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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01369-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01369-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Segundo Melendrez Hernández en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01369-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-00
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Niega las pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Rafael Segundo Melendrez Hernández, quien
actúa por conducto de apoderado judicial, en contra del Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
la Junta Regional de Calificación de invalidez del Valle del Cauca por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
mínimo vital y vida, con ocasión de las sentencias proferidas el 11 de enero de 2024
y 15 de agosto de 2025, respectivamente, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-008-2020-00242-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. En el mes de mayo de 2010, el señor Rafael Segundo Melendrez Hernández
ingresó al Ejército Nacional a prestar servicio militar obligatorio. Sin embargo, el
Batallón de Infantería n.° 8 Batalla de Pichincha del Ejército Nacional mediante Acta
0173 del 30 de enero de 2012 practicó examen médico de evaluación al personal
de SPR que lo declaró no apto.

3. El 30 de julio de 2014, el demandante se le realizó una cirugía de vertebrectomía
de L5-S1 y artrodesis.

4. La Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
mediante acta n.° 110221 del 27 de agosto de 2019 determinó una incapacidad
permanente parcial, no apto para el servicio y lo calificó con una pérdida de

1 Acción de tutela presentada el 20 de febrero de 2026.

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capacidad laboral del 12%.

5. En sede de apelación, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
por medio del Acta TML20-1-083 MDNSG-TML-41.1 del 24 de enero de 2020
resolvió modificar la anterior decisión. En consecuencia, determinó una incapacidad
permanente parcial, no apto para la actividad militar y una pérdida de la capacidad
laboral del 28%.

6. El señor Rafael Segundo Melendrez Hernández en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejercito Nacional con el propósito de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos por medio de los cuales se determinó el porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral, a título de restablecimiento del derecho pidió que se
realizara nuevamente una valoración integral ante organismos médico militares o
los peritos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cali, en
consecuencia, se reconociera la pensión de invalidez

7. El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Circuito de Cali que
mediante sentencia del 11 de enero de 2024 resolvió negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos administrativos demandados conservaban la
presunción de legalidad, en tanto, en el dictamen pericial de la Junta Regional de
Invalidez del Valle del Cauca realizado al actor durante el transcurso del proceso
judicial correspondía al mismo porcentaje de pérdida conferido por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

8. En ese sentido, concluyó que, para acceder a la pensión de invalidez en el
régimen especial de la Fuerza Pública era necesario que el interesado hubiera
sufrido una pérdida de la capacidad laboral superior a la presentada por hoy el
demandante.

9. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca a través de
sentencia del 15 de agosto de 2025 confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

10. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, particularmente hizo referencia a los dictámenes de pérdida
de capacidad laboral, la historia clínica y los estudios técnico científicos, material
probatorio que, a su juicio, permitía demostrar que las lesiones, afecciones y
secuelas producidas por dolores en la región dorso lumbar eran compatibles con
los trastornos de dolor crónico lumbar, por lo tanto, el porcentaje de disminución de
la capacidad laboral correspondía al 62,55 %.

11. Adicionalmente, alegó un desconocimiento de precedente de la Corte
Constitucional contenido en las sentencias C 425 de 2005, T-518 de 2011 y T-498
de 2020; así como también del Consejo de Estado contenido en la sentencia de
tutela del 11 de diciembre de 2013 en las que se indicó que «debe realizar una
valoración integral y objetiva de todas las patologías clínicas que padezca el
afectado, sin importar si son de origen profesional o común, o si convergen entre
sí»

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12. Con fundamento en los anteriores argumentos, manifestó que la decisión
cuestionada también adolecía de una violación directa de la Constitución Política.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado, el señor RAFAEL
SEGUNDO MELENDREZ HERNANDEZ, al debido proceso, seguridad social en
salud y pensión, mínimo vital y vida en condiciones de dignidad, contemplados
en los artículos 1, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política, los cuales se estiman
vulnerados por el JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI, presidido por la Juez Dra. MÓNICA LONDOÑO
FORERO; por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
presidido por la M.P. Dra. ZORANNY CASTILLO OTÁLORA; y por la JUNTA
REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA.

2. En su lugar, y con el fin de restablecer los derechos fundamentales vulnerados
de mi representado, REVOCAR las decisiones proferidas por el JUZGADO
OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI,
presidido por la Juez Dra. MÓNICA LONDOÑO FORERO, y por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, presidido por la M.P. Dra.
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA, quienes mediante fallos de primera y segunda
instancia de fechas 11 de enero de 2024 y 15 de agosto de 2025, respectivamente
—notificado este último el día 19 de agosto de 2025 vía correo electrónico—
decidieron NEGAR las pretensiones de la demanda administrativa presentada en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
No. 76001333300820200024200, instaurada por el suscrito contra la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.

3. Como consecuencia de la revocatoria de los fallos de primera y segunda
instancia, ORDENAR al JUZGADO OCTAVO (8) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI, presidido por la Juez Dra. MÓNICA LONDOÑO
FORERO, que exija a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
DEL VALLE DEL CAUCA emitir un nuevo dictamen de pérdida de capacidad
laboral respecto del señor RAFAEL SEGUNDO MELENDREZ HERNANDEZ, en
el cual se tengan en cuenta todas las patologías que padece, sean de origen
común o profesional, y se apliquen las reglas establecidas por la Honorable Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en materia de valoración integral de la
pérdida de capacidad laboral(…)»

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 24 de febrero
de 2026 en el que se ordenó notificar al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Cali, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Junta Regional de
Calificación de invalidez del Valle del Cauca como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como terceros interesados en el resultado
del proceso.

15. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali después de hacer un
resumen de las actuaciones surtidas al interior del proceso indicó que en la decisión
de primera instancia aplicó el precedente judicial vigente al momento de proferir la
sentencia y a los medios de prueba válidamente incorporados al proceso.

16. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca solicitó
ser desvinculada del presente trámite porque no ha vulnerado los derechos

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fundamentales invocados en protección.

17. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declare improcedente la
acción porque no cumple con el requisito de inmediatez por cuanto la decisión se
profirió el 15 de agosto de 2025 y el mecanismo constitucional se presentó el 23 de
febrero de 2026, es decir, vencidos los 6 meses.

18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

20. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca solicitó que
se declare la falta de legitimación por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra
mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que analizado el
material probatorio se tiene que dicha entidad hizo parte del proceso ordinario en
calidad de accionada, razón por la que procede la Sala a negar dicha solicitud.

3.2.2. De la presunta violación directa de la Constitución

21. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó una violación
directa de la Constitución, lo cierto es que la parte accionante insiste en los
argumentos expuestos para los defectos fáctico y desconocimiento de precedente,
por lo tanto, de encontrar superados los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, se referirá a estos dos últimos mencionados.

3.3. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia
del 15 de agosto de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, mínimo vital y vida, al incurrir en los defectos fáctico y
desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

23. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

24. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

26. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

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3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es,
el 26 de agosto de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 20 de
febrero de enero de 2026.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y vida,
al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento de precedente, los cuales se
encuentran razonadamente fundamentados.

27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

29. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»6.

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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30. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18967, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

33. Respecto del precedente vertical8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9.

35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación10.

36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico y desconocimiento de
precedente

37. La parte actora alega que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, particularmente hizo referencia a los dictámenes

7 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
8 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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de pérdida de capacidad laboral, la historia clínica y los estudios técnico científicos,
material probatorio que, a su juicio, permitía demostrar que las lesiones, afecciones
y secuelas producidas por dolores en la región dorso lumbar eran compatibles con
los trastornos de dolor crónico lumbar, por lo tanto, el porcentaje de disminución de
la capacidad laboral correspondía al 62,55 %.

38. Adicionalmente, alegó un desconocimiento de precedente de la Corte
Constitucional contenido en las sentencias C 425 de 2005, T-518 de 2011 y T-498
de 2020; así como también del Consejo de Estado contenido en la sentencia de
tutela del 11 de diciembre de 2013 en las que se indicó que «debe realizar una
valoración integral y objetiva de todas las patologías clínicas que padezca el
afectado, sin importar si son de origen profesional o común, o si convergen entre
sí»

39. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en la providencia cuestionada consideró:

«49. El Consejo de Estado en su jurisprudencia comparte los parámetros de la Corte
Constitucional para calificar la pérdida de la capacidad laboral, a saber:

a) En primer lugar, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe
considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas
sistemáticamente, sin que sea posible establecer diferencias en razón al origen,
profesional o común, de los factores de incapacidad.

b) Como segundo aspecto, dicha valoración puede tener lugar no solo como
consecuencia directa de una enfermedad o de un accidente de trabajo
claramente identificado. También opera frente a patologías que resulten de la
evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o por una situación de
salud, inclusive de origen común (…).

c) El tercer criterio gira en torno a que el derecho a la valoración de la pérdida de
la capacidad laboral no se encuentra supeditado a un término perentorio para su
ejercicio. La idoneidad del momento en que el afiliado requiera la definición del
estado de invalidez o la determinación del origen de esta no depende de un
término específico, sino de sus condiciones reales de salud, del grado de
evolución de la enfermedad o del proceso de recuperación o rehabilitación
suministrado. En igual sentido, el transcurso del tiempo no impide el acceso al
dictamen técnico que permita establecer las prestaciones económicas causadas
por el advenimiento del riesgo asegurado, independientemente de que este
tenga origen en una enfermedad profesional, accidente laboral o en una afección
de origen común.

d) Finalmente, no es un requisito necesario partir de un punto específico de
referencia, por ejemplo, el acaecimiento de una enfermedad o de un accidente
de trabajo, sino de la situación de salud al momento de la solicitud de la
valoración. Por ende, se deben atender todas las circunstancias que hayan
incidido en la condición del paciente.
(…)
58. El dictamen no. 16202305182 del 23 de junio de 2023 de la Junta Regional de
Invalidez del Valle del Cauca cumplió con los parámetros de la Corte Constitucional,
la valoración consideró las condiciones específicas del demandante y se fundamentó
en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000 Manual de Calificación de Invalidez del
régimen especial de Militares y Policía.

60. Respecto a estos cuestionamientos, en el expediente no hay prueba técnica que
dé cuenta que la cirugía de columna que se le practicó resultó fallida. Tampoco indicó
qué secuelas, de antes y después de la cirugía, no valoró el dictamen.

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61. El dictamen no. 16202305182 determinó en el demandante un “trastorno de disco
lumbar y otros, con radiculopatía”, el diagnostico específico “L4-L5 Y L5-S1 (HERNIA
DISCAL), QUE REQUIRIÓ MANEJO QUIRÚRGICO DISECTOMIA L4-L5 E
INSTRUMENTACION TONO PEDICULAR L4-L5".

62. Respecto a la falta de valoración del sistema nervioso que alega, la perito doctora
Judith Eufemia del Socorro indicó:

“(…) nosotros en la revisión se tomó en cuenta el concepto de neuro obviamente
nosotros valoramos presencialmente al paciente, el peciente tiene una cicatriz en la
columna eso es indudable ahí se la vimos, tiene 7 cm, en el examen médico lo dice
en la valoración esta se califica la discopatía y hay puede ser A B o C, mínima,
moderada o severa, entonces lo que se hizo fue que se calificó como moderada
ósea a nivel B y el doctor abogado pedía que se tratara de calificar en el grado
máximo, nosotros consideramos al revisar el expediente en la aclaración que era
moderada y por eso se tomó, pues, esa decisión con respecto de la patología de
columna (…)”.

63. Frente al análisis de la lesión de la columna y la afección nerviosa de forma
separada, la perito señaló:

(…) nosotros no lo hacemos, lo que pasa es que la tabla de la columna es una
tabla bien compleja, se supone que en esas tablas está inmersa todo, las
patologías que tiene (…) nosotros no lo hacemos así porque eso está inmerso
(…)”.

69. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca determinó para
el demandante un PCL del 28%, porcentaje idéntico al que determinó el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar en acta no. TML20- 1-083 MDNSG-TML-41.1.

70. Entonces, todos los estamentos técnicos científicos coinciden en los porcentajes
de pérdida de capacidad laboral y los reparos a sus conclusiones formulados por la
parte actora carecen de fundamentos de la misma entidad que los desvirtúen.»

40. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de
la sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía
confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque no se logró
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados por medio de los
cuales se determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

41. Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial sustenta su decisión en el
dictamen técnico practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Valle del Cauca dentro del proceso ordinario en el que se determinó que el
accionante padecía de un «trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía»;
así como también en las explicaciones que dio la perito que intervino en la
elaboración de dicho dictamen.

42. Ahora, el Tribunal en la decisión cuestionada indica que no se aportó al proceso
ordinario alguna prueba científica que permitiera inferir que la cirugía de columna
resultó fallida o existían secuelas no consideradas en el dictamen.

43. A partir de lo anterior, concluye que la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Valle del Cauca coincide con el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar al determinar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral.

44. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01369-00
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández

la autoridad judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó
una valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que examinó
los elementos técnicos disponibles, confrontó los cuestionamientos de la parte
actora con las explicaciones ofrecidas por la perito y verificó la coincidencia de los
distintos dictámenes emitidos por las autoridades competentes.

45. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como indebidamente valorados.

46. Ahora, lo mismo ocurre respecto del presunto desconocimiento de precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-425 de 2005, T-518 de 2011
y T-498 de 2020, así como por el Consejo de Estado en sentencia de tutela del 11
de diciembre de 2013, según el cual la valoración de la pérdida de capacidad laboral
debe realizarse de manera integral, teniendo en cuenta todas las patologías que
afecten al paciente, con independencia de su origen.

47. En la medida que el Tribunal sustenta su decisión en criterios fijados por el
Consejo de Estado y Corte Constitucional respecto de la forma en que debe
realizarse la valoración de la pérdida de capacidad laboral, en la que destaca que
la calificación debe considerar las condiciones específicas de cada persona y debe
atender todas las circunstancias que hayan incidido en la condición de salud del
paciente.

48. En ese sentido, se observa que es a partir de dichos parámetros que el Tribunal
analiza el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Valle del Cauca y concluye que la valoración realizada se ajustaba a los parámetros
técnicos aplicables.

49. Ahora, para la sala es menester señalar que las providenciasT-518 de 2011, T-
498 de 2020 y del 11 de diciembre de 2013 no constituyen un precedente de
obligatorio cumplimiento, en tanto, no son sentencias de unificación en los que se
fijas unos parámetros de obligatorio cumplimiento.

50. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.

51. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.

52. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

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Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández

53. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, de conformidad con los argumentos
expuestos en el presente proveído.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Segundo
Melendrez Hernández en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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