Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01321-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: David Alonso Marín.
Parte accionada: Consejo de Estado – Presidencia y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01321-00.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad. Inexistencia de la vulneración.
Improcedencia de la protección del derecho de petición ante autoridades
judiciales cuando involucra un pronunciamiento judicial.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo de Estado - Presidencia y el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la solicitud de amparo
1.1. El actor manifestó que radicó a través del aplicativo de ventanilla
virtual demanda de reparación directa ante el Consejo de Estado y que a
la fecha desconoce el trámite impartido a la referida demanda.
1.2. De otra parte, el accionante aseguró que presentó solicitud de copias
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, las cuales a la fecha “[…] no
me han llegado […]”.
2. Pretensiones
Del análisis del escrito de tutela se infiere que lo pretendido por el actor es que
se amparen sus derechos fundamentales de petición y debido proceso y, en
consecuencia, se disponga lo siguiente:
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i) Ordenar al Consejo de Estado “[…] me comuniquen que sucedió con mis
peticiones de demanda de reparación directa a que autoridades las
enviaron y/o las radicaron […]”.
ii) Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia “[…] entregarme las
copias de una tutela […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 24 de febrero de 2026, se escindió la presente acción de tutela
y, en consecuencia, se ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia y a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para lo de su
competencia. Adicionalmente, se admitió la presente acción de tutela
únicamente contra el Consejo de Estado - Presidencia y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
III. INTERVENCIONES
1. El Consejo de Estado – Presidencia rindió informe en el que manifestó que
el actor no acreditó haber radicado demandas o peticiones ante esa
Corporación y que de la revisión de los sistemas de información de la entidad
tampoco “[…] se encontró radicación de la demanda de reparación directa
presentada por el señor David Alonso Marín en los términos descritos […]”,
circunstancias por las cuales “[…] no es posible predicar de esta Corporación
omisión, mora o irregularidad alguna en el trámite, ni tampoco
desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, pues no se
acredita el supuesto fáctico que daría lugar al deber de actuar o responder
[…]”.
En razón a lo anterior, solicitó declarar improcedente la presente acción de
amparo toda vez que no se configura imputación fáctica ni jurídica que permita
atribuirle acción u omisión alguna relativa a la vulneración alegada.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si el Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del
accionante, con ocasión de la presunta omisión en el trámite de reparto
de la demanda de reparación directa que radicó ante esa Corporación.
B) Si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales del accionante por la presunta falta de entrega de las
copias que solicitó dentro de una acción de tutela.
4. Caso concreto
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Esta acción constitucional se caracteriza por tener un procedimiento preferente
y sumario, sin embargo, la parte que haga uso de este mecanismo se
encuentra en el deber de acreditar mediante los medios de prueba que estime
pertinentes la existencia de la conducta que considera como transgresora de
sus garantías fundamentales. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho lo
siguiente:
“[…] la carga de la prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un
derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión,
a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que
se ha violado o amenazado el derecho […]”3.
Significa lo anterior que: “[…] en materia de tutela, por regla general,
corresponde a la parte actora la carga probatoria de los hechos que sirven de
fundamento a su solicitud […]”4.
En el presente caso, el actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
con ocasión de la presunta omisión en el trámite de reparto de la demanda de
reparación directa que radicó ante el Consejo de Estado y por la falta de
entrega de las copias que solicitó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que la única prueba allegada por el
actor al presente expediente no acredita de que efectivamente se haya
radicado la demanda que adujo presentar ante el Consejo de Estado y mucho
menos la solicitud de copias ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
De ahí que la Sala considera que la vulneración alegada por el actor deviene
inexistente dado que no acreditó los supuestos fácticos que alegó en el escrito
de amparo, los cuales eran necesarios para analizar la presunta omisión por
parte de las autoridades accionadas.
Adicionalmente, cabe destacar que la protección del derecho de petición ante
autoridades judiciales resulta improcedente cuando su objeto involucra un
asunto judicial, por tanto, la presente acción de tutela deviene improcedente para
3 Corte Constitucional, sentencia T 074-18, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
del 22 de noviembre de 2012, expediente No. 68001-23-31-000-2012-00512-01.
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la protección de este derecho fundamental con ocasión de la presunta falta de
expedición de las copias, tal como lo ha precisado esta Sección5.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela para la
protección del derecho fundamental de petición, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR en lo demás la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
5
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de diciembre de 2020,
expediente número 11001-03-15-000-2020-04855-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. En esa oportunidad se dijo:
“[…] en relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en
considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener
copias de un pronunciamiento proferido por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el
legislador previó los trámites para lograr dicho cometido, en esa medida, corresponde determinar si el contenido de
la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, por lo que, resulta necesario señalar que la
solicitud de copias de actuaciones adelantadas al interior de un proceso judicial, corresponde a una actuación judicial”.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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