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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01340-01

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01340-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Javier Guillermo Vela Sánchez contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01 Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01340-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de mayo del dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

Temas: Tutela contra sentencia de tutela
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Javier Guillermo Vela Sánchez, en
contra de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Javier Guillermo Vela Sánchez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la familia y a la vivienda
digna, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el
24 de junio y 12 de julio de 2024, por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, respectivamente, en la solicitud de amparo identificada con el radicado
11001-33-34-006-2024-00295-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio de la solicitud de tutela presentó demanda en contra del Fondo
Nacional del Ahorro 2 , con la finalidad de lograr el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la familia, a la vivienda digna, «a la solidaridad»
y a la no «esclavitud», los cuales consideró vulnerados con ocasión a la negativa de
la entidad de liquidar y cambiar las condiciones del crédito de Unidad de Valor Real3

1
Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante FNA.
3 En adelante UVR.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

a pesos cuota fija. Lo anterior, causó que el crédito hipotecario que adquirió en 2012,
en el cual se había pactado como una cuota decreciente cíclica en UVR, no haya
disminuido sino aumentado debido a la capitalización de intereses sobre la deuda
inicial. En este sentido, existió una vulneración del artículo 20 de la Ley 546 de 1999,
respecto a la obligación de usar contratos estandarizados y transparentes.

2.3 El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia del
24 de junio de 2024 negó la petición de amparo, por no haber encontrado probado
que las condiciones originales del crédito hayan sido modificadas por el FNA. De
manera que, el sistema de amortización de cuota decreciente cíclica en UVR pactado
en 2012 se mantuvo vigente tal como fue acordado. Máxime cuando el aumento
progresivo de las cuotas en pesos no constituyó un engaño sino una consecuencia
natural y conocida del sistema UVR, que es decreciente, pero aumenta en pesos por
efecto de la inflación, información que además le fue comunicada en múltiples
oportunidades. Dicha decisión fue impugnada.

2.4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en
sentencia del 12 de julio de 2024 confirmó la decisión del a quo al considerar que no
se acreditó una modificación en el sistema de amortización pactado. Además, que la
determinación de no modificar las condiciones del crédito financiero se debió a que
no cumplía con el perfil de riesgo requerido, por encontrarse en mora con el FNA,
razón por la cual, no existió ningún tipo de engaño o arbitrariedad por parte de la
entidad, pues fue el demandante el que escogió el sistema de amortización desde el
inicio.

2.5 Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en desconocimiento del precedente constitucional respecto al cobro de
intereses sobre intereses y el abuso de una posición dominante 4 . Asimismo, se
incurrió en defecto sustantivo por desconocer el contenido de la Ley 546 de 1999.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1 QUE SE ANULEN LOS DOS FALLOS ANTERIORES
2 QUE SE RELIQUIDE EL CREDITO EN SU TOTALIDAD EN PESOS y cuota fija
3QUE SE CANCELE LA HIPOTECA POR EL COBRO DE LO NO DEBIDO, aplicando la
totalidad de cada cuota realizada hasta la fecha, sin distribuciones y descuentos ficticios
que disminuyen el capital pagado. Ya que a la fecha se ha pagado un capital $
4 QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE NO SE REPITAN MAS
VIOLACIONES DE POSICION DOMINANTE Y DERECHOS como lo han ordenado las
diferentes sentencias en sus fallos.
5 – Que se apliquen los pagos realizados en los diferentes acuerdos, cuotas al capital del
crédito sin condiciones y posición dominante e igualdad de condiciones.

4 Al respecto citó las sentencias T-822/03, T-823/08 y T-865/10.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

6 Que se eliminen los supuestos gastos de cobranzas, por el cobro de lo no debido, EL
parágrafo 3 del artículo 29 de la ley 546 ordena suspender procesos de créditos
hipotecarios que hayan solicitado su reliquidación hasta que se aplique dicha
reliquidación.
7 Que se genere el extracto total del crédito sumado con sus valores reales pagados en
cada cuota hasta la fecha sin distracciones y enredos.
8 Que se entreguen los pací salvos del crédito, de cada proceso y de cada [uno de los]
acuerdos realizados eliminando el historial de reportes negativo el las entidades de
centrales de riesgo
9 Estas pretensiones basadas en algunas jurisprudencia[s] como por ejemplo la sentencia
T – 448 se 2010 que reitera la protección constitucional en procesos ejecutivos
hipotecarios y la protección a la población vulnerable del sistema financiero
Sentencia T-141 de 2003 que sanciona a las entidades financieras por su posición
dominante, violación de derechos fundamentales, consideró inaceptable la forma de
administrar justicia por su propia cuenta la[s] entidades financieras […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5 solicitó que
se declarara improcedente la petición de amparo, por tratarse de tutela contra tutela
y no encontrarse enmarcada dentro de las causales de procedencia excepcional,
tales como la cosa juzgada fraudulenta, la vulneración de derechos fundamentales
dentro del proceso antes de proferir sentencia o dentro del trámite de incidente de
desacato.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C6 requirió que se declarara improcedente la petición de amparo por tratarse de tutela
contra tutela. Además de que no se encontró acreditado que existiera cosa juzgada
fraudulenta, contrario a ello el fallo se profirió acorde a derecho. Aunado a lo anterior,
tampoco satisfizo el requisito general de inmediatez.

6. El Fondo Nacional de Ahorro 7 se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que no era cierto que se le haya generado un daño al demandante, así
que no existió la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por
consiguiente, la presente solicitud de amparo no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional al centrarse en un aspecto meramente económico.

5 Ver índice 11 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RespuestaAT0260134(.pdf) NroActua 11».
6 Ver índice 12 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«14RECIBEMEMORIAL_ALCANCERTATUTELA2026(.pdf) NroActua 12.pdf».
7 Ver índice 13 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-JAVIERGUILLERMOVEL(.pdf) NroActua 13.pdf».
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

1.3. Sentencia de primera instancia8

7. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 12 de
marzo de 2026 declaró improcedente la solicitud de amparo por cuanto se dirigió
contra una sentencia de tutela y no se acreditó la existencia de fraude que habilitara
de manera excepcional su procedencia, pues el demandante se limitó a presentar su
inconformidad con el fallo por ser adverso a sus intereses.

8. Asimismo, por cuanto no acreditó el requisito general de la inmediatez, pues la
solicitud de amparo se presentó el 20 de febrero de 2026, cuando ya había
transcurrido 1 año y 5 meses desde que se notificó la decisión cuestionada, lo cual
superaba el término de 6 meses considerado razonable en la presente Corporación.

1.4. Escrito de impugnación9

9. Javier Guillermo Vela Sánchez impugnó la decisión del a quo, donde reiteró los
argumentos del escrito inicial.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

8 Ver índice 16 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«22Sentencia_11110010315000202601(.pdf) NroActua 16.pdf ».
9 Ver índice 20 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«27RECIBEMEMORIAL_2inpunacionCONSEJODE(.docx) NroActua 20 ».
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-

200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13 . Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 14 , adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

12. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 16, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos

13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

15. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la
solicitud de tutela presentada por Javier Guillermo Vela Sánchez es procedente en
razón a que la decisión cuestionada es de similar naturaleza?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva - tutela contra sentencia
de similar naturaleza

16. La solicitud de tutela contra sentencias proferidas en asuntos de similar
naturaleza, en principio, se consideró improcedente18, por cuanto el ordenamiento
jurídico estableció su revisión eventual por parte de la Corte Constitucional como
mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Así, se
buscó no solo unificar la interpretación constitucional en la materia, sino ratificar a
esa corporación como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de estos
derechos19.

17. Así las cosas, admitir que los fallos de tutela decididos o excluidos de revisión por
la Corte Constitucional sean luego objeto de una nueva demanda de amparo, sin que
se evidencie violación al derecho de acceso a la administración de justicia o al debido
proceso, sería avalar el desgaste de la administración de justicia para la tramitación
de una nueva instancia sobre un proceso de similar naturaleza ya concluido, lo cual
es contrario a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de
1991. En ese orden, cuando se presentan las circunstancias descritas opera el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional16.

18. Sin embargo, la jurisprudencia evolucionó y reconoció, de manera excepcional, la
procedencia de la solicitud de tutela contra decisiones de similar naturaleza cuando
exista fraude (cosa juzgada fraudulenta) y supere los demás requisitos de
procedibilidad adjetiva. Así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia SU-
627 de 2015, al señalar:

17
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de marzo de 2010. Radicación No. 11001-
19
Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda.
16 artículo 243 de la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

«[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad
a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional. […]». [Se subraya]

2.4.2. Sobre el caso concreto

19. Javier Guillermo Vela Sánchez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos las
sentencias proferidas el 24 de junio y 12 de julio de 2024, por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respectivamente, en la solicitud de
amparo identificada con el radicado 11001-33-34-006-2024-00295-00/01.

20. Dicho ello, se advierte que las providencias que se cuestionan son sentencias de
tutela, por lo que se debe precisar que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional respecto a la procedibilidad de la solicitud de amparo contra decisiones
judiciales emitidas en trámites similares, la invocada en esta oportunidad por Javier
Guillermo Vela Sánchez es improcedente, pues, de acuerdo con las pruebas
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

allegadas al expediente y sus propios argumentos, es claro que los pronunciamientos
constitucionales bajo estudio no fueron producto de un fraude, sino del claro
inconformismo con lo decidido al resultar contrario a sus intereses.

21. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que, en todo caso, es evidente que tampoco
cumple con el requisito de inmediatez, pues han pasado más de 6 meses desde la
notificación de la sentencia de segunda instancia enjuiciada en la presente tutela:

22. Sin perjuicio de lo expuesto, no sobra insistir en que el juez de tutela debe respetar
la interpretación jurídica efectuada en este caso por otro juez constitucional y por lo
tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de
sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho fundamental
alguno, lo cual no se evidenció en el presente asunto.

3. Conclusión

22. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo a través
de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por Javier
Guillermo Vela Sánchez contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, por cuestionarse sentencias de similar naturaleza.

23. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente
la solicitud de tutela presentada por Javier Guillermo Vela Sánchez contra el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01340-01
Demandante: Javier Guillermo Vela Sánchez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

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