Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01388-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01388-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01388-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: MANUELA RUDA GALLEGO Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA DE PETICIÓN – La
parte accionante presentó una petición el 4 de junio de 2025. No fue respondida por
la autoridad accionada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y
37 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 20 de febrero de 2026, las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío
con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.
Hechos relevantes
2. El 4 de junio de 20252, a través de correo electrónico
investigacion.ejecutivos@gmail.com, las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero
Gutiérrez Cardona enviaron un derecho de petición al Tribunal Administrativo del
Quindío y a los Juzgados Administrativos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto, Sexto y Séptimo de Armenia. La mencionada solicitud contenía lo siguiente:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los
procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es
un municipio y que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho
exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación
prejudicial.
1 Que ingresó para fallo el 6 de marzo de 2026.
2 Obra en certificado B4D5D99D74F36589 7C59237735241EBB AB1AE9ED961697F8
3A0ED77E8CB76BBF, págs. 3 a 6, índice 2 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos
ejecutivos contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde
enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud,
en los que se hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.
3. La petición mencionada fue enviada a los correos electrónicos:
• sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
• j01admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co:
• j02admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co:
• j03admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
• j04admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
• j05admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
• j06admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co y
• j07admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4. Sin embargo, a la presentación de la acción de tutela no se había remitido
ninguna respuesta.
Pretensiones
5. La parte accionante solicitó lo siguiente:
“1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Despacho 001 del Tribunal
Administrativo de Quindío, brindar una respuesta clara, congruente y de
fondo a la solicitud presentada el 4 de junio de 2025”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Quindío había
vulnerado su derecho fundamental de petición, así como la ley 1755 de 2015. De
igual modo, expresó que la petición presentada a dicha autoridad judicial no
pretende que rinda algún concepto jurídico. Por el contrario, requería información
sobre la decisión que ha tomado en procesos que han sido de su conocimiento y
caso de que no sea así informar de la situación.
Trámite en primera instancia
7. Mediante auto del 25 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Quindío, como accionado para que ejerciera su derecho de defensa.
3 Ver pág. 1 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Intervenciones
8. El Tribunal Administrativo del Quindío no intervino pese a estar notificado. Se
advierte que la autoridad accionada fue notificada a los correos electrónicos
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminqnd@notificacionesrj.gov.co. Sin embargo, tal como figura en el índice 8
de samai, la dirección electrónica sgtadminqnd@notificacionesrj.gov.co rechazó el
envío y rebotó4. No obstante, según el acuse de recibido que se encuentra en el
mismo índice del aplicativo5, indica que fue recibido al correo electrónico
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, mismo que al revisar en internet se
encontró en el directorio de los Tribunales Administrativos de la Rama Judicial6. Por
tal motivo, se entiende que fue debidamente notificado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
9. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
10. En primer lugar, la Subsección deberá estudiar si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el
anterior examen, esta Corporación debe establecer si la petición formulada el 4 de
junio de 2025, por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona
fue resuelta de manera oportuna, clara, precisa y congruente por Tribunal
Administrativo del Quindío, sin menoscabar su derecho fundamental de petición.
11. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela; y (ii) se resolverá el caso concreto.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
12. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.
4 Obra en certificado D585F07BDA7BDD75 FE48773FEF615726 C672177C8099F678
B07BCA9BF9281DD2, índice 8 de samai.
5 Obra en certificado 32F7CFE2C8363461 D3AD249AAC0CDD3C 26B80224A9CD4CBB
7151C595D518BCDA, índice 8 de samai.
6 Ver página web de la rama judicial: https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-
rama/informacion-general/directorio-consejo-superior-y-otros/tribunales-administrativos-
presidencia-
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
13. Las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona cuentan con
legitimación en la causa por activa para formular la acción de tutela, puesto que son
las titulares del derecho de petición que se alega como vulnerado. En los soportes
allegados al proceso, se advierte que las tutelantes radicaron una solicitud el 4 de
junio de 2025 al Tribunal Administrativo del Quindío.
14. Respecto del Tribunal Administrativo del Quindío también cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, pues es la autoridad a la que se envió la petición
que se reclama como no contestado.
Inmediatez
15. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues la petición se formuló el 4 de junio de
2025, y tal como lo indicó en la solicitud de amparo, a la fecha de la presentación
de esta acción no había sido resuelta, por lo cual la vulneración alegada era actual.
En efecto, se supera el requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
16. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición. En el presente caso, la Sala
advierte que las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona no
cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, razón por
la cual procederá al estudio de fondo del caso. Además, la jurisprudencia
constitucional advierte que la tutela es el medio adecuado e idóneo para asegurar
el derecho fundamental de petición7.
17. Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio de la
vulneración del derecho de petición de las actoras.
Del derecho fundamental de petición
18. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición7
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
Formulación abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben
recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un
tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la
Pronta solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
resolución corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de
información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
“inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de
manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir
Respuesta en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la
de fondo materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv)
consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución
de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
Notificación notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la
administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su
respuesta sea conocida.
19. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta, no
implica la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para
responder una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro
de esta deba someterse a diferentes trámites o etapas8. Esto sin perjuicio de que
cuando no sea posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá
informar al interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo
7 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
término razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente
previsto10.
Análisis del caso concreto
20. Las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, al considerar que
dicha autoridad vulneró su derecho fundamental de petición, al no brindar una
respuesta integral a la consulta elevada el 4 de junio de 2025.
21. No obstante, al revisar las pruebas allegadas por la parte accionante, se
encontró que allegó (i) correo electrónico enviado el 4 de junio de 2025 a la dirección
electrónica sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co que corresponde al
Tribunal Administrativo del Quindío, así como a los juzgados anteriormente
mencionados; y (ii) el derecho de petición con la misma fecha en el que solicitan
información respecto de los procesos ejecutivos derivados de los contratos en los
que la parte demandada fuera un municipio fechados a partir del 2023 y que el
despacho exigiera el cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la
conciliación prejudicial. Así como el link de acceso a los expedientes. Lo anterior se
encuentra sustentado así:
22. Con base en lo anterior y de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 20159,
el Tribunal Administrativo del Quindío inicialmente contaba con el término de 15 días
para otorgar una respuesta a la solicitud elevada por las señoras Manuela Ruda
9 “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01388-00
Accionante: Manuela Ruda Gallego y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona. En ese sentido, la petición remitida el 4 de
junio de 2025 debía ser resuelta, a más tardar, el 26 de junio de 2025. En efecto,
el Tribunal Administrativo del Quindío no podía soslayar la remisión y debía
contestarla, actuación que no realizó.
23. En este sentido, no obra ninguna prueba en la cual se demuestre que fue
respondida esta petición, pese a que a través de auto del 25 de febrero de 2026 el
despacho sustanciador le solicitó al Tribunal Administrativo del Quindío que rindiera
informe de la petición enviada el 4 de junio de 2025 por parte de las accionantes.
24. Motivo por el cual, se amparará el derecho de petición de las señoras Manuela
Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona y se ordenará Tribunal Administrativo del
Quindío que, en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, brinde una respuesta en debida forma a la
solicitud 4 de junio de 2025.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho de petición de las señoras Manuela Ruda
Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona respecto de la solicitud presentada el 4 de junio
de 2025 al Tribunal Administrativo del Quindío.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío
que, en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
la presente providencia, brinde una respuesta en debida forma a la solicitud del 4
de junio de 2025 presentado por las accionantes.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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