Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01344-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01344-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
otros
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por la
señora Ángela Gómez Cardona contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05001-23-33-000-2020-
03755-00/01, mediante las cuales se negaron las pretensiones dirigidas al
reconocimiento de la pensión gracia y a la declaratoria de que su vinculación
docente tenía carácter nacionalizado. Asimismo, controvierte los actos
administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante,
UGPP) y las actuaciones adelantadas por el Municipio de La Unión, Antioquia y el
Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación– relacionadas con la
clasificación y certificación de su vinculación docente como de carácter municipal.
Se declarará improcedente la acción de tutela frente a las providencias judiciales
cuestionadas, por falta de relevancia constitucional y, respecto de las actuaciones
administrativas atribuidas a las demás entidades accionadas, al no superarse el
requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 20 de febrero de 2026, la señora Ángela Gómez Cardona, por medio de
apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la
1
Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Demanda de tutela por acción u omisión de autoridad
pública / Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / Improcedente / Falta de relevancia constitucional
/ Niega amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la UGPP, el Municipio de La
Unión, Antioquia y el Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación–, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo, al mínimo vital, al hábeas data, al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, con ocasión
de las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 05001-23-33-000-2020-03755-
00/01, de los actos administrativos expedidos por la UGPP que negaron el
reconocimiento de la pensión gracia y de las actuaciones adelantadas por el
Municipio de La Unión, Antioquia y el Departamento de Antioquia –Secretaría de
Educación– relacionadas con la clasificación y certificación de su vinculación
docente como de carácter municipal.
2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
“Primera. Ampárese los siguientes derechos constitucionales fundamentales,
vulnerados por las entidades públicas accionadas, a la señora Ángela Gómez
Cardona, (…)
-Dignidad humana
-Libre desarrollo de la personalidad.
-Derecho al trabajo.
• Mínimo vital.
• Habeas data.
• Debido proceso administrativo y judicial.
• Garantía del derecho irrenunciable a la seguridad social (Irrenunciabilidad a la
pensión de jubilación de gracia docente).
• Igualdad frente a la aplicación de normas de seguridad social.
• Situación más favorable en la aplicación de normas laborales y de la seguridad
social.
• Garantía judicial eficiente y efectiva (Tutela judicial efectiva).
Segunda. Como medida efectiva de protección de los derechos constitucionales
fundamentales de la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, dispóngase lo
siguiente:
2.1. Ordénese a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, y al
Municipio de La Unión, Antioquia, a efectuar la corrección de su historia laboral
docente, y demás bases de datos, en el sentido de aclarar que, a partir de 12 de
agosto de 1996 y hasta su retiro de la docencia oficial (11 de enero de 2022) ostentó
la condición de docente nacionalizada, y no de docente nacional.
2.2. Consecuencial con lo anterior, ordénese al Municipio de La Unión, Antioquia,
corregir el Decreto Municipal núm. 043 de 12 de agosto de 1996, en el sentido de
aclarar que, el nombramiento efectuado a la señora docente, Ángela Gómez Cardona,
ya identificada, fue en un cargo de docente nacionalizada, y no en un cargo de
docente nacional.
2.3. Seguidamente, ordénese a la Secretaría de Educación del Departamento de
Antioquia, corregir los formatos únicos para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido con antelación o con posterioridad a los certificados, consecutivo No.
92571-16 de 04 de noviembre de 2016, y, consecutivo No. 140888-22, de 04 de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
agosto de 2022; aclarando el tipo de vinculación docente de la señora Ángela Gómez
Cardona, ya identificada, como nacionalidad, y no nacional.
2.4. Déjese sin efectos los siguientes actos administrativos, proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, que negaron la pensión de jubilación gracia a la señora
Ángela Gómez Cardona, ya identificada:
Resolución No. RDP 002496 de 30 de enero de 2020.
Resolución No. RDP 007554 de 24 de marzo de 2020.
2.5. Déjese sin efectos las siguientes providencias judiciales, proferidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, al interior del proceso con medio de
control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter laboral,
promovido por la señora Ángela Gómez Cardona, en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-; radicados No. 05001-23-33-000-2020-03755-00, y, No.
05001-23-33-000-2020-03755-01 (número interno 0078-2025) .
• Sentencia de primera instancia, adoptada el 09 de octubre de 2023, por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.
• Sentencia de segunda instancia, calendada el 10 de julio de 2025, y refrendada por
el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A.
• Auto de 05 de septiembre de 2025, adoptado por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Antioquia, en obedecimiento y cumplimiento a lo resuelto por el
superior.
Tercera. Como garantía de restablecimiento de los derechos constitucionales
vulnerados a la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, concrétese las
siguientes medidas:
3.1. Ordénese al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, proferir una nueva sentencia, en reemplazo de la
decisión de segunda instancia, que, fue dictada el 10 de julio de 2025 (notificada el
25 de agosto de 2025, dentro del expediente con radicación interna No. 0078-2025).
En la nueva decisión, deberá la Alta Corporación Judicial resolver de fondo el recurso
de apelación de apelación, presentado en contra de la sentencia de primera instancia,
refrendada el 09 de octubre de 2023, por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia; con observancia del debido proceso y del
derecho de habeas data de la señora accionante, lo que implicará:
Tener por establecido de forma fáctica y jurídicamente, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, que, la señora, Ángela Gómez Cardona durante
el desempeño de su labor como educadora oficial, nunca ostentó una vinculación
como docente del orden nacional, sino municipal y nacionalizada, así:
Entidad Tipo de vinculación Extremos laborales Tiempo de servicio
Territorial docente (en días)
Municipio de La Municipal 16-02-1978 – 31-12-1984 2.475
Unión, Ant.
Municipio de La Contratista 01-02-1994 – 30-11-1994 300
Unión, Ant.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
Municipio de La Contratista 01-02-1995 – 05-10-1995 240
Unión, Ant.
Municipio de La Municipal 01-10-1995 – 11-08-1996 311
Unión, Ant.
Municipio de La Nacionalizada 15-08-1996 – 31-12-2021 9.136
Unión, Ant.
Tener por establecido fáctica y jurídicamente, para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, que, el nombramiento efectuado por el Municipio de La Unión,
Antioquia, a la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, a través del Decreto
Municipal No. 043 de 12 de agosto de 1996, obedeció a un nombramiento como
docente nacionalizada, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones
-SGP-, más no correspondió a un nombramiento de docente nacional.
Contabilizar el siguiente tiempo de servicio, prestado por la señora Ángela Gómez
Cardona, en calidad de docente nacionalizada (no nacional), como hábil para efectos
del reconocimiento y pago de su pensión de gracia:
Del 15 de agosto de 1996 al 31 de diciembre de 2021.
3.2. Ordénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales -UGPP-, adoptar las siguientes medidas:
3.2.1. Reconocer, liquidar y pagar a la señora Ángela Gómez Cardona, ya
identificada, su pensión de jubilación gracia docente, a partir de: 20 de noviembre de
2008 (fecha de adquisición de su estatus jurídico: 50 años de edad y 20 años de
servicio); en cuantía equivalente al 75% del salario mensual promedio, devengado
durante el último año de servicio, anterior ala adquisición del estatus (21 de
noviembre de 2007 – 20 de noviembre de 2008); incluyendo dentro de la base de
liquidación pensional, los siguientes factores salariales devengados:
• Asignación básica.
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
3.2.2. Reconocer y pagar a la señora accionante, el valor retroactivo de las mesadas
pensionales causadas fiscalmente a partir del 07 de noviembre de 2016, por efectos
de la prescripción trienal.
3.2.3. Reajustar anualmente el valor de la mesada pensional, conforme lo prevé la
ley.
3.2.4. Indexar el total de las sumas adeudadas por concepto de mesadas pensionales,
desde el momento de la causación de cada uno de ellas (mes por mes), y hasta la
fecha en que se produzca el pago efectivo, teniendo en cuenta el índice de Precios
al Consumidor (IPC) que certifique el DANE 2”.
2
Índice 2 del aplicativo Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
B. Hechos
3. La señora Ángela Gómez Cardona prestó sus servicios como docente en el
Municipio de La Unión, Antioquia, entre los años 1994 y 1996, inicialmente mediante
órdenes de prestación de servicios y, posteriormente, a través de nombramiento
efectuado por la administración municipal, desempeñando funciones en
instituciones educativas oficiales del ente territorial.
4. Durante dicho periodo, el Municipio de La Unión, Antioquia efectuó los actos de
vinculación y el pago de los salarios de la señora Ángela Gómez Cardona.
Asimismo, el Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación– expidió
actuaciones y certificaciones relacionadas con la situación administrativa y laboral
de la accionante.
5.El 5 de diciembre de 2019, la señora Ángela Gómez Cardona solicitó ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP– el reconocimiento de la pensión gracia prevista en
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
6. Mediante Resolución RDP 002496 del 30 de enero de 2020, la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada, al considerar que el tiempo laborado
por la accionante entre los años 1994 y 1996 correspondía a una vinculación
docente de carácter municipal y no nacionalizado. Contra esta decisión, la
accionante interpuso recurso de reconsideración.
7. Mediante Resolución RDP 007554 del 24 de marzo de 2020, la UGPP confirmó la
negativa del reconocimiento pensional, con fundamento en que los actos de
nombramiento, la vinculación laboral y el pago de los salarios de la accionante
estuvieron a cargo del Municipio de La Unión, Antioquia.
8. Ante la negativa de la UGPP, la señora Ángela Gómez Cardona presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron
el reconocimiento de la pensión gracia y, a título de restablecimiento del derecho, la
declaratoria de que su vinculación docente tenía carácter nacionalizado, así como
el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y pensionales derivadas de
dicha vinculación. A este proceso le correspondió el radicado núm. 05001-33-33-
000-2020-03755-00/01.
9. Mediante sentencia del 10 de junio de 2025, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que la vinculación docente de la señora Ángela Gómez Cardona
tenía carácter municipal y no nacionalizado, razón por la cual el tiempo laborado
entre 1994 y 1996 no podía ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
10. Contra la anteriordecisión, la demandante interpuso recurso de apelación,
porque se efectuó una valoración incompleta y errónea del material probatorio
obrante en el expediente.
11. Mediante sentencia del 10 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Para tal
efecto, concluyó que las pruebas obrantes en el expediente no permitían acreditar
que la vinculación docente de la señora Ángela Gómez Cardona tuviera carácter
nacionalizado, dado que los actos de vinculación y el pago de sus salarios
estuvieron a cargo del Municipio de La Unión, Antioquia, circunstancia que impedía
computar dicho tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.
C. Fundamentos de la vulneración
12. La accionante sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, el Municipio de La Unión, Antioquia
y el Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación– incurrieron en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
con fundamento en:
12.1. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que las autoridades judiciales y
administrativas accionadas interpretaron de manera errónea las normas que
regulan la nacionalización de la educación y el reconocimiento de la pensión gracia,
particularmente las Leyes 43 de 1975, 91 de 1989 y 115 de 1994, al concluir que su
vinculación docente tenía carácter municipal y no nacionalizado. Señaló que las
providencias judiciales y los actos administrativos cuestionadas desconocieron el
alcance de las disposiciones que regulan el proceso de descentralización educativa
y omitieron valorar adecuadamente los actos administrativos de nombramiento y las
certificaciones laborales que, a su juicio, acreditaban su condición de docente
nacionalizada.
12.2. Respecto al desconocimiento del precedente, señaló que las autoridades
judiciales accionadas se apartaron de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional relativa al reconocimiento de la pensión gracia en favor de
docentes vinculados durante el proceso de nacionalización del servicio educativo,
particularmente de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 22 de
enero de 2013, radicado núm. 11001-03-25-000-2006-00075-00, así como de las
sentencias T-334 de 2012 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, pues, según
afirmó, los criterios fijados en dichas providencias permitían concluir que cumplía
los requisitos para acceder a dicha prestación.
12.3. En relación con la violación directa de la Constitución, sostuvo que las
decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, al negarle
el reconocimiento de la pensión gracia pese a que, en su criterio, acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para acceder a
dicha prestación y demostró que su vinculación correspondía a la de una docente
nacionalizada.
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 25 de febrero de 2026, se admitió la demanda de tutela3, se
ordenó la notificación a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la
UGPP, al Municipio de La Unión, Antioquia y al Departamento de Antioquia –
Secretaría de Educación–, para que rindieran informe sobre los hechos objeto de la
demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
14. El Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación (accionada)4 solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, por falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que el reconocimiento y trámite de la pensión gracia corresponde
exclusivamente a la UGPP–. En consecuencia, señaló que no le es atribuible
vulneración alguna de derechos fundamentales relacionada con el reconocimiento
de dicha prestación, dado que carece de competencia legal para pronunciarse sobre
esa materia.
15. El Municipio de La Unión, Antioquia5 se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela y sostuvo que la pensión gracia constituye una prestación de carácter
nacional, cuya obligación no se encuentra a cargo de los municipios. Asimismo,
indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional y reiteró la jurisprudencia constitucional relativa a los requisitos de
procedencia de ese mecanismo constitucional. Finalmente, señaló que la
inconformidad de la accionante radica en la valoración del certificado de historia
laboral docente expedido por la Gobernación de Antioquia, prueba que, según
afirmó, sí fue tenida en cuenta dentro del proceso ordinario.
16. La UGPP6 solicitó negar el amparo invocado, pues las resoluciones mediante las
cuales negó el reconocimiento de la pensión gracia fueron expedidas con
fundamento en las certificaciones laborales emitidas por la Secretaría de Educación
de Antioquia, en las que se indicó que la accionante tuvo una vinculación del orden
nacional a partir del 15 de agosto de 1996. En consecuencia, sostuvo que la
accionante no acreditó el tiempo de servicios requerido bajo las modalidades
territorial o nacionalizada para acceder a dicha prestación. De igual forma, indicó
que la acción de tutela no constituye una instancia adicional para controvertir
3
Índice 6 de Samai.
4
Índice 14 de Samai.
5
Índice 16 de Samai.
6
Índice 17 de Samai.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
decisiones judiciales ni el mecanismo idóneo para reclamar prestaciones
económicas, máxime cuando no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
17. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia 7
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, pues la parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia adicional para reabrir debates probatorios y jurídicos ya
resueltos dentro del proceso ordinario relacionado con el reconocimiento de la
pensión gracia, sin que se advierta la configuración de los defectos fáctico o
sustantivo alegados.
18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 8 no emitió
pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, sino que
únicamente informó que el expediente ya había sido devuelto al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por Ángela Gómez Cardona contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la UGPP, el Municipio de La
Unión, Antioquia y el Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación–, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión previa
20. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento de
Antioquia – Secretaría de Educación, por cuanto la parte actora formuló
pretensiones y cuestionamientos dirigidos en contra de dicha entidad dentro del
presente trámite constitucional.
H. Sentido de la decisión
21. La Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto de las providencias
judiciales cuestionadas, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, y frente a las actuaciones administrativas atribuidas a las demás
entidades accionadas, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
7
Índice 15 de Samai.
8 Índice 13 de Samai.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
22. En primer lugar, la Sala expondrá las razones por las cuales los cuestionamientos
dirigidos contra las providencias judiciales no satisfacen la carga argumentativa
necesaria para acreditar el requisito de relevancia constitucional. En segundo lugar,
abordará el estudio de los reproches formulados frente a las actuaciones
administrativas adelantadas por las demás entidades accionadas, en relación con
el requisito de subsidiariedad.
I. El requisito de relevancia constitucional
23. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales9. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada10, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.
24. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones11.
25. En la sentencia SU-215 de 2022 12 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017,
M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas
Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
26. Para la Corte Constitucional13, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
27. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”14.
28. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala advierte que la demanda de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional respecto de las
providencias judiciales cuestionadas, pues su finalidad es reabrir el debate jurídico
que se surtió dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En
efecto, la accionante pretende controvertir la sentencia proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y las decisiones adoptadas en el
curso de dicho trámite.
29. Aunque la accionante invoca la vulneración de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, al mínimo vital,
al hábeas data, al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva, sus argumentos se dirigen, en realidad, a cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y a insistir
en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una indebida valoración
probatoria y en una errónea interpretación del régimen aplicable a su vinculación
docente, con el propósito de obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos
propios del debate ordinario.
30. En la demanda de tutela, la accionante sostiene que las autoridades judiciales
interpretaron de manera errónea las normas que regulan la nacionalización de la
educación y el reconocimiento de la pensión gracia, particularmente las Leyes 43
13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
de 1975, 91 de 1989 y 115 de 1994, pues determinaron que su vinculación docente
tenía carácter municipal y no nacionalizado.
31. Afirmó que las providencias judiciales cuestionadas desconocieron el alcance de
las disposiciones que regulan el proceso de descentralización educativa y omitieron
valorar adecuadamente los actos administrativos de nombramiento y las
certificaciones laborales que, en su criterio, acreditaban su condición de docente
nacionalizada. Asimismo, señaló que el Municipio de La Unión, Antioquia, el
Departamento de Antioquia –Secretaría de Educación– y la UGPP vulneraron sus
derechos fundamentales al negarle el reconocimiento de la pensión gracia, pese a
que, según sostuvo, las pruebas obrantes en el expediente demostraban que su
vinculación docente tenía carácter nacionalizado.
32. De igual forma, se advierte que la accionante cuestiona de manera directa los
actos administrativos expedidos por la UGPP mediante los cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia, pese a que dichas decisiones ya fueron
demandadas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y sometidas al control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En efecto, los reproches que ahora formula coinciden con los
argumentos analizados y resueltos en el proceso ordinario.
33. Del examen del expediente se advierte que, mediante sentencia del 9 de octubre
de 2023, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, se negaron las pretensiones de la demanda interpuesta contra la UGPP,
por cuanto la actora no acreditó la prestación del servicio durante 20 años como
docente territorial o nacionalizada, toda vez que, desde el 15 de agosto de 1996
hasta el 31 de octubre de 2016, laboró bajo una vinculación del orden nacional, la
cual no podía ser tenida en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.
34. En el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la accionante
cuestionó que el tribunal hubiera fundamentado su decisión únicamente en los
certificados de historia laboral y de salarios consecutivos núm. 92571-16, los cuales
registraban una vinculación nacional derivada de la intervención del delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional en el acto de nombramiento
docente. Asimismo, sostuvo que, a partir de la expedición de las Leyes 60 de 1993
y 115 de 1994, la Nación perdió la competencia para efectuar nombramientos
docentes en las plantas de cargos territoriales y reiteró que cumplió 20 años de
servicio como docente territorial y nacionalizada. Finalmente, señaló que la
certificación suscrita por el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el
Fondo Educativo Regional acreditaba su condición de docente nacionalizada, por
haber sido nombrada por una autoridad territorial en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. En estos términos, expuso:
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
“(…) El error de la Sala estuvo determinado al conferirle a la señora demandante, una
vinculación docente de carácter nacional, según nombramiento efectuado por el señor
Alcalde de La Unión (Antioquia), mediante Decreto 043 de 1996.
Basó su decisión, o la cimentó, únicamente, en los certificados de la historia laboral y
de salarios (consecutivos núm. 92571-16), impresos el 04 de noviembre de 2016, por
la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, en los cuales, y
equivocadamente, se le confiere a la señora demandante una categoría de docente
nacional.
Se debe recalcar que, este error es persistente en la Secretaría de Educación del ente
territorial, al considerar que, la condición de docente nacional se da, o daba, cuando
el señor delegado permanente del Ministerio de Educación, ante los extintos fondos
educativos docente, o certificaba sobre la disponibilidad presupuestal o sobre la
vacancia definitiva del cargo.
(…)
Desde el concepto de vulneración No. 2, contenido en la redacción del medio de
control judicial, he venido sosteniendo que, los tipos de vinculación docente de la
señora educadora, Ángela Gómez Cardona, obedecen a nombramientos de carácter
municipal y nacionalizado, más no nacional.
Considero, con el mayor de los respetos, que la H. Magistratura de primera instancia,
no profundizó lo suficiente en la lectura y análisis de tal concepto de vulneración
normativo.
Así, por ejemplo, se expuso que, la entidad demandada -Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales (UGPP), partía de una concepción errada, al catalogar la vinculación
de la señora demandante como nacional, desconociendo la normativa educativa,
entre estas, la Ley 60 de 1993 y 115 de 1994.
(…)
Constitucional y legalmente se puede concluir que, el último nombramiento efectuado
a la señora educadora demandante, mediante el decreto municipal No. 043 de 12 de
agosto de 1996, refrendado por el señor alcalde de La Unión (Antioquia), no obedece
a uno nacional, sino nacionalizado, o en su defecto municipal (territorial) (…).
(…)
En este caso, es precisamente la certificación del señor Delegado Ministerial ante el
Fondo Educativo Regional, a la que alude el numeral 2 del artículo 10 del Decreto
1706 de 1989, la que le confiere a la docente demandante, su categoría
nacionalizada, al haber sido nombrada por decreto de autoridad territorial -Alcalde-
con el cumplimiento del requisito del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que permitió
que sus salarios y prestaciones sociales se pagaran con recursos transferidos por la
Nación (situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones -SGP-).
Dicho sea de paso, y de no cumplirse con este requisito, el nombramiento sería del
orden territorial, asumiendo la respectiva entidad, con recursos propios, y no la
Nación, los costos presupuestales que demandaría las erogaciones del cargo docente
(…).
2. En seguida, y luego de determinarse por la Alta Corporación Judicial que, a la
señora demandante le asiste el derecho a su pensión gracia, en tanto acumula más
de veinte (20) años de servicio como docente territorial (municipal) y nacionalizada,
deberá analizarse que respecto a la acepción “docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980”, la jurisprudencia del Consejo de Estado no exige que en esa
fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya
estado vinculado, pues lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido;
por lo tanto, la pérdida de continuidad, no puede constituirse en una causal de pérdida
del derecho pensional. (…)15.
15
Índice 31 de Samai del proceso de primera instancia de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 05001-23-33-000-2020-03755-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
35. No obstante, en la sentencia cuestionada la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se pronunció sobre los reparos formulados por la señora
Ángela Gómez Cardona y confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la accionante no acreditó 20 años
de servicio como docente territorial o nacionalizada. En ese sentido, señaló que el
tiempo laborado entre el 15 de agosto de 1996 y el 4 de noviembre de 2016
correspondió a una vinculación del orden nacional, conforme al Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral consecutivo núm. 92571-16 y al
Decreto 043 del 12 de agosto de 1996, por lo que no podía ser computado para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Asimismo, precisó que la
intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional no desvirtuaba la naturaleza nacional de la vinculación. En este
sentido, indicó:
“(…) Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el
derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora Ángela María Gómez Cardona nació el 27 de julio de
19548, de modo que cumplió los 50 años el 27 de julio de 2004.
Respecto al segundo requisito sobre la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es centro de debate en
esta instancia), se comenzará especialmente con el período de labor ejecutado a
partir del 15 de agosto de 1996 en virtud del nombramiento efectuado por la Alcaldía
de La Unión, pues si se demuestra que el vínculo fue del orden nacional, al ser el más
extenso será un criterio suficiente para tener por no cumplida esta exigencia, y, en
consecuencia, implicará la negativa de las pretensiones.
• Del 15 de agosto de 1996 al menos hasta el 4 de noviembre de 2016.
Al respecto, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral consecutivo n.° 92571-169 emitido por la Secretaría de Educación de
Antioquia, la demandante tuvo una vinculación del orden nacional desde el 15 de
agosto de 1996, nombrada por el Decreto 043 del 12 de agosto de 1996, y que al
menos hasta la fecha del certificado (4 de noviembre de 2016) seguía activa en el
servicio; relación laboral en la cual presentó situaciones administrativas de traslado e
incorporación, pero todas sin ningún tipo de interrupción en la vigencia de la relación
legal y reglamentaria original.
Adicionalmente, a partir del propio acto administrativo de nombramiento (Decreto 043
del 12 de agosto de 199610), se advierte que, textualmente, el nominador señala:
«por el cual se hace un nombramiento a un cargo docente nacional». Ahora, si bien
se advierte en el acto que el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el
FER de Antioquia certificó la disponibilidad presupuestal, tal circunstancia afianza el
tipo de vinculación nacional considerando que la planta de personal educativo de la
Nación también podía ser financiada con recursos del SGP a través del FER
respectivo, tal como se señaló en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
proferida por esta corporación (…)
Por lo expuesto, se tiene que plaza ocupada por la docente en virtud de la referida
designación fue nacional, la cual se mantuvo incólume pese a los diferentes traslados
e incorporaciones, pues las mismas no afectan la continuidad del vínculo.
Sin perjuicio de lo anterior, se observa que además de la inviabilidad de tener en
cuenta el tiempo analizado por ser de la naturaleza ya concluida, tampoco podría ser
estimado el tiempo laborado desde el 23 de junio de 2004, pues en esta fecha la
actora fue trasladada, mediante el Decreto 044 de 200411, a un cargo de docente
preescolar, el cual ejerció hasta el 4 de noviembre de 2016 según se señala en la
historia laboral.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
Al respecto, ha manifestado esta corporación12 en casos similares que dentro de la
normativa que rige la pensión gracia no están llamadas a ser beneficiarias las
personas que prestaron sus servicios en tal nivel educativo, pues aquella está dirigida
a los maestros de primaria o secundaria vinculados a planteles educativos territoriales
o nacionalizados, por haber sido este personal el que históricamente debió someterse
a la desigualdad salarial. (…)”16.
36. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en las
Leyes 114 de 1913, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como en las sentencias de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11
de agosto de 2022, proferidas por el Consejo de Estado, relacionadas con la
naturaleza de la vinculación docente y los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia. Con base en dicho marco normativo y jurisprudencial, determinó
que el tiempo laborado por la accionante entre el 15 de agosto de 1996 y el 4 de
noviembre de 2016 correspondió a una vinculación del orden nacional, por lo que
no podía ser computado para acreditar los 20 años de servicio exigidos para
acceder a la prestación. En ese sentido, no se advierte un desconocimiento del
precedente aplicable ni una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la
autoridad judicial accionada.
37. Así las cosas, la Sala considera que los fundamentos de la presunta vulneración
invocados en la acción de tutela corresponden, en esencia, a una reiteración de los
argumentos formulados en el recurso de apelación, los cuales ya fueron objeto de
análisis y decisión por parte del juez natural dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En efecto, los cuestionamientos relacionados con la
valoración del material probatorio, la naturaleza de la vinculación docente de la
accionante, el alcance de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, así como la
incidencia de la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional ante
el Fondo Educativo Regional en el acto de nombramiento, fueron expresamente
estudiados por la autoridad judicial accionada al resolver el recurso de apelación y
confirmar la decisión de primera instancia.
38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que la accionante pretende utilizar
la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate jurídico ya definido,
sin evidenciar la configuración de un defecto que comprometa la validez
constitucional de la providencia cuestionada, lo cual desborda el carácter
excepcional y subsidiario de este mecanismo, razón por la cual el amparo resulta
improcedente.
J. El análisis del requisito de subsidiariedad
39. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la demanda en ejercicio
de acción de tutela será improcedente cuando la parte actora disponga de otros
mecanismos para elevar sus pretensiones, a menos que se utilice de manera
transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Lo anterior, en tanto la naturaleza
16
Índice 12 de Samai del proceso de segunda instancia de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 05001-23-33-000-2020-03755-01.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
residual y subsidiaria de la demanda de tutela exige que se agoten los medios
ordinarios de defensa e impide que se utilice el mecanismo constitucional como
escenario alternativo o paralelo en la resolución de conflictos.
40. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-048 de 202517, indicó que, en asuntos
relacionados con la actualización o corrección de la historia laboral, la acción de
tutela resulta improcedente cuando existen mecanismos judiciales ordinarios
idóneos y eficaces para controvertir las decisiones adoptadas por las
administradoras pensionales y no se acredita la configuración de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención excepcional del juez constitucional.
41. En lo que respecta a las actuaciones administrativas cuestionadas, relacionadas
con las certificaciones laborales expedidas por las entidades territoriales, las bases
de datos y la definición de la naturaleza de la vinculación docente de la accionante
como nacional o nacionalizada, la Sala advierte que la accionante pretende que, por
vía de tutela, se ordene a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia
y al Municipio de La Unión, Antioquia modificar su historia laboral, corregir las bases
de datos y ajustar el contenido del Decreto 043 del 12 de agosto de 1996, con el fin
de que se establezca que su vinculación docente tenía carácter nacionalizado y no
nacional.
42. No obstante, la Sala observa que tales cuestionamientos pueden ser planteados,
en primer lugar, a través de solicitudes dirigidas a las entidades correspondientes
para la actualización y corrección de la información laboral y, en caso de obtener
una respuesta desfavorable, mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo judicial idóneo y eficaz para debatir la
legalidad de las actuaciones administrativas y de los registros relacionados con la
naturaleza de la vinculación docente.
43. En efecto, la acción de tutela no constituye el mecanismo judicial idóneo para
ordenar, en primera instancia, la modificación de registros administrativos o bases
de datos oficiales, especialmente cuando la accionante cuenta con la posibilidad de
solicitar la corrección o actualización de dicha información ante las autoridades
correspondientes y controvertir las decisiones que eventualmente se adopten.
44. Finalmente,la Sala no encuentra acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional del amparo constitucional,
pues la parte actora no demostró la inminencia de un daño grave, urgente e
impostergable que haga necesaria la intervención inmediata del juez de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17
M.P. Paola Meneses Mosquera.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-00
Accionante: Ángela Gómez Cardona
Se declara la improcedencia
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el
Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
16
Sigue leyendo
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