Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01353-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01353-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01353-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01353-00
Demandante: Baudilio Murcia Guzmán
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Solicitud de extensión de
jurisprudencia. Defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.
Decisión: Niega el amparo solicitado.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Baudilio Murcia Guzmán contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 20 de febrero de 2026, Baudilio Murcia Guzmán presentó acción de
tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos los Autos del 11
de agosto, 15 de septiembre y 26 de noviembre de 2025 proferidos por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la solicitud de
extensión de jurisprudencia con radicado No. 11001-03-25-000-2018-01446-00
(4803-2018), para que, en su lugar, se dictara una nueva decisión en la que se
analice de manera integral el acto administrativo, mediante el cual la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Neiva negó la solicitud de extensión de
jurisprudencia, se estudie de manera expresa el impacto constitucional del cambio
jurisprudencial aplicado al caso, sin aplicar teorías anti procesalistas, y se tenga en
cuenta que es un adulto mayor y que fue magistrado por más de 19 años del
Tribunal Administrativo del Caquetá.
3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que el 2 de octubre de 2018, el accionante presentó solicitud
de extensión de jurisprudencia, con el fin de que se extendieran los efectos de la
sentencia proferida el 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2010-000246-
02 (0845-2015) y, ese sentido, se ordenara a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva reliquidar y pagar todo lo dejado de percibir desde
el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de abril de 2009, a título de bonificación por
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compensación hasta completar un salario equivalente al 80 % de lo que por todo
concepto perciban los magistrados de Altas Cortes incluyendo en el salario de estos,
las cesantías y demás ingresos de los congresistas al liquidarle la prima especial
prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Además, requirió que se indexaran y
actualizaran los valores anteriores.
4. El 11 de agosto de 2025, el despacho de la magistrada Elizabeth Becerra
Cornejo de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó
de plano la solicitud, al configurarse los 2 supuestos previstos en los numerales 2 y
4 del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 77 de la Ley
2080 de 2021, toda vez que el mecanismo se formuló de forma extemporánea y la
sentencia invocada no reconoce un derecho.
5. El solicitante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica, en
el que indicó que formuló la petición dentro del plazo legal de 30 días después de la
notificación de la decisión administrativa que negó la extensión, por lo que, a su
juicio, existió un error en el cómputo de los términos. Sostuvo que el
pronunciamiento de unificación sí reconoció un derecho patrimonial, ya que no solo
fijó la fecha de exigibilidad, sino que también estableció todos los elementos
necesarios para el reconocimiento económico de la bonificación por compensación
para los servidores públicos que trata el Decreto 610 de 1998.
6. El 15 de septiembre de 2025, la Subsección referida no repuso su decisión,
por lo que remitió el expediente al magistrado que seguía en turno para que se
resolviera el recurso de súplica.
7. El 26 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó el auto recurrido, al considerar que si bien la Dirección
Seccional no emitió respuesta a la solicitud formulada dentro del término que le
confirió la ley, esto no relevaba la responsabilidad del solicitante para acudir al
Consejo de Estado dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo de «los
60 días con que contaba la entidad para pronunciarse [incluyendo el lapso
correspondiente a la emisión del concepto por parte del DAFP, de conformidad con
lo previsto en el artículo 614 del CGP], contados a partir de la recepción de la
solicitud; según lo establecido en el inciso 5 del artículo 102 ibidem».
8. Asimismo, expuso que la sentencia invocada no reconoció un derecho [o
por lo menos no de forma clara que permitiera su extensión] así como tampoco
precisó las circunstancias fácticas de los demandantes en aquel proceso, lo cual
impedía realizar la confrontación de identidad que exige el mecanismo en cuestión.
De ahí que lo procedente era rechazar la solicitud.
9. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la
expedición de los Autos del 11 de agosto, 15 de septiembre y 26 de noviembre de
2025, incurrió en defecto sustantivo, al interpretar de forma indebida los artículos
102 y 269 del CPACA, y 614 del CGP, comoquiera que la respuesta brindada por la
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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva el 17 de agosto
de 2018 «abrió la ventana para el inicio del cómputo de los treinta días (30)
siguientes a la notificación de dicha respuesta». En ese sentido, consideró que la
solicitud de extensión de la jurisprudencia radicada el 2 de octubre de 2018 ante el
Consejo de Estado la había formulado dentro del término legal, puesto que la
decisión de la administración fue comunicada el 26 de septiembre de 2018.
10. Adicionalmente, manifestó que se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, comoquiera que no se tuvo en cuenta la Sentencia C-792 de
2006, mediante la cual la Corte Constitucional indicó que en los casos en que se
configure el silencio administrativo negativo, el interesado puede elegir entre acudir
a la jurisdicción o esperar una respuesta expresa de la administración, sin que esta
última alternativa, como manifestación del derecho de petición, le genere efectos
desfavorables.
11. Asimismo, sostuvo que se inobservó la Sentencia SU-406 de 2016, ya que
si la autoridad accionada hubiese cumplido con su obligación constitucional de
efectuar un ejercicio de ponderación frente al cambio jurisprudencial ocurrido
durante el trámite del proceso, habría llegado a la conclusión de que resultaba
procedente aplicar la jurisprudencia vigente al momento en que se formuló la
solicitud de extensión.
12. Finalmente, señaló que al incurrirse en las causales mencionadas también
se violó la Constitución Política, toda vez que al rechazarse la solicitud de extensión
de jurisprudencia se vulneraron sus derechos fundamentales.
Intervenciones1
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que carece de
competencia, ya que es una entidad ajena a las actuaciones y decisiones que
adopten las autoridades judiciales. Además, expuso que la acción de tutela no
cumple con los requisitos generales de procedencia, puesto que el mecanismo de
amparo no puede emplearse como una tercera instancia al proceso ordinario, para
sustituir la valoración probatoria efectuada por la corporación accionada, y tampoco
se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
14. En todo caso, manifestó que no se configuraron los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y procedimental, comoquiera que
no es jurídicamente cierto que la declaratoria de responsabilidad implique
automáticamente una «condena indemnizatoria»; el «tribunal» analizó el acervo
probatorio, por lo que se trata es de una discrepancia sobre ese análisis ajena al
control constitucional; no se desconoció de manera arbitraria el precedente sobre la
«presunción del perjuicio moral» y la «simple afirmación de no haber recibido correo
electrónico no prueba la inexistencia de notificación». En esos términos, solicitó
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El 24 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y se vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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declarar improcedente la acción de la referencia y, de forma subsidiaria, negar el
amparo deprecado.
15. La Secretaría de esta Sección remitió la copia digital de la solicitud de
extensión de jurisprudencia con radicado No. 11001-03-25-000-2018-01446-00
(4803-2018).
II. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
17. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida el 26 de noviembre
de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se resolvió el recurso de súplica interpuesto contra el Auto del 11
de agosto de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de plano de la solicitud
de extensión de la jurisprudencia elevada por la parte actora.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la providencia del 26 de noviembre de 2025, interpretó
de forma inadecuada los artículos 102 y 269 del CPACA y 614 del Código General
del Proceso; y si los pronunciamientos invocados por la parte accionante guardan
similitud fáctica con el caso que aquí se discute.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; se
argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de
mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que el accionante es el titular de las
garantías constitucionales que se invocan como vulneradas y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión
que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4)
la acción de tutela se presentó el 20 de febrero de 2026, es decir, dentro de los 6
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meses siguientes a la notificación de la providencia del 26 de noviembre de 20252;
(5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente
los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.
20. Así las cosas, al encontrarse superadas las exigencias generales,
procederá a realizarse un análisis de fondo frente a las causales específicas
invocadas por la parte actora.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos
21. La Sala negará el amparo invocado por la parte accionante, al no haberse
estructurados los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, con
fundamento en las razones que a continuación se exponen:
22. En la providencia que aquí se reprocha, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de rechazar de plano la
solicitud de extensión de la jurisprudencia. Para adoptar su decisión, la corporación
referida, en primer lugar, analizó los artículos 102 y 269 del CPACA y 614 del CGP,
los cuales establecen los plazos y el procedimiento que debe seguirse desde que
se radica la solicitud de extensión a la autoridad administrativa hasta la presentación
ante el Consejo de Estado y el trámite en dicha corporación.
23. Así, en relación con la oportunidad para presentar la solicitud, la autoridad
precisó que el accionante presentó la petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el 26 de enero de 2017, por lo que el término de 60 días
para que la entidad emitiera respuesta vencía el 25 de abril de ese mismo año. A
partir del día siguiente, el interesado contaba con 30 días para acudir al Consejo de
Estado, es decir, hasta el 8 de junio de 2017. No obstante, la solicitud solo fue
presentada el 2 de octubre de 2018, superando ampliamente el plazo legal
establecido.
24. Sobre el particular, aclaró que, a pesar de que la administración contestó
de manera desfavorable la solicitud de 17 de agosto de 2018, esa situación no
permite modificar el plazo previsto, toda vez que el artículo 269 del CPACA señaló
que el plazo para acudir a esta Corporación inicia a partir del momento en el que la
entidad niegue la solicitud dentro del término del artículo 102 ejusdem o desde la
terminación de este periodo si la entidad guardó silencio. Por tanto, concluyó que la
solicitud se presentó de forma extemporánea.
25. Ahora, en relación con el reparo relativo a si la providencia del 18 de mayo
de 20163 es susceptible de extender sus efectos a terceros por ostentar la categoría
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La providencia fue notificada por mensaje de datos el 10 de diciembre de 2025.
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Se destaca que en dicha providencia se resolvió lo siguiente:
«1.- Dictar fallo de Unificación de Jurisprudencia, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas
concordantes, en relación con la “Bonificación por Compensación”, de que trata el decreto 610 de 1998.
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de sentencia de unificación, precisó que si bien en ella se efectuó un
pronunciamiento en torno a «la aplicación del Decreto 610 de 1998, el artículo 15
de la Ley 4ª de 1992 y la improcedencia de la prescripción trienal en los casos de
reajuste salarial y pensional conforme a dicho decreto», lo cierto es que no se
reconoció un derecho concreto y susceptible de extensión.
26. Además, explicó que la Sentencia del 18 de mayo de 2016 tampoco precisó
las circunstancias fácticas concretas en que se encontraban los demandantes en
ese proceso, ni los supuestos particulares que condujeron a la decisión allí
adoptada, lo que impide que, a través del mecanismo de extensión de
jurisprudencia, se reconozcan efectos a terceros, pues la eficacia de este depende
de que el juez pueda corroborar la existencia de identidad entre los supuestos
fácticos y jurídicos de la sentencia invocada y los de quienes solicitan la extensión,
sin esa verificación, se desnaturalizaría la finalidad de la figura, que no es otra que
garantizar uniformidad jurídica en situaciones objetivamente análogas a través de
la aplicación de las sentencias de unificación.
27. En consecuencia, indicó que el requisito de probar la similitud fáctica y
jurídica no puede considerarse accesorio o intrascendente, sino que constituye un
presupuesto esencial de procedibilidad del mecanismo. Además, expuso que de la
revisión de la parte resolutiva de la sentencia invocada, se evidenció que en esta no
se señaló de manera clara la regla de unificación que se desarrolló en esa
oportunidad, lo cual también imposibilitaba dar trámite de solicitud de extensión.
28. Efectuado el anterior repaso de los razonamientos que empleó la
Subsección accionada para adoptar su decisión, la Sala considera que aquella
autoridad realizó un análisis adecuado de las disposiciones aplicables a la solicitud
de extensión de jurisprudencia, especialmente, los artículos 102 y 269 del CPACA
y 614 del CGP, los cuales regulan los plazos y procedimientos de dicha petición
tanto en sede administrativa como judicial, pues, en efecto, el artículo 102 del
CPACA dispuso que si la entidad guarda silencio el solicitante podrá acudir dentro
de los 30 días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269
idem.
29. Así, de acuerdo con los artículos citados, se observa que la solicitud
presentada por el accionante, que fue radicada el 26 de enero de 2017, debía ser
respondida por la entidad dentro del término de 60 días, es decir, hasta el 25 de
abril de 2017. Luego, el interesado disponía de un plazo de 30 días para acudir al
2.- Unifíquese Jurisprudencia en relación con la prescripción trienal en los términos en que se ha venido señalando en los
precedentes jurisprudenciales de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado.
3.- Unifíquese Jurisprudencia en relación con la aplicación del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en los términos en que lo ha
venido estableciendo la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sala de Conjueces).
4.- Revóquese el artículo primero del el fallo impugnado, proferido por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, Sala de Conjueces, de fecha 30 de mayo de 2014, en el sentido de no dar aplicación a la excepción de
prescripción trienal, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo y teniendo en cuenta los
precedentes jurisprudenciales sobre la materia.
5.- Adiciónese el fallo en el sentido de incluir la Prima Especial de Servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de está
todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4° de 1992 al momento de efectuar la reliquidación y con base en los precedentes
jurisprudenciales sobre la materia y en este sentido se unifica la jurisprudencia.
6.- Conmínese a la AUTORIDADES para que en los términos de los artículos 10, 102 y 103 de la ley 1437 y los artículos 115
y 144 de la ley 1395 de 2010, adopten este fallo de unificación jurisprudencial.» (sic).
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Demandante: Baudilio Murcia Guzmán
Consejo de Estado, es decir, hasta el 8 de junio de 2017. Sin embargo, la solicitud
fue presentada el 2 de octubre de 2018 ante esa corporación, lo que evidencia un
incumplimiento de los términos establecidos para ese efecto, ya que la solicitud se
presentó por fuera de la oportunidad legal prevista.
30. Al respecto y en el mismo sentido que lo explicó el juez de instancia, a pesar
de que la administración contestó de manera desfavorable la solicitud del 17 de
agosto de 2018, esa situación no permite que el término para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo se contabilice a partir de la notificación de dicha
respuesta, pues esto no releva de la responsabilidad al actor de haber acudido una
vez transcurrieron los 60 días que tenía la Dirección Ejecutiva para responder, ya
que, precisamente, el legislador dispuso esa consecuencia con el fin de garantizar
que los plazos se cumplan de manera estricta, permitiendo una respuesta oportuna
al interesado y evitando que las actuaciones del solicitante dependan de los trámites
internos de la administración.
31. En consecuencia, la Sala considera que no se incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que la decisión no se fundamentó en una interpretación
irregular de la norma, sino que todo lo contrario su exégesis atiende a las
particularidades del caso.
32. Ahora, en cuanto al reparo sobre el desconocimiento de las Sentencias C-
792 de 2006 y SU-406 de 2016, la Sala aclara que en estas providencias se
estudiaron aspectos diferentes a los que aquí se analizan. Al respecto, en la primera
de las mencionadas el control de constitucionalidad se hizo frente el artículo 4
(parcial) de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 6 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que la discusión versó sobre la manera en
que la disposición demandada reguló el agotamiento de la reclamación
administrativa como presupuesto para acudir a la justicia ordinaria laboral y la
contabilización del término de prescripción.
33. Ahora, en la Sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional analizó si
se estructuró alguna causal específica de procedibilidad en el fallo emitido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se
resolvió la segunda instancia de un proceso ejecutivo. Sin embargo, la discusión
expuesta en el presente asunto estuvo relacionada con el trámite de la solicitud de
extensión de jurisprudencia.
34. En consecuencia, la Sala concluye que no se estructuró la causal de
desconocimiento del precedente judicial, puesto que no podría exigírsele a la
autoridad accionada que aplique las reglas fijadas en los pronunciamientos
invocados, al no compartir similitud fáctica ni jurídica.
35. Finalmente, la Subsección precisa que no realizará un estudio sobre el
cargo de violación directa de la Constitución Política por la presunta vulneración de
los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
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Demandante: Baudilio Murcia Guzmán
toda vez que las razones expuestas para sustentar su transgresión están
relacionadas con los defectos anteriormente analizados.
36. En ese orden de ideas, se negará el amparo solicitado por Baudilio Murcia
Guzmán, a través de la acción de tutela formulada contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Baudilio Murcia Guzmán, a través de
la acción de tutela formulada contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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