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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01369-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01369-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de Estado Zoranny Castillo Otálora y separarla del conocimiento de este caso. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 12 de marzo de 2026 dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01369-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de febrero de 2026, Rafael Segundo Melendrez Hernández instauró acción

de tutela en busca de que se dejaran sin efectos las sentencias del 11 de enero de
2024 y 15 de agosto de 20251, proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

2. El referido medio de control se promovió con el propósito de que se declarara la

nulidad del acta del 27 de agosto de 2019, por medio de la cual la Junta Médica
Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional determinó que el accionante
presentaba una incapacidad permanente parcial, lo declaró no apto para el servicio
y le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 12%, así como del
Acta TML20-1-083 MDNSG-TML-41.1 del 24 de enero de 2020, a través de la cual
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía modificó la decisión
anterior, en el sentido de valorar la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje
del 28%.

1 Comunicada por correo electrónico el 19 de agosto de esa misma anualidad.
2 Con radicado número 76001-33-33-008-2020-00242-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Mediante providencia del 15 de agosto de 2025, el Tribunal accionado confirmó la

decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el
dictamen No. 16202305182 del 23 de junio de 2023 emitido por la Junta Regional de
Invalidez del Valle del Cauca, decretado y practicado dentro del proceso ordinario,
valoró en su integridad la historia clínica del actor y los actos enjuiciados. Señaló,
además, que dicho concepto se ajustó a los parámetros fijados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, a partir de lo cual se
determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral idéntico al asignado por el
Tribunal de Revisión Militar y de Policía en el acta acusada.

4. Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora alegó que las
autoridades enjuiciadas incurrieron en los siguientes yerros:

5. Defecto fáctico, por indebida valoración probatoria. Cuestionó que los falladores

fundamentaran su decisión en el dictamen del 23 de junio de 2023, el cual fue
expedido de manera arbitraria y sin justificación científica. Señaló que la Junta
calificó las secuelas derivadas de la cirugía de columna, sin considerar
individualmente las consecuencias ocasionadas por los dolores crónicos y
degenerativos en la región dorsolumbar, los cuales comprometieron su sistema
nervioso, así como las afectaciones auditivas. Lo anterior, pese a que en el
expediente obraban elementos que daban cuenta de dichas patologías, en particular,
los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, la historia clínica y los estudios
técnico-científicos.

6. Afirmó que, de haberse valorado adecuadamente el material probatorio, el juez de

lo contencioso-administrativo habría concluido que el porcentaje real de pérdida de
capacidad laboral correspondía al 62,55%, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 94 de 1989.

7. Desconocimiento del precedente, al apartarse de la jurisprudencia de la Corte

Constitucional3 y del Consejo de Estado, según la cual al momento de determinar la
pérdida de capacidad laboral deben valorarse integralmente todas las patologías y
enfermedades, al margen de su origen, ya sea profesional o común. Lo anterior, por
cuanto omitieron analizar de manera integral y objetiva todas las patologías que
adquirió durante la prestación del servicio militar obligatorio.

8. Violación directa de la Constitución, toda vez que las providencias acusadas

resultan contrarias a los principios de dignidad humana, solidaridad, igualdad, debido
proceso, seguridad social, mínimo vital, favorabilidad en materia laboral y pro
homine. Ello, en la medida en que desconocieron la jurisprudencia constitucional,
conforme la cual las juntas de calificación de invalidez deben emitir valoraciones
completas y debidamente motivadas, con inclusión de todas las patologías de origen
profesional y común, así como de aquellas que se deriven o manifiesten con ocasión

3 Para tal efecto, trajo a colación las sentencias C-425 de 2005, T-518 de 2011, T-876 de 2013 y T-498 de 2020.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de la evolución de la enfermedad, y la normativa aplicable, en particular el Decreto
94 de 1989 y el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000.

B. Sentencia de primera instancia

9. A través del fallo del 12 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda

del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda.

10. Precisó que, aunque la parte actora invocó una violación directa de la
Constitución, los argumentos expuestos correspondían a la reiteración de aquellos
dirigidos a fundamentar la ocurrencia del yerro fáctico y el desconocimiento del
precedente. En consecuencia, circunscribió el análisis a estos dos cargos.

11. Estimó que no se configuró un defecto fáctico, por cuanto el Tribunal enjuiciado

no omitió apreciar el material probatorio relevante ni efectuó una valoración arbitraria
del mismo. Por el contrario, concluyó que la autoridad judicial examinó los elementos
técnicos obrantes en el plenario, confrontó los cuestionamientos formulados por la
parte demandante con las explicaciones suministradas por la perito y verificó la
coincidencia existente entre los distintos dictámenes emitidos por las autoridades
médicas competentes, a partir de un ejercicio probatorio ponderado, razonado y
suficientemente motivado.

12. A la misma conclusión arribó respecto al alegado desconocimiento del precedente.

Consideró que el Tribunal analizó el dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca conforme a los criterios fijados por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de calificación de pérdida de
capacidad laboral, según los cuales la valoración debe atender las condiciones
particulares de cada persona y todas las circunstancias que incidan en su estado de
salud.

13. Agregó que las sentencias T-518 de 2011, T- 498 de 2020 y del 11 de diciembre

de 2013 no constituían precedente para el caso concreto, dado que no corresponden
a fallos de unificación.

C. Impugnación

14. La parte accionante presentó escrito de impugnación en los siguientes términos:

<< IMPUGNO el fallo de Tutela (…) al no estar de Acuerdo con la decisión proferida,
ya que se desconocieron los diferentes Precedentes Constitucionales, Tratados
Internacionales y la Normatividad Vigente del caso a resolver, por lo cual solicito sea
remitido al Superior Jerárquico correspondiente ante el cual sustentare mi
inconformidad>>.

D. Manifestación de impedimento

15. La consejera Zoranny Castillo Otálora, invocando el artículo 56.6 del Código de

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Procedimiento Penal, manifestó impedimento por haber suscrito la providencia
cuestionada, como integrante de la Sala de decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

F. Cuestión previa

17. Se aceptará el impedimento de la magistrada Castillo Otálora, tras constatar que

suscribió la sentencia del 15 de agosto de 2025, que se cuestiona en este trámite
constitucional.

G. Análisis del caso concreto

18. Esta Subsección modificará el fallo impugnado, para declarar improcedente la

solicitud de amparo, toda vez que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional. Su finalidad es emplear la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario, bajo los mismos argumentos que ya fueron analizados
y resueltos de forma razonable por el juez de la causa.

19. Al igual que en el escrito de tutela, en el recurso de apelación interpuesto contra

el fallo dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali, el actor
cuestionó que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se sustentara
en el dictamen emitido por la Junta Regional del Valle del Cauca dentro del proceso
contencioso-administrativo. En síntesis, arguyó que dicha autoridad no realizó una
valoración integral y objetiva de todas las patologías que padece, en
desconocimiento de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional
sobre la materia.

20. Con el fin de abordar tales cuestionamientos, el Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca realizó un análisis sobre el marco normativo y jurisprudencial relativo a la
calificación de pérdida de capacidad laboral de los miembros de la fuerza pública.

21. En particular, resaltó los parámetros fijados por la Corte Constitucional sobre la

materia. Entre ellos, que la valoración de pérdida de capacidad laboral debe
realizarse de manera integral, sistemática e individualizada, atendiendo las
condiciones específicas de cada persona y que dicha calificación no puede
restringirse al origen profesional o común de las patologías, ni limitarse
exclusivamente a las consecuencias inmediatas de una enfermedad o accidente
plenamente identificado, pues también comprende las afecciones derivadas de la

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

evolución posterior de tales padecimientos. Señaló, además, que dichos
lineamientos han sido acogidos por el Consejo de Estado.

22. Precisado lo anterior, la autoridad judicial procedió a contrastar las reglas
jurisprudenciales con el material probatorio obrante en el expediente, en especial
con el dictamen No. 16202305182 del 23 de junio de 2023, emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca. A partir de ese análisis,
determinó que el concepto satisfacía las exigencias fijadas por la jurisprudencia
constitucional, en tanto valoró las condiciones particulares del demandante y
sustentó sus conclusiones en los criterios técnicos previstos en los Decretos 094 de
1989 y 1796 de 2000, correspondientes al Manual de Calificación de Invalidez
aplicable al régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

23. Consideró que si bien el recurrente alegó la falta de valoración de ciertas
patologías y cuestionó los resultados de la cirugía de columna que se le practicó, en
el expediente no obraba prueba técnica que acreditara que dicho procedimiento
resultó fallido.

24. Valoró las explicaciones suministradas por la perito en relación con la presunta

omisión en la valoración del sistema nervioso y la alegada necesidad de efectuar un
análisis diferenciado entre la lesión de columna y la afectación neurológica. Con
fundamento en ello, concluyó que los cuestionamientos formulados por el
demandante correspondían a apreciaciones subjetivas carentes de respaldo técnico
o científico, dado que no se encontraban soportadas en prueba pericial concluyente,
conceptos especializados o testimonios técnicos emitidos por expertos en la materia.

25. Señaló que el dictamen aportado por la parte actora partía de supuestos fácticos

distintos y no desarrolló un análisis separado de las patologías en los términos
propuestos por el demandante, circunstancia que impedía conferirle la entidad
suficiente para desvirtuar las conclusiones alcanzadas por la Junta Regional.

26. En cuanto a la ausencia de valoración de la patología auditiva, el fallador indicó

que no obedeció a una actuación arbitraria o caprichosa de la Junta Regional, sino
a la insuficiencia de elementos técnicos necesarios para emitir una calificación
objetiva y completa. Precisó que dicha imposibilidad no derivó únicamente de la falta
de tres audiometrías, de las cuales el demandante solo aportó una, sino también de
la ausencia de valoración especializada en otorrinolaringología y de soporte médico
relacionado con el tratamiento correspondiente.

27. Además, el Tribunal destacó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez

del Valle del Cauca determinó para el demandante un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del 28%, cifra idéntica a la que había sido previamente establecida
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en el acto objeto de
reproche.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

28. Bajo ese escenario, el juzgador concluyó que los distintos conceptos técnico-

científicos obrantes en el plenario coincidían en el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral asignado al demandante. En consecuencia, estimó que los
reparos formulados por la parte actora carecían de entidad suficiente para desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos demandados, lo que se imponía confirmar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

29. En tales condiciones, las inconformidades que fundamentaron los yerros
atribuidos a la providencia acusada no constituyen más que una reiteración de los
reparos propuestos en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de
primera instancia y que, a su vez, aquellas fueron abordadas por la autoridad
accionada bajo un análisis que se enmarca dentro de los parámetros de la
razonabilidad jurídica.

30. Del contenido de la decisión acusada se desprende que, en ejercicio de su
autonomía judicial y en aplicación de los criterios de libre apreciación probatoria y
sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable el acervo probatorio obrante
en el expediente de cara a los reproches puestos a su consideración, confrontándolo
con las perspectivas legales y jurisprudenciales aplicables.

31. Para sustentar la vulneración alegada, el demandante se limitó a reiterar que
ciertas patologías no fueron tenidas en cuenta por las distintas autoridades médicas
que evaluaron su caso, argumentó que fue expuesto de manera insistente en el
curso del proceso ordinario.

32. No obstante, el Tribunal explicó de manera clara, suficiente y motivada las
razones por las cuales consideró que la Junta Médica si tuvo en cuenta las
afectaciones alegadas por el actor, en especial aquellas relacionadas con el sistema
nervioso y sus padecimientos de la columna, solo que estas no resultaron suficientes
para alcanzar el porcentaje de pérdida laboral pretendido por el demandante.

33. El hecho de que la calificación no se realizara en los términos alegados por el

actor, ni arrojara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que aquel considera
procedente no permite concluir, por sí solo, que las conclusiones adoptadas por las
distintas autoridades médicas y posteriormente avaladas por el juez de lo
contencioso administrativo sean arbitrarias, irrazonables o contrarias al
ordenamiento jurídico. Menos aún cuando se advirtió la coincidencia existente entre
el acta médica acusada y el dictamen practicado dentro del proceso ordinario, este
último decretado a petición de la parte demandante, con el propósito de que un
experto sobre la materia, imparcial e independiente rindiera concepto sobre su
estado de salud, frente al cual, además, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho
de contradicción.

34. Apesar de lo anterior, la parte actora insiste en prolongar una discusión ya
zanjada de forma definitiva por el juez de la causa, con el fin de imponer su propia
apreciación sobre el alcance y gravedad de las patologías que padece, así como

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01369-01
Accionante: Rafael Segundo Melendrez Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

respecto del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que, en su criterio, debió
ser reconocido. Tales planteamientos, lejos de revelar la ocurrencia de un yerro que
amerite protección constitucional, denotan un simple desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez ordinario, para lo cual no fue instituido el mecanismo de
amparo.

35. Por lo expuesto, la Sala modificará el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por

la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que negó el amparo
constitucional solicitado. En su lugar, se declarará su improcedencia dada su falta
de relevancia constitucional.

36. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de Estado
Zoranny Castillo Otálora y separarla del conocimiento de este caso.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 12 de marzo de 2026 dictada por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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