Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01340-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01340-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01340-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01340-00
Accionante: Javier Guillermo Vela Sánchez
Accionados: Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Temas: Derechos al debido proceso, vivienda y familia, entre otros. Tutela
contra fallo de la misma naturaleza. DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Javier Guillermo Vela
Sánchez, en contra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vivienda, a la familia, «a la solidaridad» y la no «esclavitud», los cuales
estima vulnerados con las sentencias del 24 de junio y 12 de julio de 2024,
proferidas, respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas, en la acción
de tutela con radicado 11001-33-34-006-2024-00295-00 [01].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Narró el actor que interpuso acción de tutela en contra del Fondo Nacional del
Ahorro (FNA), por presunta violación de los derechos fundamentales a la vivienda
digna, a la igualdad, a la dignidad humana, «a la no explotación y esclavitud en
cualquiera de sus formas en este caso económica» y «a la propiedad privada
integral de la familia», porque presuntamente el Fondo cambió las condiciones del
crédito hipotecario y negó la solicitud de pasar la obligación de UVR a pesos y
reducir el pago conforme a la Ley 546 de 1999.
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El Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia del 24 de junio de
2024 negó el amparo invocado, con fundamento en que las condiciones del crédito
siguen siendo las pactadas y para acceder al cambio de sistema de amortización,
el actor debe ponerse al día con el pago de la obligación. El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en providencia del 12 de julio de la misma anualidad confirmó la
decisión.
Afirma el accionante que las autoridades judiciales en las decisiones citadas no
protegieron los derechos fundamentales vulnerados por el FNA «durante estos 13
años de crédito, de procesos, de solicitudes, de reliquidación y cambio de U.V.R A
pasos [sic] como lo ordena la ley para los créditos que han sido afectados por este
sistema». Además, dijo que:
«[…] No se delibero [sic] el tema con la importancia y relevancia que
afecta la situación.
3 Se desconocieron mandatos superiores relevantes al tema y su
reincidencia.
4 No se estudio [sic] el desacato al complimiento [sic] de la ley de
vivienda, adjetivos alcances y funciones de dicha ley.
5 No se tubo [sic] en cuenta la amplia jurisprudencia existente sobre
posición dominante y abusos del fondo nacional con los consumidores
financieros de créditos hipotecarios
6 Se omitió el articulo [sic] 8 de la ley [sic] 31 de 1992 que determina que
la moneda legal colombiana es el peso en denominaciones de billetes y
monedas emitidos por el banco de la republica [sic] con poder liberatorio,
en ningún momento nombra el U.V.R con poder liberatorio».
Cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T 251 de 1995; C 955 y C
1140 del 2000; T 1085 de 2002; T 083, T 141 y T 822 del 2003; T 212 y T 793 de
2004; T 212, T 611 y T 626 del 2005; T 419, T 899 y T 1063 del 2006; T 276 y T 823
del 2008; T 865 y T 865 del 2010; T 405 de 2012; T 328 de 2014 y SU 041 de 2020,
que tratan sobre la reliquidación de los créditos hipotecarios.
PRETENSIONES
Solicita lo siguiente:
• Que se dejen sin efectos los fallos del 24 de junio y 12 de julio de 2024, proferidos,
respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas.
-Se reliquide el crédito hipotecario en su totalidad en pesos y establecer cuota fija.
• Se cancele la hipoteca «por el cobro de lo no debido, aplicando la totalidad de cada
cuota realizada hasta la fecha, sin distribuciones y descuentos ficticios que
disminuyen el capital pagado».
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• Se eliminen los cobros por gastos de cobranza y se genere el extracto total del
crédito «sumado con sus valores reales pagados en cada cuota hasta la fecha sin
distracciones y enredos».
• Se entregue paz y salvo del crédito «de cada proceso y de cada acuerdos
realizados [sic] eliminando el historial de reportes negativo el [sic] las entidades de
centrales de riesgo».
TRÁMITE DEL PROCESO
El 26 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela, se vinculó como tercero
interesado al Fondo Nacional del Ahorro y se ordenó la notificación de las
autoridades judiciales accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C narraron las
actuaciones que adelantaron en la tutela con radicado 11001-33-34-006-2024-
00295-00 [01] e indicaron que esta acción constitucional no resulta procedente, en
la medida que el actor no acreditó la existencia de la cosa juzgada fraudulenta.
Adicionalmente, el Tribunal señaló que la acción tampoco satisface el requisito de
la inmediatez.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Fondo Nacional del Ahorro informó que el actor es beneficiario de un crédito
hipotecario por valor de $42.275.305, el cual se encuentra vencido. En los años
2016 y 2017 negó solicitud de cambio de condiciones iniciales de UVR a pesos, por
incorrecto diligenciamiento de formatos y por no cumplir con el perfil de riesgo
requerido.
Adujo que el Fondo no le ha ocasionado al accionante ningún daño, ni es
responsable de la supuesta violación de derechos fundamentales que alega el
tutelante. Razón por la cual pidió que se «declare improcedente la acción de tutela».
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
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Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales4.
Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Javier Guillermo Vela Sánchez alega que el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C transgreden sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la vivienda, a la familia, «a la solidaridad» y «a la esclavitud», con
las sentencias del 24 de junio y 12 de julio de 2024, proferidas, respectivamente,
dentro de la acción de tutela con radicado 11001-33-34-006-2024-00295-00 [01].
En aquella oportunidad el juez constitucional de segunda instancia confirmó la
decisión del a quo que negó la solicitud de amparo, al constatar que no se probó
que el Fondo Nacional del Ahorro hubiera cambiado o modificado el sistema de
amortización pactado en el crédito de hipoteca, esto es, decreciente mensual en
UVR, el cual puede incrementar a anualmente con ocasión del fenómeno de la
3 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y
T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
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inflación.
En relación con la negativa de cambiar las condiciones iniciales del crédito
hipotecario, pasar de UVR a pesos, el Tribunal dijo que el FNA estableció un
proceso y procedimiento para el cambio y el actor no satisface los requisitos, pues
no está al día con el pago de la deuda y no tiene el perfil de riesgo establecido por
la entidad.
Conforme a lo expuesto el Tribunal coligió que no es posible llegar a la conclusión
de que la entidad hubiese engañado al actor y tampoco se acreditó que se hubieran
cambiado las condiciones de la línea de crédito pactada.
Al revisar los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, encuentra la Sala que:
La tutela anterior fue interpuesta en contra del Fondo Nacional del Ahorro, y la
presente acción en contra del Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
La causa petendi tampoco es igual, porque el argumento para solicitar el amparo en
la acción anterior consistió en la inconformidad del señor Vela con la negativa del
FNA de cambiar las condiciones del crédito hipotecario ye el fundamento en esta
oportunidad, es que las autoridades judiciales accionadas negaron el amparo
invocado sin tener en cuenta que existe una posición dominante y supuesto abuso
por parte del Fondo hacia «los consumidores financieros de créditos hipotecarios».
Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea
producto de fraude, no se encuentra superado ya que, se reitera, el accionante no
planteó argumento alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta,
pues los reparos que expuso se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez constitucional de primera y segunda instancia, como si se
tratara de una nueva etapa de la acción anterior, sin que en ningún momento
exponga sobre la existencia de dicho fenómeno.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
Además, valga mencionar que la acción de tutela se presentó el 20 de febrero de
2026, es decir, cuando habían transcurrido, mucho más de seis meses desde la
notificación de la providencia de segunda instancia. Es más, pasaron un año y cinco
meses desde la notificación de la providencia que dispuso no seleccionar para
revisión la decisión cuestionada, por lo que no se satisface el presupuesto de la
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inmediatez, que ha estimado como razonable esta corporación5.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela contra las sentencias
del 24 de junio y 12 de julio de 2024, por no acreditarse el presupuesto de la cosa
juzgada fraudulenta y no cumplirse el de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Javier Guillermo Vela Sánchez, conforme a la parte motiva de la providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
5 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
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