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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01376-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01376-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela interpuesta por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01376-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01376-00
Demandante MANUELA RUDA GALLEGO Y OTRO
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Manuela Ruda Gallego y otro, de conformidad con lo
dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de febrero de 2026, las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona interpusieron acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la
petición.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cauca,
brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada el 30 de
mayo de 2025».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

El 30 de mayo de 2025, las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona presentaron derecho de petición ante el Tribunal Administrativo de Cauca,
en el cual solicitaron lo siguiente:
«PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos ejecutivos
derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron radicados
a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad
de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta la
fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido al
menos la primera actuación de Despacho».

2. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que con la solicitud de información presentada no pretende
que el accionado rinda algún concepto jurídico. Lo requerido es que se informe la
decisión adoptada en aquellos procesos que han sido de su conocimiento sobre la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01376-00
Demandante: Manuela Ruda Gallego y otro

materia solicitada en la petición; y en caso de desconocer sobre casos con las
características indicadas, se le informe de tal situación.
3. Trámite e intervenciones
3.1. En auto de 2 de marzo de 2026, se requirió a la parte actora a fin de que
aclarara cuáles son las autoridades accionadas y qué pretensiones se dirigen
en contra de cada una de ellas;
Asimismo, para que precisara si tiene alguna pretensión respecto de los
Juzgados 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o y 10o Administrativos de Popayán,
teniendo en cuenta que de los anexos del escrito de tutela se advirtió que el
derecho de petición también se remitió a los juzgados en mención.
3.2. La parte actora allegó memorial en el que indicó que la tutela se dirige
únicamente contra el Tribunal Administrativo de Cauca.
3.3. Mediante auto de 13 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona contra la Presidencia, la Relatoría y la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Cauca; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.
3.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca informó que el 30 de
mayo de 2025 las accionantes elevaron un derecho de petición masivo a los
despachos judiciales de lo Contencioso Administrativo del Cauca, mediante el
cual solicitaron: (i) información sobre la exigencia del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial en procesos ejecutivos
contractuales contra municipios, y (ii) los enlaces de acceso a los expedientes
de los procesos ejecutivos radicados desde enero de 2023.
Indicó que por un error de gestión en la Secretaría la respuesta no fue enviada
en la oportunidad a las peticionarias. No obstante, una vez advertida tal
situación, se procedió a remitir la información solicitada con la búsqueda en el
sistema de gestión judicial SAMAI de los años 2023 a 2025, mediante oficio
TCA-AMS-139-2026.
Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
carencia de objeto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que en el curso de la
tutela la autoridad demandada informó que dio respuesta de fondo a la petición.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Demandante: Manuela Ruda Gallego y otro

3. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.

La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020 precisó:

«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de
objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar
los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que
éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que
puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño
consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela
imparta una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad
de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por
completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de
una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la
vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga
que no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis».

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las acciones tendientes
a superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción
de tutela. Por sustracción de materia tal gestión hace inocuo efectuar cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De allí que, una
vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud de
amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que «la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la
satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».

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4. Análisis del caso

La parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental de petición porque
para el 20 de febrero de 2026, día en que radicó la acción de tutela, el Tribunal
Administrativo del Cauca aún no había dado respuesta de fondo a la petición de 30
de mayo de 2025.

Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque el
hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente trámite.
Esto se debe a que mediante oficio TCA-AMS-139-2026 de 18 de marzo de 2026
el Tribunal Administrativo del Cauca dio respuesta de fondo a la petición formulada
y se le notificó a la parte actora al correo electrónico por ella brindado. En la
mencionada respuesta se le informó lo siguiente a las peticionarias:

«Se responde a las dos peticiones:
1. “Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos ejecutivos
derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron
radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial”
En el Tribunal Administrativo del Cauca, según consulta en el sistema de gestión judicial
SAMAI, en el periodo año 2023 a 2025, no se encuentra (sic) radicadas demandas
ejecutivas de primera instancia, contra municipios para la ejecución de contratos.
Al respecto se relaciona a continuación una breve reseña de las normas que regulan la
materia, y jurisprudencia que puede ser de su interés. (…)
2. “SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta
la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido
al menos la primera actuación de Despacho.”
Como se mencionó anteriormente, no se han radicado procesos ejecutivos contractuales
contra municipios, por lo cual no es posible remitir enlaces digitales, adicionalmente a las
restricciones sobre acceso al expediente establecidas en el art. 123 del CGP.
Sin embargo, desde el año 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tiene
diseñado el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, herramienta disponible para los
diferentes despachos judiciales, las partes y público en general, mediante la cual se puede
consultar los procesos radicados, estados, fijaciones, notificaciones, providencias,
sentencias, estado del proceso y demás actuaciones que se realizan en los diferentes
procesos, tanto de competencia del Tribunal Administrativo del Cauca, y los demás
juzgados administrativos, incluso del Consejo de Estado. En cada proceso puede
consultar las actuaciones procesales, entre ellas los autos y sentencias. Para poder
acceder al sistema, se comparten los pasos, con los cuales puede consultar la información
relacionada».

De manera que, al haberse desplegado en el curso de la tutela la conducta
esperada por la parte accionante, que no era otra que brindar información sobre el
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en «los procesos ejecutivos
derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron radicados a
partir de enero de 2023», la situación objeto de estudio se enmarca en la figura de la
carencia actual de objeto. Por lo tanto, resulta inocuo un pronunciamiento adicional
por parte del juez de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la carencia de objeto por hecho
superado de la acción de tutela interpuesta al encontrar satisfecha la pretensión de
la solicitud de amparo durante el trámite de la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01376-00
Demandante: Manuela Ruda Gallego y otro

FALLA

1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela
interpuesta por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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