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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01381-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01381-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 11 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera». 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-01381-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01381-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de marzo de 2026

Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01381-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve [19] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01381-00
Demandantes: MANUELA RUDA GALLEGO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición. Carencia actual de objeto por
hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la
Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, en nombre propio,
presentaron acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición, el cual consideraron
vulnerado con ocasión de la omisión de la autoridad judicial accionada en resolver la
solicitud de 3 de junio de 2025.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Tutelar el derecho fundamental de petición
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud
presentada el 3 de junio de 2025.

1 Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2026

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01381-00

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte accionante informó que el 3 de junio de 2025 solicitó al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, lo siguiente:

PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que
fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del
requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.

SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta
la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido
al menos la primera actuación de Despacho.

Indicó que, la referida petición la remitió vía electrónica al siguiente dominio:
«sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co», y que a la fecha en que se radicó la
acción de tutela de la referencia no ha obtenido respuesta al respecto.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
vulneró su derecho de petición con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud
radicada el 3 de junio de 2025, como quiera que tal omisión desconoce la garantía
contenida en el artículo 23 de la Constitución Política, así como la Ley 1755 de 2015 y
demás disposiciones legales aplicables.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Mediante providencia de 25 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar en calidad de extremo demandado al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Adicionalmente se vinculó a la Secretaría
General de la referida corporación.

2

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Pese a que se enviaron los oficios correspondientes2 y se realizaron las notificaciones
respectivas3, la autoridad demandada y la secretaría vinculada guardaron silencio
frente a la tutela de la referencia.

1.5.2. Estando el expediente para fallo, el despacho sustanciador advirtió que las
direcciones a las cuales se remitió la notificación del auto admisorio de la demanda de
tutela con destino al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a su Secretaría
no coincidían con el canal electrónico indicado en la página web oficial de la referida
corporación, para efectos de recibir la correspondencia, esto es:
«stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co».

En ese orden, mediante providencia de 6 de marzo de 2026 se ordenó a la Secretaría
General del Consejo de Estado realizar nuevamente la notificación a la demandada y
a la vinculada al referido buzón, respecto de la providencia de 25 de febrero de 2026,
mediante la cual se admitió la acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-
15-000-2026-01381-00.

1.5.3. En memorial aportado el 11 de marzo de 2026, el presidente del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander informó que el 27 de febrero de la citada
anualidad asumió dicho cargo, de manera que, una vez tuvo conocimiento de la
solicitud elevada por las actoras emitió la respectiva contestación de manera inmediata
con base en la información consolidada por los despachos de la corporación, incluido
aquel del cual es titular.

Agregó que la mencionada respuesta fue enviada al correo electrónico de las
accionantes [investigacion.ejecutivos@gmail.com] el día 10 de marzo de 2026, para lo
cual adjuntó la respectiva constancia de trazabilidad electrónica y el documento
entregado a las peticionarias.

En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado en el asunto de la referencia, toda vez que «ha cesado la presunta
vulneración del derecho fundamental cuya protección reclaman las actoras».

1.5.4. De otro lado, las accionantes radicaron un memorial el 12 de marzo de 20264 en
el cual ponen de presente que en el asunto de la referencia operó la carencia actual
de objeto por hecho superado en atención a que la autoridad judicial censurada «[...]
había emitido respuesta a la petición presentada y se encontraba en la bandeja de

2 Oficios 34522 y 34523 de 26 de febrero de 2026.
3 A los dominios «tutelastans@cendoj.ramajudicial.gov.co»,
«correspondenciatans @cendoj.ramajudicial.gov.co» y «sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co»,
en fecha de 26 de febrero de 2026.
4 El memorial fue radicado el miércoles 11 de marzo de 2026 a las «8:36 p.m.», razón por la cual se
entiende debidamente presentado el día hábil siguiente.

3

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«spam» (inferimos que en atención a la cantidad de correos masivos recibidos),
comunicación que no había sido advertida oportunamente por esta parte», y aportaron
como prueba de ello la imagen de una respuesta emitida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia5.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Manuela Ruda Gallego y otro, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo del derecho fundamental de la
parte accionante, el cual consideró vulnerado con ocasión de la presunta falta de
respuesta a la petición de 3 de junio de 2025.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de
tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; y (iii) el caso concreto.

2.3. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

5 Las accionantes han solicitado la misma información a diferentes autoridades judiciales, dentro de las
cuales también se encuentra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que se infiere que ese
documento se aportó equivocadamente a este plenario.
6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.4. El derecho de petición

En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución».
El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, en el
sentido de indicar que: «[…] reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido».

También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Frente a la oportunidad, por regla general, la Ley 1755 de 2015 establece los términos
para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del tiempo será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada».

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

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i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión
distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.5. Caso concreto

2.5.1. En el asunto de la referencia el extremo accionante alegó la vulneración de su
derecho fundamental de petición con ocasión de la presunta falta de respuesta a la
petición de 3 de junio de 2025 concerniente a que se le entregara la siguiente
información:

PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que
fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del
requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.

SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta
la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido
al menos la primera actuación de Despacho.

2.5.2. Al respecto, la Sala anuncia que declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado por cuanto, dentro del trámite de este proceso tutelar, se acreditó que la
causa de la presunta transgresión iusfundamental alegada por la parte actora, cesó.

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Lo anterior encuentra asidero en lo demostrado por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, comoquiera que el 11 de marzo de 2026, junto con su contestación,
aportó el documento digitalizado a través del cual otorgó respuesta a la petición de 3
de junio de 2025, al correo electrónico de las accionantes
[investigacion.ejecutivos@gmail.com], en fecha de 10 de marzo de 2026, para lo cual
también adjuntó la respectiva constancia de trazabilidad electrónica, como se puede
observar en las imágenes que se insertan a continuación:

2.5.2.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander:

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2.5.2.2. Constancia electrónica de envío del mensaje de datos a las peticionarias:

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta el memorial aportado por las accionantes el
12 de marzo de 2026 en el cual manifestaron que el tribunal ya les «[...] había emitido
respuesta a la petición presentada [...]», por lo que precisaron que, a su juicio, en el
asunto de la referencia había operado la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado.

En ese orden de ideas, el pronunciamiento emitido y debidamente notificado por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander respecto a la solicitud de información
de 3 de junio de 2025, dentro del curso de este mecanismo constitucional, es válido y
suficiente, por lo tanto, esta colegiatura considera que se encuentra cumplido el núcleo

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esencial del derecho de petición de las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero
Gutiérrez Cardona.

Visto lo anterior, esta colegiatura destaca que en anteriores oportunidades 7 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera actual e
inminente.

Del mismo modo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho:
(i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala cita
como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.8

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

7 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado (énfasis propio).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente9.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo
que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto»10.

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,

9 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
10 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas
Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se
trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada11.

En ese orden, en atención a que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
expidió y notificó el oficio de 10 de marzo de 2026 a las señoras Manuela Ruda Gallego
y Lucero Gutiérrez Cardona con el cual les dio respuesta a su solicitud, cualquier orden
que se dicte por parte de esta colegiatura resultaría inane, dado que la presunta
vulneración cesó debido a la actuación de dicha corporación durante el trámite de esta
acción.

2.6. Conclusión

La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la solicitud de
amparo invocada por Manuela Ruda Gallego y otro contra el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, al encontrar que la presunta causa de la vulneración de su
derecho fundamental de petición cesó durante el curso de la acción de tutela de la
referencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela promovida por Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

11 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

11

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Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01381-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12

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