Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01363-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01363-00
Accionantes: MANUELA RUDA GALLEGO Y LUCERO GUTIÉRREZ
CARDONA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
DESPACHO 020
Temas: Derecho fundamental de petición y acceso a la información.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 020. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 24 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, en nombre propio,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 0203. Con la solicitud de amparo pretenden que se les proteja el
derecho fundamental de petición, el cual consideraron vulnerado por la presunta
falta de respuesta a la solicitud que enviaron a la autoridad judicial tutelada el 30
de mayo de 2025.
2. En concreto, solicitaron lo siguiente:
1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Antioquia.
3
Radicada el 20 de febrero de 2026.
1
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Accionantes: Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 020
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01363-00
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Despacho 020 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a
la solicitud presentada el 30 de mayo de 2025.
1.2. Hechos
3. Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona enviaron una petición
el 30 de mayo de 2025 al Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 020, a
través de correo electrónico, en el siguiente sentido:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio
y que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos
ejecutivos contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde
enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud,
en los que se hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.
4. Lo anterior, con fundamento en que se encuentran cursando una maestría
en derecho administrativo, y como requisito de grado optaron por investigar lo
relacionado con «la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad en los procesos ejecutivos contractuales que se adelanten contra
municipios».
1.3. Sustento de la vulneración
5. Las accionantes afirmaron que a la fecha de interposición de la tutela no
han recibido respuesta, lo que concreta la vulneración ius fundamental indicada.
Además, aclararon que la solicitud no persigue la emisión de concepto jurídico
alguno y que la información no será utilizada con fines distintos a los meramente
académicos.
1.4. Intervenciones
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 020, pidió que se
declare la carencia de objeto por hecho superado, toda vez que resolvió de fondo
y envió la respectiva respuesta por medio de correo electrónico, el 27 de febrero
de 2026. Como prueba de su manifestación aportó el correo remitido a la misma
dirección desde la cual se envió la solicitud.
7. Las tutelantes aportaron un memorial en el que manifestaron que se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. Allí aportaron la
respuesta dada y efectivamente notificada a sus correos por el despacho
accionado en la que se les informó que «los procesos ejecutivos que más
adelante se enlistan no se habría agotado el requisito de procedibilidad
manifestado», junto con una tabla en la que se relacionaron los radicados
correspondientes y los enlaces de acceso.
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II. CONSIDERACIONES
8. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado con
relación a la solicitud enviada el 30 de mayo de 2025 por las accionantes, por las
razones que pasan a explicarse.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo4.
10. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
11. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
12. Las accionantes están legitimadas en la causa por activa, ya que afirmaron
haber enviado la petición del 30 de mayo de 2025, cuya presunta ausencia de
respuesta motivó la presente solicitud de amparo.
13. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 020, está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad a la
cual se remitió la mencionada solicitud.
14. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental5.
15. Se cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la interposición
4
Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
5
Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
3
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de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual se deriva la
presunta vulneración del derecho fundamental indicado, que consiste en la falta
de respuesta a la petición del 30 de mayo de 2025.
16. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales6: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo7 y eficaz8 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
17. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
la parte tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales para solicitar la
protección de su derecho fundamental de petición.
2.1.2. Estudio sobre el derecho fundamental de petición y el acceso a la
información en relación con la solicitud del 30 de mayo de 2025
18. Como viene de verse, el 30 de mayo de 2025 las accionantes presentaron
una petición ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 020, con el
fin de que se les informara: (i) si en los procesos ejecutivos radicados desde
enero de 2023 derivados de contratos, en los que el demandado es un municipio,
se exige el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, y, (ii) el link
de acceso de los procesos ejecutivos contractuales, en los que se han
demandado municipios, desde enero de 2023, y se haya realizado por lo menos
una actuación judicial.
19. De la revisión del expediente se advirtió que la mencionada solicitud fue
presentada con fines académicos y que lo pedido coincide con el tema de la
investigación que se encuentran adelantando las tutelantes para cumplir con su
requisito de grado de maestría en derecho.
20. Además, se observó que la mencionada solicitud se presentó ante 39
juzgados administrativos de Medellín y 7 del municipio de Turbo.
21. Ahora bien, la Sala verificó en la plataforma Samai que las accionantes
han presentado por lo menos 29 acciones de tutela, de las cuales conoce esta
corporación y en las que se solicita la protección del derecho fundamental de
petición, presuntamente vulnerado por autoridades judiciales. De estas, se
encontró que en 8 expedientes9, en los que se encuentran públicas las piezas
6
Sentencia T-183 de 2024.
7
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
8
Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial
está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
9
11001-03-15-000-2025-06948-00/Sección Tercera, Subsección A, 11001-03-15-000-2025-
06934-00/Sección Tercera, Subsección C, 11001-03-15-000-2026-01366-00/Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, 11001-03-15-000-2026-01365-00/Sección Segunda, Subsección
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procesales, coincide la petición cuya falta de respuesta motiva las solicitudes de
amparo pese a que se accionan distintos despachos judiciales.
22. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 020,
solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, con
fundamento en la respuesta que envió a las peticionarias el 27 de febrero de
2026.
23. En la mencionada respuesta, de conformidad con lo que allegó al
expediente para comprobar su manifestación, remitió la trazabilidad de lo que
ordenó a su departamento de sistemas, el cual informó lo siguiente:
Según las indicaciones del despacho, se realizó la búsqueda de los
procesos ejecutivos radicados desde el 1.º de enero de 2023 hasta la fecha.
Adjunto encontrarán el listado de 32 procesos que cumplen con estos
criterios, de los cuales tres procesos la parte demandada contiene la
palabra “municipio”.
24. Además, con el mensaje de datos efectivamente enviado a las tutelantes
se remitió el siguiente documento de Excel, en el que se identifican los tres
procesos que cumplen con los criterios indicados por las peticionarias:
25. De otro lado, se aportó la respuesta recibida por las tutelantes en las que
se les especificó que en los procesos que, a la fecha, desde 2023, ha recibido la
autoridad judicial, no se ha agotado el requisito de procedibilidad, junto con los
datos de los procesos que reúnen las características que ellas indicaron y los
enlaces de acceso.
26. Cabe destacar que el artículo 20 de la Carta Política establece que se
garantiza a toda persona «la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial», de ahí que es
un derecho recibir la información que es solicitada mediante el derecho de
petición a las autoridades.
A, 11001-03-15-000-2026-01399-00/Sección Tercera, Subsección A, 11001-03-15-000-2026-
01386-00/Sección Primera, 11001-03-15-000-2026-01384-00/Sección Tercera, Subsección C y
11001-03-15-000-2026-01377-00/Sección Tercera, Subsección C.
5
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27. No obstante, los derechos y libertades conllevan obligaciones específicas
para su pleno goce y satisfacción. Al respecto, la Corte Constitucional indicó que
«[l]a libertad de información se constituye en un derecho fundamental cuyo
ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y
responsabilidades. Es pues un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto,
sino que tiene una carga que condiciona su realización. En tanto que derecho,
comprende una serie de facultades, entre las cuales se encuentra la
investigación y la recepción»10.
28. De conformidad con lo anterior, no puede confundirse el acceso a la
información con la obligación de investigar, en particular cuando esta segunda
actividad no está en cabeza de la autoridad o el particular hacia quien se dirige
la petición.
29. Se recuerda en este punto que el tema central de la investigación de las
accionantes, según lo que relatan en la petición que se analiza, es «la
obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en
los procesos ejecutivos contractuales que se adelanten contra municipios».
Nótese que el primer punto de la solicitud enviada al despacho accionado
coincide plenamente con el problema de su tesis investigativa.
30. Así las cosas, si bien el derecho de petición garantiza el acceso efectivo a
la información, exigir de una autoridad una consulta que dista de sus funciones,
que en el caso de los jueces de la república es administrar justicia, se aleja del
objeto por el cual fue diseñado el derecho fundamental cuya protección piden las
accionantes.
31. En otras palabras, resulta desbordado exigirles a las autoridades que
resuelvan las tesis investigativas de los estudiantes, al punto que, para el caso,
tengan que resolver preguntas que escapan de la órbita de sus funciones como
lo sería emitir un concepto o postura jurídica. En especial porque, de un lado,
cada caso tiene particularidades que podrían justificar que sean resueltos de una
u otra manera y, sobre todo, si se tiene en cuenta que las tutelantes han remitido
la misma petición a más de 40 despachos judiciales.
32. Además, se aclara que el acceso a los expedientes está condicionado al
cumplimiento de los requisitos del artículo 123 del Código General del Proceso,
carga que en cada expediente sobre el que pidan acceso, deberán acreditar las
peticionarias y que no pudo advertir el despacho accionado a partir de la solicitud
del 30 de mayo de 2025.
33. A lo anterior se suma que El artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 distingue
tres categorías específicas de información pública, así:
(i) Información pública, que es toda aquella que un sujeto obligado genere,
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1993, reiterada por el mismo cuerpo colegiado en la
SU-191 de 2022.
6
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(ii) Información pública clasificada, que es aquella que, aun estando en poder de
un sujeto obligado, pertenece al ámbito propio, particular, privado o semiprivado
de una persona natural o jurídica.
(iii) Información pública reservada, que es aquella que, aun estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, se exceptúa del acceso
ciudadano por representar un riesgo para intereses públicos.
34. En el caso de los procesos judiciales el acceso a la información íntegra del
expediente se rige por las reglas especiales que limitan su divulgación a sujetos
ajenos al proceso, en procura del equilibrio entre la publicidad de la justicia y la
protección de datos personales, que es la razón por la que el legislador previó el
referido artículo 123 en la Ley 1564 de 2012.
35. Dado que la respuesta dada a la petición del 30 de mayo de 2025 fue
notificada hasta el 27 de febrero de 2026, corresponderá declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado11, toda vez que la respuesta fue clara,
congruente y acorde con lo solicitado, teniendo en cuenta además las
particularidades que rodean la petición que se estudia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
11
«Es del caso reiterar que la Corte ha precisado que el hecho superado se configura cuando
durante el trámite de tutela la parte accionada atiende satisfactoriamente las pretensiones que
motivaron la solicitud de amparo. “En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la
orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante
precisar que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se
ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar), voluntariamente”. Corte Constitucional,
sentencia T-057 de 2024.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01363-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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