Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01344-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01344-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01344-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-01
Demandante: Ángela Gómez Cardona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01344-01
Demandante: Ángela Gómez Cardona
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento
del derecho. Pensión gracia. Requisitos generales de
procedencia. Relevancia constitucional. Subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada, por medio de apoderado, por la señora
Ángela Gómez Cardona contra la providencia del 14 de mayo de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de febrero de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante, UGPP), el municipio de La Unión, Antioquia y el
departamento de Antioquia – Secretaría de Educación, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad,
al trabajo, al mínimo vital, al hábeas data, al debido proceso, a la seguridad social, a
la igualdad y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«Primera. Ampárese los siguientes derechos constitucionales fundamentales, vulnerados
por las entidades públicas accionadas, a la señora Ángela Gómez Cardona, (…):
Segunda. Como medida efectiva de protección de los derechos constitucionales
fundamentales de la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, dispóngase lo
siguiente:
2.1. Ordénese a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, y al Municipio
de La Unión, Antioquia, a efectuar la corrección de su historia laboral docente, y demás
bases de datos, en el sentido de aclarar que, a partir de 12 de agosto de 1996 y hasta su
retiro de la docencia oficial (11 de enero de 2022) ostentó la condición de docente
nacionalizada, y no de docente nacional.
2.2. Consecuencial con lo anterior, ordénese al Municipio de La Unión, Antioquia, corregir
el Decreto Municipal núm. 043 de 12 de agosto de 1996, en el sentido de aclarar que, el
nombramiento efectuado a la señora docente, Ángela Gómez Cardona, ya identificada,
fue en un cargo de docente nacionalizada, y no en un cargo de docente nacional.
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2.3. Seguidamente, ordénese a la Secretaría de Educación del Departamento de
Antioquia, corregir los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral,
emitido con antelación o con posterioridad a los certificados, consecutivo No. 92571-16 de
04 de noviembre de 2016, y, consecutivo No. 140888-22, de 04 de agosto de 2022;
aclarando el tipo de vinculación docente de la señora Ángela Gómez Cardona, ya
identificada, como nacionalidad, y no nacional (…).
2.4. Déjese sin efectos los siguientes actos administrativos, proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, que negaron la pensión de jubilación gracia a la señora Ángela
Gómez Cardona, ya identificada:
-Resolución No. RDP 002496 de 30 de enero de 2020.
-Resolución No. RDP 007554 de 24 de marzo de 2020.
2.5. Déjese sin efectos las siguientes providencias judiciales, proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, al interior del proceso con medio de control judicial de
nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter laboral, promovido por la señora
Ángela Gómez Cardona, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-; radicados No.
05001-23-33-000-2020-03755-00, y, No. 05001-23-33-000-2020-03755-01 (número
interno 0078-2025).
(…)
Tercera. Como garantía de restablecimiento de los derechos constitucionales vulnerados
a la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, concrétese las siguientes medidas:
3.1. Ordénese al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, proferir una nueva sentencia, en reemplazo de la decisión de
segunda instancia, que, fue dictada el 10 de julio de 2025 (notificada el 25 de agosto de
2025, dentro del expediente con radicación interna No. 0078-2025). En la nueva decisión,
deberá la Alta Corporación Judicial resolver de fondo el recurso de apelación de apelación,
presentado en contra de la sentencia de primera instancia, refrendada el 09 de octubre de
2023, por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia;
con observancia del debido proceso y del derecho de habeas data de la señora accionante,
lo que implicará:
-Tener por establecido de forma fáctica y jurídicamente, para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, que, la señora, Ángela Gómez Cardona durante el desempeño de su
labor como educadora oficial, nunca ostentó una vinculación como docente del orden
nacional, sino municipal y nacionalizada, así (…)
-Tener por establecido fáctica y jurídicamente, para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, que, el nombramiento efectuado por el Municipio de La Unión, Antioquia,
a la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, a través del Decreto Municipal No.
043 de 12 de agosto de 1996, obedeció a un nombramiento como docente nacionalizada,
pagada con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-, más no correspondió
a un nombramiento de docente nacional.
-Contabilizar el siguiente tiempo de servicio, prestado por la señora Ángela Gómez
Cardona, en calidad de docente nacionalizada (no nacional), como hábil para efectos del
reconocimiento y pago de su pensión de gracia:
(…)
3.2. Ordénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales -
UGPP-, adoptar las siguientes medidas:
3.2.1. Reconocer, liquidar y pagar a la señora Ángela Gómez Cardona, ya identificada, su
pensión de jubilación gracia docente, a partir de: 20 de noviembre de 2008 (fecha de
adquisición de su estatus jurídico: 50 años de edad y 20 años de servicio); en cuantía
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equivalente al 75% del salario mensual promedio, devengado durante el último año de
servicio, anterior a la adquisición del estatus (21 de noviembre de 2007 – 20 de noviembre
de 2008); incluyendo dentro de la base de liquidación pensional, los siguientes factores
salariales devengados:
-Asignación básica
-Prima de navidad
-Prima de vacaciones
3.2.2. Reconocer y pagar a la señora accionante, el valor retroactivo de las mesadas
pensionales causadas fiscalmente a partir del 07 de noviembre de 2016, por efectos de la
prescripción trienal.
3.2.3. Reajustar anualmente el valor de la mesada pensional, conforme lo prevé la ley.
3.2.4. Indexar el total de las sumas adeudadas por concepto de mesadas pensionales,
desde el momento de la causación de cada uno de ellas (mes por mes), y hasta la fecha
en que se produzca el pago efectivo, teniendo en cuenta el índice de Precios al
Consumidor (IPC) que certifique el DANE».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Ángela Gómez Cardona prestó sus servicios como docente municipal en el
municipio de La Unión, Antioquia, entre el 16 de febrero de 1978 y el 31 de diciembre
de 1984. Su vinculación se efectuó mediante el Decreto 003 del 10 de febrero de 1978
y finalizó con la supresión del cargo que desempeñaba.
Posteriormente, laboró como educadora para el mismo municipio mediante contratos
de prestación de servicios, entre el 1.° de febrero y el 30 de noviembre de 1994, y
entre el 1.° de febrero y el 5 de octubre de 1995.
Mediante el Decreto 063 del 6 de octubre de 1995, fue nombrada como educadora
municipal para prestar sus servicios en la Escuela Urbana María Poussepin. Esta
vinculación se mantuvo hasta el 11 de agosto de 1996.
A través del Decreto 043 del 12 de agosto de 1996, el alcalde de La Unión la nombró
como educadora de tiempo completo, grado segundo del escalafón docente, en la
misma institución educativa. En dicho acto se indicó que el nombramiento
correspondía a un cargo de docente nacional, del cual tomó posesión el 16 de agosto
de 1996.
En la certificación expedida por el alcalde de La Unión el 8 de septiembre de 2006 se
registró que, a partir del 12 de agosto de 1996, la vinculación de la señora Gómez
Cardona era de carácter nacionalizado. En contraste, en el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral del 4 de noviembre de 2016, la Secretaría
de Educación de Antioquia indicó que los servicios prestados desde el 15 de agosto
de 1996 correspondían a una vinculación del orden nacional.
El 27 de julio de 2004, la señora Gómez Cardona cumplió 50 años. Posteriormente, el
7 de noviembre de 2019 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión
gracia prevista en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con efectos
fiscales a partir del 20 de noviembre de 2008.
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Demandante: Ángela Gómez Cardona
Mediante la Resolución RDP 002496 del 30 de enero de 2020, la UGPP negó la
prestación solicitada, al considerar que la interesada no acreditó 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizada. La entidad determinó que el periodo laborado
desde el 15 de agosto de 1996 correspondía a una vinculación de carácter nacional
y, por tanto, no podía ser computado para el reconocimiento de la pensión gracia.
Contra esa decisión, la señora Gómez Cardona interpuso recurso de apelación.
Posteriormente, mediante la Resolución RDP 007554 del 24 de marzo de 2020, la
UGPP confirmó la decisión recurrida, con fundamento en la naturaleza nacional de la
vinculación registrada en el certificado de historia laboral expedido por la Secretaría
de Educación de Antioquia.
De la nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-33-000-2020-03755-00/01
Ante la negativa de la UGPP, la señora Gómez Cardona promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la nulidad de
las Resoluciones RDP 002496 del 30 de enero de 2020 y RDP 007554 del 24 de
marzo de 2020. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, con efectos fiscales a partir del 20 de noviembre de 2008,
junto con el retroactivo pensional, los reajustes anuales y los intereses moratorios o,
subsidiariamente, la indexación de las sumas adeudadas.
El 9 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda. Explicó que la pensión gracia únicamente puede
reconocerse a los docentes que acrediten 20 años de servicio en instituciones
educativas del orden territorial o nacionalizado, sin que resulte posible computar los
periodos laborados mediante vinculación de carácter nacional.
Al valorar las pruebas, encontró que la señora Gómez Cardona estuvo vinculada como
docente municipal entre el 16 de febrero de 1978 y el 31 de diciembre de 1984, y entre
el 1.° de octubre de 1995 y el 11 de agosto de 1996. Sin embargo, determinó que,
desde el 15 de agosto de 1996 hasta el 31 de octubre de 2016, su vinculación fue de
carácter nacional, de acuerdo con el Decreto 043 de 1996, los certificados de historia
laboral y los demás actos administrativos aportados al proceso.
En consecuencia, concluyó que el tiempo de servicio de carácter municipal o
nacionalizado acreditado por la demandante era inferior a los 20 años exigidos por la
Ley 114 de 1913. Por esta razón, consideró que no tenía derecho al reconocimiento
de la pensión gracia y mantuvo la validez de los actos administrativos expedidos por
la UGPP. Asimismo, la condenó en costas y fijó las agencias en derecho en el 3 % del
valor de las pretensiones.
La parte demandante apeló la decisión al considerar que el Tribunal Administrativo de
Antioquia determinó equivocadamente la naturaleza de su vinculación docente.
Expuso que la sentencia se sustentó principalmente en los certificados expedidos por
la Secretaría de Educación de Antioquia, que la registraron como docente nacional
desde el 15 de agosto de 1996, sin tener en cuenta que su nombramiento fue
efectuado por el alcalde de La Unión y que, de acuerdo con la normativa aplicable, su
vinculación era nacionalizada.
Asimismo, señaló que los periodos laborados como docente municipal y nacionalizada
le permitían completar 20 años de servicio el 20 de noviembre de 2008 y que su
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 satisfacía el requisito previsto en la
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Ley 91 de 1989, pese a las interrupciones en el servicio. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda.
El 10 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
confirmó la sentencia de primera instancia. Consideró que, aunque la señora Gómez
Cardona cumplió 50 años el 27 de julio de 2004, no acreditó 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada, requisito indispensable para obtener la pensión
gracia.
Señaló que el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 1996 y el 4 de noviembre
de 2016 correspondió a una vinculación de carácter nacional. Para llegar a esa
conclusión, tuvo en cuenta que el Decreto 043 de 1996 indicó expresamente que el
nombramiento se efectuaba en un cargo docente nacional y que la Secretaría de
Educación de Antioquia registró esa misma naturaleza en el certificado de historia
laboral. Agregó que los posteriores traslados e incorporaciones no modificaron el
vínculo original.
Además, precisó que el tiempo laborado desde el 23 de junio de 2004 tampoco podía
computarse, porque la demandante se desempeñó como docente de preescolar, nivel
educativo que no se encuentra comprendido entre los beneficiarios de la pensión
gracia. Finalmente, advirtió que los restantes periodos de servicio, aun si fueran
computables, solo sumaban 9 años, 2 meses y 27 días.
En consecuencia, concluyó que la demandante no reunió el tiempo de servicio exigido
y que resultaba innecesario examinar los demás requisitos. Por ello, confirmó la
negativa del reconocimiento pensional y se abstuvo de imponer costas en segunda
instancia, al considerar que el recurso tenía argumentos jurídicos razonables.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante promovió acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo,
al mínimo vital, al hábeas data, al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad
y a la tutela judicial efectiva por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, el Tribunal Administrativo de Antioquia, la UGPP, el municipio de La
Unión, Antioquia y el departamento de Antioquia – Secretaría de Educación.
Cuestionó las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
proceso ordinario, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia,
al concluir que su vinculación docente a partir de agosto de 1996 era de carácter
nacional. Sostuvo que esa conclusión se fundamentó en una interpretación
equivocada de las normas que regularon la nacionalización y descentralización del
servicio educativo, pues fue nombrada por el alcalde de La Unión para ocupar una
plaza en una institución educativa departamental.
Manifestó que las autoridades judiciales otorgaron un valor determinante al
encabezado del Decreto 043 de 1996 y al certificado de historia laboral expedido por
la Secretaría de Educación de Antioquia, en los que su vinculación fue registrada como
nacional. Sin embargo, afirmó que omitieron valorar la certificación expedida por el
alcalde de La Unión el 8 de septiembre de 2006, en la cual se indicó expresamente
que su vinculación era nacionalizada, así como los documentos que acreditaban la
naturaleza departamental de los establecimientos educativos en los que prestó sus
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servicios. En su criterio, la valoración integral de esas pruebas permitía establecer que
completó 20 años de servicio como docente municipal y nacionalizada.
Sostuvo que las decisiones desconocieron la sentencia de unificación de la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018, según la cual la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional
ante el Fondo Educativo Regional y el origen nacional de los recursos no convierten a
un docente territorial o nacionalizado en docente nacional. También cuestionó que el
Consejo de Estado excluyera el tiempo laborado como docente de preescolar, pues
consideró que la normativa educativa incorporó ese nivel al régimen especial de los
educadores oficiales y que su traslado de primaria a preescolar, dispuesto por la
administración, no podía ocasionarle una desmejora prestacional.
Por lo anterior, señaló que las providencias cuestionadas privilegiaron las
denominaciones consignadas en los documentos sobre la realidad de su vinculación
laboral y desconocieron los principios de favorabilidad, primacía de la realidad e
irrenunciabilidad de los beneficios laborales. Con fundamento en ello, solicitó dejar sin
efectos las decisiones administrativas y judiciales que negaron la prestación, corregir
su historia laboral para registrar su vinculación como nacionalizada y ordenar que se
profiriera una nueva sentencia en la que se reconociera su derecho a la pensión
gracia.
4. Trámite previo
El 25 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte accionante y a las autoridades
accionadas.
5. Oposiciones
El departamento de Antioquia – Secretaría de Educación solicitó que se declarara
su falta de legitimación en la causa por pasiva y se le excluyera de responsabilidad
dentro del trámite constitucional. Explicó que, de conformidad con el artículo 156 de
la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 575 de 2013, el estudio, trámite y reconocimiento de
la pensión gracia corresponde exclusivamente a la UGPP. Agregó que, en virtud de
los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, no puede pronunciarse sobre asuntos
ajenos a sus competencias, por lo que no le es atribuible la vulneración de derechos
fundamentales derivada de la negativa de dicha prestación y cualquier orden
relacionada con su reconocimiento debe dirigirse a la UGPP.
El municipio de La Unión, Antioquia manifestó que no le constaban los hechos de
la tutela y se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. Indicó que la pensión
gracia es una prestación de carácter nacional y que su reconocimiento no constituye
una obligación a cargo de los municipios. De igual forma, señaló que la acción de
tutela contra providencias judiciales, especialmente aquellas proferidas por las altas
cortes, es excepcional y exige el cumplimiento riguroso de los requisitos generales y
específicos de procedencia, de conformidad con la sentencia T-495 de 2024.
Finalmente, sostuvo que la accionante reconoció que el certificado de historia laboral
docente expedido por la gobernación de Antioquia fue valorado dentro del proceso
ordinario, por lo que su inconformidad no se relacionaba con la omisión de esa prueba,
sino con el alcance que las autoridades judiciales le otorgaron al examinarla de
manera aislada.
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La UGPP solicitó negar el amparo y declarar que no vulneró los derechos
fundamentales de la accionante. Señaló que las resoluciones que negaron la pensión
gracia gozan de presunción de legalidad y fueron expedidas con fundamento en las
pruebas disponibles, especialmente en las certificaciones laborales de la Secretaría
de Educación de Antioquia, según las cuales la señora Gómez Cardona tuvo una
vinculación del orden nacional a partir del 15 de agosto de 1996. Por esa razón, dicho
periodo no podía computarse y la interesada no acreditó 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada.
Agregó que la controversia sobre la naturaleza nacional o nacionalizada de la
vinculación constituye un asunto de legalidad que ya fue resuelto por los jueces
competentes, por lo que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional.
Finalmente, indicó que este mecanismo tampoco es el medio idóneo para obtener el
reconocimiento de prestaciones económicas y que la accionante no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez
constitucional.
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional o, subsidiariamente, negar el amparo.
Anotó que la controversia planteada es de carácter legal y patrimonial, pues se
relaciona con la naturaleza de la vinculación docente y el tiempo de servicio exigido
para acceder a la pensión gracia, asuntos que ya fueron resueltos en el proceso
ordinario.
Manifestó que la accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional
para controvertir la interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas en la
sentencia. Frente a los defectos alegados, indicó que la exposición de una apreciación
diferente de las pruebas constituye una divergencia subjetiva que no configura un
defecto fáctico y que la decisión se sustentó en las normas aplicables, la jurisprudencia
y los documentos obrantes en el expediente, por lo que tampoco incurrió en defecto
sustantivo.
Finalmente, reiteró que los actos de nombramiento permitían establecer que la
accionante tuvo una vinculación nacional desde el 15 de agosto de 1996 hasta el 31
de octubre de 2016 y que, por ello, no completó los 20 años de servicio requeridos
como docente territorial o nacionalizada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, guardó silencio.
6. Sentencia de primera instancia
El 14 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que los cuestionamientos contra
las providencias judiciales no cumplían el requisito de relevancia constitucional y que
las pretensiones relacionadas con las actuaciones administrativas y la corrección de
la historia laboral desconocían el principio de subsidiariedad.
Frente a las decisiones judiciales, señaló que la tutela constituye un juicio de validez
constitucional y no una instancia adicional para revisar la interpretación de la ley o la
valoración de las pruebas. Advirtió que, aunque la accionante invocó la vulneración
de varios derechos fundamentales, sus argumentos estaban dirigidos a reabrir la
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discusión sobre la naturaleza de su vinculación docente y el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia.
En particular, constató que los cuestionamientos sobre el Decreto 043 de 1996, el
certificado de historia laboral, las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y la intervención
del delegado del Ministerio de Educación ante el Fondo Educativo Regional ya habían
sido formulados en el recurso de apelación y resueltos por el juez natural. Además,
observó que las sentencias cuestionadas se sustentaron en las normas aplicables, en
las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 2018 y 2022 y en las pruebas
obrantes en el expediente. Por ello, no encontró una actuación arbitraria, un
desconocimiento del precedente ni un defecto que comprometiera la validez
constitucional de la providencia.
Respecto de las actuaciones administrativas, indicó que los actos de la UGPP que
negaron la prestación ya habían sido controvertidos mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, señaló que la accionante podía
solicitar directamente ante el municipio de La Unión y la Secretaría de Educación de
Antioquia la corrección de su historia laboral y, en caso de obtener una respuesta
desfavorable, acudir nuevamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pero como no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, concluyó que la tutela
tampoco procedía de manera transitoria.
Finalmente, negó la solicitud de desvinculación presentada por el departamento de
Antioquia – Secretaría de Educación, porque la accionante formuló pretensiones
dirigidas expresamente contra esa entidad, relacionadas con la modificación de los
certificados laborales.
7. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia porque consideró que el
asunto sí tenía relevancia constitucional. Indicó que la controversia no se limitaba al
reconocimiento económico de una pensión, sino que involucraba la vulneración de sus
derechos fundamentales. A su juicio, la primera instancia redujo sus argumentos a
una simple inconformidad con las decisiones ordinarias y omitió examinar los defectos
fáctico y sustantivo expuestos en la tutela.
Frente a los defectos sustantivo y fáctico, reiteró los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo, relativos a la naturaleza nacionalizada de su vinculación, al
alcance de la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el
Fondo Educativo Regional y a la falta de valoración integral de la certificación expedida
por el alcalde de La Unión el 8 de septiembre de 2006. Añadió que las autoridades
judiciales desconocieron el principio iura novit curia, al no distinguir adecuadamente
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.
También cuestionó la exclusión del tiempo laborado como docente de preescolar,
argumento que, según indicó, fue introducido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A sin haber sido debatido previamente. Señaló que el Decreto
2277 de 1979, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997 incorporaron a los
docentes de preescolar al régimen de los educadores oficiales. Por tanto, sostuvo que
su traslado de primaria a preescolar no podía ocasionarle una desmejora prestacional
y que las normas debían interpretarse conforme al principio de favorabilidad.
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Demandante: Ángela Gómez Cardona
Frente a la subsidiariedad, afirmó que la corrección de la historia laboral se relaciona
directamente con el derecho fundamental autónomo al habeas data. Por ello,
consideró que no era necesario promover un nuevo medio de control para rectificar la
información y recordó que el artículo 9.º del Decreto 2591 de 1991 establece el
carácter opcional del agotamiento de la vía administrativa antes de acudir a la tutela.
Finalmente, señaló que exigirle iniciar otro proceso ordinario resultaba
desproporcionado, debido a que tiene 71 años y la controversia administrativa y
judicial ya se había prolongado durante aproximadamente 6 años y medio. Añadió que
la permanencia del dato incorrecto impediría nuevamente el reconocimiento pensional
y configuraba un perjuicio irremediable. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y conceder el amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, al
considerar que la accionante pretendía reabrir el debate probatorio y jurídico resuelto
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el
reconocimiento de la pensión gracia y que contaba con otros mecanismos para
solicitar la corrección de su historia laboral, o si, por el contrario, los defectos atribuidos
a las providencias cuestionadas y la presunta afectación de sus derechos
fundamentales justifican un estudio de fondo.
La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la relevancia
constitucional como requisito general de procedencia; (iii) el análisis de la relevancia
constitucional en el caso concreto; (iv) el requisito general de subsidiariedad; y (v) el
análisis de subsidiariedad en el caso concreto.
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
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Demandante: Ángela Gómez Cardona
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que les
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida
como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(iii) Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
Para resolver, la Sala reconstruirá el trámite surtido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Ángela Gómez Cardona contra
la UGPP y confrontará los argumentos allí formulados con los expuestos
posteriormente en la acción de tutela.
El 26 de octubre de 2020, la demandante promovió dicho medio de control con el
propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 002496 del 30 de enero de
2020 y RDP 007554 del 24 de marzo del mismo año, mediante las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento y pago de esa prestación con efectos fiscales a partir del 20
de noviembre de 2008, junto con el retroactivo pensional, los reajustes, la indexación
y las demás sumas derivadas de su reconocimiento.
Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que había prestado sus servicios
durante más de 20 años como docente municipal y nacionalizada y que su vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 le permitía acceder a la pensión gracia. En
particular, cuestionó que la UGPP hubiera clasificado como nacional el periodo
laborado desde agosto de 1996, pues fue nombrada mediante un decreto expedido
por el alcalde de La Unión, Antioquia, para desempeñarse en una institución educativa
oficial de ese ente territorial. Agregó que la intervención del delegado del Ministerio de
Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional se limitó a certificar la
disponibilidad presupuestal y la vacancia del cargo, sin modificar la naturaleza
nacionalizada de su vinculación.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 9 de octubre de
2023, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la pensión gracia exige
acreditar 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada y que no es
posible computar los periodos laborados bajo una vinculación del orden nacional.
Señaló que, para determinar la naturaleza de la vinculación, «lo importante de la
prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le
dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca». Sin
embargo, al examinar el caso concreto, tuvo en cuenta el Decreto 043 de 1996 y la
información registrada en la historia laboral de la demandante, a partir de los cuales
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estableció que «la demandante laboró como docente de primaria con vinculación
nacional desde el 15/8/1996 hasta el 31/10/2016».
Con fundamento en esa clasificación, consideró que el periodo laborado desde agosto
de 1996 no podía contabilizarse para acreditar el tiempo exigido por la Ley 114 de
1913 para acceder a la pensión gracia. En consecuencia, concluyó que la señora
Gómez Cardona «no acreditó haber laborado en el servicio educativo en el orden
territorial o como docente nacionalizada durante el suficiente tiempo para acreditar el
requisito contemplado en la Ley 114 de 1913». Por tal razón, negó el reconocimiento
de la pensión gracia y la condenó en costas.
Contra esa decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un error al atribuirle una vinculación
docente de carácter nacional con fundamento, principalmente, en el formato único
para la expedición de certificado de historia laboral. En sus términos, «el error de la
Sala estuvo determinado al conferirle a la señora demandante una vinculación
docente de carácter nacional, según nombramiento efectuado por el señor alcalde de
La Unión (Antioquia), mediante Decreto 043 de 1996».
Asimismo, afirmó que el Tribunal «basó su decisión, o la cimentó, únicamente, en los
certificados de la historia laboral y de salarios (consecutivos núm. 92571-16) en los
cuales, y equivocadamente, se le confiere a la señora demandante una categoría de
docente nacional». En su criterio, dichos documentos partían de una interpretación
errónea de la normativa educativa y no podían prevalecer sobre la naturaleza jurídica
de la plaza ni sobre la autoridad que efectuó el nombramiento.
Sostuvo que, a partir de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, la Nación dejó de tener
competencia para efectuar nombramientos en las plantas de personal docente
territorial. Por ello, manifestó que el nombramiento realizado mediante el Decreto 043
del 12 de agosto de 1996 «no obedece a uno nacional, sino nacionalizado, o en su
defecto municipal (territorial)», dado que el acto fue expedido por el alcalde de La
Unión y la plaza se encontraba ubicada en una institución educativa oficial del orden
territorial.
De igual forma, alegó que la actuación del delegado del Ministerio de Educación
Nacional ante el Fondo Educativo Regional no permitía clasificarla como docente
nacional. Por el contrario, indicó que «es precisamente la certificación del señor
Delegado Ministerial ante el Fondo Educativo Regional la que le confiere a la docente
demandante su categoría nacionalizada, al haber sido nombrada por decreto de
autoridad territorial —Alcalde—».
Finalmente, reiteró que reunía más de 20 años de servicio como docente municipal y
nacionalizada y que la falta de continuidad en la prestación del servicio no impedía el
reconocimiento pensional.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
10 de julio de 2025, confirmó la decisión apelada. Examinó las Leyes 114 de 1913, 43
de 1975 y 91 de 1989, así como las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022, relativas a la
naturaleza de la vinculación docente y a los requisitos para acceder a la pensión
gracia.
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Al resolver el caso concreto, encontró acreditado el requisito de edad, pero consideró
que la demandante no demostró 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizada. Para ello, tuvo en cuenta que, «según el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral consecutivo n.° 92571-16 emitido por la
Secretaría de Educación de Antioquia, la demandante tuvo una vinculación del orden
nacional desde el 15 de agosto de 1996».
Asimismo, tuvo en cuenta el Decreto 043 del 12 de agosto de 1996 y destacó que en
su encabezado se indicó expresamente: «por el cual se hace un nombramiento a un
cargo docente nacional». Además, consideró que la intervención del delegado del
Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional no desvirtuaba
esa conclusión, pues «tal circunstancia afianza el tipo de vinculación nacional
considerando que la planta de personal educativo de la Nación también podía ser
financiada con recursos del SGP a través del FER respectivo».
En consecuencia, determinó que «la plaza ocupada por la docente en virtud de la
referida designación fue nacional» y que esa naturaleza no cambió con ocasión de los
posteriores traslados e incorporaciones, dado que tales situaciones administrativas no
interrumpieron ni modificaron la relación legal y reglamentaria originada en el
nombramiento de 1996.
Agregó que, aun si el referido periodo no hubiera sido excluido por la naturaleza
nacional de la vinculación, tampoco podía contabilizarse el tiempo servido desde el 23
de junio de 2004, fecha en la cual la demandante fue trasladada a un cargo de docente
de preescolar. Sobre este aspecto, sostuvo que «dentro de la normativa que rige la
pensión gracia no están llamadas a ser beneficiarias las personas que prestaron sus
servicios en tal nivel educativo», pues dicha prestación se instituyó en favor de
docentes de primaria y secundaria vinculados a establecimientos territoriales o
nacionalizados.
Finalmente, concluyó que «el tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 1996 y el
4 de noviembre de 2016 (20 años, 2 meses y 20 días), no puede ser computado para
efectos de acceder al derecho pensional». Por consiguiente, confirmó la negativa del
reconocimiento de la pensión gracia.
Posteriormente, la señora Gómez Cardona promovió acción de tutela contra las
providencias proferidas en el proceso ordinario, los actos administrativos de la UGPP
y las actuaciones atribuidas al municipio de La Unión y al departamento de Antioquia.
Invocó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo, al mínimo vital, al hábeas data, al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
En relación con las providencias judiciales, alegó la configuración de defectos
sustantivo y fáctico, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la
Constitución Política. Solicitó dejarlas sin efectos y ordenar al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A que profiriera una nueva sentencia en la cual se
reconociera que su vinculación desde agosto de 1996 era nacionalizada y se tuviera
como válido el tiempo servido en el nivel de preescolar.
Señaló que «desde la interposición del recurso de apelación ante la entidad de
previsión social y, posteriormente, con la redacción del concepto de vulneración
normativo y con la interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia de
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primera instancia, se ha invocado que obedeció a un nombramiento de tipo
nacionalizado, y no nacional».
Para sustentar el defecto sustantivo, la accionante reiteró que la clasificación de la
vinculación no dependía de la denominación contenida en el Decreto 043 de 1996 ni
de la casilla marcada en el certificado de historia laboral, sino de las normas que
regularon la nacionalización y la descentralización del servicio educativo. En ese
sentido, afirmó que «el estatus de docente nacional, nacionalizado o territorial deriva
directamente de la ley; es decir, es la ley, no un acto administrativo y, mucho menos,
un errado certificado, el que le da esa connotación».
También insistió en que la actuación del delegado ministerial ante el Fondo Educativo
Regional no convertía la vinculación en nacional. Al respecto, sostuvo que la
certificación de disponibilidad presupuestal y de vacancia del cargo «le confirió a la
señora accionante su condición de docente nacionalizada, al haber sido nombrada
por decreto de autoridad territorial —Alcalde—», argumento que ya había sido
formulado en el recurso de apelación.
En cuanto al defecto fáctico, manifestó que los jueces naturales otorgaron un valor
determinante al formato único para la expedición de certificado de historia laboral y a
la denominación utilizada en el Decreto 043 de 1996. Afirmó que «los operadores
judiciales de primera y segunda instancia leyeron uno de estos certificados (…)
analizándolo aisladamente, no de forma integral y sin ninguna consideración por el
contexto histórico normativo planteado».
Asimismo, cuestionó la falta de valoración expresa de la certificación expedida por el
alcalde de La Unión el 8 de septiembre de 2006, en la cual se indicó que desde agosto
de 1996 tenía la condición de docente nacionalizada. Sobre este documento afirmó
que «en ambas instancias judiciales, simplemente se omitió considerar esta prueba
documental, no fue advertida o no fue tenida en cuenta para adoptar las decisiones».
Frente al desconocimiento del precedente, invocó la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 y reiteró que no es posible inferir que un docente territorial o
nacionalizado se convierte en nacional por la intervención del delegado del Ministerio
de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional o por el origen nacional de
los recursos utilizados para sufragar sus salarios y prestaciones.
Finalmente, cuestionó la exclusión del tiempo servido en preescolar. Señaló que el
Consejo de Estado realizó una interpretación aislada de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 y omitió armonizarlas con el Decreto 2277 de 1979, la Ley 115
de 1994 y el Decreto 2247 de 1997. En su criterio, «los docentes de preescolar no
fueron excluidos de la pensión gracia» y el traslado desde básica primaria hacia ese
nivel educativo no podía ocasionar la pérdida de una situación laboral más favorable.
Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
las providencias objeto de tutela habrían vulnerado sus derechos fundamentales, lo
cierto es que la parte accionante pretende utilizar esta acción constitucional para
reiterar los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario, bajo la presunta
configuración de un defecto sustantivo y fáctico. Por lo tanto, la Sala comparte la
conclusión a la que llegó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, según
la cual la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional en
lo que respecta a las providencias judiciales cuestionadas.
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(iv) Del requisito general de subsidiariedad
Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad,
consistente en «(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…)».
Dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019,
la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la
órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo».
(v) Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
De otro lado, respecto de las pretensiones encaminadas a que el departamento de
Antioquia – Secretaría de Educación y el municipio de La Unión corrijan la historia
laboral de la accionante y ajusten el contenido del Decreto 043 de 1996, la Sala
advierte que no se cumple el requisito de subsidiariedad.
En efecto, la señora Gómez Cardona puede solicitar directamente ante esas entidades
la actualización o corrección de la información laboral y, en caso de obtener una
respuesta desfavorable, controvertir la decisión mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo idóneo y eficaz para debatir la
legalidad de los actos y registros administrativos relacionados con la naturaleza de su
vinculación docente. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justificara la intervención excepcional del juez constitucional, pues no se demostró
la inminencia de un daño grave, urgente e impostergable.
Adicionalmente, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en que
la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
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Demandante: Ángela Gómez Cardona
Constitucional4 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido de
que se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia. En consecuencia,
se confirmará la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de la providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
4
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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