Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01330-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01330-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01330-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 29 de abril de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01330-00
Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y
Cía. Ltda.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia mediante la cual la autoridad
judicial accionada confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
una demanda de controversias contractuales.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Unión Temporal
Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda., contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 20 de febrero de 2026, la Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda.
y Torres Vivas y Cía. Ltda., mediante apoderado judicial, presentó una
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 7 de noviembre de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de
controversias contractuales No. 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73066).
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe)
“PRIMERA: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de mi
poderdante, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual fue
vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO mediante la sentencia de segunda
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01330-00
Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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instancia proferida 7 de noviembre de 2025 dentro del proceso radicado bajo
el número 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066).
SEGUNDA: Dejar sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia dictada
por el CONSEJO DE ESTADO, por constituir una providencia judicial que incurre
en un defecto fáctico, procedimental absoluto/falta de motivación y
desconocimiento del precedente, generador de vulneración de derechos
fundamentales.
TERCERA: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO que profiera una nueva decisión
dentro del proceso radicado bajo el número 17001-23-33-000-2019-00089-02
(73.066), valorando de manera adecuada, integral y razonada el acervo
probatorio aportado por la parte demandante, especialmente en relación con:
• Valorar integralmente todo el acervo probatorio aportado.
• Aplicar correctamente la carga dinámica de la prueba, cuando la
información se encuentre en poder de la administración.
• Motivar de manera suficiente las conclusiones, especialmente respecto a la
pretensión de liquidación judicial del contrato.
• Ajustarse a los criterios constitucionales y jurisprudenciales que rigen el debido
proceso en materia probatoria y decisoria.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 2 de septiembre de 1998, la Unión Temporal Tenorio García y Cía
Ltda. celebró con el municipio de Anserma (Caldas) un contrato de
concesión para la prestación del servicio de alumbrado público. El contrato
se pactó por un plazo de 20 años, contados a partir del acta de inicio, la
cual se suscribió el 3 de marzo de 1999.
5. 2) Durante la ejecución del contrato, el contratista advirtió
inconsistencias entre los recaudos reales del impuesto y los ingresos
proyectados en su oferta. Entre 2007 y 2017, la Unión Temporal remitió varias
comunicaciones al municipio de Anserma, con el fin de informarle el déficit
persistente y creciente en el recaudo que debía financiar su remuneración.
6. 3) El 13 de febrero de 2015, en una reunión de seguimiento
contractual, el municipio reconoció el déficit acumulado y quedó
consignado en un acta. Las irregularidades persistieron hasta el vencimiento
del contrato, sumado a una falta de interventoría del contrato desde 2017.
7. 4) El 1 de marzo de 2019, la Unión Temporal presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, con el fin de
solicitar la declaratoria del desequilibrio económico y financiero del
contrato, la terminación y liquidación judicial del contrato y el
reconocimiento del valor del déficit asumido. El proceso fue conocido en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas bajo el radicado
No. 17001-23-33-000-2019-00089-00.
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Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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8. 5) Mediante Sentencia de 2 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la Unión Temporal. Para el tribunal, no se probó la ecuación
económica inicial, no se acreditó con soportes verificables el déficit alegado
y no se demostró el incumplimiento del municipio en materia de
interventoría. Además, estimó que, al no estar probado el desequilibrio
económico, ni contar con elementos técnicos y financieros suficientes, no
era posible efectuar la liquidación judicial.
9. 6) La Unión Temporal presentó recurso de apelación en el que sostuvo
que el tribunal omitió valorar la configuración del hecho del príncipe, la
imprevisión y el incumplimiento contractual. Estimó que no se aplicó el
principio de la carga dinámica de la prueba, pese a que varios elementos
estaban bajo el control del municipio. Consideró que se negó la liquidación
judicial sin motivación suficiente en contravía del equilibrio económico del
contrato estatal.
10. 7) Mediante Sentencia de 7 de noviembre de 2025, la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia. Consideró que no se demostró el desequilibrio económico, no
procedía la carga dinámica de la prueba y no era posible ordenar la
liquidación judicial del contrato por falta de insumos probatorios.
11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:
12. 1) Defecto fáctico: por indebida valoración de las comunicaciones
del concesionario (2007, 2008, 2011, 2013, 2017), el acta de 13 de febrero de
2015 donde el municipio reconoció un déficit, flujo de caja de diciembre
2018 con cifras verificables y los informes de auditoría de la Contraloría
General de la República. Además no decretó pruebas necesarias para
despejar las supuestas dudas que tenía.
13. 2) Defecto procedimental absoluto/ falta de motivación: porque
afirmó que no podía liquidar judicialmente el contrato por falta de insumos,
pero no explicó las pruebas que consideraba indispensables, no ordenó
pruebas de oficio según el artículo 213 del CPACA, no examinó la
imposibilidad estructural del concesionario de acceder a información en
manos del municipio y de la “CHEC” y omitió justificar por qué el proyecto
de liquidación aportado no permitía siquiera un inicio de valoración.
14. 3) Desconocimiento del precedente: porque se ignoró la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la carga dinámica de la prueba
cuando la entidad pública detenta la información (exp. 54818 y 66106), la
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Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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doctrina consolidada por la Corte Constitucional sobre la necesidad de
evitar desigualdades probatorias estructurales y el precedente en materia
de contratos de concesión y equilibrio económico, sin mencionar cuál.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
15. El Tribunal Administrativo de Caldas3 explicó que su sentencia de
primera instancia fue proferida con respeto al debido proceso y que los
reparos alegados en la tutela se dirigían a reabrir un debate probatorio ya
resuelto en el proceso ordinario.
16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado4 solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción pues esta carecía de
relevancia constitucional. Explicó que la controversia era eminentemente
económica y no tenía trascendencia constitucional. Además, se pretendía
utilizar la tutela como una instancia adicional.
17. En relación con los defectos alegados, estimó que estos no se
configuraron en la medida en que las pruebas fueron valoradas en su
totalidad, la negativa de la liquidación judicial fue debidamente motivada
y sí se analizó la carga dinámica de la prueba, pues los elementos
probatorios indispensables estaban en cabeza del concesionario y no se
cumplía con los requisitos del artículo 213 del CPACA para decretar pruebas
de oficio. También alegó que las sentencias citadas como desconocidas no
eran aplicables al caso, por lo que no se vulneró derecho fundamental
alguno.
18. El municipio de Anserma, a pesar de haber sido notificado en debida
forma , guardó silencio.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
evidenciar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.
2 Mediante Auto de 26 de febrero de 2026, el despacho ponente resolvió 1) admitir la acción de tutela, 2) tener
como demandado a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, 3) vincular al Tribunal
Administrativo de Caldas y al municipio de Anserma, como terceros con interés en el asunto.
3 Índice 17 de SAMAI.
4 Índice 14 de SAMAI
5 Índice 7 de SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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20. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional6.
21. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental7.
22. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto8; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario9 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.
23. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
7 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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24. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora adujo que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque la sentencia
enjuiciada incurrió en defecto fáctico, procedimental absoluto/ falta de
motivación y desconocimiento del precedente, lo cual afectaba los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y tutela judicial efectiva. Sin embargo, la Sala observa que
tales argumentos no son suficientes para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela frente a la providencia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues se
presentó, junto con los demás reparos hechos contra esa decisión, como
meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo definido por
el juez natural de la causa.
25. Lo que se evidencia realmente es que la parte actora buscó que se
analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario,
particularmente, en el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia
de 2 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el
cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, como pasa a analizarse.
26. Sobre la indebida o no valoración probatoria formulada en el recurso
de apelación12, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante Sentencia de 7 de noviembre de 2025, se pronunció en los
siguientes términos (se trascribe):
“ 74.En su alegación la parte demandante mencionó: (i) los informes financieros y el
flujo de caja aportados por el concesionario; (ii) las comunicaciones dirigidas al
municipio de Anserma por la no aplicación de los valores pactados en el contrato y
la exclusión del sector rural del cobro del impuesto de alumbrado público; (iii) el acta
de la reunión realizada en febrero de 2015 y (v) los informes de la Contraloría General
de la República en los que se identificaron hallazgos en relación con las fallas en la
implementación de las tarifas de prestación del servicio.
(…)
79. Al respecto, las pruebas mencionadas por el recurrente en su apelación no
permiten evidenciar: (i) las estimaciones iniciales que esperaba recibir el
concesionario como contraprestación; (ii) la afectación concreta en relación con la
retribución a que tenía derecho el contratista; ni (iii) los costos de la prestación del
servicio público asumidos y el consecuente desbalance prestacional alegado en el
12 En el recurso de apelación se alegó: “El A-Quo omite valorar adecuadamente un conjunto de pruebas
documentales que evidencian la ruptura del equilibrio económico. Por ejemplo:
• Los informes financieros y flujos de caja entregados por el concesionario que demuestran un déficit constante y
creciente desde el inicio del contrato. (Pruebas aportadas con la demanda).
• Las comunicaciones dirigidas al Municipio de Anserma entre 2007 y 2015, donde se pone en evidencia el déficit
generado por la no aplicación de las tarifas pactadas y la exclusión del sector rural del cobro del impuesto de
alumbrado público. (Pruebas aportadas con la demanda).
• El acta de mesa de trabajo del 13 de febrero de 2015, donde la administración municipal reconoció un déficit
de recaudo de $380.682.450. (Pruebas aportadas con la demanda).
•Informes de auditoría de la Contraloría General de la República en los que se identifican hallazgos relacionados
con fallas estructurales en la gestión del alumbrado público y la implementación de tarifas. (Pruebas aportadas
con la demanda)
Estas pruebas, valoradas en conjunto, permiten concluir que hubo una afectación severa en la ecuación
contractual inicialmente pactada.”
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proceso judicial; por lo que de su contenido tampoco es posible evidenciar el déficit
financiero que, según el recurrente, se acreditó con dicha documentación.
(…)
83. Bajo el análisis de cada uno de los elementos probatorios indicados en la
apelación, se estima que ellos no son idóneos para demostrar el desbalance
económico y financiero del contrato de concesión en perjuicio del concesionario,
por las razones que se evidenciaron en los párrafos precedentes y que se sintetizan,
en conjunto, de la siguiente manera.
84. Por un lado, en cuanto a las estimaciones del flujo de caja referido por el
demandante, se encontró que dichos cálculos no fueron avalados por la entidad
contratante, ni se anexaron los documentos contractuales que sirvieron de soporte
para dicha estimación o que hubiesen permitido al contratista arribar al resultado
incorporado en sus archivos. A su vez, sobre las comunicaciones dirigidas por el
concesionario al municipio de Anserma durante la ejecución del negocio se constató
que una de ellas se refirió al desbalance acontecido en la prestación del servicio en
Villamaría -entidad territorial distinta a la contratante- y, con los posteriores oficios,
aunque se alegó un déficit, éste no fue comprobado, pues no hubo evidencia de la
determinación de las estimaciones iniciales de recaudo y de la afectación grave de
la equivalencia del negocio. Por demás, el acta de la reunión no permite establecer
la afectación concreta en la retribución, ni los costos de la prestación del servicio
público asumido por el concesionario. Por otro lado, el informe de la autoridad fiscal
cuestionó la gestión contractual de la entidad territorial, pero incluso indicó que las
omisiones de la entidad concedente beneficiaron al contratista con utilidades
desproporcionadas, por lo que, de su contenido, no se acredita el desequilibrio
económico y financiero del contrato en favor del contratista que se reclama en la
apelación.
85. Así las cosas, se constata que los documentos mencionados por el recurrente
fueron relacionados en la providencia apelada, pero no se apreciaron de cara a la
resolución del litigio. Sin embargo, dicha circunstancia no implica, de manera
automática, la prosperidad de la pretensión de desequilibrio contractual: como se
demostró con la valoración probatoria, ninguno de dichos instrumentos fue idóneo
para acreditar la equivalencia inicial del negocio, es decir, el estimado del valor
establecido en la propuesta y el flujo financiero proyectado, con lo cual no era
posible determinar si se configuró el déficit financiero alegado en la demanda por la
insuficiencia del saldo remanente de las tarifas que era pagado mensualmente al
concesionario.”.
27. En relación con el alegado desconocimiento del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la aplicación de la carga
dinámica de la prueba13, así como a la omisión de decretar pruebas de
oficio, esta Sala advierte que la autoridad accionada abordó
expresamente dichos reparos en la sentencia objeto de reproche y, tras el
análisis de la línea jurisprudencial pertinente, concluyó lo siguiente (se
trascribe):
13 Si bien en el recurso de apelación no se alegó un desconocimiento del precedente, sí se afirmó que hubo una
aplicación inadecuada de la carga probatoria (se trascribe): “El Tribunal traslada injustificadamente al
concesionario la carga de probar hechos que debieron ser acreditados por el Municipio de Anserma, como la
efectiva implementación de tarifas, el recaudo de los recursos o la designación del interventor. Este tratamiento
vulnera el principio de equilibrio procesal y el artículo 167 del C.G.P., aplicable por remisión del CPACA.
Tal como se explicó en los alegatos, la carga dinámica de la prueba obliga a determinar qué parte está en mejor
posición para demostrar un hecho. En este caso, el Municipio de Anserma estaba en mejores condiciones de
probar sus propios actos administrativos y las gestiones relacionadas con el recaudo y la supervisión del contrato.”.
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“88. Esta Corporación61, en determinadas ocasiones, ha aplicado la citada
regulación de la carga dinámica de la prueba, conforme a la cual el juez debe
determinar, en cada caso concreto, cuál de las partes se encuentra en mejor
posición para probar los elementos que configuran la responsabilidad reclamada.
No obstante, el empleo de esta previsión se ha limitado a aquellos eventos en los
que se evidencien dificultades para que la parte que alega un hecho pueda
demostrarlo, y ante la constatación de que su contraparte esté en una condición
más idónea para aportar los elementos de prueba que por su conducencia
permitan acreditar lo alegado por el demandante62.
89.De este modo, se ha matizado el principio de la carga de la prueba en aquellas
situaciones en las que el demandante se encuentra en una posición más
desfavorable para probar un hecho, debido a que su contradictora es quien se
encuentra en una mejor condición para acreditarlo. Conforme a lo establecido en
el citado artículo 167 del CGP, esto último ocurre “en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron
lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares”. En tales eventos, es posible
trasladar dicha carga probatoria a la contraparte en el proceso, sin que ello
conlleve relevar al demandante del deber de solicitar en tiempo aquellas pruebas
a las que no tiene acceso, con la finalidad de que sean decretadas por el juzgador
en el momento oportuno durante el proceso judicial63.
90. En ese orden de ideas, la Sala recuerda que, en el presente asunto, la prueba
del valor calculado en la propuesta y el recaudo estimado en el flujo financiero
proyectado eran elementos indispensables para constatar si se desequilibró la
ecuación contractual -objeto de debate en esta instancia-, por lo que le
correspondía al concesionario demostrar esa información en el sub lite. Sin embargo,
el demandante no aportó dicha información al proceso, ni solicitó su decreto como
prueba en primera instancia. Por ende, en este caso, no se evidencia una situación
particular que conlleve a redistribuir la carga de la prueba para relevar al
demandante de demostrar, con los documentos idóneos, la equivalencia de
prestaciones establecida por las partes al momento de suscribir el contrato de
concesión del 2 de septiembre de 1998.
91. También se advierte que la situación descrita no se enmarca en ninguno de los
eventos previstos en el artículo 213 del CPACA64, en los que resulta procedente el
decreto de pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, pues no se
identifica ninguna confusión puntual respecto del sinalagma contractual construido
por las partes, sino la ausencia de acreditación de este, debido a que la parte
actora no cumplió con la carga de probar los hechos que invocó en la demanda.”
28. En lo atinente al alegado defecto procedimental por la supuesta falta
de motivación en la decisión de no liquidar judicialmente el contrato14, se
observa que la Subsección A dedicó un acápite específico a explicar las
razones por cuales negó dicha pretensión, tal como consta en los siguientes
apartes del fallo (se trascribe):
14 Sobre la liquidación judicial del contrato, en el recurso de apelación se indicó lo siguiente (se trascribe): “El
Tribunal niega esta pretensión bajo el argumento de que la liquidación es un acto posterior a la terminación del
contrato. Sin embargo, omite considerar que el concesionario solicitó insistentemente al Municipio de Anserma la
convocatoria a mesa de liquidación, sin que este diera respuesta efectiva.
La inacción de la administración hace procedente la liquidación judicial como mecanismo supletorio, tal como lo
ha reiterado la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 66001-23-31-000-2012-00095-01, entre otras).
En los alegatos de conclusión se recordó que la liquidación bilateral no se dio por culpa de la entidad contratante,
quien omitió definir el inventario, los saldos pendientes y la entrega formal de los activos revertidos, circunstancias
que facultan a la contratista para acudir a la jurisdicción.”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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“96. Bajo el recuento de lo acontecido en el proceso judicial, la Sala constata que la
liquidación del negocio fue objeto de discusión desde la presentación de la
demanda; sin embargo, ante la finalización del plazo contractual durante el trámite
de primera instancia, el recurrente centró su apelación en cuestionar que el Tribunal
a quo debía haber realizado el balance final del acuerdo de voluntades 69.
97. De ese modo, se evidencia que existe identidad entre lo pretendido en la
demanda y lo discutido en esta instancia en relación con la petición de cruce de
cuentas del referido acuerdo de voluntades, por lo que la Subsección procede a
pronunciarse sobre el reproche del recurrente.
98. Sobre el particular, se destaca que el demandante ligó sus pretensiones
declarativas -terminación, liquidación y restablecimiento del equilibrio financiero del
contrato-, con que a su vez se ordenara el pago en su favor de $1.421’552.370 como
medida para restituir la ecuación contractual. Así, bajo dicho ejercicio argumentativo
fundó la causa de la controversia por la cual estimó que correspondía a la jurisdicción
contencioso-administrativa definir dicho asunto.
99. En el escenario descrito, se ratifica que la Sala carece de elementos probatorios
que permitan realizar el balance final de cuentas del negocio, lo que impide verificar
el cumplimiento de las prestaciones ejecutadas por los contrayentes70. Al respecto,
tras el análisis de las pruebas aportadas, no se acreditaron los motivos por los que se
reclamó el reconocimiento de sumas económicas en favor del contratista (en
relación con el déficit financiero durante la ejecución del acuerdo de voluntades).
Adicionalmente, no se aportaron documentos que permitan verificar lo acontecido
durante el plazo contractual. En todo caso, si bien la entidad territorial, con su
contestación, aportó un estudio técnico “tendiente a lograr la liquidación del
contrato de concesión”, rendido el 21 de octubre de 2019 por la firma Duque &
Arango Asesores S.A.S., y aunque en éste se indicó que “el contrato debe ser
liquidado en ceros solamente dando cumplimiento a la cláusula de reversión”, esta
instancia no puede acoger esa conclusión debido a que el mismo informe reconoció
la ausencia de pruebas al indicar que “no es posible establecer una suma exacta que
le permita a las partes determinar el valor exacto de los saldos por los incumplimientos
descritos, pues como es claro que el concesionario no realizó el total de inversiones y
gran parte de las efectuadas fueron extemporáneas por lo que el flujo proyectado
no sería aplicable, así mismo el municipio no garantizó el flujo de dinero proyectado
en la propuesta”71, lo cual conlleva a reafirmar que no es posible acceder a la
pretensión de liquidación del contrato de concesión.
100. En ese sentido, la Sala concluye que el cargo de la apelación tratado en este
acápite también debe ser resuelto de manera desfavorable a los intereses del
recurrente.”
29. De lo trascrito se corrobora que los argumentos utilizados por el
accionante para justificar la configuración de los defectos alegados en el
escrito de tutela fueron precisamente los mismos que planteó en el recurso
de apelación y sobre los cuales la autoridad judicial accionada se
pronunció clara y razonadamente, para confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
30. En ese contexto, es claro que el accionante alegó, vía constitucional,
aspectos que ya fueron expuestos en el curso del proceso ordinario y
analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo cual impide al
juez de tutela pronunciarse al respecto. Adicionalmente, la controversia
propuesta tiene un carácter eminentemente económico pues se orienta al
reconocimiento de unas sumas de dinero derivadas de un presunto
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01330-00
Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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desequilibrio contractual. En ese sentido, la tutela no plantea una
afectación de derechos fundamentales como tal, sino una inconformidad
con una decisión desfavorable a sus intereses económicos, que ya fue
resuelta por la autoridad judicial competente.
31. Finalmente, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da por cumplido el
requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional15.
2.2. Conclusión
32. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
verificar que no satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 16.
15 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01330-00
Demandante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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