República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01354-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01354-00 (2089)
Accionante: Jorge Américo Vélez Zárate
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: tutela por mora judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: apelación de auto que negó el decreto
de pruebas. Subtema 3: mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jorge Américo Vélez Zárate contra
el Tribunal Administrativo de Bolívar.
1. Síntesis del caso
El señor Jorge Américo Vélez Zárate presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al plazo razonable, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Bolívar con ocasión de la mora judicial en la que, en su
criterio, incurrió dicha autoridad al no decidir el recurso de apelación que interpuso
contra el auto que negó el decreto de la prueba del interrogatorio de parte dentro
del expediente con radicado núm. 13001-33-33-006-2020-00047-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes y argumentos de tutela
1. El señor Jorge Américo Vélez Zárate presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC), con las pretensiones de que se declarara la nulidad de la
Resolución CNSC-2019-2120090145 del 30 de julio de 2019 que conformó una lista
de elegibles en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y, en consecuencia, que
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se ordenara la realización de una nueva prueba técnico-pedagógica y la expedición
de otra lista de elegibles, con el reconocimiento de daños y perjuicios.
2. El asunto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena que, en
auto del 28 de junio de 20221, admitió la demanda y vinculó al SENA, a la
Universidad de Medellín y a los señores Jorge Arturo Leottau Herrera, Erika María
Gómez Torres y Jorge Luis Caray García. En audiencia inicial del 21 de octubre de
20252 se fijó el litigió y se decretó la práctica de pruebas, no obstante, se rechazó
el interrogatorio de parte solicitado por el señor Jorge Américo Vélez Zárate,
decisión que fue apelada, recurso concedido en el efecto devolutivo ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
3. El accionante argumentó en el escrito de amparo que al momento de la
interposición de la tutela el Tribunal Administrativo de Bolívar no había resuelto el
recurso de apelación interpuesto contra el auto del 21 de octubre de 2025. Además,
indicó que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena fijó la continuación de la
audiencia inicial para el 25 de febrero de 2026, diligencia que «sin la “prueba reina”
(declaración del demandante) genera un perjuicio irremediable».
2.2. Pretensiones de la tutela
4. El señor Jorge Américo Vélez Zárate presentó escrito de tutela el 19 de febrero
de 2026, en el que solicitó al juez constitucional que ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al plazo
razonable; que ordene al Tribunal que resuelva el recurso de apelación interpuesto
contra el auto que negó la solicitud de interrogatorio de parte formulado en la
demanda ordinaria; y, que ordene al Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena
que se abstenga de realizar la audiencia de pruebas. Como medida cautelar, pidió
la suspensión provisional de la diligencia programada para el 25 de febrero de 2026.
2.3. Trámite procesal
5. El despacho ponente dictó auto admisorio el 25 de febrero de 20263, en el que
vinculó como terceros con interés al trámite al Juzgado Sexto Administrativo de
Cartagena, a la CNSC, al SENA, a la Universidad de Medellín y a los señores Jorge
Arturo Leottau Herrera, Erika María Gómez Torres y Jorge Luis Garay García; negó
la medida cautelar pedida; requirió el expediente ordinario objeto de controversia;
tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; y ordenó las
notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
6. El SENA contestó que el escrito de amparo no cumple con los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial definidos por la Corte
1 Samai, expediente núm. 13001-33-33-006-2020-00047-00, índice 15, certificado 47D7C9882E71F97F
CFE9D50807489EA8 00551316F2B72238 9530A855B072ADFF.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 2, certificado CDD9F461FC23959E
14536DFD80D8D800 CE0977573EED3343 6FFC80365F0B3B2C.
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 8, certificado CBD23BC5FD5BF661
6E207BEACB897146 9092D9B36F5634E1 FF5E7D173FC416BA.
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Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, por lo que solicitó que se negara por
improcedente las pretensiones de la acción4.
7. El Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena refirió las actuaciones surtidas
en el proceso ordinario y expuso que, en la audiencia del 25 de febrero de 2026, el
demandante solicitó la reprogramación de la diligencia en razón a que el Tribunal
no había resuelto la apelación, lo cual negó debido a que el recurso fue concedido
en el efecto devolutivo, motivo por el que continuó con el proceso. Adujo que no
vulneró derechos fundamentales y que adelantó el asunto con sujeción de las
normas que rigen la materia. Pidió su desvinculación del trámite constitucional5.
8. La CNSC respondió que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que
no tiene en sus competencias «dejar sin efecto las decisiones tomadas por el
Tribunal Administrativo de Bolívar». Afirmó que la acción es improcedente porque
el tutelante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ante los jueces
naturales y que sus actuaciones se encuentran adelantadas conforme a derecho6.
9. La Universidad de Medellín informó que no tiene conocimiento del trámite
interno de la apelación adelantado ante el Tribunal y recordó que ese recurso debió
ser concedido en el efecto devolutivo. Alegó que no se configuró un perjuicio
irremediable y que ocurrió un hecho superado toda vez que se realizó la audiencia
programada para el 25 de febrero de 20267.
10. Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues las
pretensiones están dirigidas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por lo que
solicitó su desvinculación y que se niegue el amparo constitucional.
11. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar manifestó que en
auto del 27 de febrero de 2026 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra
el auto del 21 de octubre de 2025, motivo por el que no incurrió en mora judicial ni
vulneró derechos fundamentales. Pidió que se nieguen las pretensiones de
amparo8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el señor Jorge Américo Vélez Zárate contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 16, certificado 6189342B813D23F9
367B8F814176433C 34E8C630C2950DF5 E7072A1A8FBC29EF.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 17, certificado 53CEBDC4C71A5394
62B0273C1C14CD96 19931F2F5A6E797C DA54DADCB98C409F.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 19, certificado 4C79595AAEAAAEDE
99108B9869BA1F8D 970879E2E54465E9 281C7C110468DED7.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 20, certificado E382C0A66A03D760
0F1521AEF8B571AF 650FFD006277C8D0 5AFBAAE70B755BB6.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01354-00, índice 23, certificado 9B0DF79A55136453
860340A315EB406A 8E4E022B93E7A6B9 F2136575B166726A.
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3.2. Legitimación en la causa
13. La legitimación en la causa por activa del señor Jorge Américo Vélez Zárate
está acreditada porque es la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-33-33-006-2020-00047-
00/01 y quien interpuso el recurso de apelación que adujo no ha sido resuelto.
14. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Bolívar, debido a que es la autoridad que, según el accionante,
incurre en mora judicial.
15. Por otro lado, se advierte que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena,
la CNSC y la Universidad de Medellín solicitaron su desvinculación del trámite
constitucional al considerar que no estaban llamados a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
16. Al respecto, la Sala aclara que sus vinculaciones al presente asunto fueron en
calidad de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción,
toda vez que el Juzgado es quien adelanta la demanda ordinaria en primera
instancia y las demás entidades están vinculadas al proceso y, en consecuencia, la
decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negarán sus solicitudes.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.
18. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»11.
19. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, ante la posible inactividad de la
autoridad accionada.
20. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la
medida en que, entre el 21 de octubre de 2025 que se concedió el recurso de
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
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apelación que, afirmó el tutelante, no ha sido resuelto y la presentación de la acción
de tutela el 19 de febrero de 2026, transcurrió un término razonable.
3.4. Problema jurídico
21. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al plazo razonable del señor Jorge Américo Vélez Zárate?
22. En concreto, en atención a los argumentos formulados en los escritos de
contestación, le corresponde decidir si ¿se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado en el presente asunto?
23. En caso negativo, es necesario establecer si ¿la autoridad accionada incurrió
en mora judicial al no resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del
21 de octubre de 2025 que negó la práctica del interrogatorio de parte que pidió el
demandante?
3.4.1. La acción de tutela en casos de mora judicial
24. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto, conforme con lo dispuesto en la
Ley 1957 de 2019 que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal en las actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los
siguientes escenarios:
[L]a Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad) 12.
25. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es un prerrequisito haber sido diligente dentro
del proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de
los funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
26. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a
la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:
12 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
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[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”13.
3.5. Caso concreto
27. En el asunto bajo estudio, está probado que el señor Jorge Américo Vélez
Zárate presentó apelación contra el auto emitido en la audiencia inicial del 21 de
octubre de 2025, en el que el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena rechazó
la solicitud de interrogatorio de parte formulada en la demanda ordinaria. Además,
que el recurso fue concedido y repartido ante el Tribunal Administrativo de Bolívar
el 27 de octubre siguiente. En tutela, se argumentó que la autoridad accionada
incurrió en mora judicial.
28. Pues bien, revisada la plataforma Samai, la Sala observa que el 27 de febrero
de 2026 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió el recurso interpuesto contra
el auto del 21 de octubre de 2025, que negó la solicitud de interrogatorio de parte,
actuación visible en el índice 7 del expediente ordinario con radicado núm. 13001-
33-33-006-2020-00047-01.
29. En este punto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha manifestado
en su jurisprudencia que puede ocurrir que en el transcurso del trámite de la tutela
y antes de que el juez profiera sentencia, el objeto jurídico de la acción desaparezca,
«ya sea porque se obtuvo lo pedido [hecho superado], se consumó la afectación
que pretendía evitarse [daño consumado], o porque ocurrieron hechos a partir de
los cuales se pierde interés en la prosperidad del amparo [situación
sobreviniente]»14.
30. En particular, el hecho superado exige la acreditación de tres requisitos, a
saber: «(i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que
dicha variación implique una satisfacción íntegra de las pretensiones de la
demanda; y (iii) que ello se deba a una conducta asumida por la parte demandada,
de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó, por un hecho imputable
a su voluntad»15.
31. Pues bien, de lo expuesto, la Sala encuentra que, después de la interposición
de la acción, el 19 de febrero de 2026, y antes del fallo de primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió el recurso de apelación que el señor
Jorge Américo Vélez Zárate presentó contra la decisión que negó su solicitud
probatoria de interrogatorio de parte.
32. En consecuencia, ante la desaparición de las circunstancias que
fundamentaron la acción, la solicitud de amparo formulada por el señor Jorge
13 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
14 Corte Constitucional, sentencia T-215 de 2023.
15 Ibidem.
6
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Américo Vélez Zárate perdió su razón de ser como mecanismo extraordinario de
protección de derechos fundamentales, lo que conduce a que cualquier orden que
profiera el juez constitucional resulte inane. Por las razones expuestas, esta Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
4. Conclusión
33. Dado que el Tribunal Administrativo de Bolívar satisfizo la pretensión principal
de la tutela, esto es, que se resolviera el recurso de apelación formulado contra el
auto del 21 de octubre de 2025, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación que presentaron el Juzgado Sexto
Administrativo de Cartagena, la CNSC y la Universidad de Medellín, por las razones
contenidas en esta providencia.
Segundo: Declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado, de la tutela
interpuesta por el señor Jorge Américo Vélez Zárate contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
7
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Accionante: Jorge Américo Vélez Zárate
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
8
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