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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01330-01

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01330-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado, conforme a la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01330-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01330-011
Accionante : Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y
Cía. Ltda.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Vinculados : Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión y
otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, controversia contractual
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Unión Temporal Tenorio

García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda. (en adelante, Unión Temporal) contra
el fallo del Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente,
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

La demanda de tutela

3. La Unión Temporal, actuando a través de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
Municipio de Anserma (Caldas).

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] SEGUNDA: Dejar sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia dictada
por el CONSEJO DE ESTADO, por constituir una providencia judicial que incurre en
un defecto fáctico, procedimental absoluto/falta de motivación y desconocimiento del
precedente, generador de vulneración de derechos fundamentales.

TERCERA: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO que profiera una nueva decisión
dentro del proceso radicado bajo el número 17001-23-33-000-2019-00089-02
(73.066), valorando de manera adecuada, integral y razonada el acervo probatorio
aportado por la parte demandante, especialmente en relación con:
• Valorar integralmente todo el acervo probatorio aportado.
• Aplicar correctamente la carga dinámica de la prueba, cuando la información se
encuentre en poder de la administración.
• Motivar de manera suficiente las conclusiones, especialmente respecto a la
pretensión de liquidación judicial del contrato.
• Ajustarse a los criterios constitucionales y jurisprudenciales que rigen el debido
proceso en materia probatoria y decisoria.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

accionante en la tutela, se puede evidenciar que, el Dos (2) de Septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), el Municipio de Anserma y la Unión
Temporal (conformada por Tenorio García y Cía. Ltda. e Industrias Eléctricas
Schreder Ltda.4) suscribieron contrato de concesión, mediante el cual, le fue
entregada a la empresa contratista la prestación integral del servicio de alumbrado
público en el municipio.

6. Durante la ejecución del contrato, el contratista advirtió ciertas inconsistencias

entre los recaudos reales del impuesto de alumbrado público y los ingresos
proyectados en su oferta. Entre 2007 y 2017, la Unión Temporal remitió, entonces,
varias comunicaciones al Municipio, en las que le informaba el déficit persistente
y creciente en el recaudo que debía financiar su remuneración.

7. A raíz de los anteriores hechos, la Unión Temporal presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra el Municipio
de Anserma en la que solicitó que, se declarara el desequilibrio económico y
financiero del contrato de concesión y, en consecuencia, la terminación y
liquidación judicial, así como el reconocimiento del valor del déficit asumido,
estimado en MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 5.
4
Por cesión del 20 de julio de 2007, las partes convinieron que la sociedad Industrias Eléctricas Schreder Ltda. cediera a Torres Vivas
y Cía. Ltda. los derechos y obligaciones contraídos, de modo que la unión temporal quedó integrada por Tenorio García y Cía. Ltda.
y Torres Vivas y Cía. Ltda.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON TRECE
CENTAVOS ($1.421'552.370,63).

8. Como fundamento de sus pretensiones, la demandante sostuvo que, el
desequilibrio económico del contrato tuvo como causas principales «la no
implementación de las tarifas de la tasa de alumbrado público presentadas , acordadas y
aceptadas por el Municipio de Anserma, conforme a la propuesta que conllevó a la adjudicación
y firma del contrato y que no se aplicaron en el sector urbano ni en el rural» y el incumplimiento,

por el contratante, de su «deber de asignar interventor al contrato de concesión, pues con
las pruebas allegadas se logra establecer la ausencia de dicha figura desde el año 2017» .

9. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Caldas (proceso con radicado núm. 17001-23-33-000-2019-
00089-00) que, mediante sentencia del Dos (2) de Mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025), negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la Unión
Temporal.

10. Para tal efecto, el a quo concluyó que, no contaba con elementos suficientes

para determinar la existencia de un desequilibrio económico, comoquiera que, la
propuesta presentada por la Unión Temporal no contenía las tarifas «con base en
las cuales se construyó el ejercicio financiero del proyecto». Agregó que, en el contrato de

concesión, tampoco se establecieron unas tarifas determinadas para el impuesto
de alumbrado público, las cuales, solo se establecieron con posterioridad,
mediante el Decreto 070 de 1998. Así, al no existir claridad sobre las tarifas ni el
número de usuarios, el Tribunal concluyó que, no podía corroborarse el recaudo
esperado ni el valor del presunto déficit, «pues la unión temporal no aportó soportes del
consumo de energía ni del recaudo efectivo» .

11. Respecto al presunto incumplimiento, por el Municipio de Anserma, desde el

2017, de su obligación contractual de asignar interventor para la concesión, el
Tribunal señaló que, no obraba prueba de tal afirmación, y que, si bien existió una
invitación pública para contratar la interventoría que fue declarada finalmente
desierta, aquella se efectuó en 2019 y para la culminación del contrato. Con
fundamento en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), el Tribunal
concluyó que, la Unión Temporal no cumplió la carga de probar los supuestos de
hecho de sus pretensiones, y la condenó en costas.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

12. La parte demandante apeló la anterior decisión, para lo cual, sostuvo que, el a

quo incurrió en una errónea valoración probatoria, al omitir apreciar en conjunto
(i) los informes financieros y flujos de caja entregados, que evidenciaban un déficit
constante y creciente desde el inicio del contrato; (ii) las comunicaciones dirigidas
al Municipio de Anserma entre 2007 y 2015; (iii) el acta de mesa de trabajo del
Trece (13) de Febrero de Dos Mil Quince (2015), en la que se habría reconocido
un déficit de recaudo de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($380.682.450)
y (iv) los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, que
daban cuenta de la ruptura del equilibrio económico.

13. Además, reprochó que el Tribunal hubiera trasladado injustificadamente al
concesionario la carga de acreditar hechos, cuyas pruebas estaban en poder de
la parte contratante, que se encontraba entonces en mejor posición de probar.
Finalmente, objetó la condena en costas por ausencia de temeridad o mala fe
procesal y por resultar desproporcionada la suma fijada a título de agencias en
derecho.

14. En sentencia del Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión
de primera instancia. Para tal efecto, advirtió, en primer lugar, que, no se acreditó
la «ruptura del sinalagma contractual». Sostuvo que, la propuesta aportada al proceso
no evidenciaba la estimación del valor ofertado ni el flujo financiero proyectado
por el concesionario, información indispensable para determinar la equivalencia
inicialmente pactada, y que los demás documentos invocados en la apelación no
resultaban idóneos para demostrar el déficit financiero alegado.

15. Precisó, además, que no era procedente aplicar la carga dinámica de la prueba,

pues la demandante no acreditó circunstancia alguna que le impidiera aportar los
elementos respectivos ni solicitó su decreto en primera instancia, y que tampoco
se configuraba un evento que ameritara el decreto de pruebas de oficio en los
términos del artículo 213 del CPACA. Finalmente, halló inviable la liquidación
judicial del contrato ante la falta de acreditación de las circunstancias en que se
desenvolvió el negocio y la ausencia de insumos para efectuar el cruce de
cuentas, y confirmó la condena en costas.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

16. En su tutela, la Unión Temporal alegó que la sentencia censurada adolece de

los defectos fáctico, procedimental absoluto y de desconocimiento del precedente.
En primer lugar, la valoración probatoria habría sido irrazonable e incompleta, en
tanto, se reconocieron las comunicaciones del concesionario dirigidas al Municipio
entre 2007 y 2017, el acta del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Quince (2015), el
flujo de caja consolidado a diciembre de 2018 —que reflejaba una diferencia entre
lo debido y lo efectivamente transferido por el Municipio— y los informes de la
Contraloría, sin otorgarles valor «afirmando que carecen de “soporte” o “respaldo”, sin
explicar por qué su contenido no es apto para reconstruir el estado financiero del contrato» .

17. Y, porque, en su lugar, la autoridad no decretó pruebas de oficio para
reconstruir la ecuación económica del contrato, pese a la asimetría probatoria
derivada de que la información oficial estaba en poder de la parte contratante. En
segundo lugar, el Consejo de Estado no habría precisado qué pruebas faltaban ni
por qué no podía decretarse de oficio, lo cual, se habría traducido en una falta de
motivación. Finalmente, la autoridad judicial atacada habría desconocido las
reglas del artículo 167 del CGP y las sentencias de la misma Corporación en los
procesos con radicado núm. 54.818 5 y 66.1066 en materia de contratos de
concesión, en un escenario de «desigualdad probatoria» .

1.2. Contestaciones de la acción

18. 1.2.1. El Tribunal Administrativo de Caldas7 compartió el link del expediente

electrónico y expuso que, la sentencia de primera instancia fue proferida «en ejercicio
de las atribuciones normativas correspondientes, investido de la competencia que la ley le ha
otorgado para tal efecto, en el marco de un proceso rituado con todo el rigor jurídico y con plena
observancia de los derechos y garantías que aseguraron a las partes la igualdad procesal y una
decisión imparcial y debidamente motivada». Por lo tanto, concluyó que, la acción de tutela

radicada tiene como propósito debatir aspectos que debieron abordarse en el
trámite judicial correspondiente.

19. 1.2.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado8 explicó

que el amparo solicitado no está llamado a prosperar. Primero, porque el asunto no
es constitucionalmente relevante, en la medida en que, la tutela se centra en
cuestionar la valoración de las pruebas realizada por el Consejo de Estado, con el

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 13, 16 y 17.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

fin de acceder a una nueva instancia judicial en la que se reconozcan los hechos
invocados en el proceso ordinario, que no fueron acreditados.

20. Segundo, no existió, en su concepto, un defecto fáctico porque, todos los
elementos probatorios referidos fueron tenidos en cuenta y, a partir de su
valoración, se concluyó que no permitían corroborar la ruptura de la ecuación
contractual alegada. Esto último en la medida en que, las pruebas solo habrían
dado cuenta de «las apreciaciones del concesionario sobre el ejercicio de recaudo del impuesto
de alumbrado público, las reuniones realizadas entre los contrayentes y los hallazgos fiscales por la
gestión contractual del municipio de Anserma, pero, en ningún caso, permitió evidenciar la ruptura
del sinalagma contractual». En especial, no se halló prueba de la estimación del valor

de la propuesta ni el flujo financiero proyectado por la oferente para la
determinación de su retribución por la prestación del servicio pactado.

21. Tercero, no se configuró un defecto procedimental, teniendo en cuenta que, el

Consejo de Estado sustentó de manera suficiente la imposibilidad de acceder a la
pretensión de liquidación del contrato de concesión, lo que constituyó, incluso, uno
de los problemas jurídicos abordados. En efecto, la parte actora ligó dicha petición
a que se ordenara en su favor el pago de MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
($1.521'552.370) como medida para restablecer la ecuación contractual. No
obstante, tras el análisis de las pruebas aportadas, se verificó que no se acreditaron
los motivos por los que se reclamó el reconocimiento de dicha suma ni se aportaron
documentos que permitieran verificar lo acontecido durante el plazo contractual.
Por ello, la autoridad judicial concluyó que no contaba con elementos suficientes
para realizar el balance final de cuentas ni para verificar el cumplimiento de las
prestaciones ejecutadas.

22. Cuarto, la actora no presentó las razones por las cuales se desconocieron los

criterios fijados en los expedientes 54.818 y 66.121. Por un lado, en la sentencia
del Dos (2) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021) (54.818), se recordó que, el juez
debe establecer, en cada caso concreto, cuál de las partes está en mejores
condiciones de probar los elementos de la responsabilidad reclamada. Bajo ese
presupuesto, aseguró que, la demandante tenía la carga de aportar o solicitar los
documentos relevantes para acreditar el desequilibrio económico del contrato (la
prueba del valor calculado en la propuesta y el recaudo estimado en el flujo
financiero proyectado) en virtud del artículo 167 del CGP.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

23. Por otro lado, expuso que, la sentencia del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil

Veintiuno (2021) (66.121) no guarda relación con la teoría de la carga dinámica de
la prueba, y «fue relacionada con el fin de realizar algunas precisiones respecto del desequilibrio
económico del contrato y distinguirlo del incumplimiento contractual». En todo caso, en
aplicación del precedente referido, el accionado aseguró que no ejerció su facultad
oficiosa porque «la falta de acreditación del sinalagma, y la ruptura de la ecuación contractual,
no se enmarcó en ninguno de los eventos previstos en el artículo 213 del CPACA que permite el
decreto de pruebas de oficio».

24. Finalmente, en cuanto a la labor oficiosa del juez, la sentencia atacada consideró

que la falta de acreditación del sinalagma y la ruptura de la ecuación contractual no
se enmarcaron en ninguno de los eventos previstos en el artículo 213 del CPACA
que permite el decreto de pruebas de oficio para esclarecer la verdad en un asunto
específico

25. El Municipio de Anserma (Caldas) guardó silencio frente al presente proceso,

pese a que fue debidamente notificado.

1.3. Providencia impugnada9

26. Mediante sentencia del Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la

Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Expuso que, la cuestión discutida no tenía trascendencia porque
partía de «meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo definido por el juez
natural de la causa».

27. Indicó que, por el contrario, «[l]o que se evidencia realmente es que la parte actora buscó

que se analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario, particularmente, en
el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 2 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado».

1.4. La impugnación10

28. Inconforme con la decisión, la Unión Temporal impugnó el fallo del Veintinueve

(29) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026). Expuso que, la sentencia erró al concluir

9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 20.
10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 24.
7

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Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

sobre la falta de relevancia constitucional del asunto, porque se apoyó en tres
premisas equivocadas: (i) que se trata de un conflicto meramente económico, (ii)
que la tutela pretende reabrir un debate ya decidido en el proceso ordinario y (iii)
que los argumentos planteados corresponden únicamente a discrepancias
interpretativas frente al criterio del juez natural.

29. Sobre el tercer punto, precisó que los cuestionamientos constituyen defectos

estructurales, en tanto, la providencia reconoció pruebas relevantes sin valorarlas
de forma integral, negó la liquidación judicial del contrato sin indicar los elementos
probatorios indispensables ni justificar la imposibilidad de recaudarlos de oficio, y
citó la carga dinámica de la prueba, sin aplicarla, pese a la asimetría probatoria
entre las partes. Insistió en que la información indispensable para verificar la
ecuación económica del contrato (recaudos efectivos, tarifas, número de usuarios
y comportamiento histórico del impuesto) reposaba exclusivamente en poder del
Municipio de Anserma y de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., lo que
generaba una asimetría probatoria estructural que exigía aplicar la carga dinámica
de la prueba o decretar pruebas de oficio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo

80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)14 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2. La acción

31. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos

11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

32. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

el fallo del Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la
denegación de las pretensiones presentadas por la Unión Temporal, adolece de los
defectos fáctico, falta de motivación y de desconocimiento del precedente, y, por
consiguiente, es violatorio del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

33. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

34. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene

15
Sentencia C-590 de 2005.
16
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

35. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

2.5. Caso concreto

36. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) contrario a lo dicho
por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, el asunto planteado
sí reviste de relevancia constitucional, pues, recae sobre la indebida valoración
probatoria y aplicación de la carga de la prueba; lo cual, de comprobarse, vulneraría
el derecho fundamental al debido proceso de la actora; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda
instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
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originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia censurada
quedó ejecutoriada el Doce (12) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)17 y la
solicitud de amparo se radicó el Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026), esto es, dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) la sentencia acusada
no obedece a una de tutela.

37. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y sustantivo
por desconocimiento del precedente. Se descarta el estudio de la causal de
decisión sin motivación, en tanto, aquella es presentada, en realidad, como un
desacuerdo sobre la valoración probatoria hecha por la autoridad accionada, lo que
se encuadra bajo los anteriores defectos que serán estudiados en conjunto.

2.5.1. Defecto fáctico

38. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18. Así mismo, este

defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 19.

39. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos

aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente20. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

17
Visible en el expediente electrónico del proceso 17001-23-33-000-2019-00089-02 en SAMAI, índice 22, según el cual se notificó
por estado electrónico el 7 de noviembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada ese día, conforme al artículo 201
del CPACA.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-
599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

2.5.2. Defecto sustantivo

40. Valga la pena recordar que, el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes
fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia21, y la segunda hace
referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal
o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia
adolece de un defecto sustantivo22 en virtud de los principios del debido proceso,
igualdad y buena fe23.

41. Sobre el particular, la accionante argumenta que se configuró el defecto fáctico,

en su modalidad negativa, por no haber valorado integralmente las pruebas del
expediente. Además, es preciso señalar que, aplica la segunda modalidad de
desconocimiento del precedente, en razón a que, la discusión planteada gira en
torno a si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su
sentencia del Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), se apartó
injustificadamente del precedente horizontal fijado por la misma Subsección en las
sentencias proferidas en los procesos con radicados internos núm. 54.81824 y
66.10625.

42. Así, en el sub lite, la accionante expuso que:

a) Defecto fáctico

La sentencia reconoce la existencia de:
• comunicaciones del concesionario (2007, 2008, 2011, 2013, 2017),
• acta del 13/02/2015 donde el municipio reconoce un déficit,
• flujo de caja diciembre 2018 con cifras verificables,
• informes de la Contraloría,
Pero no los valora integralmente, afirmando sin explicación que carecen de

21
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es
la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada,
o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
22
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
23
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

“respaldo”, sin decretar las pruebas necesarias para despejar la duda. Esto configura
un defecto fáctico por insuficiente y arbitraria valoración probatoria

[…]

El Consejo de Estado afirma que no puede liquidar judicialmente el contrato por falta
de insumos, pero:
• No explica qué pruebas considera indispensables,
• No ordena pruebas oficiosas, pese al artículo 213 CPACA,
• No examina la imposibilidad estructural del concesionario de acceder a información
en manos del Municipio/CHEC,
• Y omite justificar por qué el “proyecto de liquidación” no permite siquiera un inicio de
valoración.

c) Desconocimiento del precedente
La sentencia cita las reglas sobre carga dinámica (art. 167 CGP y jurisprudencia) pero
no las aplica, ignorando:
• La línea del Consejo de Estado sobre la carga dinámica cuando la entidad detenta
la información (exp. 54.818/21, 66.106/21).
• La doctrina consolidada por la Corte Constitucional sobre la necesidad de evitar
desigualdades probatorias estructurales.
• El precedente en materia de contratos de concesión y equilibrio económico.

43. Revisada la sentencia censurada, la Subsección A de la Sección Tercera realizó

el siguiente análisis:

59. Al amparo de las normas y consideraciones descritas, le corresponde a la parte
que pretende el restablecimiento de la ecuación contractual acreditar los elementos
que sirvieron de fundamento para construir el punto del equilibrio económico y
financiero que se aduce alterado durante el plazo de ejecución del referido negocio.
Así lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación al estudiar los requisitos
de procedencia de este instituto en contratos de concesión […].

66. Descendiendo al caso concreto, […] la retribución del concesionario se fijó
mediante un pago mensual correspondiente a los saldos remanentes del cobro del
impuesto de alumbrado público que realizaba el municipio. No obstante, dicha forma
de pago no desdice que en la cláusula segunda los contrayentes acordaron que el
valor del negocio se debía determinar según la propuesta y el flujo financiero
proyectado por el concesionario y, de ese modo, se estimaba la remuneración a que
tenía derecho por la prestación del servicio. Por ende, es indispensable la
acreditación de dichos elementos para poder establecer si aconteció o no un
desbalance financiero entre la equivalencia acordada al momento de suscribir el
acuerdo de voluntades y lo retribuido durante la ejecución de las prestaciones
contractuales.

70. Al respecto, se advierte que, en el caso sub examine, la entidad demandada
aportó como prueba los antecedentes administrativos del contrato de concesión del 2
de septiembre de 1998, entre los que se encuentra la propuesta de la Unión Temporal
Tenorio García y Cía. Ltda. que se contiene los siguientes archivos, así: (i) la carta de
presentación; (ii) la determinación de los intervinientes; (iii) el presupuesto inicial de
inversión para la repotenciación de la iluminación; (iv) la descripción de la maquinaria,
equipos y herramientas; y (v) la experiencia. Sin embargo, en su contenido no se
evidencia la estimación del valor de la propuesta, ni el flujo financiero proyectado por
la oferente para la determinación de su retribución por la prestación del servicio.

71. Así, de los documentos contentivos de la propuesta de la Unión Temporal Tenorio
García y Cía. Ltda., la Sala evidencia que no registran información relevante que

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Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

permita corroborar la equivalencia inicialmente prevista para el contrato de concesión.
Además, ante la carencia de información destacable, no se evidencia la ruptura del
sinalagma contractual, es decir, si hubo un desequilibrio en las prestaciones y
obligaciones asumidas por las partes durante la ejecución del contrato y, por lo tanto,
no se encuentra acreditado el déficit financiero alegado por el demandante [en] las
pretensiones de la demanda. […]

73. En todo caso, la Subsección no puede pasar por alto que, […] el recurrente alegó
que aportó otros documentos que supuestamente demostraban la ruptura de la
ecuación contractual y que no fueron valorados por el Tribunal a quo, razón por la
que es necesario pronunciarse sobre el asunto, en este punto. […]

76. Sobre el particular, el demandante aportó al proceso un archivo denominado “AN
Flujo de Caja DICIEMBRE_2018 – Cálculo del desequilibrio económico del
contrato”52 en el que se consignó el recaudo mensual entre mayo de 1999 y
diciembre de 2018, y además se realizó un comparativo entre las casillas “debido
pagar” por un monto de “$5.073’404.664” y “pago” en el que se sumó un total de
“$4.477’875.605”, cifras a partir de las cuales el concesionario estimó que en el
negocio se evidenció el déficit del recaudo del impuesto de alumbrado público.

77. De lo anterior, se destaca que la información contenida en el flujo de caja aportado
por el demandante no es suficiente para demostrar el desequilibrio económico y
financiero del contrato de concesión, debido a que no ofrece certeza sobre la
metodología de elaboración del documento, sus insumos, ni aporta soportes de los
cálculos contenidos. Además, las sumas consignadas relativas al déficit del recaudo
del impuesto de alumbrado público -diferencia entre $5.073'404.664 y
$4.477'875.605-, no fueron corroboradas ni acreditadas por la entidad contratante ni
por la interventoría, lo que reduce su valor probatorio. En esencia, el archivo se limita
a presentar un cálculo financiero realizado por el concesionario, pero que no se puede
corroborar con la realidad de la ejecución contractual ni contrastarse con las
proyecciones del modelo financiero que sustentó la propuesta económica.

78. Adicionalmente, en el expediente se encuentran varias comunicaciones enviadas
por el concesionario a la entidad contratante con el objetivo de alertar sobre el “déficit
del recaudo del contrato de concesión del servicio de alumbrado público”. Sobre estos
memoriales se encuentra que: (i) el 18 de diciembre de 2007 se informó a la entidad
de un déficit de recaudo en el municipio de “Villamaría” por un valor de $115’615.424;
(ii) en el oficio del 13 de marzo de 2018 se especificó una deficiencia por valor de
$139’701.944 bajo el comparativo de las transferencias que se debían realizar en
favor del concesionario y las efectivamente recibidas y (iii) en oficio del 17 de
noviembre de 2011 el contratista conminó al municipio de Anserma a que le
reconociera -por los mismos ítems descritos en las comunicaciones anteriores- la
deuda de $338’410.780 y $134’451.017 como intereses de las sumas dejadas de
recibir por el concesionario.

79. Al respecto, las pruebas mencionadas por el recurrente en su apelación no
permiten evidenciar: (i) las estimaciones iniciales que esperaba recibir el
concesionario como contraprestación; (ii) la afectación concreta en relación con la
retribución a que tenía derecho el contratista; ni (iii) los costos de la prestación del
servicio público asumidos y el consecuente desbalance prestacional alegado en el
proceso judicial; por lo que de su contenido tampoco es posible evidenciar el déficit
financiero que, según el recurrente, se acreditó con dicha documentación.

80. En relación con la reunión del 13 de febrero de 2015, invocada reiteradamente
por el recurrente en el transcurso del proceso, esta Sala evidencia, en primera
medida, que en dicha reunión se dejó constancia de que, para ese momento, existía
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un déficit en el recaudo del impuesto de alumbrado público. No obstante ello, lo cierto
es que de dicha afirmación no se extrae la ruptura de la ecuación contractual
argumento de la apelación- y tampoco es idónea para desvirtuar lo considerado en la
sentencia apelada, es decir, la falta de demostración de las estimaciones económicas
que sirvieron de sustento para el flujo financiero del proyecto, ni el alcance de la
prestación del servicio y el recaudo mensual por dicha actividad.

81. Adicionalmente, aun cuando se hubiera presentado un desfase entre las
proyecciones financieras y los resultados reales del contrato, tal circunstancia no
constituye, por sí misma, una ruptura del equilibrio económico del mismo. Esto debido
a que, en este tipo de negocios, el concesionario asume la prestación del servicio por
su cuenta, lo que implica soportar las variaciones ordinarias favorables o adversas-
en los ingresos destinados a recuperar sus inversiones, siempre que no concurran
hechos imprevisibles, extraordinarios y ajenos a su voluntad, sobrevinientes a la
ejecución del negocio y que alteren de manera grave la ecuación contractual. En el
caso concreto, según el contenido del documento del 13 de febrero de 2015, no se
demostró que el déficit del recaudo para esa fecha hubiera alterado las condiciones
económicas pactadas en forma excesiva o que superara el límite del riesgo asumido
por el demandante al celebrar el acuerdo de voluntades.

82. También se refirió al informe de la auditoría realizada por la Contraloría General
de la República en el que se constataron hallazgos fiscales por distintos motivos, […].
Así las cosas, si bien en dicho instrumento se cuestionó la gestión contractual de la
entidad territorial, el mismo no es un elemento probatorio que acredite el desbalance
financiero en contra del concesionario, pues, tal como se consignó en el referido
documento, la autoridad fiscal consideró que las omisiones de la entidad concedente
conllevaron a una utilidad desproporcionada del concesionario, pero no detalló o
advirtió un desbalance prestacional que hubiese sido padecido por el contratista,
como lo quiere hacer ver en esta instancia.

83. Bajo el análisis de cada uno de los elementos probatorios indicados en la
apelación, se estima que ellos no son idóneos para demostrar el desbalance
económico y financiero del contrato de concesión en perjuicio del concesionario, por
las razones que se evidenciaron en los párrafos precedentes […].

86. Por otra parte, el recurrente cuestionó que el Tribunal a quo debió aplicar la carga
dinámica de la prueba para exigir a la entidad contratante aportar al proceso la
información relevante sobre la determinación del valor de las tarifas y el monto del
recaudo, según los documentos contractuales que deben reposar en los archivos de
la entidad, con el objetivo de que se evidenciara la ruptura de la ecuación contractual.

87. Sobre la alegación referida, la Sala parte por precisar que, a la luz del principio de
carga de la prueba, y de conformidad con lo consagrado en el artículo 167 del Código
General del Proceso: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por ende, la deficiencia
probatoria de quien aduce determinado hecho como fundamento de sus pretensiones,
conlleva a consecuencias negativas para la prosperidad de estas, pues el
cumplimiento de dicha exigencia consiste -por regla- en un supuesto imprescindible
para analizar las reclamaciones planteadas por el demandante. En todo caso, la
misma norma en cita establece que: “según las particularidades del caso, el juez
podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas,
durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos”, con lo cual -como
se observa-, si un sujeto desea que se dé aplicación a esta herramienta, debe
solicitarlo en las oportunidades correspondientes.
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88. Esta Corporación, en determinadas ocasiones, […] ha matizado el principio de la
carga de la prueba en aquellas situaciones en las que el demandante se encuentra
en una posición más desfavorable para probar un hecho, debido a que su
contradictora es quien se encuentra en una mejor condición para acreditarlo.
Conforme a lo establecido en el citado artículo 167 del CGP, esto último ocurre “[…]
por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, […]
o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte,
entre otras circunstancias similares”. En tales eventos, es posible trasladar dicha
carga probatoria a la contraparte en el proceso, sin que ello conlleve relevar al
demandante del deber de solicitar en tiempo aquellas pruebas a las que no tiene
acceso […].

90. En ese orden de ideas, la Sala recuerda que, en el presente asunto, la prueba del
valor calculado en la propuesta y el recaudo estimado en el flujo financiero proyectado
eran elementos indispensables para constatar si se desequilibró la ecuación
contractual -objeto de debate en esta instancia-, por lo que le correspondía al
concesionario demostrar esa información en el sub lite. Sin embargo, el demandante
no aportó dicha información al proceso, ni solicitó su decreto como prueba en primera
instancia. Por ende, en este caso, no se evidencia una situación particular que
conlleve a redistribuir la carga de la prueba para relevar al demandante de demostrar,
con los documentos idóneos, la equivalencia de prestaciones establecida por las
partes al momento de suscribir el contrato de concesión del 2 de septiembre de 1998.

91. También se advierte que la situación descrita no se enmarca en ninguno de los
eventos previstos en el artículo 213 del CPACA […], pues no se identifica ninguna
confusión puntual respecto del sinalagma contractual construido por las partes, sino
la ausencia de acreditación de este, debido a que la parte actora no cumplió con la
carga de probar los hechos que invocó en la demanda.

92. Así las cosas, […] se constata que con las pruebas aportadas al proceso no se
demostraron los elementos necesarios para determinar el valor del negocio -según lo
pactado en la cláusula segunda del negocio-. Adicionalmente, […] se reitera que el
recurrente no demostró la ruptura del sinalagma contractual establecido por las partes
al momento de suscribir el negocio jurídico, ni que ello haya ocurrido por no haberse
obtenido la retribución económica esperada. Por tal motivo, el primer cargo de
apelación debe ser despachado desfavorablemente, debido a que, con los
documentos alegados en el recurso de apelación, no se demostró el desequilibrio
económico y financiero del contrato.

44. De lo anterior se desprende que, contrario a lo afirmado por la accionante, la

autoridad judicial no descartó los medios de prueba invocados «afirmando que carecen
de “soporte” o “respaldo”, sin explicar por qué su contenido no es apto para reconstruir el estado
financiero del contrato». Por oposición, la Subsección A examinó individualmente

cada una de las pruebas y explicó, en cada caso, por qué no acreditaban la ruptura
del sinalagma contractual, cuando, como lo explicó desde el marco jurídico, le
correspondía a la parte que pretendía el restablecimiento probar «los elementos que
sirvieron de fundamento para construir el punto del equilibrio económico y financiero que se aduce
alterado». Estos elementos, según el contrato de concesión, consistían en la

estimación del valor de la propuesta y el flujo financiero proyectado.

16

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Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

45. A partir de esa premisa, la autoridad analizó cada prueba: (i) frente al flujo de

caja de diciembre de 2018, explicó que no ofrecía certeza sobre la metodología
de elaboración, sus insumos ni los soportes de los cálculos, y que las cifras del
déficit «no fueron corroboradas ni acreditadas por la entidad contratante ni por la interventoría» ,
por lo que se limitaba a un cálculo unilateral del propio concesionario; (ii) respecto
de las comunicaciones remitidas entre 2007 y 2017, señaló que no permitían
evidenciar las estimaciones iniciales de contraprestación, la afectación concreta
de la retribución ni los costos asumidos; (iii) sobre el acta del Trece (13) de
Febrero de Dos Mil Quince (2015), reconoció que ahí se dejó constancia de un
déficit de recaudo, pero precisó que de tal afirmación no se extraía la ruptura de
la ecuación contractual, porque, un mero desfase entre proyecciones y resultados
no configura, por sí solo, ruptura del equilibrio en un contrato de concesión, donde
el concesionario asume las variaciones ordinarias del negocio; y (iv) en cuanto a
los informes de la Contraloría, indicó que aquellos cuestionaban la gestión de la
entidad territorial e, incluso, advertían una utilidad desproporcionada generada a
favor del concesionario, pero «no detall[aron] o advirti[eron] un desbalance prestacional que
hubiese sido padecido por el contratista» .

46. De esta forma, se descarta que se haya incurrido en una omisión valorativa o

en una descalificación arbitraria de las pruebas, pues, se evidencia un juicio
motivado sobre la idoneidad probatoria de cada elemento. Así, la discrepancia de
la accionante no recae sobre la existencia de la valoración, sino sobre las
conclusiones a las que arribó esta Corporación, lo que no configura un defecto
fáctico.

47. Tampoco es cierto que la autoridad accionada haya desconocido el artículo 167

del CGP sobre la carga de la prueba. La Subsección A recordó que, por regla
general, «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen» , y que, si bien el juez puede redistribuir la carga

hacia quien esté en mejor posición de probar, ello procede a condición de que el
interesado «lo solicit[e] en las oportunidades correspondientes» .

48. Así las cosas, por un lado, la accionante no cumplió con aportar la información

sobre el valor calculado en la propuesta y el recaudo estimado en el flujo financiero
proyectado —elementos indispensables para constatar el desequilibrio—, ni solicitó
su decreto como prueba en primera instancia, de modo que, no operaba la inversión
de la carga probatoria reclamada. Por otro lado, tampoco se configuraba un
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

supuesto que impusiera el decreto oficioso de pruebas, comoquiera que la situación
no se enmarcaba en ninguno de los eventos del artículo 213 del CPACA, ya que no
existía «ninguna confusión puntual respecto del sinalagma contractual construido por las partes,
sino la ausencia de acreditación de este», derivada del incumplimiento de la carga

probatoria que correspondía también a la actora.

49. En consecuencia, la alegada asimetría probatoria no exime a la parte de su deber

de diligencia procesal. La facultad oficiosa del juez es complementaria, y no un
mecanismo para suplir la inactividad de quien tenía a su alcance la posibilidad de
solicitar oportunamente las pruebas. Se desprende que la sentencia acusada no
omitió precisar qué pruebas faltaban ni por qué no procedía el decreto oficioso. Al
contrario, la autoridad censurada adujo que los elementos indispensables eran la
estimación del valor de la propuesta y el flujo financiero proyectado conforme a la
cláusula segunda del contrato de concesión, y explicó por qué no se activaba la
facultad oficiosa del artículo 213 del CPACA.

50. Finalmente, sobre el referido desconocimiento del precedente horizontal,
contenido en las sentencias proferidas en los procesos con radicados núm.
54.81826 y 66.10627, la Sala no encuentra que la Subsección A haya desconocido
tales providencias que cita en su fallo, pues precisamente hizo alusión a lo dicho
ahí sobre el fundamento normativo de la teoría de la carga dinámica de la prueba
y los requisitos que deben reunirse para aplicarla. Por ende, la actora se refirió al
desconocimiento de un precedente que no es presentado por la sentencia
censurada como tal, sino como decisiones en las que se ha aplicado la carga
dinámica de la prueba, sin partir de supuestos fácticos similares. En
consecuencia, no se encuentra configurado el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, más aún cuando, como quedó
demostrado en los párrafos anteriores, la autoridad judicial justificó por qué no era
procedente la aplicación de una inversión de la carga de la prueba.

51. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01330-01
Accionante: Unión Temporal Tenorio García y Cía. Ltda. y Torres Vivas y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

III. DECISIÓN

52. Por las razones expuestas, comoquiera que, el presente asunto sí reviste
relevancia constitucional, pero no se probó la configuración de ninguno de los
defectos alegados en la tutela, lo procedente es revocar la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción para, en su lugar, negar el
amparo deprecado.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado, conforme
a la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19

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