Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01327-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de julio de 2026
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01327-01
Demandante: Irene Patricia López Bovea
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01327-01
Accionante: Irene Patricia López Bovea
Accionados: Consejo Estado - Sección Segunda, Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia. Inmediatez y subsidiariedad– improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 23 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La señora Irene Patricia López Bovea, en nombre propio, interpuso acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la protección
reforzada a personas en condición de discapacidad, a la legítima defensa y a la seguridad
social, los cuales estimó vulnerados por: (i) el Juzgado Segundo Administrativo de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión de las sentencias
proferidas el 19 de diciembre de 2022 y el 6 de marzo de 2024, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 47-001-3333-002-2018-00358-00/01, y (ii) el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, con ocasión del auto proferido el 15 de octubre de 2025, dentro
del trámite del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado núm. 11001-
03-25-000-2025-00313-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 7DD4DBA718E4DF7E B04DD80616AF15FA
E30F07DCF8955631 629B5A41159FA8D5.
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
2.1. La señora Irene Patricia López Bovea tiene 65 años de edad y le han sido
diagnosticadas múltiples patologías, tales como asma bronquial, escoliosis vertebral,
hipertensión arterial y diabetes melitus.
Como consecuencia de estas enfermedades, la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez confirmó el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Magdalena y reconoció que la señora López Bovea cuenta con un porcentaje de
invalidez del 56.55%.
2.2. La accionante laboró como escribiente en la secretaría del Tribunal Administrativo el
Magdalena desde el 1 de marzo de 1991 y el 24 de octubre de 2001, fecha en la cual se
dictó el acuerdo N°011 que declaró el abandono injustificado del cargo de la señora López
Bovea y, por ende, fue retirada del mismo.
No obstante, inconforme con la decisión, la solicitante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A emitió sentencia el 18 de mayo de 2011 en la que ordenó el
reintegro de la demandante y ordenó a las demandadas efectuar el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde la fecha en la que fue retirada hasta el reintegro.
Así, en cumplimiento de la sentencia emitida en el año 2011, se efectuó el pago de los
aportes a seguridad social dejados de percibir por la señora López Bovea hasta el año
2013, lo que permitió que se reconociera la pensión de invalidez en favor de la
accionante.
2.3. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2026, falleció el señor Leonel Arturo López
Zapata, padre de la señora Irene Patricia López Bovea. Por ello, la accionante solicitó
ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a su favor, debido a
que posee una discapacidad acreditada por la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.
2.4. Seguido a ello, Colpensiones emitió la resolución N° SUB17036 del 19 de enero de
2018 en la que se le negó la solicitud, debido a que no se acreditó una dependencia
económica de la señora Irene Patricia López Bovea hacia su padre. Por ende, en
desacuerdo con la decisión, la accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mdiante la resolución núm. 2018996590 SUB36227 del 8 de febrero de 2018, la
cual confirmó la resolución impugnada.
2.5. La señora Irene Patricia López Bovea promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la administradora colombiana de
pensiones Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones N°
SUB17036 del 19 de enero de 2018 y resolución N° 2018996590 SUB36227 del 8 de
febrero de 2018. Como consecuencia de ello, solicitó que se ordene a la entidad pagar la
pensión de sobreviviente a la demandante a partir del 2 de diciembre de 2016, es decir,
un día después del fallecimiento de su padre.
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
2.6. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Santa Marta bajo el radicado núm. 47-001-3333-002-2018-00358-00, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2022 negó las pretensiones de la
demanda en tanto se encontró acreditado que no existió dependencia económica de la
señora Irene Patricia López Bovea hacia su padre y se advirtió que la accionante recibe
pensión de invalidez de $.1.491.682, así como la ayuda económica de su hija.
Asimismo, sostuvo que la jurisprudencia ha reconocido que para que se otorgue la
pensión de sobreviviente la dependencia económica debe ser total respecto del causante,
se debe carecer de bienes, no se debe recibir ninguna prestación económica y se debe
acreditar la vulneración de los derechos fundamentales de los beneficiarios,
especialmente el mínimo vital. Por ende, al no encontrarse acreditados dichos requisitos,
se negaron las pretensiones de la demandante.
2.7. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 6
de marzo de 2024, en la que confirmó la decisión de primera instancia, bajo argumentos
sustancialmente coincidentes con la primera instancia.
2.8. Seguido a ello, el 8 de junio de 2024, la señora Irene Patricia López Bovea promovió
incidente de nulidad procesal, debido a que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de
Magdalena omitió efectuar el interrogatorio de parte y omitió correr traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión, por ende, expuso que se configuraron las
causales 5 y 6 del artículo 133 del Código General del Proceso.
2.9. El 15 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió auto en
el que no accedió a la solicitud de nulidad propuesta por la parte actora. Por un lado,
respecto a la omisión del interrogatorio de parte, sostuvo que la demandante tuvo la
oportunidad de solicitar las pruebas que considerara necesarias para respaldar su
posición; sin embargo, no se evidenció que la demandante hubiera solicitado el decreto
del interrogatorio de parte ni tampoco se observó que se hubiera interpuesto algún
recurso contra el auto que decretó pruebas en primera instancia.
Por otro lado, respecto al argumento conforme al cual se omitió la oportunidad para alegar
de conclusión, precisó que el 23 de mayo de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Santa Marta, de conformidad con el artículo 181 del CPACA dispuso que
no resultaba necesaria la audiencia de alegatos y juzgamiento, por ende, solicitó a las
partes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión dentro de un plazo de 10
días. Además, señaló que en sede de segunda instancia no resultaba procedente alegar
de conclusión debido a que no se decretaron pruebas durante el trámite.
2.10. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2024 presentó solicitud de recusación contra
el magistrado Adonay Ferrary Padilla, ponente de la sentencia proferida el 6 de marzo de
2024, debido a que sostuvo que el magistrado participó en el despido del cargo que ocupó
la accionante de escribiente grado 5 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Magdalena. No obstante, el 29 de noviembre de 2024, la autoridad judicial emitió auto en
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el que decidió no dar curso a la solicitud de recusación, por cuanto la solicitud no fue
presentada a través de apoderado judicial.
2.11. Finalmente, la señora Irene Patricia López interpuso recurso extraordinario de
revisión, el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado mediante auto del 15 de octubre de 2025, dentro del proceso identificado con
radicado núm. 11001-03-25-000-2025-00313-00, el cual rechazó el recurso por haberse
presentado extemporáneamente, al considerar que el incidente de nulidad interpuesto
por la demandante no modificó la fecha de ejecutoria de la sentencia reprochada, debido
a que la ejecutoria de una providencia solo puede interrumpirse por una solicitud de
aclaración o de adición.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 2
3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la protección
reforzada a personas en condición de discapacidad, a la legítima defensa y a la seguridad
social. En consecuencia, pidió dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo de
Magdalena el 19 de diciembre de 2022 y el 6 de marzo de 2024, respectivamente, y
ordenar la expedición de una providencia de remplazo mediante la cual se disponga el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Irene Patricia López
Bovea por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
Asimismo, solicitó dejar sin efecto el auto del 15 de octubre de 2025, proferido por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que resolvió el recurso
extraordinario de revisión.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la acción de tutela satisface
la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad. Adicionalmente, afirmó que las
providencias cuestionadas incurrieron en: (i) un defecto procedimental absoluto, por la
omisión de conceder la oportunidad para presentar alegatos de conclusión; (ii) un defecto
fáctico, por la falta de valoración de pruebas que consideró determinantes; (iii ) un defecto
sustantivo, por la aplicación inconstitucional del requisito de dependencia económica para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; y (iv) un defecto orgánico, por cuanto
el magistrado Adonay Ferrary Padilla omitió declararse impedido para conocer del
asunto.
3.3. Para sustentar la solicitud de amparo, señaló que, durante el trámite administrativo
de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones adelantó una investigación deficiente, pues omitió valorar
diversos documentos que, a su juicio, debían apreciarse con alcance probatorio dentro
del procedimiento.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 7DD4DBA718E4DF7E B04DD80616AF15FA
E30F07DCF8955631 629B5A41159FA8D5.
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Asimismo, manifestó que el proceso ordinario fue tramitado por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta pese a conocer las presuntas
irregularidades en que incurrió Colpensiones durante el procedimiento administrativo.
Agregó que dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa, al negar la práctica de la declaración de parte y concluir que no
se acreditó la dependencia económica de la demandante respecto de su padre, razón
por la cual desestimó las pretensiones de la demanda.
De igual manera, expresó su inconformidad con el auto proferido el 15 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante el cual se negó la solicitud
de nulidad propuesta. Al respecto, sostuvo que, aunque en esa providencia se indicó que
no era procedente conceder traslado para alegar de conclusión porque en el recurso de
apelación no se solicitó la práctica de pruebas, se pasó por alto que la señora Irene
Patricia López había aportado diversos medios de convicción desde el trámite
administrativo adelantado ante Colpensiones.
Finalmente, afirmó que el magistrado Adonay Ferrary Padilla omitió declararse impedido
para conocer del proceso, pese a que, según indicó, participó en el despido injustificado
de la accionante del cargo de Escribiente 05 que desempeñó en el Tribunal Admin istrativo
del Magdalena. Con fundamento en ello, sostuvo que debió declararse la nulidad de la
sentencia proferida el 6 de marzo de 2024.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 23 de febrero de 20263, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, vinculó como tercero con interés a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y ofició al Juzgado Segundo Administrativo de
Santa Marta y al Consejo Estado, Sección Segunda, Subsección B, para que remitieran
copia del expediente correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 47-001-3333-002-2018-00358-00/01 y del
expediente del proceso del recurso extraordinario de revisión identificado con radicado
núm. 11001-03-25-000-2025-00313-00 (2286-2025).
Efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. El Consejo de Estado 4, a través de la Secretaría de la Sección Segunda 5, remitió
copia del expediente digital del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-25-
000-2025-00313-00 en el que se resolvió el recurso extraordinario de revisión. Asimismo,
el magistrado ponente del auto del 15 de octubre de 2025 6, Juan Enrique Bedoya
Escobar, rindió informe en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, 2D47C1C61D8AD81E 0CCF83156D52E67B
4A65A4F98B6BB861 040D6EAA6D572183.
4 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 599F1A5446ACB70D F64339E74E2CE9F7
9DC7F3AAB53391CD A48338FEC9AA14E3.
5 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado C0DCF5D6369058C8 B94F9A6B4C111C58
52C4949AABD03861 FF20745DCCACD97C.
6 Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado 028C9099F1F09E5A B3B9764BA7898EBF 47960C6DC0C287CC
422B015A6DA74AA7.
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de tutela, al considerar la parte actora pretende reabrir el debate sobre una situación que
fue debidamente analizada.
Asimismo, advirtió que la acción de tutela no presenta ningún reparo concreto contra el
auto emitido el 15 de octubre de 2025, sino que se limita a mencionar esta providencia
junto a otros trámites y actuaciones adelantadas por la accionante, sin que se expongan
unos cargos específicos que permitan evidenciar la existencia de algún defecto de
naturaleza constitucional. Además, señaló que la providencia objeto de reproche efectuó
un estudio juicioso respecto a la temporalidad del recurso extraordinario de revisión y no
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
Finalmente, manifestó que la acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad,
debido a que la señora Irene Patricia López Bovea debió interponer el recurso de súplica
si pretendía controvertir la decisión que rechazó el recurso extraordinario de revisión.
4.2. La administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones7 solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, debido a que no se han vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela no
es el mecanismo adecuado a través del cual la accionante puede satisfacer los derechos
reclamados, en tanto la acción de tutela no debe ser empleada como una instancia
adicional del proceso ordinario.
Adicionalmente, señaló que efectuar un estudio de fondo de la acción de tutela produciría
una invasión a la órbita del juez ordinario, lo que excede las competencias del juez
constitucional, por cuanto no se evidencia la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
amparo de algún derecho.
Igualmente, manifestó que las pretensiones elevadas por la parte actora fueron objeto de
estudio por el juez natural, por ende, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, en
tanto existe cosa juzgada sobre el asunto.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta 8, remitió copia del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 47-001-33-33-002-2018-00358-00.
4.4. La señora Irene Patricia López Bovea 9 allegó memorial durante el trámite de
segunda instancia en la que manifestó aportar un acta de declaración extrajuicio rendida
por el señor Leonel Arturo López Zapata, padre difunto de la accionante, con el fin de que
fuera valorado como una prueba sobreviniente dentro del proceso; sin embargo, la Sala
advierte que el documento mencionado no fue adjuntado al radicar el escrito.
7 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado BAFF81AC2443F4B2 95C55BFFA5338029
B176EE728B1D64BC 503D75406F1542C0.
8 Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado FEEB6C52EB041CC8 7A4836BAC9FCB2D7
36AA86A6B85FB6DA E7868D3D8EBB3B6B.
9 Índice 00006 del expediente digital de segunda instancia, certificado 5BAFC97E573B6630 B0873B1A3808674B
78A7C199F1095DAD 9127E8E5789E7116.
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De esta forma, el 29 de mayo de 2026 10, la Secretaría General del Consejo de Estado
envió una comunicación al correo electrónico de notificación de la accionante
(llinas2006@yahoo.com), en el que informó que el documento mencionado no fue
aportado junto al memorial y se solicitó allegarlo al presente trámite, sin embargo, no se
obtuvo respuesta al requerimiento.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de abril de 202611, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplían los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad.
En primer lugar, respecto al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 001-3333-002-2018-00358-00/01, precisó que la
sentencia cuestionada fue notificada a las partes mediante mensaje de datos remitido el
29 de abril de 2024, mientras que la acción de tutela se radicó el 20 de febrero de 2026,
esto es, un (1) año, nueve (9) meses y diecisiete (17) días después de dicha notificación.
Señaló que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe
promoverse dentro de un término razonable y que solo circunstancias excepcionales
permiten flexibilizar el análisis del requisito de inmediatez. No obstante, advirtió que, en
el caso concreto, la accionante no acreditó circunstancias que justificaran la presentación
tardía de la solicitud de amparo.
Asimismo, indicó que, si bien la accionante promovió incidente de nulidad contra la
sentencia del 6 de marzo de 2024, dicha solicitud fue resuelta desfavorablemente
mediante auto del 14 de noviembre de 2024, notificado el 22 del mismo mes y año. En
consecuencia, para la fecha de presentación de la acción de tutela también había
transcurrido un lapso superior a un (1) año y tres (3) meses, sin que se acreditara una
justificación para la demora.
De otra parte, respecto del proceso correspondiente al recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado núm. 2025-00313-00, concluyó que tampoco se satisfacía el
requisito de subsidiariedad, por cuanto la parte actora disponía de otro mecanismo judicial
idóneo para controvertir la decisión cuestionada. En ese sentido, precisó que podía
interponer el recurso de súplica previsto en el numeral 3 del artículo 246 de la Ley 1437
de 2011, procedente contra el auto que rechaza el recurso extraordinario de revisión.
En consecuencia, al no acreditarse un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
excepcional de la acción de tutela, declaró improcedente el amparo solicitado.
10 Índice 00006 del expediente digital de segunda instancia, certificado 218F073940E37EA0 B58584CC893B1336
C592FA899B354EC0 214699C7738B3251.
11 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado D323A6B3AB02FEBC E8D57E23C9CF813A
9CC6BB0B88E14773 6E82CF0EA54D50C1.
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
6. Impugnación
La parte accionante impugnó12 la decisión de primera instancia. Sostuvo que que el a
quo constitucional debió aplicar un enfoque diferencial, en atención a que es una persona
adulta mayor de 65 años y padece diversas patologías incapacitantes que dieron lugar al
reconocimiento de una pensión de invalidez. En su criterio, tales circunstancias
evidencian la urgencia de que se le reconozca la pensión de sobrevivientes.
En ese contexto, afirmó que debía privilegiarse la necesidad de acceder a dicha
prestación sobre el cumplimiento de exigencias de carácter procesal, como la
interposición del recurso de súplica, cuya utilización consideró una carga
desproporcionada para una persona adulta mayor en sus condiciones de salud.
Finalmente, sostuvo que las patologías que padece la exponen a una amenaza inminente
de sus derechos fundamentales y a la configuración de un perjuicio irremediable,
circunstancias que, a su juicio, hacen procedente el amparo constitucional.
Asimismo, señaló que el fallo impugnado privilegió indebidamente un formalismo sobre
la protección de los derechos fundamentales, debido a que, la Corte Constitucional ha
reconocido que se debe efectuar un examen de procedibilidad de la acción de tutela
menos estricto cuando haya de por medio un sujeto de especial protección constitucional.
Además, sostuvo que el recurso de súplica no es un mecanismo idóneo, debido a que no
brinda una protección inmediata y su agotamiento constituye una carga
desproporcionada para la accionante.
Por otro lado, reiteró que se configuró un defecto orgánico y procedimental, debido a que
el Tribunal Administrativo de Magdalena no corrió traslado para la presentación de
alegatos de conclusión. Además, respecto a la recusación, señaló que lo presentó a
nombre propio debido a que el apoderado se ausentó por varios meses y se vio en la
obligación de presentar la solicitud a nombre propio.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia proferida el 23 de abril de
2026 y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales que considera vulnerados,
dejando sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Mediante auto del 8 de mayo de 202613, el magistrado ponente de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
12 Índice 00028 del expediente digital de primera instancia, certificado D323A6B3AB02FEBC E8D57E23C9CF813A
9CC6BB0B88E14773 6E82CF0EA54D50C1.
13 Índice 00030 del expediente digital de primera instancia, certificado 08BAD9F3B9B9C6A7 E24058653F205A85
F7F8B70AE8B33241 4EFA496303CBD6AE
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La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
la señora Irene Patricia López Bovea es la titular de los derechos fundamentales que
estima vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 47-001-33-33-002-2018-
00358-00/01. Asimismo, promovió el recurso extraordinario de revisión identificado con
el radicado núm. 11001-03-25-000-2025-00313-00.
2.2. De igual manera se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias
cuestionadas y que, según la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales.
No obstante, en relación con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
aunque la acción de tutela también se dirigió contra el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Santa Marta, la Sala circunscribirá el análisis constitucional a la
sentencia del 6 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
por tratarse de la providencia que puso fin al proceso ordinario y definió de manera
definitiva la controversia sometida a conocimiento de la jurisdicción.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
23 de abril de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo por no superar los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200514 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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habilitan la interposición de la tutela 15 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 16.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa
de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 18, según las condiciones de
tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
15 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
16 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad
no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determ inada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad,
que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad
jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente.
Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito
se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”.
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administración de justicia exige mayor rigurosidad 19, al punto que la Corte Constitucional
ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses20.
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual (…)”21.
La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera
cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”22. Respecto a
este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”23.
19 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser
laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza
y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también
las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre
otras.
20 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a
partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada
sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo
año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de
que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”.
21 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
22 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado
fuera del texto original.
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En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en contra
de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma
seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de
esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecci ona su
notificación y ejecutoria.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló
en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 24.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 25.
La Corte Constitucional 26 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
Asimismo, la Corte Constitucional ha fijado una serie de subreglas para determinar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela en materia pensional.
Al respecto, la corporación ha precisado que la acción de tutela no es el mecani smo de
defensa principal que debe emplearse para invocar la protección del derecho a la
seguridad social, así las pretensiones giren en torno a la protección del reconocimiento
de una pensión de sobreviviente, debido a que la controversia debe ser dirimida por la
jurisdicción ordinaria laboral o por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según
sea el caso27.
24“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
25 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
26 Sentencia C-590 de 2005.
27 Corte Constitucional, T-247 de 2024
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5. Caso concreto
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción
de tutela, al encontrar incumplidos los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por las
razones que se exponen a continuación.
5.1. Respecto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 47001-3333-002-2018-00358-00/01:
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia proferida el 6 de marzo de
2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se confirmó la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda dirigidas al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para adoptar esa determinación, dicha
autoridad judicial concluyó que no se encontraba acreditada la dependencia económica
de la señora Irene Patricia López Bovea respecto de su padre, el señor Leonel Arturo
López Zapata.
5.2. Del examen de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, la Sala advierte
que la sentenica proferida el 6 de marzo de 202428 fue notificada mediante mensaje de
datos el 29 de abril de 2024, según consta en la anotación núm. 00011 del aplicativo
SAMAI correspondiente a la segunda instancia del proceso, y quedó ejecutoria el 7 de
mayo de 2024.
En consecuencia, el término de seis (6) meses, considerado razonable por la
jurisprudencia constitucional para la interposición de la acción de tutela, venció el 7 de
noviembre de 2024. No obstante, la solicitud de tutela fue presentada hasta el 23 de
febrero de 2026, cuando dicho término ya había sido superado, razón por la cual no se
satisface el requisito de inmediatez.
5.3. En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia constitucional
ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la intervención del
juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su inactividad interponer la
acción de manera oportuna, lo que impide el estudio de fondo de los cuestionamientos
que expuso en el escrito de tutela.
Bajo este panorama, no se advierten circunstancias que permitan flexibilizar el término,
ni se acreditó desconocimiento de la notificación de la providencia cuestionada que
hubiera dificultado la presentación oportuna de la acción.
28 Índice 00010 del aplicativo SAMAI
de proceso ordinario de segunda instancia, certificado FE795DA6E744C187
31E474BFDB68A621 B748DADA9A2299C9 74E2A9FA10D2B37E.
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En consecuencia, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia constitucional ha considerado razonable, sin que se hubiera aportado
prueba alguna que permitiera justificar la extemporaneidad, lo cual impide adelantar el
estudio de fondo de los reproches formulados.
Ahora bien, la Sala advierte que la parte actora promovió, el 3 de mayo de 2024, un
incidente de nulidad contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en la providencia del 15 de octubre de 2025, mediante
la cual resolvió el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 6
de marzo de 2024, la formulación de dicho incidente no alteró la ejecutoria de esa
decisión.
En efecto, con fundamento en los artículos 285, 287 y 302 del Código General del
Proceso, esa Subsección concluyó que la sentencia adquirió firmeza el 7 de mayo de
2024, por cuanto el incidente de nulidad no tiene la virtualidad de suspender ni modificar
su ejecutoria.
5.4 Del recurso extraordinario de revisión identificado con radicado núm. 11001-03-
25-000-2025-00313-00:
En lo que respecta al recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado núm.
11001-03-25-000-2025-00313-00, la Sala advierte que la solicitud de amparo tampoco
satisface el requisito de subsidiariedad, por las razones que se exponen a continu ación.
Del análisis de los argumentos planteados en el escrito de tutela se evidencia que la
inconformidad de la parte actora radica en el auto mediante el cual la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión, al
considerar que fue presentado de manera extemporánea, por haberse promovido una
vez transcurrido el término de un (1) año previsto en la ley, contado a partir de la ejecutoria
de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2024.
Frente a esa decisión, la Sala advierte que la parte actora contaba con el recurso de
súplica previsto en el numeral 2 del artículo 246 de la Ley 1437 de 201129, procedente
contra el auto que rechaza un recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, era
ese el mecanismo judicial idóneo para controvertir la decisión que ahora cuestiona por
vía de tutela.
5.5. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la parte actora incumplió el
requisito de subsidiariedad, pues disponía de un mecanismo judicial idóneo y eficaz para
la protección de los derechos fundamentales cuya vulneración alega, esto es, el recurso
de súplica. En consecuencia, el debate planteado debió ser resuelto por el juez natural
de la causa y no por el juez constitucional.
29 Ley 1437 de 2011. Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el
magistrado ponente: (…) 2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados
en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.
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En ese contexto, la acción de tutela no puede emplearse como un mecanismo alternativo
o sustitutivo de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por el ordenamiento
jurídico, salvo que se demuestre que estos carecen de idoneidad o eficacia para l a
protección de los derechos fundamentales invocados, circunstancia que no se acredita
en el presente asunto.
Aceptar una conclusión distinta implicaría desconocer el carácter subsidiario y residual
de la acción de tutela y sustituir los mecanismos judiciales diseñados por el legislador
para controvertir las decisiones adoptadas dentro del trámite del recurso extraordinario
de revisión, además de suplir la inactividad procesal de quien omitió hacer uso oportuno
de los recursos legalmente previstos.
5.6. Ahora bien, aunque en el escrito de impugnación la parte actora sostuvo que la
interposición del recurso de súplica constituía una carga desproporcionada debido a su
condición de persona adulta mayor, la Sala advierte que durante el trámite del recurso
extraordinario de revisión estuvo asistida por un apoderado judicial.
En efecto, de la revisión del expediente se constata que el recurso extraordinario de
revisión fue promovido por conducto del abogado Carlos Enrique Llinás Martínez,
identificado con la tarjeta profesional núm. 118.621 del Consejo Superior de la Judicatura.
En consecuencia, la parte actora contó con defensa técnica, circunstancia que le permitía
ejercer oportunamente los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico,
entre ellos el recurso de súplica contra el auto del 15 de octubre de 2025, proferido por
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
5.7. Finalmente, la Sala tampoco encuentra acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente, de manera excepcional, la acción de tutela. En efecto,
del material probatorio obrante en el expediente se desprende que a la señora Irene
Patricia López Bovea le fue reconocida una pensión de invalidez, de modo que no se
evidencia una amenaza cierta e inminente para su mínimo vital o para su subsistencia
que justifique el desplazamiento de los mecanismos judiciales ordinarios previstos por el
legislador.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo por
no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela que
interpuso la señora Irene Patricia López Bovea contra el Juzgado Segundo Administrativo
de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Consejo de Estado,
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Demandante: Irene Patricia López Bovea
Sección Segunda, Subsección B, por no superar los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
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