparo deprecado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel central), de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel central) transgredió
el derecho fundamental de petición al señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez,
con fundamento en que a la fecha de presentación de esta acción de tutela no le
había dado respuesta a la solicitud que radicó el 7 de noviembre de 2025 y que
reiteró el 14 de enero de 2025.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones
u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa judicial
ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son idóneos
para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio se
habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de los
instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos procesales
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede decidir
sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta acción constitucional se
use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

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de Carrera Judicial (Nivel central)

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20152, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende

2 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de

2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
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los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además,
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.5. Caso concreto
A juicio del señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez, la parte demandada
transgredió su derecho fundamental de petición, puesto que a la fecha de
presentación de esta tutela no le había dado respuesta a una solicitud de 7 de
noviembre de 2025, que reiteró el 14 de enero de 2026, en la que solicitó el traslado
del Juzgado Promiscuo Municipal de La Estrella, Antioquia al Juzgado Quinto de
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Floridablanca, Santander.

Pues bien, en su intervención, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial (Nivel central) adujo que la solicitud del actor fue
resuelta por medio del Oficio CJO26-344 de 23 de enero de 2026 «CONCEPTO
FAVORABLE DE TRASLADO COMO SERVIDOR DE CARRERA – Rad,
EXTCSJ25-9044 de noviembre de 2025», en el que emitió concepto sobre el
traslado que solicitó el tutelante, el cual, como se indicó, resultó favorable puesto
que el señor Chavarriaga Tróchez cumplió con los presupuestos contemplados en
la normatividad3 que rige los traslados.

Frente al punto, el oficio textualmente adujo lo siguiente:

En consecuencia, al cumplirse los presupuestos fijados para la procedencia del
traslado como servidor de carrera para el cargo de secretaria del Juzgado Quinto
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Florida Blanca (Santander), esta
Unidad emite concepto favorable de traslado.

La determinación sobre la solicitud de traslado debe adoptarse por el respectivo
nominador dentro del término señalado en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 69 de la Ley 2430 de 2024 y reglamentado mediante
Acuerdo PCSJA24-12245 de 20 de diciembre de 2024, y su negativa sólo puede
motivarse en razones objetivas, en los términos señalados por la Corte Constitucional
en sentencias C-134 de 2023, C-295 de 2002 y T-488 de 2004.

3 Artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-

10754 de 2017, artículos 17 y 24 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado por los artículos
1° y 2 del Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022.
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de Carrera Judicial (Nivel central)

En firme la decisión del traslado, de acogerse, debe reportarse de manera inmediata
al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a fin de que realicen las
anotaciones y controles correspondientes en el Registro Seccional de Escalafón.
(Negrillas fuera del texto original)

A su vez, el 30 de enero de 2026, dicha autoridad por medio de documento CJO26-
344 le remitió el concepto favorable de traslado como servidor de carrera del señor
Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez al presidente del Consejo Seccional de
Judicatura de Santander, en el que le indicó que le informara de manera inmediata
a esa Unidad acerca del trámite y decisión final que adopte el nominador.

En este punto, la Sala pone de presente que los referidos oficios le fueron
comunicados al accionante, a saber:

Adicionalmente, el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples
de Floridablanca, Santander en su contestación aseguró que el 20 de febrero de
2026 el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le remitió los conceptos
favorables de las solicitudes de traslados presentados por varios servidores para

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hacer efectivo en el cargo de secretario de ese juzgado, dentro de los que se
encontraba el señor Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez.

Adujo que, la entidad accionada el mismo día remitió al juzgado la lista de elegibles
conformada para el cargo de secretario de su despacho, y que con el objetivo de
proceder al nombramiento en propiedad, el 2 de marzo de 2026 «solicitó a través
de correo electrónico a los prenombrados funcionarios y a la persona cabeza de
lista, que allegaran los documentos necesarios para verificar si reúnen los requisitos
y calidades para desempeñar el cargo en mención, así como la inexistencia de
inhabilidades o incompatibilidades para su ejercicio, a la luz de lo establecido en el
artículo 133 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 69 de la Ley 2430 de
2024».

Arguyó que una vez reunida la información que antecede, adoptará la decisión
correspondiente, la cual le será notificada al actor y a los demás integrantes de la
lista de elegibles.

En ese orden de ideas, para esta Sala de Decisión es claro que el derecho
fundamental de petición del tutelante no le fue transgredido, puesto que, el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (Nivel
central) le respondió y notificó su requerimiento el 30 de enero de 2026, es decir,
con anterioridad a la radicación del mecanismo constitucional de la referencia [19
de febrero de 2026].

Por lo anterior, se negará el amparo deprecado por el señor Chavarriaga Tróchez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Ricardo Andrés Chavarriaga
Tróchez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01318-00
Demandante: Ricardo Andrés Chavarriaga Tróchez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial (Nivel central)

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Usted puede consultar
la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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