Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01327-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01327-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01327-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
23 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01327-00
Demandante: Irene Patricia López Bovea
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01327-00
Demandante: Irene Patricia López Bovea
Demandado: Consejo Estado - Sección Segunda, Subsección B y otros
Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho – pensión de sobreviviente – recurso extraordinario de
revisión. Requisitos generales de procedibilidad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Irene
Patricia López Bovea contra el Consejo Estado, Sección Segunda, Subsección B; el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Segundo Administrativo de Santa
Marta conforme con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de febrero de 2026, la señora Irene Patricia López Bovea interpuso acción de
tutela contra las providencias del 15 de octubre de 2025 proferida por el Consejo
Estado, Sección Segunda, Subsección B; del 6 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del 19 de diciembre de 2022 expedida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital,
a la dignidad humana y de acceso a la administración. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
« Solicito respetuosamente al despacho:
(…)
2-DEJAR SIN EFECTOS EL fallo de sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta del 19 de diciembre de 2022 la cual negó
sus pretensiones.
3-ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena emitir nueva decisión,
garantizando el debido proceso y sin intervención del magistrado impedido. Declárese la
nulidad del fallo de Segunda Instancia proferido por el Dr. ADONAI FERRARY PADILLA
Magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena. De la sentencia de fecha
6 de marzo de 2024 y en su defecto ordénese el Restablecimiento del Derecho vulnerado
a la señora IRENE PATRICIA LOPEZ BOVEA sea concedida la SUSTITUCION
PENSIONAL (pensión de sobreviviente) por la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones.
4-Dejar sin efecto la decisión el Recurso de Revisión emitido por el CONSEJO ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO SECCION SEGUNDA,
SUBBSECCION B
5-ORDENAR a COLPENSIONES reconocer la pensión de sobrevivientes, o en su
defecto rehacer el trámite administrativo conforme a la Constitución. Se declare nula la
resolución radicado N°2018- 996590 del 8 de febrero del 2018 emitida por la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
7-COMPULSAR COPIAS a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El Impedimento
manifestado afecta el derecho fundamental a un juicio justo e imparcial. Esta falta
gravísima debe ser investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aplicando
las faltas definidas en la Ley 1952 de 2019. Solicito al señor Magistrado, se sirva
compulsar copia de ésta providencia de –tutela por Vía de Hecho a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, para su investigación.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se observa que la demandante presentó la solicitud de
amparo con la finalidad de cuestionar dos trámites procesales distintos, esto es, el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 47-001-3333-
002-2018-00358-00/01, de conocimiento en primera instancia del Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Marta, en segunda instancia del Tribunal Administrativo del
Magdalena y el trámite del recurso extraordinario de revisión con radicado núm.
11001-03-25-000-2025-00313-00, de conocimiento del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B; cuyos fundamentos fácticos se pasan a relacionar, de
manera independiente, en el siguiente orden:
Proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado número 47-001-
3333-002-2018-00358-00/01:
La señora López Bovea ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con la
finalidad de declarar la nulidad de la Resolución núm. SUB17036 del 19 de enero del
2018, mediante la que le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
del señor Leonel Arturo López Zapata, en calidad de hija en condición de discapacidad
permanente del 56.55 %; a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Marta, que, en sentencia del 19 de diciembre de 2022, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que de las pruebas aportadas al
proceso no se demostró la dependencia económica de la señora López Bovea frente
al causante, la cual de conformidad con la jurisprudencia debía ser total y a la fecha
de fallecimiento de su padre la demandante contaba con una pensión de invalidez
reconocida y devengada.
La parte actora interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en sentencia del 6 de marzo de 2024, confirmó la decisión de primera
instancia, por considerar que no demostró el requisito de la dependencia económica
pues la señora López, además de que le fue reconocida pensión de invalidez, contaba
con decisión judicial en la que se ordenó su reintegro al cargo de escribiente en el
Tribunal Administrativo del Magdalena, así como el reconocimiento y pago de todos
los emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que fue retirada del servicio
hasta la fecha en que se diera el reintegro efectivo.
La providencia se notificó el 29 de abril de 2024, mediante correo electrónico.
El 3 de mayo de 2024 la demandante presentó solicitud de nulidad de la causal
prevista en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso por haber
omitido la oportunidad para alegar de conclusión, además porque a su juicio no debió
omitirse su interrogatorio de parte porque con ello se probaba la dependencia
económica necesaria para el reconocimiento solicitado.
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
El Tribunal, en auto del 14 de noviembre de 2024, negó la solicitud de nulidad al
considerar que lo pretendido era hacer uso de dicho trámite incidental para reabrir la
etapa probatoria. Afirmó que, contrario a lo expuesto en la solicitud, se tiene que en
providencia del 23 de mayo de 2022 el juzgado de primera instancia dispuso no
celebrar audiencia de alegatos y juzgamiento conforme al artículo 181 del CPACA por
considerarla innecesaria. No obstante, informó a las partes que podrían presentar los
alegatos de forma escrita dentro de los 10 días siguientes.
Asimismo, recalcó que en sede segunda instancia no resultaba procedente alegar de
conclusión, comoquiera que al interior del medio de control no se decretaron pruebas
en esta instancia, al no existir solicitud expresa de las partes al respecto esto en
concordancia con el artículo 247 del CPACA.
Respecto al interrogatorio de parte indicó que ello no constituía nulidad dado que no
había lugar a realizarla pues la demandante ni ninguna de las partes solicitó en la
etapa probatoria dicha prueba.
Finalmente, precisó que no había lugar a la prosperidad de la solicitud de nulidad
dado que a juicio de la actora esta surgió previo a la expedición de la sentencia de
segunda instancia, por lo cual en principio, dicha solicitud no fue presentada en
término, comoquiera que los argumentos en que se fundó tal solicitud no habrían
ocurrido en la sentencia.
Con posterioridad a lo anterior, la señora López Bovea presentó recusación contra
el ponente de la decisión al considerar debió declararse impedido para conocer del
proceso por enemistad, porque en su momento fue su superior y dio por terminado
su nombramiento en la Rama Judicial, lo que afectaba su imparcialidad.
El Tribunal, en providencia del 29 de noviembre de 2024, rechazó de plano la
solicitud al considerar que no cumplió con el derecho de postulación.
Recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-25-000-2025-
00313-00:
La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 6
de marzo de 2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena con fundamento en la
causal 5 del artículo 250 del CPACA1,pues a su juicio se configuró nulidad originada
en la sentencia dado que el ponente de la decisión del medio de control pese a tener
enemistad con ella no se manifestó impedido para conocer del proceso.
El conocimiento del mecanismo correspondió al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B que, en providencia del 15 de octubre de 2025, rechazó la
demanda por considerarla extemporánea. Para fundamentar su decisión, señaló que
la sentencia impugnada fue notificada el 29 de abril de 2024 mediante correo
electrónico y adquirió firmeza el 7 de mayo de 2024. En consecuencia, el plazo de un
año para interponer el recurso vencía el 7 de mayo de 2025, sin embargo, el recurso
extraordinario de revisión solo fue presentado hasta el 14 de agosto de 2025.
Además, explicó que, si bien en el trámite del medio de control se presentó un
incidente de nulidad el 3 de mayo de 2024, lo cierto es que este no modificó la fecha
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«Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
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de ejecutoria por cuanto, las sentencias únicamente suspenden su ejecutoria en dos
casos: i) con una solicitud de aclaración; y ii) con una solicitud de adición, figuras
regladas en los artículos 285 y 287 del CGP, en concordancia con el artículo 302 de
la misma norma que no admite otras causales de suspensión de la ejecutoria de la
sentencia, razón por la que indicó que la solicitud del incidente de nulidad no
suspendió los términos para promover el recurso extraordinario de revisión el cual
únicamente estaba limitado al estudio de las causales taxativas de procedibilidad.
Dicha providencia fue notificada mediante correo electrónico del 19 de noviembre de
2025.
3. Argumentos de la tutela
A juicio de la parte actora, las providencias cuestionadas incurrieron en defectos
fáctico, procedimental, sustantivo y orgánico pues considera que la autoridad
judicial accionada omitió valorar las pruebas aportadas al proceso y los alegatos de
conclusión en los que se demostró la dependencia económica que tenía con el
causante.
Además, explicó que, debido a que en algún momento laboró como escribiente del
Tribunal que conoció del medio de control en segunda instancia, el ponente de dicha
decisión debió declararse impedido para conocer de su caso o en su defecto conceder
la solicitud de nulidad o recusación.
Finalmente, indicó que para su caso es necesario tener en cuenta lo considerado en
las sentencias: C-590 de 2005, SU-424 de 2016, T-377 de 2014 y T-109 de 2022.
4. Trámite previo
En auto del 23 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados del Consejo Estado,
Sección Segunda, Subsección B; a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y al Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta en calidad de
demandados; y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en
condición de tercera con interés.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B indicó que del escrito de
tutela no se advierte que la actora formulara un cuestionamiento concreto y
estructurado contra la providencia que rechazó el recurso extraordinario de revisión,
sino que la menciona junto con otros trámites adelantados por ella, sin desarrollar
cargos específicos que permitan evidenciar un defecto de naturaleza constitucional.
Afirmó que en todo caso con la decisión de rechazar el recurso extraordinario de
revisión no vulneró ni desconoció los derechos invocados por la tutelante dado que
fue interpuesto por fuera del término legalmente establecido, razón por la cual
procedía su rechazo.
Explicó que lo pretendido por la demandante es hacer uso de la solicitud de amparo
como una instancia adicional en la que busca reabrir el debate frente al reconocimiento
de la pensión de sobreviviente a la que a su juicio tiene derecho.
Finalmente, manifestó que frente al auto que rechazó el mencionado recurso no se
cumple con el requisito de subsidiariedad dado que si la señora López Bovea
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pretendía controvertir esa decisión debió interponer oportunamente el recurso de
súplica contra este, pero no lo realizó.
Con fundamento en lo expuesto solicitó que se declare improcedente o, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la acción de la referencia.
El Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta remitió el expediente digital
del medio de control cuestionado no obstante no se pronunció sobre los hechos objeto
de debate.
El Tribunal Administrativo del Magdalena guardó silencio frente a los hechos objeto
de la demanda.
6. Intervención de los terceros con interés
La Administradora Colombiana de Pensiones– COLPENSIONES adujo que no se
ha materializado la vulneración alegada por la demandante, pues tanto el Juzgado
Segundo Administrativo de Santa Marta, como el Tribunal Administrativo del
Magdalena actuaron en uso de su autonomía judicial, además de que explicaron de
manera detallada y razonada porque no había lugar al reconocimiento de la pensión
de sobreviviente reclamada por la señora López Bovea.
Recalcó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, sujeto a estrictos
requisitos de procedibilidad y a la inexistencia de otros medios judiciales eficaces que
en el caso objeto de estudio no se cumplen razón por la que debe declararse
improcedente ante la presencia de cosa juzgada, más aún cuando la demandante no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del
juez de constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» , para lo cual
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
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aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Irene Patricia López Bovea
cuestiona: (i) las sentencias dictadas en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 2018-00358-00/01, frente a estas, la
Sala únicamente se referirá a la proferida el 6 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dado que fue la providencia que puso fin al proceso y,
(ii) la providencia del 15 de octubre de 2025, por medio de la que la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado rechazó por improcedente el recurso
extraordinario de revisión que ejerció la demandante contra la sentencia del 6 de
marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena bajo el radicado
núm. 2025-00313-00.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia, pues
respecto a la providencia proferida en el medio de control no se cumple con el requisito
de inmediatez y frente a la providencia proferida en el trámite del recurso
extraordinario de revisión no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Para adelantar el estudio, se analizará si el amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, para lo cual se realizará
un estudio individualizado de cada proceso5, así:
De los requisitos generales de procedencia en el presente caso concreto
i) Análisis frente a la sentencia del 6 de marzo de 2024 dictada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
2018-00358-00/01
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 6 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 2018-00358-00/01, en el entendido que expone que había lugar
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
En la sentencia T-308 de 2023, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional adoptó un enfoque de análisis
independiente para examinar el requisito de inmediatez frente a dos providencias distintas: una sentencia de segunda instancia
y el auto que resolvió la admisión de un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. La Corte determinó que la
inmediatez se acreditaba respecto del auto, pero no frente a la sentencia. Dicha decisión se fundamentó en que la sentencia de
segunda instancia produce efectos de cosa juzgada que no se suspenden con la interposición del recurso. Además, la Sala
precisó que el recurso extraordinario carece de unidad jurídica con el proceso principal. Por último, argumentó que los defectos
constitucionales alegados contra la sentencia ordinaria escapaban de la competencia del juez del recurso extraordinario, siendo
el juez de tutela el único habilitado para pronunciarse sobre dichos yerros.
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a reconocer la pensión de sobreviviente dado que se encontraba plenamente probada
la dependencia económica con el causante.
Al respecto, la Sala anticipa que, frente a la referida sentencia, no se cumple con el
requisito general de inmediatez, lo que hace improcedente el estudio de fondo de la
acción de tutela, porque la decisión de segunda instancia proferida en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento cuestionado fue proferida el 6 de marzo
de 2024 y notificada mediante correo electrónico del 29 de abril de 2024. De ahí que,
según lo previsto en el artículo 205 del CPACA, modificado por el 52 de la Ley 2080
de 2021 la notificación se entiende realizada el 3 de mayo de 2024.
Así, a la fecha de presentación de esta acción, esto es, el 20 de febrero de 2026, han
transcurrido 1 año, 9 meses y 17 días de haber tenido conocimiento de la decisión la
parte demandante, lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad de intervención del juez
de tutela.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales de la accionante y la
presentación de la demanda6, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría
causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una
decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron, pues, la demandante no
demuestra siquiera sumariamente que, en su caso, se encontraba en alguno de los
eventos que la jurisprudencia constitucional, excepcionalmente, admite como
causales de justificación para dar por superada la falta de cumplimiento del requisito
de la inmediatez.
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01327-00
Demandante: Irene Patricia López Bovea
Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que con posterioridad a la
providencia que se pretende dejar sin efecto se solicitó la nulidad de todo lo actuado,
no obstante dicha solicitud fue negada en auto del 14 de noviembre de 2024, el cual
se notificó mediante estado del 22 de noviembre de 2024, es decir, que si en gracia
de discusión se contabilizara el término de inmediatez desde dicha actuación el mismo
tampoco se encontraría satisfecho, pues desde esto hasta su interposición
trascurrieron 1 año y 3 meses.
En suma, en la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general de
inmediatez para cuestionar la sentencia del 6 de marzo de 2024 y, en esa medida, es
claro que se debe declarar la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
ii) Análisis frente a la providencia del 15 de octubre de 2025 dictada en el
proceso del recurso extraordinario de revisión con radicado núm.
2025-00313-00
La señora Irene Patricia López Bovea ejerció recurso extraordinario de revisión con el
fin de que se dejara sin efecto la sentencia del 6 de marzo de 2024, que, negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala observa que en el trámite del recurso extraordinario de revisión la demandante
invocó la causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA, consistente en «Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», con fundamento en que el ponente de la decisión de segunda instancia del
medio de control debió manifestar impedimento para conocer el proceso dado que la
actora fue funcionaria en su despacho y despedida sin justa causa lo cual ocasionó
enemistad y en razón a ello no podía ser válida una decisión en la que a su juicio el
ponente no fue imparcial.
En este punto la Sala advierte que frente al rechazo del referido recurso la
demandante no expresó argumentos adicionales en la solicitud de amparo.
Aunado a lo anterior, los argumentos que presentó la actora de manera genérica en
los que mencionó porque consideró que se configuró la nulidad originada en la
sentencia son propios del recurso de súplica, del cual no hizo uso contra la providencia
que rechazó el recurso extraordinario de revisión.
Por lo tanto, la parte actora contaba con otro mecanismo de defensa judicial idóneo
para la protección de los derechos invocados, esto es, el recurso de súplica, previsto
en el numeral 3 del artículo 246 de la Ley 1437 de 20117, el cual procede contra el
auto que rechaza el recurso extraordinario de revisión.
De manera que no es procedente el estudio del perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela de manera excepcional, porque lo cierto es que frente
a este punto la demandante contó con el mecanismo de defensa idóneo para la
defensa de sus derechos y no lo ejerció.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
7
Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente: 3. 3. Los
que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos. (...).
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó8:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales (...)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en estos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Lo anterior, es suficiente para declarar improcedente el amparo invocado por la señora
Irene Patricia López Bovea.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Irene Patricia
López Bovea contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Segundo Administrativo de Santa
Marta conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
8
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
9
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
10
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