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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01353-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01353-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2026 que negó el amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01353-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01353-01
Accionante: BAUDILIO MURCIA GUZMÁN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION B

Tema: Relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de marzo de
2026 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 24 de febrero de 20262, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 16 de abril de 2026 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Baudilio Murcia Guzmán, en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de: i) el auto del 11 de agosto de 2025, dictado por la autoridad judicial
accionada mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de extensión de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridad accionad al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y vinculó a la
Nación, Rama Judicial y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Accionante: Baudilio Murcia Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
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jurisprudencia que formuló contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial3; ii) la providencia del 15 de septiembre de 2025,
mediante la cual la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
no repuso su decisión y, iii) el proveído del 26 de noviembre de 2025 que confirmó
aquel rechazo, en sede de súplica.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Que se TUTELE a favor del suscrito los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL
DERECHO A LA IGUALDAD que fueron vulnerados con ocasión del Auto de 11
de agosto de 20259, el Auto de 15 de septiembre de 202510 y el Auto de 26 de
noviembre de 202511 proferidos por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el trámite de la solicitud de extensión de jurisprudencia No.
111001-03-25-000-2018-01446-00 (4803-2018).

SEGUNDA. Como consecuencia del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS
el Auto de 11 de agosto de 2025, el Auto de 15 de septiembre de 2025 y el Auto
de 26 de noviembre de 2025 proferidos por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el trámite de la solicitud de extensión de jurisprudencia
No. 111001-03-25-000-2018-01446-00 (4803-2018), exclusivamente por los vicios
constitucionales advertidos en esta acción de tutela.

TERCERA. ORDENAR a la Sección Segunda del Consejo de Estado que profiera
una nueva decisión en el sentido de continuar el trámite legal para que resuelva la
solicitud de extensión de jurisprudencia, corrigiendo los defectos constitucionales
señalados en esta acción de tutela, y en particular:

• Analice de manera integral el Acto Administrativo, notificado el 26 de septiembre
de 2018, mediante el cual la Administración se pronunció negando la solicitud de
extensión de jurisprudencia presentado por el suscrito ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, Huila.
• Analice de manera expresa el impacto constitucional del cambio jurisprudencial
aplicado al caso, sin aplicar teorías anti procesalistas que vulneren los derechos
fundamentales del suscrito.
• Valore de forma integral y no fragmentada el acervo probatorio relevante.
• Considere el estado de salud del accionante en su condición de adulto mayor y
exmagistrado del Tribunal Administrativo del Departamento de Caquetá por más
de 19 años.

CUARTA. Las demás que se consideren pertinentes para la efectividad del amparo
y garantía de mis derechos fundamentales invocados.

1.2. Hechos

4. El 26 de enero de 2017, el señor Baudilio Murcia Guzmán radicó solicitud
de extensión de jurisprudencia ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, Huila, con el propósito de que se le extendieran
los efectos de la sentencia dictada el 18 de mayo de 2016 por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3 Al interior del proceso con radicado 11001-03-25-000-2018-01446-00.

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5. El 17 de agosto de 2018, dicha autoridad despachó desfavorablemente lo
solicitado.

6. El 2 de octubre de 2018, el señor Murcia Guzmán presentó solicitud de
extensión de jurisprudencia ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
el fin de que se extendieran a su favor los efectos de la providencia referenciada
con antelación. Como consecuencia de ello, pidió que se le ordenara a la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación, el
reajuste y el pago de todo lo dejado de percibir desde el primero de enero de
2001 hasta el 30 de abril de 2009, a título de bonificación por compensación,
hasta que completara un salario equivalente al 80% de lo que perciben por todo
concepto los magistrados de altas cortes.

7. En dicha medida, mediante auto del 15 de agosto de 2025, la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado rechazó de plano dicha solicitud,
al considerar que el mecanismo se formuló de forma extemporánea. Lo anterior,
al acreditarse que el actor solicitó ante la administración la extensión de
jurisprudencia el 26 de enero de 2017. En dicha medida, consideró que los
primeros 30 días estipulados en el artículo 614 del Código General del Proceso
(CGP) concluyeron el 9 de marzo de 2017. A su turno, estimó los 30 días con los
que contaba la Rama Judicial para tramitar la solicitud, según el artículo 102 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA), vencieron el 28 de abril de 2017. Por tanto, expuso
que el término con el que contaba el actor para interponer esta solicitud ante el
Consejo de Estado transcurrió entre el 2 de mayo y el 13 de junio de 2017. Como
consecuencia de ello, concluyó que este mecanismo fue promovido
extemporáneamente, dado que acudió a la jurisdicción el 2 de octubre de 2018.

8. También destacó que, a pesar de que la Rama Judicial dio respuesta el
17 de agosto de 2018, esta tuvo lugar por fuera del término establecido en los
artículos 102 del CPACA y 614 del CGP. Asimismo, argumentó que esta situación
no modificaba el cómputo de los términos establecidos pues, de conformidad con
el criterio jurisprudencial de la Sección Segunda4, no es posible que el inicio de
los términos dependa de las actuaciones internas de la administración, puesto
que ello desvirtuaría la finalidad del plazo legal.

9. Finalmente, consideró que, aun si se hubiera promovido la solicitud en
término, la sentencia cuya extensión se solicita no corresponde a una decisión
de unificación que reconozca un derecho, dado que dicha providencia se limitó a
establecer reglas generales sobre la aplicabilidad del Decreto 610 de 1998 y el

4 Al respecto, citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 8 de julio de 2021. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Rad. 11001-03-25-000-2021-00260-00.

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término de prescripción para el reclamo de la bonificación por compensación
establecida por dicha norma.

10. Inconforme con dicha decisión, el señor Murcia Guzmán promovió recurso
de reposición y, en subsidio, el de súplica. Al respecto, argumentó que la solicitud
fue presentada en término, puesto que se radicó dentro de los 30 días siguientes
a la notificación de la decisión administrativa que la negó. Por tanto, consideró
que hubo un error en el cómputo del plazo. De igual forma, alegó que se aplicó
de forma retroactiva un precedente que no estaba vigente al momento en que fue
presentada la solicitud. A su vez, arguyó que la sentencia frente a la cual se pide
su extensión sí reconoció un derecho patrimonial, puesto que además de fijar la
fecha para su exigibilidad, estableció los elementos necesarios para el
reconocimiento económico de la bonificación por compensación para los
servidores públicos de que trata el Decreto 610 de 1998.

11. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, la autoridad judicial
accionada decidió no reponer la providencia recurrida. Como sustento de ello,
expuso que el trámite administrativo previsto para la solicitud de extensión de
jurisprudencia no fue modificado por la Ley 2080 de 2021 y, por tanto, el cómputo
de plazos es el mismo tanto para la solicitud del actor que fue radicada en el
2017, como para las que se radiquen actualmente. Aunado a lo anterior, puso de
presente que el hecho de que en el auto que rechazó el mecanismo se hubiera
citado un precedente jurisprudencial reciente, no significaba que el criterio fuera
nuevo, puesto que el parámetro para contabilizar el término se mantuvo desde el
texto original del CPACA.

12. En el mismo sentido, indicó que no era suficiente con que una sentencia
estableciera reglas de unificación para que esta pudiera ser objeto de una
solicitud de extensión de jurisprudencia, en la medida en que es indispensable
que el fallo invocado reconozca un derecho que sea factible de extender. De tal
forma, reiteró los argumentos que al respecto brindó la decisión recurrida.

13. Finalmente, por medio de auto del 26 de noviembre de 2025, la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado confirmó la providencia del 11 de
agosto de 2026, en síntesis, con fundamento en los mismos argumentos
expuestos en las anteriores decisiones.

1.3. Sustento de la vulneración

14. En primer lugar, argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo ante la indebida interpretación de los artículos 102, 269 y
614 del CGP, en la medida en que, su juicio, la respuesta brindada por la
administración el 17 de agosto de 2018 y comunicada el 26 de septiembre
siguiente, le otorgó la posibilidad de que el cómputo del término de los 30 días
empezara a contar desde el día siguiente a la notificación. En este sentido,

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aseguró que la solicitud de extensión de jurisprudencia radicada el 2 de octubre
de 2018 ante el Consejo de Estado la formuló dentro del plazo legal estipulado
para ello.

15. Al respecto, sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-792 de
2006, puso de presente que, en los casos de silencio de la administración, el
administrado puede elegir entre acudir a la jurisdicción o esperar una respuesta
efectiva y que, de haberse aplicado dicho precedente, hubiera dado por oportuna
la presentación de la solicitud.

16. Por su parte, arguyó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del precedente de la
Sentencia SU-406 de 2016. Lo anterior pues, a juicio del actor, mediante dicha
providencia la Corte Constitucional estableció que, a pesar de que los cambios
de jurisprudencia rigen inmediatamente, el juez tiene la carga de verificar si la
nueva regla altera de forma definitiva la posición procesal de las partes. En dicha
medida, puso de presente que, a pesar de ello, la autoridad judicial accionada se
limitó a aplicar el nuevo criterio jurisprudencial sobre la interpretación del cómputo
del término para promover el mecanismo.

17. Por último, afirmó que se incurrió en una violación directa de la
Constitución al haberse vulnerado sus garantías constitucionales. Al respecto,
hizo referencia a generalidades sobre los derechos al debido proceso, de acceso
a la administración y justicia y a la igualdad. Del mismo modo, reiteró los
argumentos expuestos con antelación.

1.4. Intervenciones

18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que carece
de competencia en relación con las pretensiones formuladas por el actor, en la
medida en que es una entidad ajena a las actuaciones y decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales. Además, señaló que la acción de tutela no cumple
con los requisitos generales de procedencia, en la medida en que el actor
pretende usar este mecanismo como una instancia adicional al trámite ordinario.

1.5. Sentencia de primera instancia

19. Mediante fallo del 26 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el actor. En tal sentido,
sostuvo que la autoridad judicial realizó un análisis adecuado de las
disposiciones aplicables a la solicitud de extensión de jurisprudencia, en especial
de los artículos 102 y 269 del CPACA y del CGP, normas que regulan los plazos
y procedimientos de dicho mecanismo. De esta forma, describió el estudio que
efectuó la autoridad judicial de tales disposiciones y, con sustento en ello,
sostuvo que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado.

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20. Por su parte, en relación con el cargo por desconocimiento del precedente
alegado, sostuvo que las providencias referenciadas en el escrito inicial
estudiaron asuntos disímiles a los estudiados en la providencia cuestionada. Por
esta razón, concluyó que no era posible exigirle a la autoridad judicial accionada
la aplicación de las reglas fijadas en tales decisiones, puesto no compartían
similitud fáctica ni jurídica.

1.6. Impugnación

21. El accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y
que, en su lugar, se accediera al amparo solicitado.

22. En primer lugar, señaló que el juez de la primera instancia avaló una
interpretación irrazonable y desproporcionada que la autoridad judicial
accionada llevó a cabo con respecto al artículo 269 del CPACA, bajo el sustento
de una aplicación retroactiva de un precedente judicial que le era desfavorable.
De esta manera, insistió en que, al momento de presentación de la solicitud ante
la administración, dicha interpretación no estaba vigente, lo que afectó su
situación procesal, su estrategia de defensa y sus expectativas legítimas.

23. De igual forma, sostuvo que se desconoció el principio de buena fe y
confianza legítima pues se respaldó una interpretación que le permitió a la
administración beneficiarse de su propia inactividad. Al respecto, agregó que no
era admisible que el silencio administrativo sea una figura que se use como
mecanismo para restringir el acceso del administrado a la jurisdicción.

24. Por su parte, arguyó que el fallo de primera instancia carecía de motivación
constitucional suficiente, pues se limitó a calificar como razonable la providencia
cuestionada, sin llevar a cabo un análisis de proporcionalidad que estos asuntos
requieren. Asimismo, con respecto al cargo por desconocimiento del precedente,
reiteró que se desconocieron reglas de decisión fijadas de las providencias
referenciadas en el escrito inicial, las cuales son vinculantes para la autoridad

1.5. Manifestación de impedimento

25. La magistrada Gloria María Gómez Montoya, mediante escrito del 21 de
mayo de 2026, manifestó́ estar impedida para conocer de la acción constitucional
del asunto. Consideró que estaba inmersa en la causal 1.º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.

26. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala
declaró infundada la causal, pues no se encontró́ acreditado el supuesto de
hecho establecido en la norma.

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II. CONSIDERACIONES

27. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado por el actor y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de
tutela presentada por la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

28. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

30. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

31. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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32. La Sala advierte que el señor Baudilio Murcia Guzmán está legitimado en
la causa por activa, en la medida en que fue la parte actora en la solicitud de
extensión de jurisprudencia. A su vez, se evidencia que la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva al
haber proferido las providencias controvertidas en este proceso.

33. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

34. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: (i) la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir etapas procesales zanjadas por el juez natural de la causa, ante
la evidente reiteración de argumentos presentados en el proceso ordinario y, (ii)
la falta de carga argumentativa en clave de derechos fundamentales.

35. En primer lugar, una lectura del escrito inicial de tutela permite advertir que
la parte actora reiteró los argumentos que sustentó en el recurso de reposición y,
en subsidio, de súplica presentado contra el auto que rechazó de plano la
solicitud de extensión de jurisprudencia, los cuales fueron expuestos en el
numeral 10 del presente fallo.

36. En efecto, tanto en dicho recurso como en la acción de tutela, el señor
Murcia Guzmán insistió que tal mecanismo fue radicado en término, en la medida
en que se radicó dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión
administrativa que resolvió su petición en el sentido de negarla. Del mismo modo,
en ambas sedes el accionante alegó que se aplicó de forma retroactiva un
precedente que, a su juicio, no estaba vigente al momento en que fue presentada
su solicitud.

37. De conformidad con lo anterior, las razones relacionadas con el cómputo
del término para la presentación del mecanismo de extensión de jurisprudencia y
con la supuesta aplicación retroactiva del precedente que sustentó el rechazo de
esta solicitud obedecen a cuestiones estudiadas por el juez natural de la causa.

9 Sentencia SU-215 de 2022.

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Al respecto, se concluye que la intención de la parte actora es que el juez de
tutela profiera un pronunciamiento de fondo sobre asuntos ya zanjados y, con
ello, que se adopte una decisión favorable a sus intereses. En tal sentido, el uso
de este mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso
ordinario es palpable.

38. Al respecto, resulta pertinente poner de presente que, frente a tales
argumentos, la Sección Segunda, Subsección B tanto en sede de reposición
como de súplica descartó las razones expuestas al considerar que el
procedimiento previsto para esta solicitud, el cual fue debidamente aplicado en
el auto del 11 de agosto de 2025, no fue modificado por la Ley 2080. Por esta
razón, consideró que el cómputo de plazos al momento en que el actor radicó su
petición ante la administración es el mismo que sustentó las providencias
cuestionadas. Del mismo modo, indicó que el hecho de haber citado un
precedente jurisprudencial reciente no implicaba automáticamente que dicho
criterio fuera nuevo, dado que el parámetro para contabilizar dicho término se
mantuvo del texto original de la Ley 1437 de 2011.

39. Aunado a lo anterior, a pesar de que el tutelante identificó las normas que,
a su juicio, la autoridad judicial accionada habría aplicado indebidamente, lo
cierto es que lo expuesto en el escrito inicial simplemente da cuenta de una
inconformidad con la interpretación y aplicación de las normas efectuada en la
providencia cuestionada. Ciertamente, los argumentos desarrollados por el señor
Murcia Guzmán no permiten entrever alguna arbitrariedad o error evidente por
parte del operador judicial, puesto que se limitó a exponer la forma en la que, a
su juicio, se han debido interpretar las normas aplicables al caso en concreto.

40. En virtud de lo anterior, las razones otorgadas por el interesado no cuentan
con la relevancia constitucional que permitan al juez de tutela llevar a cabo un
estudio de fondo del litigio propuesto, en la medida en que lo pretendido es que
se efectúe un análisis de corrección sobre el ejercicio hermenéutico del operador
judicial, a fin de que se concluya cuál interpretación de las normas aplicadas era
la más adecuada.

41. Por su parte, con respecto al cargo por desconocimiento del precedente
es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la parte que invoca este
defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia. Los anteriores
criterios no fueron desarrollados por la parte demandante, por lo que no se
satisface el deber de una carga mínima que permita superar la relevancia
constitucional.

42. De igual forma, se pone de presente que la Corte Constitucional ha

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reiterado10 que, respecto de las acciones de tutela contra providencias dictadas
por altas cortes –como lo es el Consejo de Estado–, las razones presentadas
deben cumplir con una carga argumentativa transversal, elemento que se
concreta en un estudio más restrictivo y riguroso de los requisitos generales de
procedencia, en especial, el de relevancia constitucional. Esto tiene justificación
en que tales corporaciones cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la
medida en que son los órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones. Por
tal motivo, la intervención del juez de tutela se justifica exclusivamente cuando la
providencia judicial cuestionada sea abiertamente incompatible con el alcance y
límite dado por la Corte Constitucional a los derechos fundamentales, o cuando
se genere una anomalía en el sistema judicial de tal envergadura que posibilite
la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

43. Finalmente, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2026 que negó el amparo
solicitado y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Baudilio Murcia Guzmán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01353-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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