Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01379-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01379-00
Accionantes: MANUELA RUDA GALLEGO Y LUCERO GUTIÉRREZ
CARDONA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Tema: Derecho fundamental de petición. Carencia actual de objeto
por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de la Guajira.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 27 de febrero de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, en nombre propio,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de la Guajira. Con
la solicitud de amparo pretenden que se les proteja el derecho fundamental de
petición, el cual consideraron vulnerado por la falta de respuesta a la solicitud
que enviaron a la autoridad judicial tutelada el 3 de junio de 2025.
2. En concreto, solicitaron lo siguiente:
1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de la Guajira y vinculó como terceros con interés a los juzgados 1°, 2°, 3°,
4°, 5° y 6° administrativos del circuito judicial de Riohacha, al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Maicao, a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila y a los juzgados
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 administrativos del circuito judicial de Neiva.
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Accionado: Tribunal Administrativo de la Guajira
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2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de la
Guajira, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud
presentada el 3 de junio de 2025.
1.2. Hechos
3. Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona enviaron una petición
el 3 de junio de 2025 a múltiples autoridades judiciales, a través de correo
electrónico, en el siguiente sentido:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio
y que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos
ejecutivos contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde
enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud,
en los que se hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.
4. En su petición, las actoras pusieron de presente que actualmente cursan
una maestría en derecho administrativo en la Universidad Autónoma
Latinoamericana. A su vez, informaron que uno de los requisitos de grado es
presentar un resultado de investigación para la cual necesitan algunos datos. De
igual forma, señalaron que el tema de su trabajo de investigación está
relacionado con la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad en los procesos ejecutivos contractuales que se adelanten contra
municipios y referenciaron el nombre del docente encargado de su trabajo.
5. Finalmente, aseguraron que la información brindada solo sería utilizada
para dichos fines académicos. A su petición anexaron el certificado del pensum
del programa de posgrado que cursan.
1.3. Sustento de la vulneración
6. Las accionantes afirmaron que a la fecha de interposición de la tutela no
han recibido respuesta, lo que concreta la vulneración ius fundamental indicada.
Además, aclararon que la solicitud no persigue la emisión de concepto jurídico
alguno.
1.4. Intervenciones
7. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva informó que frente a la
petición del 3 de junio de 2025, remitió contestación de fondo el mismo 3 de junio
de 2025, mediante correo electrónico.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva señaló que la solicitud en
cuestión fue remitida por competencia a los juzgados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
Administrativos de Riohacha y al Tribunal Administrativo de La Guajira, con copia
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al correo electrónico suministrado por las peticionarias. Lo anterior, toda vez que
la solicitud se dirigía a dichas autoridades judiciales.
9. El Juzgado Primero Administrativo de Maicao indicó que tuvo
conocimiento de la petición del 3 de junio de 2025 por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de la Guajira y llevó a cabo la respectiva respuesta el 24 de junio
del mismo año, la cual fue remitida a las accionantes.
10. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva sostuvo que el 24 de junio
dio respuesta a la petición, la cual fue comunicada a la dirección electrónica
aportada por las interesadas.
11. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva informó que dio trámite a la
solicitud el 16 de junio de 2025, la cual fue enviada a las actoras.
12. El Juzgado Sexto Administrativo de Riohacha señaló que la solicitud
fue resuelta mediante comunicación del 11 de junio de 2025, remitida al correo
de las accionantes.
13. El Tribunal Administrativo de la Guajira, puso de presente que dio
trámite a la petición el 6 de marzo de 2026 y que remitió la respectiva respuesta
a las direcciones electrónicas aportadas por las interesadas.
14. El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva informó que respondió la
solicitud en cuestión mediante oficio del 9 de junio de 2025, remitido a las
tutelantes mediante correo electrónico.
15. El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva afirmó que la respuesta a
la petición fue comunicada el 18 de junio de 2025 mediante mensaje de datos.
16. El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva informó que dio trámite a la
petición el 12 de junio de 2025.
17. El Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha puso de presente que
la comunicación de la respuesta fue remitida a las actoras el 24 de febrero de
2026.
18. El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva señaló que la respectiva
respuesta de fondo fue enviada por correo electrónico a las interesadas el 5 de
junio de 2025.
19. El Juzgado Quinto Administrativo de Riohacha sostuvo que el trámite
a la petición elevada se surtió el 4 de junio de 2025.
1.7. Cambio de ponente
20. En sala del 19 de marzo de 2026, la magistrada Gómez Montoya presentó
ponencia que no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, motivo por el
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cual el expediente pasó al despacho del consejero ponente de esta providencia
para adoptar decisión de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
21. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones que pasan a explicarse.
2.1. Cuestión previa
22. A pesar de que mediante auto admisorio del 27 de febrero de 2026, la
magistrada ponente de dicha decisión vinculó a diversas autoridades judiciales
ante las cuales las actoras elevaron la petición objeto de la presente acción, el
estudio que efectuará la sala se llevará a cabo exclusivamente en relación con el
Tribunal Administrativo de la Guajira. Lo anterior, puesto que la pretensión
formulada por las actoras tiene como objeto exclusivo la presunta vulneración del
derecho de petición por parte de dicha autoridad, ante la supuesta falta de trámite
a la solicitud que elevaron el 3 de junio de 2025.
23. En dicha medida, se ordenará la desvinculación del presente trámite de
los juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° administrativos del circuito judicial de Riohacha,
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Maicao, de la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila y de los juzgados 1°, 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 administrativos del circuito judicial de Neiva. Lo anterior,
dado que el objeto en el que el estudio que efectuará la sala se centrará
exclusivamente en el Tribunal Administrativo de la Guajira, motivo por el cual
aquellas autoridades no tienen interés alguno en el resultado de este proceso.
2.1. Caso concreto
2.1.1. En el caso operó la carencia actual de objeto por hecho superado
24. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991, tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
Legislador3.
25. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada,
en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo
3 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
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constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en
el vacío»4. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia
constitucional la ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño
consumado.
26. Por otra parte, la Corte Constitucional también ha reconocido5 que existen
situaciones en las que la carencia actual de objeto no necesariamente se
encuadra en las dos figuras jurídicas antes mencionadas, sino que obedece a
otras circunstancias asociadas a un evento posterior a la solicitud de tutela. En
esos casos, se ha considerado que la decisión que pudiere proferir el juez de
tutela resultaría igualmente inane por sustracción de materia o por lo que en sede
de unificación denominó «acaecimiento de una situación sobreviniente».
27. Sobre el tema cabe destacar la sentencia SU 522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento,
puesto que «la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo
esta la «idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto»
28. En el escrito de tutela se formuló una pretensión dirigida contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira, cuyo objeto es que esta autoridad brinde una
respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada el 3 de junio de
2025.
29. Por su parte, a pesar de que las accionantes no acreditaron que hubieran
radicado dicha solicitud ante la autoridad judicial accionada, se probó que el 3 de
junio de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva remitió
dicha solicitud por competencia a otras autoridades judiciales, entre ellas, el
Tribunal Administrativo de la Guajira.
30. A su vez, se acreditó que, encontrándose en trámite el presente proceso
constitucional, dicha Corporación dio repuesta a la petición el 6 de marzo de
2026, mediante correo electrónico remitido a la dirección web dispuesta para el
efecto por las actoras. En dicha comunicación, la autoridad informó que, tras
revisar el sistema de gestión procesal del tribunal, no se han radicado desde
enero de 2023 procesos ejecutivos en los que la parte demandada sea un
municipio, razón por la cual no existía pronunciamiento de la corporación sobre
la exigencia del requisito de conciliación prejudicial en esos casos.
31. En virtud de lo anterior, se tiene que el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado se configuró en el asunto estudiado, en la medida en
que en el trámite de la presente acción de tutela, el Tribunal Administrativo de la
Guajira dio trámite a la solicitud de las señoras Ruda Gallego y Gutiérrez Cardona
y, por tanto, cesó la causa que generaba la vulneración alegada. Por tanto,
4 Consultar, entre otras, las sentencias: T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
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Accionantes: Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona
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cualquier decisión que profiera este juez de tutela sería inane, bajo el entendido
que el objeto que sustentaba la controversia constitucional desapareció. En este
sentido, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en relación con la solicitud de amparo formulada por las señoras
Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona.
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a los juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
y 6° administrativos del circuito judicial de Riohacha, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Maicao, de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila y de los juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10
administrativos del circuito judicial de Neiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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