Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01351-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01351-01
Accionante: Edinson Sánchez Rodas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Edinson Sánchez Rodas, contra la sentencia
del 12 de marzo de 2026 mediante la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2. El señor Edinson Sánchez Rodas, actuando por conducto de apoderada
judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Oralidad del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y al derecho a la prueba, con ocasión de las
providencias proferidas el 19 de noviembre de 20251 y el 12 de febrero de 20262,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido
bajo el radicado 76001-33-33-002-2022-00206-00/01/02.
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela3 y del expediente se colige que el accionante instauró
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Distrito Especial de Santiago de Cali - Departamento
1
Índice 74 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-002-2022-00206-00
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Índice 6 del aplicativo SAMAI, exp. 76001-33-33-002-2022-00206-02.- El Tribunal precisó que la negativa del a quo se
fundamentó en el incumplimiento del artículo 212 del Código General del Proceso, al no haberse enunciado de manera
concreta el objeto de la prueba testimonial, exigencia que constituye una carga procesal sustancial y no una formalidad
inocua, pues garantiza el derecho de defensa y contradicción de la contraparte. Señaló que la referencia genérica a “los
hechos de la demanda” no satisface el estándar legal, toda vez que impide establecer con claridad la finalidad probatoria,
evaluar la pertinencia y utilidad del medio solicitando, y preparar adecuadamente la contradicción, conforme a la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. En consecuencia, al constatar que la parte demandante incumplió la
carga de concretar el objeto del testimonio y que dicha omisión no era subsanable en sede de apelación, el Tribunal
confirmó la decisión de primera instancia que negó la práctica de los testimonios solicitados.
3
Presentado el 20 de febrero de 2026.
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Accionante: Edinson Sánchez Rodas
Administrativo de Hacienda, con el fin de que se declarara la existencia de una
relación laboral encubierta durante el período comprendido entre el 23 de julio de
2012 y el 31 de diciembre de 2019.
4. Del plenario se advierte que en el escrito de demanda la parte actora
solicitó la práctica de diversos medios de prueba, entre ellos la prueba
testimonial4.
5. Posteriormente, en la audiencia inicial celebrada el 19 de noviembre de
2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali,
mediante el Auto Interlocutorio núm. 1537, negó el decreto de la prueba
testimonial solicitada, al estimar que no se cumplía el requisito previsto en el
artículo 212 del Código General del Proceso5, relativo a la enunciación concreta
del objeto del testimonio; decisión frente a la cual la parte demandante interpuso
recurso de apelación.
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Auto Interlocutorio
núm. 054 del 12 de febrero de 2026, resolvió el recurso y confirmó la negativa del
decreto de la prueba testimonial, al concluir que la omisión en la delimitación
concreta del objeto de la prueba constituía el incumplimiento de una carga
procesal a cargo de la parte actora.
2.2. Fundamento jurídico
7. El accionante sostuvo que tanto la decisión adoptada por el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali, como la que la confirmó,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia y al derecho a la prueba, al impedirle hacer uso del principal medio
probatorio para acreditar el elemento de subordinación dentro del proceso de
contrato realidad.
8. Alegó la configuración de un defecto fáctico, al considerar que la negativa
del decreto de la prueba testimonial privó al juez de conocimiento de un acervo
probatorio completo e idóneo, conduciendo a que el proceso ordinario se decida
en un escenario de incertidumbre probatoria que podía ser razonablemente
superado mediante la práctica de los testimonios solicitados.
9. Sostuvo que dicho defecto fáctico se materializó en la negativa absoluta
de la prueba testimonial, pese a que, en su sentir, esta resultaba pertinente,
conducente y necesaria para demostrar hechos esenciales relacionados con la
forma real de prestación del servicio, circunstancias que no podían acreditarse
de manera suficiente mediante prueba documental.
10. De igual forma, adujo configurada la existencia de un defecto
4
Identificando a los señores Olmedo Meza, Edwin Sánchez, Edinson Laso y Juan Rojas, e indicando que sus
declaraciones versarían sobre “los hechos que se relacionan en la presente demanda”.
5
Código General del Proceso, artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios - Cuando se pidan
testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y
enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando
considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso. Negrillas
y subrayas de la Sala.
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procedimental por exceso ritual manifiesto, al estimar que las autoridades
judiciales accionadas aplicaron de manera estricta y formalista el artículo 212 del
Código General del Proceso, exigiendo una precisión redundante del objeto del
testimonio, aun cuando los hechos relevantes se encontraban ampliamente
desarrollados en la demanda.
11. Según el accionante, tal interpretación formal del requisito legal convirtió
una carga procesal en una barrera desproporcionada para el ejercicio del
derecho sustancial, sacrificando el acceso a una justicia material en favor de una
exigencia puramente formal, sin ponderar la finalidad constitucional del derecho
a la prueba.
12. Finalmente, señaló que los defectos advertidos se predican tanto del auto
interlocutorio del 19 de noviembre de 2025, mediante el cual el Juzgado negó el
decreto de los testimonios, como del auto del 12 de febrero de 2026 proferido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó dicha decisión y cerró
de manera definitiva la posibilidad de practicar la prueba testimonial dentro del
proceso ordinario.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
derecho fundamental autónomo a la prueba y al acceso efectivo a la
administración de justicia del señor EDINSON SÁNCHEZ RODAS, vulnerados por
el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, se dejen sin efectos el Auto No. 1537 proferido
en audiencia inicial del 19 de noviembre de 2025 por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI, así como el Auto No. 054 del 12 de
febrero de 2026 proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA, en cuanto negaron y confirmaron la negativa del decreto de la prueba
testimonial solicitada.
TERCERO: Que se ordene al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DE CALI que, dentro del término que su despacho considere
prudencial, proceda a decretar y practicar la prueba testimonial solicitada en la
demanda, garantizando su incorporación al debate probatorio antes de proferir
decisión de fondo.
CUARTO: Que se adopten las demás decisiones necesarias para restablecer
plenamente las garantías constitucionales vulneradas.» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante auto del 26 de febrero de 2026, a través del cual le ordenó
notificar como accionados al juez segundo administrativo oral del circuito de Cali
y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15. Asimismo, como terceros con interés en el resultado del proceso al Distrito
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Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali y a las aseguradoras La Previsora Compañía de Seguros S.A., Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A., Axxa Colpatria Seguros S.A., Allianz
Seguros S.A., Zurich Colombia Seguros S.A., Solidaria de Colombia y Aon Risk
Services Colombia Corredores de Seguros, parte demandante y llamadas en
garantías dentro del proceso que dio origen a la presente acción,
respectivamente.
16. Adicionalmente, al alcalde del distrito especial, deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios de Santiago de Cali y a los presidentes de La Previsora
Compañía de Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., Axxa
Colpatria Seguros S.A., Allianz Seguros S.A., Zurich Colombia Seguros S.A.,
Solidaria de Colombia y Aon Risk Services Colombia Corredores de Seguros.
17. Por último, reconoció personería a la apoderada de la parte actora, conforme
con el poder que obra en el expediente y negó la medida provisional solicitada
por la accionante.
2.4.1. El Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali6
se limitó a remitir el enlace de acceso al expediente digital y manifestó
expresamente que no se pronunciaría sobre los hechos ni el fondo de la acción
de tutela e indicó que acataría la decisión que se adopte en esta sede
constitucional.
2.4.2. Zurich Colombia Seguros S.A7 señaló que carecía de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó que se desestimaran las pretensiones de la tutela
frente a esa aseguradora, al no haber intervenido ni tener competencia alguna
en la expedición de las providencias judiciales cuestionadas.
2.4.3. La Gobernación del Valle del Cauca8 manifestó que, aunque fue
notificada del trámite, no tenía legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
acción de tutela se dirigió exclusivamente contra providencias judiciales frente a
las cuales no tuvo intervención ni competencia alguna.
18. Adicionalmente, sostuvo que la solicitud de amparo desconoció su
carácter subsidiario, pues expuso que el accionante contaba con un proceso
ordinario en trámite y pretendía reabrir por esta vía constitucional un debate ya
decidido por el juez natural, sin que se configurara una vulneración actual ni un
perjuicio irremediable imputable al ente territorial.
2.4.4. La Previsora S.A.9, en su condición de llamada en garantía del Distrito
Especial de Santiago de Cali, manifestó que no intervino ni tuvo competencia
alguna en la expedición de las providencias judiciales cuestionadas, razón por la
cual solicitó que las pretensiones de la acción de tutela no se hicieran extensivas
en su contra.
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Índice 12 del aplicativo SAMAI
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Índice 13 del aplicativo SAMAI
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19. Indicó que el debate planteado por el accionante corresponde a decisiones
propias del decreto y valoración de pruebas, ámbito exclusivo de la autonomía
del juez natural, frente al cual el actor agotó los recursos ordinarios, sin que se
configure vulneración de derechos fundamentales ni perjuicio irremediable.
2.4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca10 indicó que la
providencia cuestionada estuvo debidamente motivada, con fundamento en
normas constitucionales y legales, así como en jurisprudencia reiterada de esta
corporación, lo cual descartaba cualquier actuación arbitraria de su parte.
20. Señaló que la decisión se fundamentó en que el artículo 212 del Código
General del Proceso establece que quien solicita un testimonio debe indicar con
precisión cuáles hechos concretos serán objeto de la declaración, exigencia que
aclaró, difiere del régimen procesal anterior, en el cual bastaba una referencia
general a los hechos de la demanda, razón por la cual precisó que dicha carga
no puede calificarse como una formalidad irrelevante.
21. Finalmente, concluyó que el simple desacuerdo del accionante con la
decisión adoptada o la existencia de una interpretación distinta no constituía per
se los defectos alegados, por lo que solicitó negar la solicitud de amparo.
2.4.6. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia Impugnada11
22. El a quo recordó acerca del carácter excepcional y subsidiario de la acción
de tutela contra providencias judiciales y señaló que, por regla general, resulta
improcedente cuando el proceso ordinario no ha finalizado, salvo que se acredite
una afectación grave, actual y definitiva de derechos fundamentales o la
existencia de un perjuicio irremediable.
23. Con base en lo anterior, consideró que la negativa del decreto de la prueba
testimonial, aunque desfavorable al actor, no impedía el acceso a la
administración de justicia ni definía de manera anticipada su situación jurídica, en
la medida en que el proceso contencioso continuaba su trámite normal y
culminaría con una sentencia susceptible de recursos.
24. Finalmente, concluyó que el accionante no demostró la configuración de
un perjuicio irremediable, razón por la cual declaró improcedente la acción de
tutela por incumplir con el requisito de subsidiariedad, absteniéndose de efectuar
un pronunciamiento de fondo sobre los defectos constitucionales alegados.
2.6. Impugnación12
25. El accionante sostuvo que la Sección Primera realizó una lectura
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excesivamente formal del requisito de subsidiariedad, sin valorar el impacto real
de la negativa probatoria en el proceso ordinario.
26. Afirmó que la exclusión definitiva de la prueba testimonial constituía una
afectación actual y cierta del derecho fundamental a la prueba, al tratarse del
principal medio para acreditar la subordinación, por lo cual la acción sí resultaba
procedente aun cuando el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
encontrara en trámite.
27. Finalmente, reiteró lo expuesto en su escrito inicial con relación a que las
decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en los defectos alegados al darle
una aplicación estricta al artículo 212 del Código General del Proceso. Por las
razones anteriores solicitó que se revocara la providencia del a quo y se
concediera la solicitud de amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201913 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la providencia objeto de examen en sede constitucional
29. El estudio de la presente acción constitucional se limitará al Auto
Interlocutorio núm. 054 del 12 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto fue la decisión que confirmó la
negativa del decreto de la prueba testimonial dispuesta en el auto del 19 de
noviembre de 2025 dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad
del Circuito de Cali.
3.2.2. Del análisis conjunto de los defectos alegados
30. Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que los defectos
fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto invocados por la parte actora
se estructuraron sobre un mismo supuesto fáctico y jurídico.
31. En ese entendido, ambos reproches se dirigieron a cuestionar la decisión
adoptada por la autoridad judicial de negar el decreto de la prueba testimonial,
con fundamento en el incumplimiento de la carga procesal prevista en el artículo
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212 del Código General del Proceso, relativa a la enunciación concreta de su
objeto.
32. Desde esa perspectiva, el defecto fáctico se orientó a cuestionar la
limitación del material probatorio derivada de la negativa de la prueba testimonial,
mientras que el defecto procedimental se basó en que dicha decisión obedeció a
una aplicación excesivamente formal de los requisitos para su decreto.
33. No obstante, la Sala observa que tales planteamientos no responden a
supuestos autónomos, sino que convergen en un mismo cuestionamiento
orientado a controvertir la razonabilidad de la decisión judicial que negó la
prueba.
34. En ese contexto, un análisis separado de cada defecto conduciría a la
reiteración innecesaria de argumentos, en la medida en que el examen sobre la
validez de la decisión probatoria resulta común a ambos cargos.
35. En consecuencia, por razones de coherencia argumentativa y economía
procesal, la Sala abordará de manera conjunta el estudio de los defectos
alegados, sin perjuicio de reconocer su formulación individual, en atención a su
identidad sustancial en el caso concreto.
36. Bajo este entendimiento, el análisis se centrará en establecer si la negativa
del decreto de la prueba testimonial, por incumplimiento de las exigencias legales
que rigen su solicitud, configura una actuación arbitraria, irrazonable o
desproporcionada que comprometa derechos fundamentales.
3.3. Problema jurídico
37. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir Auto
Interlocutorio núm. 054 del 12 de febrero de 2026 que confirmó la negativa del
decreto de la prueba testimonial dispuesta en el auto del 19 de noviembre de
2025 dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito de
Cali dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-002-2022-00206-00/01, posiblemente incurrió en los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, y con ellos en la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al derecho a la prueba del señor Edinson
Sánchez Rodas.
38. Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan
decisiones judiciales, en especial el echado de menos en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
39. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
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2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
40. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
41. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
42. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
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3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional14.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
el 20 de febrero de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso «razonable
y proporcionado», toda vez que la última providencia judicial cuestionada, fue
proferida el 12 de febrero de 2026.
3.4.1.4. El asunto por resolver reviste relevancia constitucional, en tanto plantea
la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y al derecho a la prueba de la parte accionante,
derivada de la presunta configuración de los defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto en la decisión judicial que negó el decreto de la prueba
testimonial, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
43. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
44. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional15 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa16, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
b. Una dimensión positiva17, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar.
45. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
14
Si bien, en principio, la decisión de negar el decreto de la prueba testimonial se inscribe en el ámbito propio del trámite
ordinario y, en esa medida, podría ser objeto de valoración al momento de adoptarse la decisión de fondo, la Sala advierte
que, en el caso concreto, dicha determinación adquiere un carácter autónomo en tanto incide de manera definitiva en
la conformación del material probatorio. En tal contexto, sin desconocer las particularidades propias del principio de
subsidiariedad en escenarios como el presente, lo cierto es que la ausencia de un mecanismo ordinario idóneo y eficaz
para controvertir la decisión cuestionada en esta etapa procesal habilita, de manera excepcional, la intervención del juez
constitucional y, por ende, el estudio de fondo del asunto.
15
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
16
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
17
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»18. Negrillas de la Sala.
46. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal
de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
47. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se
advierte que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 19. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial
y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada
caso concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a
pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar20.
48. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales21.
4. Análisis de los presuntos defectos fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto en el caso concreto
49. Como se anunció en la cuestión previa la Sala examinará de manera
conjunta los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto
alegados, al advertir que ambos se estructuraron a partir de un mismo
cuestionamiento dirigido contra la decisión de negar el decreto de la prueba
testimonial, considerada por el accionante como una restricción indebida de su
derecho a la prueba.
50. Ahora bien, esta Subsección advierte que el análisis en esta sede
constitucional no está orientado a sustituir el criterio del juez natural, sino a
verificar si la decisión cuestionada se edificó sobre una valoración razonable del
18
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
20
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y
T-053 de 2012.
21
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
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marco normativo aplicable y del material procesal, o si, por el contrario, incurrió
en arbitrariedad manifiesta.
51. En ese entendido al verificar la providencia cuestionada se evidenció que
esta sustentó su decisión atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21222 del
Código General del Proceso, conforme al cual, la solicitud de prueba testimonial
exige la enunciación concreta de los hechos objeto de la declaración.
52. Así las cosas, desde la perspectiva del control en esta sede y tal como lo
consideró el ad quem invocando una providencia de esta corporación, dicha
exigencia no puede ser entendida como un formalismo23 desprovisto de
contenido, sino como una regla que cumple una función instrumental legítima, en
cuanto permite delimitar el alcance del medio probatorio y garantizar su adecuada
integración al contradictorio.
53. En consecuencia, la determinación del objeto del testimonio constituye el
presupuesto que habilita al juez para evaluar la viabilidad de la prueba en
términos de pertinencia, conducencia y utilidad24, evitando que la actividad
probatoria se desarrolle de manera indeterminada o inconducente.
54. Bajo ese entendimiento, la decisión judicial de exigir la concreción del
objeto de la prueba se inserta dentro de una interpretación plausible del
ordenamiento procesal, que no puede considerarse per se como una trasgresión
ius fundamental ni configura defecto alguno.
55. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, el ad quem evidenció que la
solicitud probatoria formulada por la parte actora carecía de precisión, en la
medida en que se limitó a remitir de forma general25 a los hechos de la demanda,
22
Código General del Proceso, artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios
deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse
concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere
suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso.
23
“En dichos términos, la enunciación sucinta de la prueba testimonial determina el tema sobre el que van a testificar los
terceros, razón por la cual no es una mera formalidad que pueda ser acreditada por una vaga enunciación sobre
los hechos materia de la prueba, sino que debe ser clara, expresa y suficiente para que la contraparte pueda
ejercer su derecho de defensa de forma concreta en relación con los motivos que originaron la solicitud
probatoria.” Negrillas y subrayas de esta Sala.
24
Sobre el particular el Tribunal fundamentó su planteamiento en el auto de 28 de mayo de 2020, rad. 15001-23-31-000-
2010 01416- 03(63985) de la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación en el que se indicó entre otros aspectos
lo siguiente: “Los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables en el presente caso por remisión
expresa del artículo 168 del CCA, determinan que las partes tienen la carga de probar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que las pruebas solicitadas deben ceñirse al asunto
que se debate en el proceso. Así las cosas, para que un determinado medio probatorio sea admitido como tal, debe
reunir una serie de requisitos exigidos por la ley, específicamente, debe ser pertinente, conducente y útil, por lo
que el juez rechazará aquellas que no cumplan con estas condiciones, así como aquellas que estén legalmente
prohibidas. El criterio de pertinencia hace referencia a que las pruebas solicitadas por las partes tengan una
relación de conexidad con los hechos que se pretenden probar, es decir que las mismas «deben estar referidas
al objeto del proceso y versar sobre los hechos que conciernan con el debate». A su turno, la conducencia se refiere
a la necesaria adecuación entre las pruebas aportadas por las partes y los medios probatorios (…) señalados por la ley
para efectos de demostrar determinadas circunstancias fácticas. Por último, la utilidad de la prueba se relaciona con el
servicio o beneficio que reporta un determinado medio probatorio para efectos de llevar certeza al funcionario judicial
respecto de los hechos que son presupuesto de los intereses materiales o derechos que se persiguen al interior de un
proceso determinado”. Negrillas y subrayas de esta Sala.
25
“En el presente asunto, la parte demandante incumplió la carga procesal de enunciar de manera concreta y
precisa el objeto de la prueba, pues se limitó a manifestar que esta recaería “sobre los hechos relacionados en
la presente demanda y el reconocimiento de los documentos aportados durante el proceso”, tal formulación
resulta genérica e indeterminada, en tanto no identifica de forma clara los hechos específicos que se pretende
acreditar ni la finalidad probatoria perseguida. Efectivamente, con la expedición del Código General del Proceso la
prueba testimonial sufrió modificaciones frente al diseño legislativo del Código de Procedimiento Civil, uno de los puntos
importantes se refiere a los requisitos que debe satisfacer la solicitud de la prueba testimonial a la luz del artículo 212 del
citado estatuto. Tal modificación tiene un propósito particular cuando se exige enunciar concretamente el objeto de la
prueba testimonial, es decir, no basta simplemente con señalar en forma abstracta que se refiere a “los hechos del
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sin individualizar los aspectos específicos sobre los cuales versaría cada
testimonio.
56. Tal indeterminación resulta relevante desde la perspectiva constitucional,
en tanto afecta el adecuado ejercicio del contradictorio, al dificultar que la
contraparte26 conozca de manera anticipada el contenido de la prueba y
estructure su defensa.
57. Adicionalmente, se observa que la autoridad judicial explicó de manera
razonada que la carga de concretar el objeto de la prueba debía cumplirse en la
oportunidad procesal correspondiente, descartando su subsanación posterior.
58. Visto lo anterior, la negativa del decreto probatorio no aparece como el
resultado de una exclusión caprichosa del material de prueba, sino como la
consecuencia de la aplicación de una regla procesal preexistente, interpretada
dentro de parámetros que no se evidencian abiertamente irrazonables.
59. De igual forma, la Sala no advierte que la exigencia aplicada constituya un
exceso ritual manifiesto, en la medida en que está orientada a garantizar fines
constitucionalmente legítimos, como la transparencia del debate probatorio y la
efectividad del derecho de contradicción.
60. En consecuencia, la Sala concluye que la decisión cuestionada se
encuentra suficientemente motivada, responde a una interpretación
jurídicamente defendible y no configura una actuación arbitraria o
desproporcionada que comprometa los derechos fundamentales del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la providencia del 12 de marzo de 2026 mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela,
y en su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse los
defectos alegados.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
proceso”, como se hizo en la demanda, pues constituye un deber determinar la finalidad particular de su práctica. No se
trata de un simple formalismo, con ese requisito legal se cumple un doble propósito, a) le permite al juez analizar si la
prueba es útil y pertinente para decretarla o rechazarla de plano conforme al artículo 168 del Código General del Proceso,
por otra parte, b) garantiza el derecho de contradicción de la contraparte en cuanto conoce anticipadamente de cuál
situación específica de los hechos el testigo depondrá y tiene conocimiento. Debe además señalarse además que en
cumplimiento del artículo 103 de la Ley 1437 de 201110, las partes están en la obligación de cumplir con las cargas
procesales y probatorias previstas en dicho estatuto”. Negrillas y subrayas de la Sala
26
Al respecto el Tribunal citó un referente doctrinal que expuso lo siguiente “es necesario acreditar el motivo por el cual
se cita al testigo a declarar, lo cual impide ocultamientos a la contraparte y asegura el principio de lealtad”, NISIMBLAT,
Nattan. Derecho Probatorio. Tercera Edición. Ediciones Doctrina y Ley.
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Cuarto: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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