Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01336-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01336-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01336-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Modifica el fallo de primera
instancia.
La Sala decide la impugnación1 presentada en calidad de convocante, por Daniel
González Rayo en contra del fallo de tutela proferido el 24 de marzo de 20262 por
la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 20 de febrero de 20263, el accionante radicó acción de tutela4 en procura de la
protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como del principio de
favorabilidad, los cuales considera vulnerados con la providencia proferida el 04 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación
66001-33-33-003-2024-00207-02.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 23, con certificado
D07DDB3F5C22A8BB 03EFD8989833431D 67EED3F3A4E5941D 835567D2A868167D, del expediente de
primera instancia.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 18, con certificado 8A4C08DA7BFCB045
17313A8D9AD30901 6362E091698C9423 9DE3A28BED7E7139, ibíd.
3 Obra en el índice 1 de SAMAI, ibíd: “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes,
20 de febrero de 2026 con secuencia: 2061”.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
3253C266CA64D537 30B4006BC13028E1 E6E962B50CAA6CE7 30357BC8162C27AA, ibíd.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
1.2.- Hechos
1.2.1.- La parte demandante ostenta la calidad de docente oficial en la categoría
3AM del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
1.2.2.- Tras la incorporación de los primeros docentes bajo el Decreto Ley 1278 de
2002 y la fijación de la tabla salarial mediante el Decreto 1313 de 2005, los
incrementos de los años 2005, 2006 y 2007 se realizaron de forma proporcional
para todos los escalafones. No obstante, en los años 2008 y 2009, a través de los
Decretos 624, 714 y 1407, se efectuaron aumentos de manera indiscriminada que
beneficiaron en mayor medida al grado 3DM frente al grado 3AM, puesto que la
categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento acumulado en su
salario del 52,56%, mientras que la categoría 3AM únicamente obtuvo un
incremento total del 35,81%, lo que refleja una diferencia negativa de 16,75 puntos
porcentuales en perjuicio de esta última.
1.2.3.- Esta disparidad en la base salarial de 2008 y 2009 afectó los emolumentos
percibidos por el señor González Rayo, toda vez que, aunque en dicho periodo los
incrementos anuales fueron iguales para ambas categorías, se aplicaron sobre una
base previa injustificadamente inferior para el grado 3AM. En consecuencia, el
afectado elevó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación de Dosquebradas (Risaralda), en la que solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales e injustificados decretados para los años 2008 y 2009, la cual fue
resuelta de forma negativa5.
1.2.4.- Con base en los hechos descritos, Daniel González Rayo, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicó demanda6 para
que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Dosquebradas
(Risaralda), mediante los cuales le negaron las solicitudes mencionadas
5 A folios 49-74 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0D02D3AE25A8C39A
DCD57E6138BE0DC9 BB0318EBC0DBD9EC BE4783577259BF0D, ibíd.
6 A folios 1-43 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0D02D3AE25A8C39A
DCD57E6138BE0DC9 BB0318EBC0DBD9EC BE4783577259BF0D, ibíd.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
anteriormente. Además, solicitó que se inaplicara el Decreto No. 284 del 5 de marzo
de 2024 y, a título de restablecimiento, se ordenara el pago de las diferencias
salariales causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación
de la reclamación administrativa, en virtud de la configuración del fenómeno
prescriptivo, así como de las que se causen hacia el futuro. El proceso le
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira
bajo el radicado 66001-33-33-003-2024-00207-00/02.
1.2.5.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 28 de marzo de 20257, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que las disposiciones normativas
puestas en consideración no vulneran la Constitución ni la ley y que, por el contrario,
la constitución política no le impone al Gobierno Nacional realizar un aumento
idéntico para todos los servidores públicos, pues solo garantiza que la
remuneración represente una movilidad ante la pérdida de poder adquisitivo,
conforme al principio de progresividad, que no es materia de estudio en esta
oportunidad.
Asimismo, consideró el Juzgado que la única cualidad que une al demandante con
los demás escalafones es su nombramiento como docente, sin que se allegara
ningún documento que permitiera evidenciar que se encuentra en igualdad de
condiciones y, por el contrario, se puede establecer claramente que existen criterios
objetivos que diferencian el escalafón al cual pertenece el docente de aquel con el
que solicita se equipare.
1.2.6.- Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
decisión referida. Por providencia del 04 de septiembre de 2025 8 , el Tribunal
Administrativo de Risaralda confirmó la sentencia atacada y desestimó la
posibilidad de inaplicar por ilegalidad aquella normativa que sentó una base salarial
para los incrementos sucesivos para el grupo de docentes referido.
7 Obra providencia a folios 1-22 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
B9AD06DD46D82C3A D97F6A1AF295C0A1 D85167F5201D3257 9CF411C0359D7206, ibíd.
8 Obra providencia a folios 23-31 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
B9AD06DD46D82C3A D97F6A1AF295C0A1 D85167F5201D3257 9CF411C0359D7206, ibíd.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
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1.2.7.- El Tribunal, para resolver el caso en concreto, acogió los fundamentos
jurídicos expuestos en la sentencia del 24 de julio de 2025 dictada por la Sala
Tercera de Decisión de esa misma Corporación en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-002-2024-00213-02,
M.P. Andrés Medina Pineda. En su criterio, en ella se recoge la posición mayoritaria
y unánime respecto de asuntos similares al aquí analizado.
1.2.8.- En tal sentido, consideró el ad quem que la parte demandante no probó las
causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de
los docentes ubicados en diferente grado de escalafón y nivel salarial para los años
2008, 2009 y 2011, ya que no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y,
por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que
existía la obligación de realizar aumentos iguales.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante alegó que la sentencia del 04 de septiembre de 2025 incurrió
en un defecto sustantivo. Ello, debido a que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución
Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.
Considera el actor que la providencia desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad y del mandato de progresividad, al asimilar el debate a una
comparación abstracta entre grados del escalafón. Lo anterior, en lugar de verificar
si existían razones objetivas y constitucionalmente válidas para justificar un
incremento salarial tan dispar en un mismo año para categorías que, si bien son
diferentes en requisitos, comparten la misma fuente de regulación y están sujetas
a un régimen salarial unitario establecido por la Ley 4 de 1992.
Asimismo, el señor González Rayo señaló que el ad quem incurrió en un defecto
fáctico por realizar una valoración indebida de las pruebas respecto al debate
jurídico planteado, toda vez que no se allegó ningún elemento que demostrara la
existencia de motivos válidos para justificar el incremento salarial
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
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desproporcionado. En consecuencia, se dio un trato inequitativo que generó
incertidumbre sobre la legitimidad y la justificación de la decisión administrativa que
avaló ese aumento.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la
sentencia proferida el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente
radicado bajo número 66001333300320240020700, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) DANIEL GONZALEZ
RAYO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso
y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular del (la) docente DANIEL GONZALEZ RAYO a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico”9.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto10 del 25 de febrero de 2026, la Sección Segunda – Subsección
B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó la notificación de las
partes y vinculó, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al municipio de Dosquebradas
(Risaralda) y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira.
9 Folios 2 y 3 del certificado 3253C266CA64D537 30B4006BC13028E1 E6E962B50CAA6CE7
30357BC8162C27AA, índice 2, ibíd.
10 Obra auto en el índice 5, con certificado EF9611283D3A9A61 4B1D08D531DA046F 26ADEBBEB3E63C8C
30A3A9E6ADD50101, ibíd.
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2.2.- El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira 11
remitió el expediente digital, pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron
la interposición de la acción de tutela.
2.3.- El municipio de Dosquebradas 12 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, se negaran las pretensiones respecto de ese ente
territorial. Lo anterior, porque no se evidenciaba ninguna causal de nulidad que
ameritara un nuevo examen del proceso judicial, como tampoco la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso. Sumado a ello, para el ente territorial la
acción carece de relevancia constitucional y tampoco cumple con el requisito de
inmediatez.
2.4.- El Ministerio de Educación Nacional 13 señaló que este caso no supera el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto no se evidencia una afectación a
los derechos fundamentales o garantías procesales que comprometan gravemente
la existencia o supervivencia de la parte actora, razón por la cual la acción debe ser
declarada improcedente.
2.5.- El Tribunal Administrativo de Risaralda y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no intervinieron, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia14
del 24 de marzo de 2026, negó el amparo. La Sala consideró que la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia en su
contenido un análisis arbitrario o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
11 Obra link del expediente en el índice 10, certificado 1E0D18A758B62494 68C1621224C4C37A
CCB3B08A5F8621E0 1D8A4C07A6930E94, Ibíd.
12 Obra respuesta en el índice 13, certificado 76BC22021188AA32 70D8F687FE5F0E26 74DBAA89272BB6D5
A86C70640F61A20E, ibíd.
13 Obra respuesta en el índice 11, certificado 4BCA029BD7EC52C5 681167586F33D0E5
0DAED4F0878AA9B4 CAD186F6381758F3, ibíd.
14 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 18, con certificado 8A4C08DA7BFCB045
17313A8D9AD30901 6362E091698C9423 9DE3A28BED7E7139, ibíd.
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constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo
y fáctico que exijan la intervención del juez de tutela.
El a quo constitucional manifestó que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de
tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido
sus garantías constitucionales.
Finalmente, en el fallo se determinó que no es de recibo que la parte actora
pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia
adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de
obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, el accionante presentó impugnación15. Reiteró
que la providencia del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto
sustantivo porque adoptó una interpretación abiertamente irrazonable y
desproporcionada del artículo 13 de la Constitución, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002, y omitió aplicar el precedente constitucional vinculante
fijado en la sentencia C-1064 de 2001. Para el actor, el defecto sustantivo se
configura porque la providencia demandada desconoció el alcance del principio de
igualdad y del mandato de progresividad salarial, al aceptar como justificada
cualquier diferenciación entre categorías del escalafón, sin verificar si existían
razones objetivas que permitieran un incremento tan dispar en un mismo año para
grados sometidos a un régimen salarial unitario previsto en la Ley 4 de 1992.
Asimismo, insistió en la configuración de un defecto fáctico, debido a que la
autoridad judicial accionada adoptó su decisión sin prueba alguna que acreditara la
15 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 23, con certificado
D07DDB3F5C22A8BB 03EFD8989833431D 67EED3F3A4E5941D 835567D2A868167D, ibíd.
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existencia de motivos válidos que justificaran los incrementos diferenciados;
tampoco se allegaron estudios, informes o conceptos que demostraran la
necesidad de una medida tan disímil. La sentencia, no obstante, validó esta
diferencia basándose en inferencias genéricas sobre formación y experiencia, sin
fundamento probatorio alguno.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del
fallo de tutela proferido el 24 de marzo de 2026 por la Sección Segunda –
Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No.
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad 16 y de procedencia 17, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”18.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber 19 : (i) que el actor cumpla con su carga
argumentativa y justifique suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la
transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 20 , al
pronunciarse sobre el requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
accionada (i) incurrió en un defecto sustantivo al adoptar una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución, de
la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, y al omitir la aplicación del
precedente constitucional vinculante fijado en la sentencia C-1064 de 2001; (ii)
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al no acreditarse
una justificación técnica sobre la disparidad de los incrementos; y (iii) vulneró sus
derechos fundamentales al convalidar una medida regresiva y discriminatoria.
4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte
actora no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además
de no haberse explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el Tribunal Administrativo de Risaralda en
el proceso No. 66001-33-33-003-2024-00207-02, como si la acción de tutela fuera
una instancia adicional a ese trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 04 de septiembre de
2025, se dilucida el siguiente análisis textual:
“Como ya se ha indicado en acápite 6.1.1. obra precedente horizontal proferido
por este Tribunal, que recoge la posición no solo mayoritaria sino unánime de
las diferentes Salas de Decisión, lo que hace del caso solo resumir y
parafrasear el juicioso análisis efectuado en esa sentencia hito. El caso que
sirve de fuente a la solución del sub lite, los hechos, los supuestos jurídicos son
plenamente extrapolables; es así como, en resumen, la Sala Tercera de
Decisión de este Tribunal contestó cada uno de los argumentos de la apelación
allí surtida, y que se puede resumir así:
(i) Excepción de inconstitucionalidad, Luego de hacer un recuento
jurisprudencial de la Corte Constitucional acerca del control de
constitucionalidad difuso por parte del juez ordinario señaló al final: «En ese
orden, son dos los requisitos necesarios para la aplicación de esta excepción:
(i) que la norma de inferior jerarquía sea ostensiblemente contradictoria con los
mandatos constitucionales, de manera que afecte o vulnere los derechos
fundamentales de alguna de las partes en el caso concreto. Y, (ii) que no exista
pronunciamiento judicial de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional o
de legalidad por el Consejo de Estado, según el caso, sobre la norma respecto
de la cual se solicita aplicar la misma.»
(ii) Del escalafón docente, después de reseñar el contenido de la Ley
115 de 1994 y del Decreto 1278 de 2022 concluyó que «al ingresar al servicio
docente un educador, previa superación del período de prueba, es inscrito en
el escalafón en el primer nivel salarial (A), ingresa al grado que corresponda
según la formación académica exigida. Y, para poder reubicarse en los niveles
B, C y D, el docente deberá acreditar los años de experiencia requeridos, así
como la superación de la evaluación de competencias».
(iii) Régimen salarial y prestacional de los docentes: Se efectúa un
análisis de las normas constitucionales y legales, en especial el contenido de
la Ley 4a de 1992, los Decretos Ley 1278 de 2002, 634 de 2007, 624 de 2088
y 714 de 2008, últimos expedidos en los periodos de discusión. Se toman como
base dos grados del escalafón 2BE y 2AE así
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Accionante: Daniel González Rayo
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(…)
Frente a lo cual se arriba a la siguiente conclusión: «en ambos períodos el
incremento salarial se hizo por encima del IPC del correspondiente año y,
además, para el año 2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados
para el ejercicio, sí se presentó una diferenciación en el porcentaje de los
salarios. Con todo, será el análisis jurídico probatorio que se haga del caso
particular que determinará si tal diferenciación configura los vicios de nulidad
de los actos acusados que alega la parte demandante.»
(iv) Incremento Salarial de los Empleados Públicos. Se explica el poder
adquisitivo que tiene derecho el trabajador, haciendo alusión a la sentencia C-
1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la expedida por el Consejo de Estado
de fecha 28 de junio de 2012 bajo el radicado 05001-23-31-000-2001-02260
01(0584-10), y el 15 de septiembre de 2016 con radicado 76001-23-31-000
2005-04234-01(1204-12). Finalmente, se concluye: «se establece que todos
los empleados públicos tienen un derecho general a que su salario sea
incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante la
inflación. Este derecho se fundamenta en el artículo 53 de la constitución, que
garantiza un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte Constitucional
ha sostenido de manera reiterada que ningún derecho es absoluto y que, en
determinadas circunstancias y cumpliendo con criterios específicos, puede
haber limitaciones. Así ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de
mantener el poder adquisitivo, puesto que, como no podría hablarse de iguales
ante los efectos del fenómeno inflacionario, es aceptable que algunos puedan
recibir un incremento salarial mayor que otros; y para determinar el criterio de
diferenciación, la Corte Constitucional señaló que un ingreso medio o justo
medio constituye un criterio aceptable para diferenciar qué empleados gozan
de esa protección reforzada del derecho en mención. Se recuerda, este justo
medio ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos, de modo
que quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto de
limitación del derecho, siempre que se cumplan con otros parámetros de
justificación y razonabilidad; mientras que, si el empleado devenga una suma
inferior se convierte en sujeto de protección reforzada, y por ende el incremento
de su salario no podrá ser inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con
el objeto de mantener su poder adquisitivo de forma real.»
(v) De la Carga de la Prueba. Se sostiene que toda decisión judicial debe
estar soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso,
por lo cual, no basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se
requiere probar aquellos supuestos, y desvirtuar incluso las pruebas allegadas
por la contraparte, actividad que se surte también con los medios legales de
prueba.
(vi) Principio de igualdad. De manera posterior a exponer sobre el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, así como su
definición por parte de la Corte Constitucional, se precisa «...de acuerdo con
este constructo epistémico-metodológico en los dos niveles señalados, resulta
posible determinar si existe realmente una diferencia de trato entre personas o
situaciones perfectamente análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato
desigual se encuentra justificado, en cuyo caso la norma ―junto con la medida
que ella establece― se justifica por ser compatible tal criterio de diferenciación
con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada
tal diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la contiene
retirada del ordenamiento jurídico (en un examen de constitucionalidad
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control concreto y difuso de
constitucionalidad); aspecto que será abordado más adelante, en el acápite
correspondiente al análisis del caso que convoca.»
Conclusión: Bajo tal panorama, la Sala encuentra que la parte demandante
no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en relación con los
aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente grado de escalafón
y nivel salarial, para los años 2008, 2009 y 2011, de conformidad con las
razones expuestas en las presentes consideraciones; ya que, como se explicó
no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existe
un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que existía la obligación
de aumentos iguales”21.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Risaralda analizó la controversia y desestimó la tesis de la parte actora con
fundamento en argumentos razonables que habían sido construidos en un caso
idéntico, concretamente la sentencia del 24 de julio de 2025, dictada por la Sala
Tercera de Decisión de esa misma Corporación, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-002-2024-00213-02.
En tal sentido, se refirió a la excepción de inconstitucionalidad, al escalafón
docente, así como al régimen salarial y prestacional del magisterio, al incremento
salarial de los empleados públicos, a la carga de la prueba y al principio de igualdad.
Todos estos son asuntos relacionados con el presente caso, que permitieron
concluir que la parte demandante no probó las causales de nulidad sustancial
alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en
diferente grado de escalafón y nivel salarial para los años 2008, 2009 y 2011. Ello
por cuanto, como se explicó, no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad
y, por lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que
existía la obligación de aumentos iguales.
Todo lo anterior permite dilucidar que el Tribunal atendió con suficiencia las
observaciones del peticionario, quien infortunadamente pretende utilizar la tutela
como si se tratara de una instancia adicional. En este orden de ideas, y en atención
a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe
acotar que no basta con manifestar inconformidades respecto a las decisiones
21 A folios 27-29 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado B9AD06DD46D82C3A
D97F6A1AF295C0A1 D85167F5201D3257 9CF411C0359D7206, ibíd.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales
de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de
mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.
4.6.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica. En razón de lo cual, es concebida como un “juicio de validez” y no como
un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada22. Esto se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el
juez de la causa23.
5.- En consecuencia, se observa que los cargos formulados en la solicitud de
amparo no satisfacen el requisito general de relevancia constitucional, razón por la
cual la acción de tutela resulta improcedente. En ese orden, se procederá a
modificar la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 24 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente el amparo de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
22 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01336-01
Accionante: Daniel González Rayo
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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