República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01336-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01336-00 (2055)
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Daniel González Rayo contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
1. Síntesis del caso
El señor Daniel González Rayo, a través de apoderado, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, y
al principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 66001-33-33-003-2024-00207-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, índice 2.
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Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
2. El señor Daniel González Rayo es educador oficial ubicado en la categoría 3AM
del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de
2002.
3. El accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del municipio de Dosquebradas, el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e
injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a
docentes de la categoría 3DM» en detrimento de quienes, como él, se encontraban
en el escalafón 3AM.
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
sin número del 27 de febrero de 2024 y del 5 de marzo de 2024, respectivamente,
negaron el requerimiento del tutelante.
5. El señor Daniel González Rayo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, y el municipio de Dosquebradas con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, iii)
se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción.
6. El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 28 de
marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no advertía
que los decretos debieran inaplicarse, dado que la Constitución Política no le
imponía al Gobierno nacional realizar un aumento idéntico para todos los servidores
públicos, pues solo garantizaba que la remuneración representara una movilidad
ante la pérdida del poder adquisitivo.
7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de providencia del 4 de
septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300320240020700, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) DANIEL
GONZÁLEZ RAYO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente DANIEL GONZÁLEZ RAYO a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 3AM y 3DM, que se realizaron en los años 2008
y 2009, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3AM.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 3DM (44,89%) y 3AM (17,40%) respondían
a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica,
la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en
cuenta el principio de igualdad que regula los aspectos salariales.
12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.
13. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3AM y
3DM.
2.3. Trámite procesal
14.El despacho ponente, mediante auto del 25 de febrero de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, a la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, y vinculó en calidad de
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Samai, índice 5.
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terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, a la Nación, al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y al municipio de Dosquebradas.
2.4. Intervenciones
15. El Ministerio de Educación Nacional4 indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para responder por las pretensiones del tutelante, toda vez que su
inconformidad se dirige contra una providencia judicial, en cuyo trámite de
expedición no tuvo injerencia alguna.
16. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida que no se acreditó la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza estrictamente
económica. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.
17. El municipio de Dosquebradas5 solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela o, en su defecto, se negaran las pretensiones respecto de ese ente
territorial. Lo anterior, porque no se evidenciaba ninguna causal de nulidad que
ameritara un nuevo examen del proceso judicial, como tampoco la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
18. Pese a que no fue vinculada al presente trámite, la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda6 rindió informe en el que solicitó su desvinculación, y,
además, que se declarara improcedente la solicitud de amparo o negaran las
pretensiones, porque la inconformidad del actor recaía en un asunto que ya había
sido decidido por la jurisdicción contencioso-administrativa.
19. El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira remitió el expediente digital, pero
no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de
tutela.
20. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Daniel González Rayo contra la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
4
Samai, índice 11.
5
Samai, índice 13.
6
Samai, índice 17.
4
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3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa del señor Daniel González Rayo está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Risaralda, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.
24. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda solicitaron su
desvinculación, al considerar que la acción de tutela se dirigía contra una
providencia judicial y que no estaba llamada a responder por la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte accionante.
25. Al respecto, la Sala aclara frente al ministerio que su vinculación al presente
asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, por lo cual la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus
intereses. Por lo anterior, se negará su solicitud de desvinculación.
26. En cuanto a la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, se
advierte que no fue vinculada al presente trámite constitucional, por lo cual no
resulta procedente emitir pronunciamiento alguno frente a la solicitud de
desvinculación formulada.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.
28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5
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iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
30. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
32. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
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controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
33. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
34. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
35. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, fue notificada el 5 de septiembre siguiente15, y la demanda de tutela se
presentó el 20 de febrero de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.
36. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
37. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
15 Samai, exp. 66001-33-33-003-2024-00207-02, índice 11.
16 Samai, índice 1.
17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.4. Problema jurídico
39. ¿El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia del accionante al proferir la sentencia del 4 de septiembre
de 2025, mediante la cual confirmó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda promovida contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Dosquebradas, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial
derivada de los incrementos aplicados a los niveles 3AM y 3DM del escalafón
docente?
40. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
41. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.
42. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
43. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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44. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
45. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21
3.4.2. El defecto fáctico
46. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
47. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.
48. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9
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sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.
49. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.
50. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.
3.5. Caso concreto
51. En el asunto bajo estudio, Daniel González Rayo presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
y el municipio de Dosquebradas con el fin de que se dejaran sin efectos los oficios
sin número del 27 de febrero de 2024 y del 5 de marzo de 2024 y, en consecuencia,
se ordenara pagar la diferencia salarial derivada de los incrementos aplicados de
manera desigual a los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002,
específicamente entre los niveles 3AM y 3DM.
52. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, mediante
sentencia del 28 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Risaralda emitió fallo el 4 de
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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septiembre de 2025, en el que confirmó la providencia de primera instancia.
53. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 4 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.
54. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las
categorías 3AM y 3DM, que se realizaron para los años 2008 y 2009, pese a que,
en su criterio, tales diferencias carecían de justificación objetiva.
55. Asimismo, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque
pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3AM y 3DM.
56. Al respecto, se observa que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda en primer lugar, señaló que los fundamentos jurídicos
de la decisión correspondían a los expuestos en la sentencia del 24 de julio de 2025,
dictada por la Sala Tercera de Decisión de esa corporación, en el proceso radicado
núm. 66001-33-33-002-2024-00213-02.
57. Precisó que el precedente horizontal dictado por ese Tribunal recogía la
posición unánime de las diferentes Salas de Decisión, lo que hacía resumir y
parafrasear el análisis realizado por la sentencia hito. Además, indicó que el caso
que servía de fuente de solución para el concreto, los hechos y los supuestos
jurídicos eran «plenamente extrapolables», en consecuencia, resumió la posición
de la Sala Tercera de Decisión, así:
(i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento jurisprudencial de la
Corte Constitucional acerca del control de constitucionalidad difuso por parte del juez
ordinario señaló al final: «En ese orden, son dos los requisitos necesarios para la
aplicación de esta excepción: (i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente
contradictoria con los mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los
derechos fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no
exista pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o
de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto de la
cual se solicita aplicar la misma.»
(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley 115 de 1994 y
del Decreto 1278 de 2022 concluyó que «al ingresar al servicio docente un educador,
previa superación del período de prueba, es inscrito en el escalafón en el primer nivel
salarial (A), ingresa al grado que corresponda según la formación académica exigida.
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Y, para poder reubicarse en los niveles B, C y D, el docente deberá acreditar los años
de experiencia requeridos, así como la superación de la evaluación de competencias».
(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un análisis de las
normas constitucionales y legales, en especial el contenido de la Ley 4a de 1992, los
Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2008 y 714 de 2008, últimos
expedidos en los periodos de discusión. Se toman como base dos grados del escalafón
2BE y 2AE así: (…)
Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el incremento
salarial se hizo por encima del IPC del correspondiente año y, además, para el año
2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados para el ejercicio, sí se
presentó una diferenciación en el porcentaje de los salarios. Con todo, será el análisis
jurídico probatorio que se haga del caso particular que determinará si tal diferenciación
configura los vicios de nulidad de los actos acusados que alega la parte demandante.»
(i) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder adquisitivo que
tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a la sentencia C1433 de 2000 de la Corte
Constitucional y la expedida por el Consejo de Estado de fecha 28 de junio de 2012
bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-02260 01(0584-10), y el 15 de septiembre de
2016 con radicado 76001-23-31-000 2005- 04234-01(1204-12). Finalmente, se
concluye: «se establece que todos los empleados públicos tienen un derecho general
a que su salario sea incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder
adquisitivo ante la inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la
constitución, que garantiza un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha sostenido de manera reiterada que ningún derecho es absoluto y que,
en determinadas circunstancias y cumpliendo con criterios específicos, puede haber
limitaciones. Así ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de mantener el poder
adquisitivo, puesto que, como no podría hablarse de iguales ante los efectos del
fenómeno inflacionario, es aceptable que algunos puedan recibir un incremento salarial
mayor que otros; y para determinar el criterio de diferenciación, la Corte Constitucional
señaló que un ingreso medio o justo medio constituye un criterio aceptable para
diferenciar qué empleados gozan de esa protección reforzada del derecho en mención.
Se recuerda, este justo medio ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios
mínimos, de modo que quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto
de limitación del derecho, siempre que se cumplan con otros parámetros de justificación
y razonabilidad; mientras que, si el empleado devenga una suma inferior se convierte
en sujeto de protección reforzada, y por ende el incremento de su salario no podrá ser
inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con el objeto de mantener su poder
adquisitivo de forma real.»
(ii) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe estar
soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo cual,
no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere probar
aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la contraparte,
actividad que se surte también con los medios legales de prueba.
(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su definición por parte de la
Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con este constructo epistémico-
metodológico en los dos niveles señalados, resulta posible determinar si existe
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realmente una diferencia de trato entre personas o situaciones perfectamente análogas
y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la
norma ―junto con la medida que ella establece― se justifica por ser compatible tal
criterio de diferenciación con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe
ser reprochada tal diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la
contiene retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad
abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»
58. A partir de lo anterior, concluyó que la parte demandante no probó las causales
de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los
docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial, para los años
2008, 2009 y 2011, toda vez que no existía un imperativo normativo o jurisprudencial
para predicar que existía la obligación de aumentos iguales.
59. En ese contexto, se observa que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda de ninguna manera realizó una interpretación sesgada a la normativa
aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio;
por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre
la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
60. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues como se ha reconocido
en casos con similares supuestos fácticos30, la postura adoptada encuentra
fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el cual
faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los
siguientes términos:
«El Gobierno nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].
61. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»31.
30 Sentencias del 2 de febrero de 2026, proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752), del
9 de febrero de 2026, proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-00080-00 (103).
31
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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62. En consecuencia, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
63. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
64. Por lo expuesto, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia en su
contenido un análisis arbitrario o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y
fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo invocada por el accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Daniel González Rayo
contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
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