Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01389-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01389-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01389-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01389-00
Demandantes: MANUELA RUDA GALLEGO Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
TEMA: Tutela de fondo – derecho de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por las señoras Manuela
Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona1, de conformidad con los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 20192 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, en nombre propio,
presentaron acción de tutela3 contra el «Despacho 002 del Tribunal Administrativo
de Quindío», con el fin de que se proteja su derecho fundamental de petición.
La referida garantía constitucional la consideraron vulnerada ante la omisión de la
autoridad judicial accionada en resolver una solicitud que radicaron el 4 de junio de
2025.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió lo siguiente:
1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Despacho 002 del Tribunal
Administrativo de Quindío, brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a
la solicitud presentada el 4 de junio de 2025.
1 Mediante auto 20 de marzo de 2026, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil dispuso la remisión
del expediente al despacho del magistrado sustanciador, por no haber sido aprobado el proyecto
que presentó en la Sala de 19 de marzo de 2026.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2026, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.
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Demandantes: Manuela Ruda Gallego y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01389-00
1.3. Hechos
La parte accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señalaron que el 4 de junio de 2025 radicaron una petición ante la autoridad judicial
accionada a través de la cual solicitaron lo siguiente:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y
que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento
del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023
hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se
hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.
Alegaron que a la fecha de presentación de esta acción constitucional no habían
recibido una respuesta de fondo a su petición.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona consideraron
vulnerado su derecho de petición, comoquiera que no han recibido una contestación
a la solicitud que radicaron el 4 de junio de 2025.
Precisaron que «la solicitud de información presentada no pretende que el
accionado rinda algún concepto jurídico, toda vez que, la solicitud presentada ante
este requería que se informará la decisión que ha tomado el Despacho Judicial en
aquellos procesos que han sido de su conocimiento, y en caso de no conocer de los
procesos con las características indicadas en el derecho de petición, sería suficiente
se informe tal situación».
1.5. Trámite de la actuación
Con auto de 26 de febrero de 2026 se admitió la tutela y se ordenó notificar a la
parte actora, así como al «Tribunal Administrativo de Quindío – Despacho 002», en
calidad de autoridad accionada.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General
del Proceso, se vinculó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Mediante auto de 17 de abril de 2026, se ordenó el sorteo de 2 conjueces, 1 principal
y 1 suplente, a efectos de conformar el quórum requerido, toda vez que no se logró
obtener el consenso sobre la decisión del caso de la referencia. El 21 de abril de
2026 se designó como conjuez al doctor Juan Carlos Galindo Vácha.
1.6. Contestación
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:
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1.6.1. Tribunal Administrativo del Quindío
La secretaria general de esa corporación solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela, toda vez que el 20 de junio de 2025 se resolvió la petición elevada
por las accionantes y se les notificó su respuesta al correo que aportaron en su
escrito.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona
contra el «Despacho 002 del Tribunal Administrativo de Quindío», de conformidad
con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 0804 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena
de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por las señoras Manuela Ruda
Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona por parte del «Despacho 002 del Tribunal
Administrativo de Quindío» ante la falta de respuesta a la petición de 4 de junio de
2025.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable 5.
4 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20156, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada7.
6 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
7 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión9; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo 10.11
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.5. Caso concreto
2.5.1. En el sub examine las tutelantes alegaron que el «Despacho 002 del Tribunal
Administrativo de Quindío» vulneró su derecho fundamental de petición, dado que
a la fecha de presentación de esta acción constitucional no había resuelto la
solicitud de 4 de junio de 2025, en la que pidieron lo siguiente:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y
que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento
del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023
hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se
hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho.
8 Ibídem.
9 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia
T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
10 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01389-00
Con ocasión a la intervención realizada durante este trámite constitucional, se
evidencia que el 20 de junio de 2025, la secretaria general del Tribunal
Administrativo de Quindío resolvió la petición de las accionantes en los siguientes
términos:
Por medio del presente le informo que recibida su solicitud y revisada la plataforma
Samai en las fechas enunciadas y donde el demandado sea un Municipio se
encontraron los siguientes procesos:
1 '63001333300220130046302
Ejecutivo
Ingreso: 10/04/2025 11:32:28 –
Vigente: SI
Demandado: MUNICIPIO DE ARMEMIA
Asunto: Apelación Sentencia
2 '63001333300220130069002
Ejecutivo
Ingreso: 10/04/2025 10:00:40
Vigente: SI
Demandado: MUNICIPIO DE ARMENIA
Asunto: Apelación Sentencia
3 '63001333300220130056502
Ejecutivo
Ingreso: 10/04/2025 8:08:11
Vigente: SI
Demandado: MUNICIPIO DE ARMENIA
4 '63001333300520190037701
Ejecutivo
Ingreso: 24/01/2025 10:26:52
Vigente: NO
Demandado: MUNICIPIO ARMENIA
Asunto: Apelación contra Providencia que modifico actualizo y aprobó la
Liquidación del Crédito
5 '63001333300220210011201
Ejecutivo
Ingreso: 09/08/2024 12:03:11
Vigente:
Demandado: MUNICIPIO DE ARMENIA
Asunto: Apelación Sentencia
6 '63001333300120220021002
Ejecutivo
Ingreso: 09/08/2024 8:53:41
Vigente: SI
Demandado: MUNICIPIO CIRCASIA
Asunto: Apelación Sentencia
Estos procesos pueden ser consultados a través de la plataforma con el número de
radicación.
Esta respuesta fue remitida al correo electrónico
investigacion.ejecutivos@gmail.com, es decir, el mismo que fue referenciado por
las demandantes en la petición de 4 de junio de 2025 12.
12 «Autorizo expresamente para recibir notificaciones a través del correo electrónico:
investigacion.ejecutivos@gmail.com».
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Como se advierte, en la contestación otorgada por el Tribunal Administrativo del
Quindío se les informó los procesos ejecutivos que conoce esa corporación en la
que el demandado es un municipio. Además, les advirtió que tales procesos podían
ser consultados a través de Samai con el respectivo número de radicación y les
envió un instructivo para el registro de consulta en ese aplicativo.
No obstante, la autoridad accionada no resolvió el primer interrogante planteado en
la petición de 4 de junio de 2025, tendiente a saber «si en los procesos ejecutivos
derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron
radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito
de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial».
Al respecto, es importante precisar que en la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha establecido que el núcleo esencial del derecho de petición
reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión pretendida,
«independientemente de que acceda o no a las pretensiones» 13.
Por lo tanto, la Sala considera que se debe amparar el derecho fundamental de
petición de la parte accionante, pues la autoridad accionada tenía la obligación de
brindarle una respuesta al interrogante 1 de su solicitud, independientemente de
que acceda o no a la pretensión elevada por las accionantes en su escrito.
En consecuencia, se ordenará al despacho 002 del Tribunal Administrativo del
Quindío que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la
notificación de esta providencia, dé una respuesta al interrogante 1 de la petición
elevada el 4 de junio de 2025 por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero
Gutiérrez Cardona.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el amparo del derecho fundamental de petición de las
señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona.
SEGUNDO: ORDENAR al despacho 002 del Tribunal Administrativo del Quindío
que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación
de esta providencia, dé una respuesta al interrogante 1 de la petición elevada el 4
de junio de 2025 por las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez
Cardona.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
13 Sentencia T-867 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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