Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01375-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01375-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01375-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01375-01
Demandante: JOSÉ DIDIER SANTA NIETO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por
no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 12 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 20 de febrero de 20261, el señor José Didier Santa Nieto,
en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A, con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, en conexidad
con el principio de seguridad jurídica.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta que confirmó la providencia del 23 de mayo de 2024 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra la
1
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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Demandante: José Didier Santa Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01375-01
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP), identificado con el radicado 25000-23-
37-000-2020-00369-01/02.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] se DEJE SIN EFECTOS las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A el 23 de mayo de 2024, y por el
Consejo de Estado Sección Cuarta, el 18 de septiembre de 2025, así como de todos
los actos y trámites administrativos y judiciales que derivaron de la notificación
defectuosa, por haberse incurrido en defectos sustantivos, fácticos y
procedimentales que vulneran los derechos arriba señalados.
TERCERO: Que se ordene al Consejo de Estado, Sección Cuarta, profiera una
nueva sentencia dentro del mismo proceso, en un plazo razonable, en la que:
• Aborde de fondo la configuración del IBC de los independientes/comerciantes para
el año 2014, a la luz de la omisión reglamentaria del sistema de presunción de
ingresos.
• Estudie expresamente la forma de cálculo del IBC (mensualización, uso de renta
anual) frente al principio de certeza tributaria.
• Valore la razonabilidad del error del accionante y la incidencia de la omisión estatal
en la procedencia y graduación de la sanción.
• Respete los estándares constitucionales de debido proceso, legalidad y cargas
públicas razonables.
SUBSIDIARIAS: Subsidiariamente, que la Corte Constitucional, de encontrar
acreditados los defectos alegados, declare que en el caso concreto:
• No es constitucionalmente exigible la sanción por omisión impuesta al señor José
Didier Santa Nieto, dada la omisión reglamentaria y la ausencia de certeza suficiente
del IBC en 2014.
• Ordene a la UGPP dejar sin efecto la sanción por omisión y ajustar la liquidación
de aportes al estándar constitucional que se fije en la sentencia de tutela2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 26 de septiembre de 2016, la UGPP dictó el requerimiento de información RQI-
M-1578 en el cual solicitó al señor José Didier Santa Nieto los documentos para
verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales por los periodos de enero a diciembre de 2014. Asimismo, el 1° de
diciembre de 2016, expidió requerimiento RDC-2016-02178 para declarar y/o
corregir.
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Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: José Didier Santa Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01375-01
El 26 de julio de 2017, la entidad profirió liquidación oficial RDO-2017-02483, en la
que determinó la omisión en afiliación y/o vinculación del señor Santa Nieto al
Sistema de Seguridad Social Integral en los Subsistemas de Salud y Pensión para
el periodo de enero a diciembre de 2014 y, lo sancionó por la suma de
$112.728.000.
Dentro del término legal, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, en
el que alegó la inexistencia de la obligación clara de cotizar como independiente.
Por medio de la Resolución RDC-645 del 31 de octubre de 2018, la UGPP dispuso
modificar los aportes determinados en la Liquidación Oficial RDO-2017-02483 del
26 de julio de 2017, así como la sanción por omisión impuesta, para fijarla en una
cuantía de $112.324.400.
Conforme a lo anterior, el señor José Didier Santa Nieto presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UGPP, con el fin de que se estudiara la legalidad de los actos administrativos
mencionados previamente.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A expidió sentencia anticipada el 23 de mayo de 2024, en la que negó
las pretensiones, tras considerar que los actos demandados estuvieron
debidamente motivados, por cuanto explicaron de forma suficiente el sustento
fáctico y jurídico para determinar los aportes a cargo del actor y las operaciones
aritméticas llevadas a cabo en su liquidación.
Con base en la sentencia del 11 de noviembre de 2021 de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, determinó que los comerciantes sí estaban sujetos a liquidar
los aportes a pensión y salud, porque hacían parte de la categoría de trabadores
independientes con capacidad de pago. Igualmente, en torno a la base gravable,
puntualizó que correspondía a los ingresos efectivamente percibidos, aminorados
con los gastos que cumplieran con los requisitos del artículo 107 del ET y estuvieran
debidamente soportados; respetando, en cualquier caso, la base gravable mínima
y máxima.
En consecuencia, avaló los aportes determinados a cargo del demandante, al
considerar que fueron calculados sobre la base gravable máxima, toda vez que los
ingresos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta, incluso tras
aplicar los costos presuntos estimados por la administración, superaban dicho
límite.
Finalmente, señaló que no se acreditaron las expensas que permitirían reducir la
base gravable, porque el actor no aportó su declaración del impuesto sobre la renta,
ni esta obraba en los antecedentes administrativos allegados por la entidad
demandada. Por lo tanto, respaldó la sanción por omisión impuesta, porque la
conducta infractora estaba acreditada y se cuantificó conforme a las normas
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aplicables.
En fallo del 18 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
confirmó la decisión del a quo. Al respecto, sostuvo que en concordancia con el
criterio expuesto en las sentencias del 14 de septiembre de 2023 y del 5 y 11 de
octubre del mismo año, dictadas por la Sección Cuarta de la Corporación3, se
determinó que los comerciantes se incorporan dentro de la categoría de
trabajadores independientes por cuenta propia, por lo que la base gravable de los
aportes a pensión y salud por los periodos del año 2014, sí estaba prevista en la
ley.
Asimsimo, explicó que el IBC debía atender a los ingresos reales recibidos por el
aportante, lo que suponía la conformación de la base con los ingresos obtenidos,
menos las expensas incurridas para percibirlos; de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 de la Ley 1393 de 2010.
Por lo tanto, expuso que no le asistía razón al apelante al alegar que para los
periodos cuestionados, «[…] no estaba previsto en la ley el IBC de las
contribuciones a su cargo, porque los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 3.° y 6.° de la Ley 797 de 2003, dispusieron que la
base de las contribuciones a pensión serían «los ingresos que declaren [los
obligados] ante la entidad a la cual se afilien»; y las disposiciones reglamentarias
dictadas con posterioridad precisaron que el IBC debía conformarse por los ingresos
efectivamente percibidos por el aportante, atendiendo a los topes de mínimo y
máximo de uno y 25 SMLMV. Además, el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 previó
que esa misma base regía para los aportes a salud, porque incluso con el esquema
de presunción de ingresos, el IBC debía ajustarse a los ingresos percibidos
efectivamente por el aportante».
Dicha decisión fue notificada por estado y comunicada el 24 de septiembre de
20254.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Cuarta y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A incurrieron en un
defecto sustantivo en las sentencias del 18 de septiembre de 2025 y 23 de mayo de
2024.
Respecto de ello, el señor Santa Nieto aseguró que para el año 2014 existía un
vacío legal para determinar el IBC de los trabajadores independientes, puesto que
solo se establecían reglas generales sobre la obligación de cotizar y sobre los
ingresos efectivamente percibidos, pero no definían con precisión los elementos
3
Magistrada Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello (expedientes: 26001, 26673 y 26709).
4
Índices 28 y 29 de Samai en el proceso 25000-23-37-000-2020-00369-02.
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esenciales de la contribución parafiscal (sujeto pasivo, hecho generador, base
gravable y tarifa) aplicable a los trabajadores independientes comerciantes que
desarrollaban actividades económicas por cuenta propia sin contrato de prestación
de servicios, para que estos pudieran conocer la magnitud de la obligación y
organizar su conducta en consecuencia.
Contrario de ello, comentó que lo que hicieron las autoridades judiciales accionadas
fue avalar la liquidación realizada por la UGPP, afirmando que el régimen ya estaba
plenamente configurado en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 (modificados
por la Ley 797 de 2003), el artículo 204 de la misma ley, el Decreto 510 de 2003, el
artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 y normas reglamentarias complementarias como
los Decretos 806 de 1998 y 1406 de 1999.
En esa misma línea, cuestionó el método utilizado por la UGPP para determinar el
ingreso base de cotización, consistente en tomar los ingresos brutos reportados en
la declaración de renta, mensualizarlos y fijar con base en ese cálculo el tope
máximo de cotización, pues ello carecía de respaldo normativo.
En ese sentido, el principio de legalidad tributaria y parafiscal previsto en el artículo
338 de la Constitución Política exigía que los elementos esenciales de la
contribución estuvieran definidos con suficiente claridad en la ley, circunstancia que
no ocurrió para la época de los hechos.
Asimismo, explicó que en el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, se
ordenó expresamente al Gobierno Nacional «reglamentar un sistema de presunción
de ingresos con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia
laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los
individuos», mandato reiterado por el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, que solo
fue implementado al ordenamiento con el Decreto 1601 de 2022.
De otra parte, alegó una decisión sin motivación, tras considerar que las autoridades
judiciales accionadas omitieron evidenciar de forma completa los fundamentos
fácticos y jurídicos que sustentaban sus decisiones, dejando sin respuesta explícita
sobre la forma concreta de cálculo del IBC y la razonabilidad del error como factor
de modulación o exoneración de la sanción, a pesar de que dichos aspectos
formaban parte estructural del litigio desde la demanda y fueron desarrollados con
precisión en la apelación.
En consecuencia, cuestionó la falta de confrontación de argumentos centrales,
debido a que la sentencia no explicó por qué los desarrollos sobre la mensualización
y el error razonable representan un nuevo debate, cuando emergían directamente
de la inconformidad originaria contra la base gravable y la sanción.
Finalmente, alegó la configuración de un defecto fáctico, por cuanto las autoridades
judiciales no tenían el material probatorio suficiente para sustentar la decisión de
mantener la liquidación oficial y la sanción por omisión, pues prescindieron sin
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justificación razonada de elementos fácticos acreditados que eran determinantes
para valorar la claridad y operatividad del régimen del IBC en 2014, particularmente
la secuencia de acciones de cumplimiento que demostraron la omisión prolongada
del Gobierno Nacional en reglamentar el sistema de presunción de ingresos antes
referenciado.
En conjunto con lo anterior, expuso que la UGPP determinó de manera incorrecta
el IBC al tomar los ingresos brutos reportados en su declaración de renta del año
gravable 2014, mensualizarlos dividiéndolos entre los doce meses del año y fijar
con base en ese cálculo el IBC en el tope máximo de 25 SMLMV para cada uno de
los meses del período fiscalizado.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en
providencia del 26 de febrero de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante5 y, como parte demandada, al Consejo de Estado, Sección
Cuarta6 y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A7.
Además, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso a la UGPP8.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A
En informe recibido el 5 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente del fallo
enjuiciado manifestó que todos los argumentos expuestos por el señor Santa Nieto
en el escrito demandatorio fueron resueltos, tomando como sustento las normas
invocadas como vulneradas, y la jurisprudencia aplicable al caso.
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Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
info@splabogados.com y paralegal1@splabogados.com.
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Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: lruizh@consejodeestado.gov.co,
llopezr@consejodeestado.gov.co, notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co,
yacevedoa@consejodeestado.gov.co, sladinoc@consejodeestado.gov.co,
notifwramos@consejodeestado.gov.co, notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co,
mherrerat@consejodeestado.gov.co, vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co,
nosorior@consejodeestado.gov.co, notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co y
dvalbuenan@consejodeestado.gov.co.
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Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web:
scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, scs04sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scs04sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
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Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones electrónicos:
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co y defensajudicial@ugpp.gov.co.
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Al respecto explicó que el demandante ostentaba la calidad de comerciante, tenía
la obligación de afiliarse, liquidar y pagar aportes al Sistema de Seguridad Integral,
dado que los comerciantes se encontraban incluidos en la expresión de trabajadores
independientes contenida en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues tienen
dicha calidad todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan
vínculo contractual o reglamentario con algún empleador y cuenten con capacidad
de pago; siendo estos los presupuestos fácticos que enmarcan el hecho generador
del tributo y, por tanto, la sujeción pasiva del accionante al mismo. Además de
ejercer la actividad de comerciante, contaba con capacidad económica para el
efecto.
Relató que, contrario a lo expuesto por el actor, la ley sí fijó la totalidad de los
elementos de la obligación de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral para los trabajadores independientes, en la que se entendieron catalogados
los independientes por cuenta propia como sujetos pasivos y, el IBC a aplicar para
la época de los hechos era el contenido en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de
1993, en concordancia con los artículos 1º y 3º del Decreto 510 de 2003, postura
que tenía su origen en los principios de universalidad y solidaridad del Sistema
General de Seguridad Social Integral y que había sido reiterada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
Aunado a ello, sostuvo que sí existía norma que obligaba al contribuyente a afiliarse
y pagar la cotización, todos los elementos de la obligación parafiscal se encontraban
debidamente fijados y, por tanto, era deber del señor Santa Nieto pagar los aportes
a la seguridad social.
En conclusión, argumentó que lo pretendido por el accionante era reabrir un debate
jurídico que finalizó mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025,
desconociendo que la acción de tutela no constituía una tercera instancia; y que se
realizara un estudio de legalidad con fundamento en argumentos no expuestos en
el proceso ordinario.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Cuarta
Mediante informe allegado el 5 de marzo del año en curso, el Magistrado Ponente
de la decisión de segunda instancia enjuiciada, adujo que los fundamentos
expuestos por el señor Santa Nieto carecían de relevancia constitucional, en tanto
se orientaban a controvertir el alcance e interpretación de las disposiciones que
regulaban, para los periodos mensuales de 2014, los aportes a pensión y salud a
cargo de los trabajadores independientes –incluidos los comerciantes–, sin
demostrar una vulneración de las garantías constitucionales.
Afirmó que actor pretendía reabrir el debate acerca de si la falta de reglamentación
de un esquema de presunción de ingresos impedía establecer, para la época de los
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hechos, aportes a pensión y salud a cargo de los comerciantes; no obstante, dicho
aspecto había sido dirimido en el medio de control.
Por otra parte, argumentó que el accionante buscaba que el juez de tutela abordara
el estudio de fondo de los cargos que planteó por primera vez en el recurso de
apelación, respecto a la indebida mensualización de los ingresos declarados en el
impuesto sobre la renta como fórmula de cálculo del IBC de tales contribuciones y
la configuración de una causal exculpatoria que excluiría la imposición de la sanción
por omisión. Por consiguiente, manifestó que como se señaló en la sentencia
cuestionada, resultaba improcedente proferir un pronunciamiento de fondo sobre
esas cuestiones, por tratarse de planteamientos novedosos que no fueron
formulados como cargos en la demanda.
Por lo tanto, resaltó que el tutelante se encontraba utilizando el mecanismo
constitucional como una tercera instancia con el propósito de que se reevaluara la
posición jurídica asumida por el juez natural y competente para pronunciarse sobre
la juridicidad de los actos administrativos acusados, e incluso para obtener una
decisión sobre puntos que no fueron controvertidos en la oportunidad procesal
prevista para esa finalidad.
Igualmente, mencionó que no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia
constitucional al alegarse la existencia de un trato desigual entre los trabajadores
independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios y aquellos
que carecían de esa modalidad contractual, pues se trataba de un planteamiento de
naturaleza estrictamente legal, ajeno al ámbito material excepcional de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Finalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción tutelar, por el
incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad frente a decisiones
judiciales, en especial el de relevancia constitucional. Subsidiariamente, solicitó
negar las pretensiones, al no encontrarse configurados los defectos fácticos y
sustantivos ni la motivación deficiente de la decisión.
1.6.3. UGPP
Con memorial del 5 de marzo del presente año, la directora jurídica de la entidad
adujo que no se habían vulnerado las garantías fundamentales de la parte actora,
dado que se había respetado el debido proceso tanto en la actuación administrativa
como en el proceso judicial.
Por otro lado, solicitó su desvinculación del trámite constitucional y que se declarara
la improcedencia de este.
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1.7. Fallo impugnado
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 12 de marzo
de 2026, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por no acreditar los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En primer lugar, determinó que varios de los reproches formulados no planteaban
una controversia constitucional, sino que constituían una reiteración de la discusión
jurídica que ya había sido resuelta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento,
entre ellos que: i) no existía un régimen jurídico claro para el año 2014 que
permitiera determinar el IBC de los trabajadores independientes comerciantes; ii) el
sistema de presunción de ingresos para orientar la determinación del IBC de los
trabajadores independientes que a juicio del actor no había sido reglamentado y, iii)
la falta de claridad normativa.
Frente a estos, explicó que la tutela no podía convertirse en un mecanismo para
reabrir la discusión jurídica ya resuelta en el proceso ordinario ni en una instancia
adicional destinada a replantear las mismas tesis interpretativas que fueron
debatidas y decididas, aunque no de fondo por la autoridad judicial demandada,
razón por la cual dichos reproches carecían de relevancia constitucional.
En segundo lugar, encontró que existieron cuestionamientos expuestos en el escrito
de tutela que no fueron oportunamente planteados en el recurso de apelación, razón
por la cual no podían ser estudiados en sede constitucional.
Entre ellos, mencionó el argumento relativo a que la UGPP determinó de manera
incorrecta el IBC al tomar los ingresos brutos reportados en su declaración de renta
del año gravable 2014, mensualizarlos dividiéndolos entre los doce meses del año
y fijar con base en ese cálculo el IBC en el tope máximo de 25 SMLMV para cada
uno de los meses del período fiscalizado.
En ese orden de ideas, como se trató de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, el juez consideró que la acción de tutela
resultaba improcedente por cuanto no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
1.8. Impugnación
Con escrito allegado el 23 de abril de 20269, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado.
Al respecto, expuso que el a quo constitucional incurrió en un error en la apreciación
de la relevancia constitucional, puesto que el caso sí revestía de ella, en atención a
que la controversia afectaba directamente derechos fundamentales, al habérsele
impuesto obligaciones y sanciones parafiscales para el año 2014, basado en un
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El fallo de primer grado fue notificado el 20 de abril de 2026.
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marco normativo incompleto y carente de certeza, en lo relativo a cómo calcular el
IBC para comerciantes independientes.
Asimismo, adujo que se realizó un análisis indebido del requisito de subsidiariedad,
puesto que, a su juicio, los alegatos sobre la indefinición del IBC, la falta de
reglamentación y el «error excusable» no eran temas nuevos, sino el desarrollo
lógico de su demanda inicial.
Insistió en la configuración de los defectos sustantivo y fáctico y la decisión sin
motivación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor José Didier Santa Nieto contra la sentencia del 12 de marzo de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de
2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del
12 de marzo de 201910.
2.2. Solicitud de desvinculación
Pese a que la UGPP manifestó su falta de legitimación en la causa por pasiva desde
la contestación allegada en primera instancia, el a quo omitió referirse frente ello.
Su solicitud de desvinculación será negada, en tanto la entidad fue vinculada al
presente trámite como tercero con interés y no, como la parte contra la cual se alega
la vulneración de las garantías fundamentales.
2.3. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 12
de marzo de 2026 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para lo
cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Demandante: José Didier Santa Nieto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01375-01
● ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta11 vulneró las garantías
fundamentales de la parte actora en la providencia del 18 de septiembre de
2025 dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-23-37-000-2020-00369-02?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente,
iii) el estudio del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia14.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
11
Si bien el actor imputó los defectos alegados a las autoridades judiciales de primera y segunda
instancia, solamente será estudiada la sentencia de segundo grado del medio de control, en atención
a que esta zanjó la controversia.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
11
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natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202215, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).
15
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Sentencia SU-573 de 2019.
12
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional18[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales20”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal22. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
El señor José Didier Santa Nieto consideró vulnerados sus derechos al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, en la que se confirmó la negativa de las pretensiones en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El actor manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, decisión sin motivación y fáctico, por cuanto aplicó un régimen jurídico
completo para la determinación del IBC de los trabajadores independientes
comerciantes que desarrollaban actividades económicas por cuenta propia sin
17
Sentencia SU-103 de 2022.
18
Sentencia SU-103 de 2022.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-128 de 2021.
21
Sentencia SU-573 de 2019.
22
Ib.
13
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contrato de prestación de servicios, aun cuando para la época de los hechos no
existía una normativa definida, puesto que no se encontraban esclarecidos los
elementos esenciales de la contribución parafiscal.
Asimismo, cuestionó la omisión de la Sección Cuarta en resolver acerca de la forma
en la que se debía calcular el IBC y la razonabilidad del error como factor de
modulación o exoneración de la sanción, a pesar de que dichos aspectos formaban
parte estructural del litigio desde la demanda.
Finalmente, adujo que la autoridad judicial accionada no tenía el material probatorio
suficiente para sustentar la decisión de mantener la liquidación oficial y la sanción
por omisión, pues prescindieron sin justificación razonada de elementos fácticos
acreditados que eran determinantes para valorar la claridad y operatividad del
régimen del IBC en 2014; así como, que la UGPP determinó de manera incorrecta
el IBC al tomar los ingresos brutos reportados en su declaración de renta del año
gravable 2014, mensualizarlos dividiéndolos entre los doce meses del año y fijar
con base en ese cálculo el IBC en el tope máximo de 25 SMLMV para cada uno de
los meses del período fiscalizado.
De la revisión a la sentencia enjuiciada, se observa que el Consejo de Estado,
Sección Cuarta determinó que sí existía un régimen legal claro, vigente y aplicable
al caso del actor, puesto que los comerciantes se encontraban incorporados dentro
de la categoría de trabajadores independientes, para los cuales el IBC estaba
definido en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos
3 y 6 de la Ley 797 de 2003.
En cuanto al IBC para las cotizaciones al subsistema de salud, se determinó que
correspondía a la misma prevista para pensión porque «se compone de los ingresos
percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y
superior (entre uno y 25 SMLMV)», obedeciendo al parágrafo 2. ° del artículo 204
de la Ley 100 de 1993, concordante con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
Lo anterior, fue sustentado con lo delimitado en las sentencias del 14 de septiembre
de 2023 y 5 de octubre del mismo año proferidas por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado (expedientes: 26001, 26673 y 26709). De esta, también se concluyó que:
[…] sin perjuicio de que los ingresos gravados con los aportes a salud se
determinaran según el sistema de presunción adoptado por la Superintendencia de
Salud, el IBC debe atender a los ingresos reales recibidos por el aportante, lo que
supone la conformación de la base con los ingresos obtenidos, menos las expresas
incurridas para percibirlos; y que este criterio concuerda con el mandato del artículo
33 de la Ley 1393 de 2010, según el cual «las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones
… realizadas al Sistema General de Pensiones», sin que se pueda desconocer el
artículo 3.° del Decreto 510 de 2003 que previó que la base gravable mínima y
máxima «le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud».
14
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En consecuencia, atendió el cuestionamiento principal del actor al recalcar que, de
acuerdo con los «artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 3.° y 6.° de la Ley 797 de 2003, dispusieron que la base de las
contribuciones a pensión serían «los ingresos que declaren [los obligados] ante la
entidad a la cual se afilien»; y las disposiciones reglamentarias dictadas con
posterioridad precisaron que el IBC debía conformarse por los ingresos
efectivamente percibidos por el aportante, atendiendo a los topes de mínimo y
máximo de uno y 25 SMLMV. Además, el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 previó
que esa misma base regía para los aportes a salud, porque incluso con el esquema
de presunción de ingresos, el IBC debía ajustarse a los ingresos percibidos
efectivamente por el aportante».
Así las cosas, se evidencia que el tutelante reprodujo los argumentos expuestos en
la demanda ordinaria, frente a lo cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta resolvió
en su integridad. Por lo tanto, en principio, no es procedente cuestionar sus
decisiones vía acción de tutela; sobre todo cuando se evidencia, como en el
presente caso, que el debate planteado por el accionante busca mutar el amparo
constitucional en una tercera instancia en lo referente a los defectos sustantivo y
decisión sin motivación.
Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que
justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se observa, a
primera vista, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada.
Por lo anterior, la competencia del juez constitucional se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
Aunado a ello, se observa un descontento con la forma en que la Sección Cuarta
realizó el análisis probatorio en la manera en que realizó la liquidación oficial, avaló
la sanción e integró todas las pruebas, inclusive lo referente a las acciones de
cumplimiento, para concluir que el actor había omitido los aportes a salud y pensión
en el periodo 2014. Sin embargo, se recuerda que la administración de justicia
garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en
sus decisiones y se evidencia que lo que pretende el tutelante es que el juez
constitucional nuevamente evalúe los medios aportados al ordinario; aspecto que
desfigura por completo el mecanismo constitucional, al usarlo como una tercera
instancia.
Ahora bien, en lo relativo a que la UGPP determinó de manera incorrecta el IBC al
tomar los ingresos brutos reportados en su declaración de renta del año gravable
2014, mensualizarlos dividiéndolos entre los doce meses del año y fijar con base en
15
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ese cálculo el IBC en el tope máximo de 25 SMLMV para cada uno de los meses
del período fiscalizado; se tiene que se trata de fundamentos nuevos que no fueron
planteados en el recurso de apelación, por lo que la autoridad judicial no tuvo la
oportunidad de resolverlos.
La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Por lo tanto, se observa que a pesar de que el actor tuvo la oportunidad de recurrir
en el proceso ordinario los argumentos expuestos en sede de tutela, omitió hacerlo.
En efecto, se debe destacar que una de las obligaciones propias de los abogados
que actúan como apoderados en un proceso judicial es estar al tanto de las
actuaciones judiciales que se surtan en el mismo para así poder intervenir de
manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados, a través de los
mecanismos legales dispuestos para el efecto en forma oportuna e idónea.
Por ello, el apoderado judicial del tutelante tenía el deber de hacer uso de los
mecanismos de defensa en debida forma y en la oportunidad procesal pertinente,
esto es, en los canales dispuestos para tal efecto y dentro del término establecido.
Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los errores en
los que incurrió la parte actora o su apoderado en el proceso ordinario, pues, la
incuria en el ejercicio de los mecanismos procesales que tenía a su disposición
excluye la posibilidad de que la acción tutelar pueda operar.
Por las razones expuestas, se confirmará la improcedencia decidida por el a quo, al
no encontrar satisfechos los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la UGPP.
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SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 12 de marzo de 2026 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró la improcedencia de la
acción de tutela instaurada por el señor José Didier Santa Nieto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
17
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