Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01390-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01390-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01390-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01390-00
Accionante: MUNICIPIO DE TORIBÍO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa.
Indebida notificación de la sentencia que puso fin al proceso.
Carencia actual de objeto por hecho superado. Incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el municipio de Toribío, quien actúa por intermedio del alcalde
municipal, contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de febrero de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como el principio de seguridad jurídica,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRINCIPALES:
1. Que se admita la presente acción de tutela y se tramite conforme a su naturaleza de protección
inmediata de derechos fundamentales.
2. Que se ordene como principal pretensión la desvinculación inmediata del MUNICIPIO DE
TORIBÍO del proceso identificado con radicado No. 11001–33–43–063–2022–00007–01, por
inexistencia de notificación válida, por afectación del derecho al debido proceso y a la defensa, y
por la ausencia de base probatoria suficiente y motivación adecuada que justifique la imputación
de responsabilidad al Municipio.
3. Que, en subsidio y en caso de que no prospere la desvinculación, se declare la nulidad de la
sentencia de segunda instancia proferida el día 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca — Sección Tercera – Subsección B, por configurarse una vulneración grave y
directa del derecho fundamental al debido acceso a la justicia y al debido proceso del MUNICIPIO
DE TORIBÍO (incluida la falta de notificación válida a la dirección institucional y el vicio de
motivación y de valoración probatoria).
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4. Que, en consecuencia de la nulidad antes pedida, se ordene al Tribunal accionado dejar sin
efectos la providencia de segunda instancia y remitir el expediente a la autoridad judicial
competente para que, en su lugar, profiera nueva decisión respetando el derecho de defensa del
Municipio, la práctica y valoración adecuada de las pruebas omitidas y las observaciones
formuladas en esta tutela.
5. Que, en subsidio de lo anterior, se disponga que recobre validez y efectos la sentencia de
primera instancia, toda vez que la providencia de segunda instancia que la revocó adolece de
nulidad por violación al debido proceso y carece de eficacia jurídica hacia el Municipio de Toribío,
Cauca.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS Y DE REPARACIÓN PROCESAL
6. Que se ordene rehacer la actuación procesal desde el momento en que debió practicarse la
notificación de la sentencia de segunda instancia, garantizando al Municipio la posibilidad real y
efectiva de ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley y de ofrecer,
practicar y controvertir las pruebas que estime pertinentes.
7. Que se declare la nulidad de las actuaciones procesales posteriores a la fecha en que debió
notificarse válidamente al Municipio, en caso de que se pruebe que la notificación fue indebida o
inexistente y que ello produjo la vulneración de derechos fundamentales”.
2. Hechos
De la lectura del escrito y expediente de tutela, se observan como hechos
relevantes los siguientes:
El 4 de febrero de 2019, en la vereda el Boquerón, entre los territorios de Tacueyó
y Corinto, Cauca, un grupo armado pertenecientes a las disidencias de las FARC
agredió con armas de fuego a los Kiwe Thëgnas (Guardia Indígena) y comunidad
que se encontraban en dicho sitio en el ejercicio de control territorial.
La comunidad indígena se declaró en asamblea permanente y ordenó la detención
de 8 integrantes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, los que serían trasladados
a las instalaciones de la autoridad ancestral Neehwe’sx de Tacueyó, para iniciar el
respectivo proceso de investigación, en cumplimiento a las competencias de la
Jurisdicción Especial Indígena. Luego, el 6 de febrero de 2019, determinó destruir
el material bélico decomisado, aplicar remedio a los integrantes de la mencionada
columna y enviarlos en calidad de guardados a un establecimiento penitenciario y
Carcelario y que, como consecuencia de dichas decisiones se adelantó plan de
exterminio terrorista y masivo contra los representantes de la organización indígena
de nivel local, zonal y regional, como asesinatos, amenazas de muerte y
desplazamiento forzado de las autoridades ancestrales Neehwe’sx de Jámbalo, de
Lizardo Ul Secue y los gobernadores de los territorios ancestrales de San
Francisco, Toribío y Tacueyó, situación que fue puesta en conocimiento al Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC.
Por lo anterior, los señores Jheiner Toribio Canas Mesa, Elcy Mesa Taquinas, Elcy
Mabel Canas Mesa, Jainer Fabian Canas Mesa, Carlos Andrés Canas Mesa, Laura
Yulieth Canas Mesa y Yineth Danery Canas Mesa, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Nación - Ministerio del Interior,
Unidad Nacional de Protección –UNP-, Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, el
municipio de Toribío y el departamento del Cauca, con la pretensión de que se
declarara patrimonialmente responsable por la falla en el servicio en la que
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incurrieron, pues uno de los integrantes de la guardia indígena asesinado fue el
señor Toribio Canas Velasco, a pesar de que las entidades demandadas tenían
conocimiento de la posible masacre y muerte de las organizaciones indígenas, sin
embargo no adoptaron medidas de protección.
El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la
demanda y corrió traslado a la parte demandada para que la contestaran. El
municipio de Toribío se opuso a las pretensiones, al considerar que no se demostró
que a la entidad territorial se le pusiera en conocimiento de las amenazas y que, de
manera previa, se hubiese solicitado alguna medida de protección. Igualmente,
propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no tiene la función de prestar seguridad y protección a guardias indígenas y ii)
el hecho de un tercero, pues quien causó la muerte del señor Toribio Canas Velasco
fue un grupo al margen de la ley.
Posteriormente, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá
en sentencia de 30 de enero de 2023, declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación, Ministerio del Interior y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Por otro lado,
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la UNP, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el
departamento del Cauca y el municipio de Toribío. Finalmente, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se cumplió con la carga de probar
la falla en servicio, es decir, que la parte demandada no dio estricto cumplimiento
al principio de prevención.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. La
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en fallo de 30 de agosto de 2024 la revocó y declaró administrativa, extracontractual
y solidariamente responsable a la la Nación, Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Nación - Ministerio del Interior, Unidad Nacional de
Protección –UNP-, Nación - Ministerio de Defensa Nacional– Policía Nacional,
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, al municipio de Toribío
y al departamento del Cauca. Por consiguiente, las condenó, por concepto de
perjuicio moral, el pago de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por
daño a la vida relación en 200 smlmv.
Precisó que resultaba irrelevante que se solicitara medidas de seguridad de manera
individual, pues la víctima hacía parte de una comunidad sobre la cual la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ante su grave situación ya había ordenado
un cuidado especial por parte del Estado y la cual había sido desarrollada en
concreto por la Corte Constitucional.
Igualmente, dispuso notificar la decisión de forma personal mediante mensaje
dirigido al buzón de los siguientes correos electrónicos
“notificaciones@cauca.gov.co; adrianamarcela493@gmail.com;
rjfrancoyasociados@hotmail.com; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
alfonso.garcia@unp.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co;
Samuel.alvarez@mininterior.gov.co; noti.judiciales@unp.gov.co;
notificacionesjudiciales@unp.gov.co; decun.notificacion@policia.gov.co;
sadalim.palacio@correo.policia.gov.co;
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notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; palma@mindefensa.gov.co”, diligencia
que se realizó el 20 de septiembre de 2024.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó la adición
y aclaración de la sentencia de 30 de agosto de 2024, pues en esta no se estableció
en qué porcentaje respondía cada entidad y, además, consideró necesario que se
aclarara la norma jurídica que le permitía endilgar responsabilidad al Presidente de
la República, sin embargo, al proceso se convocó fue al DAPRE.
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en proveído de 26 de junio de 2025, negó las solicitudes de adición
y aclaración, porque era una prestación única y común, por lo que no había lugar a
determinar porcentajes de participación. Asimismo, precisó que no fue condenado
el presidente de la República ni se hizo estudio de responsabilidad subjetiva de
este. Igualmente, ordenó la notificación de la providencia a los siguientes correos
electrónicos “notificaciones@cauca.gov.co; rjfrancoyasociados@hotmail.com;
adrianamarcela493@gmail.com; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
alfonso.garcia@unp.gov.co; Samuel.alvarez@mininterior.gov.co;
notificacionesjudiciales@unp.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co;
noti.judiciales@unp.gov.co; decun.notificacion@policia.gov.co;
sadalim.palacio@correo.policia.gov.co;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; palma@mindefensa.gov.co;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
alexanderdionisio@presidencia.gov.co”, decisión que se notificó el 3 de julio de
2025.
Finalmente, mediante oficios núm. 8611 y 8613 de 3 de marzo de 2026 se notificó
al municipio de Toribío de la sentencia de 9 de agosto de 2024 y el auto de 26 de
junio de 2025, que negó las solicitudes de adición y aclaración del mencionado fallo.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que en la sentencia de 30 de agosto de 2024, el Tribunal
resolvió notificarla de acuerdo con el artículo 203 del CPACA, sin embargo, el
municipio de Toribío no fue relacionado en dicha orden.
Agregó que según soporte de notificación de la Secretaría del Tribunal no se
evidencia notificación personal al e-mail del municipio de Toribío, por lo que la
misma se configura en una indebida notificación, vulnerándose así el artículo 29 de
la Constitución Política y las demás disposiciones reglamentarias del CPACA y
CGP.
Sostuvo que la indebida notificación generó que no pudiera ejercer oportunamente
el derecho de defensa ni participar en el trámite de liquidación o proponer pruebas
adicionales o incidentes procesales que pudieran evitar la condena o matizar la
distribución de responsabilidades.
De otro lado, indicó que se configuró un defecto fáctico, en tanto que existe
irregularidades probatorias en la providencia objetada, toda vez que de estas no se
demostraba la responsabilidad del municipio ni su legitimación en el proceso
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ordinario, más aún cuando no ostenta la función de protección, aunado al hecho de
que la víctima no activó el aparato estatal, sin embargo, fue condenada la entidad
territorial.
Reprochó que se “tomaron en cuenta la existencia de la medida cautelar MC-255-
11 (CIDH) como elemento probatorio relevante para declarar omisión estatal”, a lo
que agregó que en la sentencia objetada no se realizó un estudio de la relación
causal y el daño, por lo que esta carece de motivación.
Refirió que el Tribunal no tuvo en cuenta las consideraciones planteadas por el
municipio de Toribío en la contestación de la demanda en lo relacionado con la falta
de prueba que demuestre la responsabilidad del ente territorial y consecuentemente
la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Señaló que en la sentencia objetada “no enfatizaron, motivaron y justificaron la
relación del nexo causal entre la acción/omisión y el daño, toda vez que con base
en el principio de motivación suficiente para que se garantice dicho principio y el
del debido proceso se exige que toda sentencia esté debidamente motivada; por lo
que ello implica que el Juez debe explicar de forma razonada cómo de los hechos
y pruebas se desprende la responsabilidad estatal, especialmente en materia de
responsabilidad extracontractual está en establecer cuál fue el nexo causal entre la
acción/omisión y el daño; para el caso específico, la omisión en justificar el nexo
causal convierte la sentencia en una decisión arbitraria, porque sin esa relación
probada no es posible derivar responsabilidad patrimonial”.
Afirmó que se omitió motivar la relación de causalidad entre la conducta atribuida
al Estado y el daño, lo que configura un defecto por falta de motivación, pues el
Tribunal contaba con la obligación de “analizar y motivar la relación concreta de
causalidad entre la eventual omisión municipal y el daño particular sufrido por la
víctima”.
Indicó que el precedente judicial contenido en la sentencia objetada generaría un
riesgo fiscal, en tanto los recursos del municipio de Toribío son limitados.
Igualmente, señaló que se desconoció la situación compleja de orden público que
afecta a la entidad territorial y las medidas que han procurado con el fin de superar
esa condición.
Finalmente, manifestó que “el argumento central es el solicitar que se reconsidere
la sentencia emitida en segunda instancia, con el fin de que en primer lugar se
desvincule al Municipio de Toribío, o en su defecto la sentencia de segunda
instancia sea revocada; ello teniendo en cuenta la prueba denominada en el acápite
de pruebas como “1. Respuesta de fecha 18/02/2025 dada por la Secretaría de
Gobierno al oficio No 1002-423 del 04/10/2025 dirigido al Personero Municipal, el
cual contiene un informe denominado ‘informe relacionado con las acciones y
actividades sociales enmarcadas en las metas de plan de desarrollo, con el cual se
acredita el cumplimiento de la medida cautelar MC-255-11 (CIDH) por parte del
municipio de Toribío’”.
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4. Trámite procesal
Por auto de 25 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar a la entidad territorial accionante, a la autoridad judicial accionada.
De igual modo, se vinculó al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá, a los señores Jheiner Toribio Canas Mesa, Elcy Mesa Taquinas, Elcy Mabel
Canas Mesa, Jainer Fabian Canas Mesa, Carlos Andrés Canas Mesa, Laura Yulieth
Canas Mesa y Yineth Danery Canas Mesa, a la Nación, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Nación - Ministerio del Interior,
Unidad Nacional de Protección –UNP-, Nación - Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y al
departamento del Cauca, como tercero con interés. Igualmente, se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 38187 a 38197 de
3 de marzo de 2026, 42278 a 42284 y 42451 de 9 de marzo de 2026, con el fin de
dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá
La juez titular del despacho solicitó que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, toda vez que no se le vulneraron los derechos fundamentales a la parte
actora.
Afirmó que al municipio accionante en el curso de la primera instancia del proceso
ordinario, se le brindó en cada etapa procesal la oportunidad de intervenir dentro
del trámite judicial, garantizándose plenamente el ejercicio de los derechos de
contradicción y defensa.
Para terminar, indicó que las decisiones adoptadas en la primera instancia se
sustentaron en el análisis integral y objetivo del acervo probatorio allegado al
expediente, así como en la aplicación razonada de la normatividad vigente y los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, acciones que condujeron a
la determinación adoptada.
5.2. Respuesta del Ministerio del Interior
El director técnico de la Dirección Jurídica de la cartera ministerial solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se
desvincule del trámite de la acción de tutela, pues dicha entidad no es una instancia
judicial ni tiene competencias para intervenir en el ejercicio de la función
jurisdiccional propia de los jueces de la República.
5.3. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
La coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial pidió que se desvincule a
la entidad del presente mecanismo constitucional, toda vez que se reprocha una
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providencia judicial lo que es de competencia de la Rama Judicial. Asimismo,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia
de una acción u omisión por parte del DAPRE que vulnere los derechos
fundamentales del municipio accionante o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones, en tanto no puede interferir en las decisiones dictadas por los
despachos judiciales.
5.4. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Área Jurídica de la Secretaría General pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se demostró la vulneración de
los derechos fundamentales del demandante.
Manifestó que “no obra prueba demostrativa que la Policía Nacional, tuviera
conocimiento concreto, específico y previo de la intención de acabar con la vida de
señor Toribio Canas Velasco, ni que se hubiera solicitado la adopción de medidas
de seguridad y prevención, así como tampoco se hubieran apartado
intencionalmente de las funciones y deberes de brindar medidas de seguridad y
protección al mencionado, por el contrario, se debe probar en especial que la
persona fue objeto de amenazas puntuales contra su vida y las mismas debieron
ponerse en conocimiento de la institución, para deprecar de ellas una
responsabilidad por la omisión en su deber de prevención”.
5.5. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección
La jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvincule a la entidad, por configurarse
la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones se dirigen
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. De manera subsidiaria, pidió que se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo o se nieguen las pretensiones, toda vez que no se demostró
que la UNP vulnerara los derechos fundamentales del municipio accionante.
5.6. Memorial allegado por la abogada Diana Marcela Meneses Díaz
La profesional del derecho allegó un informe en el que afirmó que actúa en calidad
de apoderada del departamento del Cauca1 y en el que solicitó que se deje sin
efectos la sentencia de 30 de agosto de 2024 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se reconozca la falta
de legitimación en la causa por pasiva de la mencionada entidad territorial en el
proceso ordinario, toda vez que carece de competencia en materia de seguridad y
orden público. Igualmente, pidió que se revoque la condena solidaria, en tanto no
se demostró acción u omisión imputable al ente departamental en el homicidio del
guardia indígena Toribio Canas Velasco.
5.7. Memorial allegado por el abogado Robeiro de Jesús Franco López
El profesional del derecho presentó un memorial en el que manifestó ser el
apoderado de los señores Jheiner Toribio Canas Mesa, Elcy Mesa Taquinas, Elcy
Mabel Canas Mesa, Jainer Fabian Canas Mesa, Carlos Andrés Canas Mesa, Laura
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No aportó poder especial que la acredite como tal.
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Yulieth Canas Mesa y Yineth Danery Canas Mesa2. Adicionalmente, aportó copia
digital del escrito de la demanda de reparación directa que adelantó contra Nación,
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nación - Ministerio
del Interior, Unidad Nacional de Protección –UNP-, Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, el municipio de Toribío y el departamento del Cauca.
5.8. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, a pesar de que fueron notificados en debida forma del auto admisorio,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
El Ministerio del Interior, el DAPRE y la UNP solicitaron que se desvincularan de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada”3. En ese orden de ideas, se negará las solicitudes de desvinculación,
porque ostentan interés directo en el asunto, pues integraron la parte demandada
del proceso ordinario y, además, fueron condenados en la providencia objeto de
reproche constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala debe determinar si la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, así como el principio de seguridad jurídica del municipio de Toribío.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
2
Se pone de presente que aportó los poderes que le otorgaron los vinculados a la acción de tutela para presentar la demanda
de reparación directa, sin embargo, este no le otorga una facultad especial para ejercer la solicitud de amparo en nombre de
ellos.
3
Sentencia T-005 de 2022.
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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
El municipio de Toribío considera que la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, así como el principio de seguridad jurídica, pues no se le notificó el fallo de
30 de agosto de 2024, además porque incurrió en los defectos fáctico y en decisión
sin motivación.
De conformidad con las pruebas allegadas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como del Sistema de
Gestión Judicial Samai, se evidencia que mediante oficio núm 8611 de 3 de marzo
de 2026, el Tribunal notificó por medios electrónicos (notificacionjudicial@toribio-
cauca.gov.co), al municipio de Toribío de la sentencia de 30 de agosto de 2024, la
cual fue adjuntada como archivo anexo al correo. Asimismo, por medio de oficio
núm. 8613 de 3 de marzo de 2026, se le notificó el auto de 26 de junio de 2025 a la
mencionada entidad territorial y a la misma dirección de correo electrónico.
Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la actora
encaminada a que se le notificara la sentencia de 9 de septiembre de 2024 y el
proveído de 26 de junio de 2025 proferidos por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se encuentra satisfecha,
debido a que la autoridad accionada mediante los oficios núm. 8611 y 8613 de 3 de
marzo de 2026, es decir, durante el curso del presente trámite constitucional, notificó
las mencionadas decisiones. De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se
resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”5.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”6.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”7.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que se configuró la carencia
actual de objeto porque se acreditó la configuración de un hecho superado respecto
de la notificación de la sentencia de 30 de agosto de 2024 y el auto de 26 de junio
de 2025, aspecto pretendido por la entidad territorial accionante.
De otro lado, en relación con el alegato consistente en que el Tribunal no valoró en
debida forma las pruebas que excluían de responsabilidad y desvinculaban al
municipio de Toribío por falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala se
5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: Municipio de Toribío
abstendrá de realizar estudio de fondo, en tanto la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa y explicativa mínima, pues solo manifestó que no se valoraron
en debida forma las pruebas y que la decisión objetada carecía de motivación frente
a la imputación del daño a la entidad territorial y el elemento causal. Dicho en otros
términos, la parte actora no propone un genuino debate de naturaleza
constitucional, en tanto la argumentación se dirigió a indicar que la decisión judicial
objetada le va a generar impactos fiscales, sin que se proponga, se insiste, un
genuino debate de naturaleza constitucional.
Así las cosas, la Sala concluye que, en atención a las particularidades del presente
asunto, se declarará (i) la carencia actual de objeto por hecho superado frente al
alegato de falta de notificación de la sentencia proferida en el proceso de reparación
directa y el auto que resolvió su adición y (ii) la improcedencia por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional respecto del alegato relacionado con la
exclusión de responsabilidad de la entidad territorial en el proceso ordinario.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio del
Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
Unidad Nacional de Protección.
Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado, frente al cargo de la falta de notificación de la sentencia de 30 de agosto
de 2024 y el auto de 26 de junio de 2025 proferidos en el curso del medio de control
de reparación directa con radicado núm. 11001-33-43-063-2022-00007-01.
Tercero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el municipio
de Toribío contra la la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respecto del alegato relacionado con la exclusión
de responsabilidad en el proceso ordinario, por las razones aquí expuestas.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
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Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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